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El estudio hace un estimado –que
considera conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza
privada que se encuentra invertido en
más de 80 jurisdicciones offshore
(extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente
libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea,
millones de millones). De este total, alrededor de un tercio, esto es
entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, provendría de 139 países de
bajo o mediano ingreso. Es más, el
61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que incluye a Brasil, México,
Venezuela y Argentina. Se trata principalmente de rentas
financieras acumuladas desde los años ’70 por las élites privadas de estos países,
y que no se han registrado en sus países de origen. Estas cifras
abarcan solo los activos financieros; no
se ha calculado otro tipo de inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces,
yates, etc.
Al hacer un balance de activos y pasivos,
el estudio demuestra que gran parte de los países considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos
recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero. En efecto, los 139 países mencionados, que
incluyen a todas las principales economías en desarrollo, “registraban una deuda externa bruta
agregada de US$4,08 billones en 2010”. Al restar las reservas en el
exterior de estos países, invertidas mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se constata que “su deuda externa neta
agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010”. De allí
se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema offshore,
estos países supuestamente endeudados, “no tienen nada de deudores: son prestamistas netos, del
tenor de $10,1 a $13,1 billones”.
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Mapa de ubicación de los Paraísos Fiscales en todo el mundo.
Los paraísos fiscales y la fuga de capitales.
*****
Sally Burch.
Net/globalización. Noviembre del 2012.
Un estudio
sobre los paraísos fiscales(1) que publicó en semanas recientes el Tax
Justice Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la
evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se
había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los
problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por
ende contribuye a agudizar la pobreza.
El estudio
hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de
fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80
jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se
manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y
32 billones de dólares (o sea, millones de millones).
De este
total, alrededor de un tercio, esto es entre 7,3 y 9,3 billones de
dólares, provendría de 139 países de bajo o mediano ingreso. Es más,
el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que incluye a
Brasil, México, Venezuela y Argentina. Se trata principalmente de rentas
financieras acumuladas desde los años ’70 por las élites privadas de estos
países, y que no se han registrado en sus países de origen. Estas cifras
abarcan solo los activos financieros; no se ha calculado otro tipo de
inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces, yates, etc.
Al hacer un
balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países
considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos
no se hubiesen sustraído de su sistema financiero. En efecto, los 139
países mencionados, que incluyen a todas las principales economías en
desarrollo, “registraban una deuda externa bruta agregada de US$4,08
billones en 2010”. Al restar las reservas en el exterior de estos países,
invertidas mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se constata que “su
deuda externa neta agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones
para 2010”. De allí se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados
al sistema offshore, estos países supuestamente endeudados, “no tienen
nada de deudores: son prestamistas netos, del tenor de $10,1 a $13,1
billones”.
El problema,
sin embargo, es que “los activos de estos países están en manos de un pequeño
número de individuos ricos mientras que las deudas recaen en la gente ordinaria
de estos países a través de sus gobiernos”.
La pérdida
en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta las ganancias no
declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970, la
pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7 billones,
estima el estudio.
El TJN -red
internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en el Reino Unido-
desarrolló una metodología nueva para hacer estos cálculos, que estima mucho
más verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente las
instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte
crítica a estos organismos, pues, “han prestado una mínima atención a este
‘agujero negro’ de la economía global”, siendo que ellos “tienen un acceso
fácil no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos
primarios que se requieren para cuantificar con más precisión las dimensiones
de este problema”. Y pregunta: “¿Por qué se hacen la vista gorda?”
La pérdida
para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le sumamos el hecho que
la mayoría de acuerdos de inversión extranjera –incluidos los TLCs- se
acompañan de acuerdos de doble imposición. Estos acuerdos generalmente
prevén que los inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen,
y no en el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con
los cuales realizan sus ganancias. Muchas veces, mediante subterfugios
como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones,
estas empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se
produce una doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos
fiscales.
Cambiar los
esquemas de negociación
Una cosa es
reconocer el problema pero otro es lo que los países latinoamericanos puedan
hacer para comenzar a solucionarlo. En entrevista con ALAI, David
Spencer, abogado norteamericano especializado en legislación financiera y
asesor de TJN, opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región
podría mejorar su capacidad de negociación. Considera que UNASUR, por
ejemplo, podría intensificar esfuerzos en este sentido. A la vez, le
llama la atención la escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el
G77, para abordar este tema ante las instancias correspondientes de la
ONU. Una de las soluciones que sugiere Spencer es insistir que los
centros financieros provean información a otros países sobre los activos que
sus residentes mantienen en su sistema financiero.
El abogado
reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de las economías
avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas “se benefician
enormemente de este flujo de capitales hacia sus instituciones financieras: del
City Bank en Nueva York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan
Panamá, por ejemplo. Estas instituciones financieras dependen fuertemente
de los depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de
fondos”; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las
cosas no cambien.
La OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las principales
economías desarrolladas) en principio ha expresado preocupación por esta fuga
de capitales; pero poco ha hecho para impedirla. Spencer reconoce que la
OCDE estableció una especie de "lista negra" de 40 países
considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que un país sea
borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de intercambio de
información. Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue firmar acuerdos
entre ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.
Spencer
señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a EEUU, por
ejemplo, también le interesa obtener información tributaria sobre sus
residentes con activos en América Latina. Entonces esto hace posible
establecer acuerdos de intercambio de información fiscal. En cambio
resulta mucho más complejo hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se
aplican las mismas reglas. Y de hecho, gran parte de los fondos
regionales sustraídos se encuentran en países como las Islas Caimán, Bermuda,
Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.
Para TJN, la
búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y la evasión fiscal
debería constar
entre las primeras prioridades de las políticas mundiales de reducción de la
pobreza.
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- Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.
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