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El
Informe Final de la CVR
afirma que el conflicto armado interno que vivimos, entre 1980 y el 2000, ha dejado un saldo de 69,280 víctimas fatales, cifra que es
casi el doble de lo que se había estimado hasta ese entonces. Desde el
comienzo esta afirmación disgustó a muchos sectores. Rafael Rey, destacado
miembro del Opus Dei, llegó a decir “desafío a los comisionados a que muestren
el DNI, la partida de nacimiento o algún documento de que estas personas
existieron”[1]. Su pedido nos recordó cuán alejado está este
señor de la realidad cotidiana de los peruanos, pues ignoraba el grave
problema de indocumentación que padecen las poblaciones más postergadas. Efectivamente, el Censo Nacional de 1981
había señalado que en ese entonces habían dos millones de peruanos y
peruanas sin documento de identidad. La
CVR señaló que dicho número supera “el número
de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras
civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente”, y cuyo periodo
1980-2000 “constituyó
el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la
historia republicana”.
/////
El Dr. Salomón Lerner Febres, hace entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación al Presidente de la república, Dr. Alejandro Toledo.
*****
Los Cuestionamientos a la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
(CVR).
*****
Pilar Arroyo R.P.
Instituto
Bartolomé Las Casas.
Lima 24 de septiembre del 2012.
Con ocasión del noveno
aniversario de la CVR ,
el veinteavo aniversario de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael
Guzmán Reynoso; la muerte del francotirador terrorista “William” en un
enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y la captura de tres terroristas (en
Tayacaja, en un operativo de rescate de niños rehenes) han vuelto a arreciar, con
fuerza y furia, los cuestionamientos al trabajo realizado por la CVR. Los argumentos para
cuestionarla no han variado desde el 2003, fecha de presentación del Informe; y
los cuestionadores tampoco. Veamos:
I.- LOS CUESTIONADORES
Aquí encontramos, sobre todo, al fujimorismo, a la mayoría de miembros
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a un sector
eclesial ligado al Opus Dei, varios medios
de comunicación y Sendero Luminoso.
a.- El fujimorismo
Es uno de los más encarnizados enemigos del Informe
Final de la CVR. Dicha agrupación
política no perdona a la CVR
el haber afirmado que “posee indicios razonables para afirmar que el presidente
Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN
tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y
masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado Colina” (n.100). El
juicio al que se sometió al ex presidente Fujimori probó que dicha afirmación no era
falsa y por ello fue condenado a 25 años de prisión.
Sin embargo, de tiempo en
tiempo, connotados líderes fujimoristas
vuelven a la carga contra la CVR ,
como lo han hecho en estos días Kenyi
Fujimori, Marta Chávez y María Luisa Cuculiza, entre otros. Esta vez,
aprovechando los hechos mencionados líneas arriba han pedido que el Congreso
revise el Informe Final de la CVR. Coincidimos con César Bazán Seminario, del
colectivo Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal cuando señala que “Lo que parecen buscar los defensores de la revisión del
informe de la CVR
es negar la responsabilidad política y legal que les corresponde a determinados
actores del conflicto”.
El pedido de
revisión ha motivado un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), colectivo
de 79 instituciones dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales de la
persona, que “deplora la pretensión de revisar el Informe Final desde el
Congreso de la República ,
lo que supondría, sin lugar a dudas, una manipulación política de la historia”.
b.- Las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional
(PNP)
Este
sector no perdona a la CVR
haber señalado que “aplicaron una estrategia que en un primer periodo fue de represión
indiscriminada contra la población. Y también que “en ciertos lugares y
momentos del conflicto” la actuación de sus miembros “no sólo involucró algunos
excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas
generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos que
constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del
Derecho Internacional Humanitario” (nn.54-55).
Dicha afirmación, hecha en el 2003, ha sido posteriormente corroborada
fehacientemente por numerosos hallazgos,
entre ellos Putis, Los Cabitos (sede del Comando Político Militar de Ayacucho)
y Umasi (1983), todos ellos en Ayacucho; y también por las declaraciones del ex
teniente Telmo Hurtado (implicado en la masacre de
69 comuneros de Accomarca en 1985); así como también por el Presidente de la República , Ollanta
Humala.
Telmo Hurtado ha declarado, en el juicio que actualmente se le sigue por el
caso Accomarca, que sus superiores permitieron una
política de exterminio contra campesinos inocentes, entre ellos niños y
ancianos. En su primera confrontación con el general EP (r) Wilfredo Mori Orzo,
ex comandante General de la
II División de Infantería y ex jefe del Comando Político
Militar de Huamanga en 1985, Hurtado le exigió que asuma su responsabilidad,
diciéndole "Ya es tiempo que tenga el aplomo y asuma su responsabilidad.
Usted permitió que la guerra se lleve bajo esos procedimientos. Usted tiene que
amarrarse los pantalones porque su unidad permitió procedimientos
ilegales…". Lo mismo afirmó en otra audiencia, cuando fue confrontado con su
ex jefe, el comandante en retiro Ricardo Sotero Navarro. Hurtado señaló que en
Ayacucho se aplicó una política de exterminio de presuntos subversivos, avalada
por altos oficiales. Hurtado le dijo a Sotero: "Usted estaba al tanto de
lo que realizaban las patrullas”.
Por su parte, el Presidente Humala señaló en enero
de este año, en una entrevista a Juan Luis Cebrián, del diario español El País
reproducida por La República , que se negó a aplicar el Manual de
Contrainsurgencia ME 41-7 que ordenaba matar a jefes y colaboradores de la
insurgencia, aunque no estuvieran armados.
A pesar de esas evidencias, miembros en actividad y en retiro de las FFAA
y la PNP siguen
afirmado que lo dicho por la CVR
es una calumnia que sólo favorece a Sendero Luminoso y que el Informe desató
una persecución judicial a sus valerosos miembros, afectando su moral
combatiente.
En su afán por desprestigiar a la CVR ocultan lo que el Informe
Final señala en sus Conclusiones Generales: que las fuerzas policiales y
las Fuerzas Armadas “tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos que
vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos [y] reconoce la
esforzada y sacrificada labor que sus miembros realizaron durante los años de
violencia. Asimismo, rinde su más sentido homenaje al más de un millar de valerosos
miembros que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su
deber” (n.39).
En el caso de la Policía , en número 50 del Informe la CVR dice: “el trabajo de
inteligencia operativa de la
DINCOTE (antes DIRCOTE) logró las impecables capturas de los
principales dirigentes subversivos (…) estas capturas constituyeron un factor
fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el
terrorismo”. Y por ello señala el Informe que la Nación tiene una deuda con esos valerosos
soldados y policías que arriesgaron y en muchos casos ofrendaron sus vidas para
librarnos del terrorismo.
Los enemigos de la CVR
omiten señalar que lo que la CVR
solicitó fue someter a juicio a aquellos militares y policías que no cumplieron
con su deber y cometieron violaciones masivas de derechos humanos, lo que está
penado por el derecho internacional. Y la CVR lo hizo no sólo como un deber de justicia,
sino para evitar que la impunidad provoque que situaciones similares se repitan
a futuro en nuestra Patria.
Ernesto de la Jara lo señaló bien hace dos años. En ese
entonces el dijo “Los militares y policías que están siendo procesados y condenados por
hechos vinculados a violencia política, no son los que se enfrentaron al
terrorismo, sino los que violaron derechos humanos: desaparecieron, torturaron,
asesinaron y violaron a personas (…) en el caso de la violencia política los
asesinados, desaparecidos, torturados, violados, etcétera, no son ni
lejanamente, en su mayoría, integrantes de SL o el MRTA [Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru], sino población local entre dos fuegos]
c.- El Opus Dei
Dicho
sector eclesial nunca se ha caracterizado por su valoración del trabajo de la CVR , sobre todo porque el Informe Final trae un serio
cuestionamiento a Monseñor Cipriani, Arzobispo de Ayacucho durante los años de
la violencia política, y a otros prelados que tuvieron similar actitud. En
efecto la CVR
señala que ha encontrado que “la defensa de los derechos humanos no fue firme
en el arzobispado de Ayacucho” y que más bien “dicho arzobispado puso
obstáculos a la labor de organizaciones de la Iglesia vinculadas al
tema, a la vez que negaba violaciones de los derechos humanos”. Lo mismo afirma para Huancavelica y Abancay.
Sin
embargo, el mismo informe afirma que que tanto la iglesia
católica como las evangélicas “contribuyeron a proteger a la población de
crímenes y violaciones de derechos humanos.
Institucionalmente la iglesia católica condenó desde temprano la
violencia de los grupos alzados en armas e igualmente las violaciones de los
DDHH por parte del Estado (...) en departamentos como Puno, Cajamarca, Ancash,
Ucayali o Amazonas, el papel de sacerdotes, laicos y catequistas contribuyó a
fortalecer el tejido social y construir una barrera que debilitó el avance del
PCP-SL y el desborde la denominada “guerra sucia” (n.141).
El
Opus Dei parece ignorar que la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) en su mensaje
de Navidad del 2003 respaldó a la
CVR. En esa ocasión la
CEP afirmó “Nosotros asumimos dicho Informe, con las
limitaciones que pueda tener, porque es un trabajo valioso y punto de partida
para seguir adelante” (n.1)
d.- Los medios de comunicación
A la
mayoría de ellos no gustó la afirmación de la CVR de que “hubo medios que sostuvieron una posición ambigua
e incluso en ciertos casos importantes avalaron la violencia arbitraria del
Estado” (n.150). También señala que “en
muchos medios, el tema de la violencia subversiva y contra subversiva no fue
tratado de una manera tal que significara un aporte significativo a la
pacificación del país (…) debido a una
lógica de la violencia que imprimió un tratamiento poco sensible a los temas y
a “la primacía de una lógica comercial, que en los peores casos condujo al
amarillismo y se complicó a finales de la década de 1990 con el fenómeno de
mega corrupción y compra de medios” (n.152).
Entre los diarios más anti CVR podemos ubicar a
Correo, Expreso, La Razón
y El Comercio. El Ex Presidente de la
CVR , Salomón Lerner Febres se quejó en una reciente
entrevista en Caretas sobre la forma sesgada en que informa el grupo El
Comercio (que tiene los diarios Perú 21, El Comercio y muchos otros más ) y
agregó “es realmente infame lo que han hecho, esto huele feo” refiriéndose a
como habían aprovechado el caso de “William” para atacar a la CVR.
e.- Sendero Luminoso (SL)
Lo que irrita a este grupo terrorista que hoy se
presenta bajo la careta del MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y Defensa de
Derechos Fundamentales) es que la
CVR afirme que SL es el principal responsable de crímenes y
violaciones de los derechos humanos, siendo responsable del 54% de las víctimas
fatales (cf. n.13). Acusa también a SL de crímenes de lesa humanidad por
desplegar una “extremada violencia e inusitada crueldad” (n.14) en la
implementación de un proyecto fundamentalista “militarista y totalitario de
características terroristas” (n.15) con una “falta absoluta de respeto por la
persona humana y por el derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes”
(n.19). Igualmente de tener
“concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas” (n.21) y de
que “buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la
población civil” (n.28).
II.- LO QUE
SE CUESTIONA
a.- Que
tiene errores
Por supuesto que, como toda obra humana, el Informe de la CVR tiene errores. No olvidemos que son 9 tomos,
con más de 8,000 páginas. Sin embargo, como
muchos miembros de la sociedad peruana, consideramos que dichos errores no
descalifican el trabajo realizado.
Salomón Lerner Febres, señala que el documento es un punto de partida y
añade “!Con qué desfachatez pueden venir a decir que nosotros hemos hablado ex
cátedra y que hemos dicho que es la verdad que no se puede mover!”. Coincidimos con Carlos Reyna cuando afirma que “el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, si bien puede tener
algunos vacíos o tesis polémicas, sigue siendo el documento que mejor retrata
el violento período de los ochenta y noventa. Quienes lo deseen podrían aportar
nuevos informes, pero no se justifica su descalificación”.
De la misma opinión es el
Fiscal de la Nación ,
José Antonio Peláez Bardales, quien señaló que si el Informe contiene errores, son
"meramente formales, no son errores de fondo” y resaltó que el informe de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) es una fuente histórica que se
ha utilizado incluso en procesos judiciales
por violación de derechos humanos cometidos durante los años de violencia
política.
La masacre de Putis está registrada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
***
b.- Su
imparcialidad
Se acusa al informe de sesgo ideológico, pues según
sus cuestionadores muchos de sus miembros tenían una militancia de
izquierda. Por eso nos parece conveniente recordar la
composición de sus miembros:
+ Más del 50% estaba ligado a sectores
eclesiales católicos y evangélicos, estos son: Salomón Lerner Febres, entonces
rector de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, El P. Gastón Garatea
Yori, sacerdote católico de los Sagrados Corazones, el Pastor Humberto Lay (miembro del Concilio Nacional
Evangélico-CONEP-), el polítólogo Rolando Ames Cobián, ligado a sectores
católicos progresistas, Mons. Antúnez de
Mayolo (entonces obispo auxiliar de Ayacucho) y Monseñor Luis Bambarén (como
miembro invitado).
+
Otros, efectivamente, provenían de una antigua
militancia de izquierda, como el antropólogo Carlos Iván Degregori, Carlos Tapia
y Alberto Morote. Sin embargo, hay que resaltar que la razón por la que se les
convocó es por que los dos primeros habían enseñado largo tiempo en la Universidad San
Cristóbal de Huamanga y Morote había sido presidente del Consejo Transitorio de
Administración Regional -CTAR- de Ayacucho, que equivalía a lo que hoy es el
cargo de Presidente Regional de Ayacucho.
+ Los otros comisionados, el abogado Enrique Bernales
y Sofía Macher estaban vinculados a
organismos de Derechos Humanos
+ Por
su parte las FFAA tuvieron su representación a través del excomandante de la Fuerza Aérea , Luis
Arias Graziani, quién al finalizar el trabajo de la CVR , aunque mostró sus
reservas sobre el asunto de reparaciones y la afirmación de violaciones sistemáticas
de derechos humanos por parte de las FFAA y PNP reconoció que la CVR cumplió “con seriedad y
esmero encomiable su cometido”
+ La
otra integrante fue Beatriz Alva Hart, que había sido viceministra de Trabajo
en 1999 y congresista por el fujimorismo
en el 2000; aunque posteriormente se apartó de dicha agrupación argumentando objeciones
éticas.
El número de
víctimas señaladas.
El Informe Final de la CVR afirma que el conflicto
armado interno que vivimos, entre 1980 y el 2000, ha dejado un saldo
de 69,280 víctimas fatales, cifra que es casi el doble de lo que se había
estimado hasta ese entonces. Desde el
comienzo esta afirmación disgustó a muchos sectores. Rafael Rey, destacado
miembro del Opus Dei, llegó a decir “desafío a los comisionados a que muestren
el DNI, la partida de nacimiento o algún documento de que estas personas
existieron”. Su pedido
nos recordó cuán alejado está este señor de la realidad cotidiana de los
peruanos, pues ignoraba el grave problema de indocumentación que padecen las
poblaciones más postergadas. Efectivamente, el Censo Nacional de 1981 había
señalado que en ese entonces habían dos millones de peruanos y peruanas sin
documento de identidad. La CVR
señaló que dicho número supera “el número de pérdidas humanas sufridas por el
Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años
de vida independiente”, y cuyo periodo 1980-2000 “constituyó el episodio de
violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia
republicana” (n.1).
III.- LAS CAUSAS
ESTRUCTURALES DE LA
VIOLENCIA POLITICA
El
Informe de la CVR
podría también llamarse “Radiografía de una Nación” pues señala una serie de
características de la sociedad peruana que es urgente modificar si queremos que
episodios como los que vivimos con la violencia política no se vuelvan a
repetir. Sin ánimo de exhaustividad señalamos algunos de ellos:
+ la
gran discriminación que existe entre peruanos, sobre todo por razones de
etnia, económica (de clase) de género etc. Algo se ha avanzado desde entonces,
pero todavía queda mucho camino por recorrer
+ el
tipo de relaciones que hemos construido entre nosotros, marcada
por:
a) una ausencia de cultura democrática, donde todos tengan plena conciencia
de sus derechos, pero también de sus responsabilidades
b) una forma de relacionarnos que ve en el ejercicio de la violencia
contra el otro como el método más eficiente, rápido y expeditivo de
solucionar los conflictos y discrepancias entre peruanos y peruanas.
c) la lejanía que sentimos frente al otro distinto o diferente a nosotros.
Prima la indiferencia y el desprecio, nunca el sentimiento de igualdad.
En suma no hemos logrado construir relaciones humanas
justas y respetuosas de los derechos de cada uno.
+ la
pobreza y la desigualdad, como fuente
de falta de oportunidades básicas para la mayoría de la población. Aunque
algo hemos avanzado en lo primero, lo segundo se mantiene estable en los
últimos 46 años.
+ el
tipo de educación que recibe la mayoría de peruanos (85% del alumnado va
a la escuela pública), marcada por el autoritarismo, versiones simplistas de la
realidad y el no-ejercicio del espíritu crítico.
Recordemos
que las dos últimas causa señaladas facilitaron a los terroristas, tener una
cantera para reclutar sus cuadros
+ la
deficiencia de nuestro sistema de partidos que impidió que los que
ejercieron el gobierno durante la época de la violencia política asumieran sus
responsabilidades. Estos fueron
1980-1985 Acción Popular con Fernando Belaúnde Terry
1985-1990 APRA, con Alan García Perez
1990-2000 El Fujimorismo con sus diversos membretes partidarios, con Alberto
Fujimori
En
el caso de la Izquierda
si bien la CVR
constata que “en muchas zonas del país, militantes de izquierda fueron un freno para el
avance del PCP-SL” (n.105), también hace notar que “un deslinde ideológico
insuficiente y en muchos casos tardío colocó a la mayoría de los partidos
miembros de IU en una situación ambigua frente a las acciones del PCP-SL y más
aún del MRTA (n.108)
+
unas Fuerzas Armadas que desde el inicio de nuestra época republicana
(1821) se constituyeron como un estado dentro de otro estado, obligando a los
gobiernos civiles a negociar con ellos y por lo tanto impidiendo una adecuada
supervisión de su labor, lo que facilitó las masivas violaciones de derechos
humanos que hubieron durante la lucha antisubversiva.
+ El
Informe de la CVR
también señala que el tipo de presencia estatal en zonas alejadas
(marcado por autoridades abusivas, soberbias y corruptas) también favoreció el
avance de SL. Pero también la ausencia
estatal en otras zonas.
+ La CVR indica que conflictos
ancestrales por la tierra fueron usados por los mismos pobladores para
acusarse y eliminarse mutuamente.
+ El narcotráfico permitió a Sendero
Luminoso tener el dinero que requería para su acción subversiva, así como
conseguir armas. En los inicios del conflicto la implementación de una política
estatal de erradicación forzosa de los cultivos de coca (por exigencia del
gobierno norteamericano) hizo que los campesinos cocaleros también vieran con
simpatía a Sendero Luminoso.
+ Por último una característica positiva que
resalta el Informe de la CVR
es que la larga tradición de organización
de la población permitió construir una barrera que debilitó el avance del
PCP-SL y el desborde la denominada “guerra sucia”.
Coincidimos plenamente con S., Lerner cuando señala
que la obligación moral que emana del Informe de la CVR es “la obligación de hacer
justicia, y de hacer prevalecer la verdad, la obligación de cerrar las brechas
sociales que fueron el telón de fondo de la desgracia vivida” .
IV.- SECUELAS Y NECESIDAD DE REPARACIÓN
Por ello sostiene la necesidad de “reparar, en la
medida de lo posible, los gravísimos daños que se han ocasionado” (n.163). Para ello ha presentado un “Programa Integral
de Reparaciones” “donde se combinan formas individuales y colectivas,
simbólicas y materiales de resarcimiento” (n.167). Asimismo sostiene que “el gran horizonte de
la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos
y peruanas” (n.170). Termina diciendo
que “entiende que la reconciliación debe ocurrir en el nivel personal y familiar;
en el de las organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las
relaciones entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Los tres planos
señalados deben adecuarse a una meta general, que es la edificación de un país
que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y
multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la
superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples
discordias de nuestra historia republicana” (n.171).
*****
1 comentario:
Este panorama, tan pobre de analisis, y un esquema al estilo Harnecker, no permite una cabal interpretación de la realidad, existe un sesgo prejuicioso y hasta de complacencia por defender una Entidad que hace agua hace mucho. El filosofo economista Silvio rendón ya ha quebrado al elefante blanco que fue la CVR. El afirma ¿Por qué los datos muestran pocos cruces para Sendero Luminoso?
Las ONGs de DDHH y la Defensoría del Pueblo recogieron testimonios casi exclusivos de muertes y desapariciones por el Estado, no de Sendero Luminoso. Cuando llega la CVR, institución creada por el estado que acaba de ganar la guerra, los reportes que recibe inicialmente son principalmente de muertes perpetradas por Sendero Luminoso. Esto es muy comprensible: se trata de una institución que es percibida por la población como más receptiva a las denuncias de muertes de Sendero que del estado. Mucha gente no había denunciado las muertes de Sendero a las dos organizaciones anteriores. En cambio muchos familiares de víctimas del estado ya habían hecho sus denuncias a las dos organizciones anteriores: tenían menos incentivos para hacer una tercera denuncia que quienes nunca habían hecho alguna. La CVR se ve con muchas denuncias contra Sendero, especialmente, al comienzo de su recolección de datos, y cree que sus datos son los correctos, mientras que los datos de las otras organizaciones están sesgados (De hecho, se plantea internamente que los datos de la CVR deben ser los únicos oficiales sobre el conflicto, para darle credibilidad a su trabajo). Sin embargo, considerando todos los casos reportados siempre resulta que el estado es el principal perpetrador. --- Esto en su blog, http://grancomboclub.com/2012/08/las-sobreestimaciones-de-la-cvr.html
OBVIAR INFORMACIÓN DE UN INVESTIGADOR ES POR DECIR NADA SERIO, PERO LA SOCIOLOGIA EN AREQUIPA HACE MUCHO QUE HA DEGENERADO CIENTIFICA Y MORALMENTE
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