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“La fiscal Fany Quispe, coordinadora de las fiscalías
especializadas de criminalidad
organizada, denuncia que las leyes
del Congreso aprobadas en los últimos
dos años “tienen un efecto devastador
en la lucha contra la criminalidad
organizada” al quitarle al sistema de justicia “herramientas fundamentales para desbaratar
organizaciones criminales”. En
este contexto, la criminalidad crece exponencialmente. La
extorsión, el sicariato y la minería ilegal se han convertido, junto con el
narcotráfico, en los principales delitos. Solo en el primer trimestre
de este año hubo ocho mil denuncias por
extorsión, la misma cifra que en todo 2022.
Y se estima que únicamente alrededor del 20
por ciento de las víctimas de este delito denuncian. En 2024 hubo 2011
homicidios, un incremento de 34,5
por ciento respecto a 2023. En los primeros seis meses de este año los
asesinatos aumentaron cerca de 20 por
ciento respecto al mismo periodo de 2024,
el año de mayor índice de homicidios
con 7,4 denuncias por cada 100 mil habitantes. Según las
cifras oficiales, en lo que va del año se registran seis asesinatos diarios. La
minería ilegal del oro ha crecido a tal nivel que produce más ingresos que el narcotráfico. Hay vínculos entre ambas actividades. Mientras promulga leyes favorables
a las organizaciones criminales, el gobierno dice enfrentar la delincuencia con sucesivas
declaraciones de estados de emergencia
que eliminan derechos ciudadanos y no tienen ningún resultado en el combate
a la delincuencia.
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PERÚ: EL CONGRESO LEGISLA A
FAVOR DEL CRIMEN ORGANIZADO, DENUNCIA HUMAN RIGHTS WATCH.
Según un informe la
organización internacional de derechos humanos.
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Las leyes incluyen medidas contra la independencia de jueces y
fiscales, además de amnistía para represores y acciones autoritarias de “mano
dura”.
Por
Carlos Noriega. Periodista.
Fuente.
Página /12 domingo 20 de julio del 2025.
Desde
Lima.
En un contexto de crecimiento sin precedentes de la
criminalidad, el Congreso peruano,
controlado por una coalición de derecha y ultraderecha encabezada por el fujimorismo, ha aprobado
una serie de leyes que favorecen al crimen organizado. Las medidas parlamentarias
también incluyen acciones contra la independencia de jueces y fiscales que debilitan su capacidad para enfrentar a las organizaciones criminales y apuntan a
la impunidad de la corrupción política.
Así lo ha denunciado en un reciente informe la organización internacional de derechos hiumanos Human Rights Watch (HRW).
La mayoría parlamentaria que ha dado estas leyes también aprobó recientemente una amnistía para los represores acusados de violaciones a
los derechos humanos. Por un lado, el Congreso legisla a favor del crimen
organizado y la impunidad, y por otro restringe
derechos y debilita la institucionalidad democrática. La misma derecha que da leyes que afectan
el combate legal contra la criminalidad, utiliza
el incremento de la delincuencia,
sostenido en esas leyes, para promover acciones autoritarias de “mano dura”.
Esta política parlamentaria favorable al crimen organizado, indica HRW, avanza con la complacencia del gobierno de Dina Boluarte, acusada de violaciones a los derechos humanos y corrupción, sostenida en el poder por esa mayoría parlamentaria. Una complicidad con el crimen organizado y la impunidad de la corrupción por parte de la coalición que gobierna el Perú -llamada “coalición mafiosa”- que también han advertido distintos sectores dentro del país. Actividades criminales como la extorsión, el sicariato, la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y otras, se han fortalecido con esta legislación.
El Congreso, controlado por bancadas
interesadas en bloquear las investigaciones
fiscales por corrupción a sus principales dirigentes y legisladores -el
caso de Keiko
Fujimori es emblemático-, ha aprobado leyes,
promulgadas por el Ejecutivo, que reducen la posibilidad de acusar por organización criminal retirando de
esta tipificación delitos como la corrupción de funcionarios y otros, que modifican la ley
de colaboración eficaz haciendo más difícil que la Fiscalía consiga la colaboración
de acusados que den información
clave para avanzar en las investigaciones,
que restringen la capacidad fiscal
para realizar allanamientos,
que reducen los tiempos de
prescripción penal, que cambian
la ley de extinción de dominio trabando el decomiso de los bienes producto de un delito, que protegen las operaciones de la minería ilegal, que
permiten legalizar la deforestación ilegal, entre otras normas que han facilitado el incremento delictivo.
"Un
Congreso disfuncional"
En su informe, titulado “Legislar para la
impunidad. Cómo el Congreso peruano permite el avance del crimen organizado”,
HRW señala que
“si bien el crimen organizado también se está
expandiendo en otros países de América Latina y el Caribe, en el Perú ha
encontrado condiciones prácticamente únicas en la región: un Congreso
disfuncional que ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales, y un Ejecutivo débil, incapaz o poco dispuesto a actuar. En lugar de
fortalecer las instituciones públicas para combatir el crimen organizado, el Congreso, con más de la mitad de sus
miembros investigados por corrupción
u otros delitos, ha debilitado la independencia
y la capacidad de jueces y fiscales,
facilitando la expansión del crimen
organizado”.
Juanita Gobertus, directora de la División de las
Américas de HRW, señala que
“tener un Congreso que legisla activamente a favor del crimen organizado y facilita su
crecimiento es una condición única del Perú,
eso no se da en otros países de la región”.
Atribuye estas leyes a la influencia de
organizaciones criminales en el Congreso, lo que es más notorio en el caso de la minería ilegal, fundamentalmente de oro,
con denuncias de vínculos de legisladores
con estas mafias -el presidente del
Congreso Eduardo Salhuana ha sido abogado
de mineros ilegales-, y al interés
de congresistas y líderes de sus partidos,
denunciados por corrupción y otros delitos, de favorecerse debilitando con estas leyes el combate a la corrupción y las mafias.
“Por las medidas tomadas por el Congreso debilitando la capacidad de combatir el crimen organizado, que el gobierno ni ha controlado ni ha controvertido, el Perú se ha convertido desde 2024 en el país de la región con el mayor incremento de la tasa de homicidios. Es la misma dinámica de crecimiento que hace unos años vimos en Ecuador, que ahora tiene el mayor nivel de homicidios en la región”, advierte Gobertus.
La
presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia
Espinoza, han criticado las leyes a favor del crimen organizado y la impunidad y
han advertido de sus peligros. Desde el Congreso y el Ejecutivo, que ya han
tomado el control del Tribunal
Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que nombra y sanciona a jueces
y fiscales, maniobran para capturar totalmente el Ministerio Público y el Poder
Judicial, sobre los que tienen influencia y poder, pero no el control
absoluto.
La fiscal Fany Quispe, coordinadora de las fiscalías
especializadas de criminalidad
organizada, denuncia que las leyes
del Congreso aprobadas en los últimos
dos años
“tienen un efecto devastador en la lucha contra la criminalidad
organizada” al quitarle al sistema de justicia “herramientas fundamentales para desbaratar organizaciones criminales”.
En este contexto, la criminalidad crece exponencialmente. La
extorsión, el sicariato y la minería ilegal se han convertido, junto con el
narcotráfico, en los principales delitos. Solo en el primer trimestre
de este año hubo ocho mil denuncias por
extorsión, la misma cifra que en todo 2022.
Y se estima que únicamente alrededor del 20
por ciento de las víctimas de este delito denuncian. En 2024 hubo 2011
homicidios, un incremento de 34,5
por ciento respecto a 2023. En los primeros seis meses de este año los
asesinatos aumentaron cerca de 20 por
ciento respecto al mismo periodo de 2024,
el año de mayor índice de homicidios
con 7,4 denuncias por cada 100 mil habitantes. Según las
cifras oficiales, en lo que va del año se registran seis asesinatos diarios. La
minería ilegal del oro ha crecido a tal nivel que produce más ingresos que el narcotráfico. Hay vínculos entre ambas actividades. Mientras promulga leyes favorables
a las organizaciones criminales, el gobierno dice enfrentar la delincuencia con sucesivas
declaraciones de estados de emergencia
que eliminan derechos ciudadanos y
no tienen ningún resultado en el combate
a la delincuencia.
La minería y la tala ilegal, amparadas por una legislación
favorable a sus intereses, invaden territorios de comunidades indígenas
y asesinan a dirigentes y defensores ambientales que se oponen a
su avance depredador del medio ambiente.
Crímenes que se repiten en medio del desinterés de las autoridades y la impunidad. Organizaciones indígenas
han denunciado que 35 de sus líderes
defensores del medio ambiente han sido asesinados
por estas mafias durante el gobierno
de Boluarte, que asumió en diciembre de 2022 y también carga con
49 muertes por la represión a
las protestas sociales. En el pronunciamiento de un reciente Encuentro Nacional de Defensores y
Defensoras Ambientales, comunidades
indígenas de todo el país
denuncian el abandono del Estado y la
impunidad con la que actúan las mafias
que asesinan a sus dirigentes.
“El Estado ha dejado de garantizar derechos y se ha convertido en un
agresor”, se dice en el pronunciamiento.
Los
pueblos originarios exigen que se les deje de criminalizar, se sancione a las mafias
que atacan a sus comunidades y a las
autoridades que las protegen, la derogatoria
de las leyes que favorecen la
minería y la tala ilegales y la depredación
de sus territorios por las actividades
extractivas legales. Convocan a “las fuerzas democráticas, progresistas y
no corruptas” para “conformar
una gran coalición antimafia” para las
elecciones de 2026: “No
podemos permitir que este régimen criminal se consolide”.
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