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Amigos y Amigas, 2 artículos,
como ve la Prensa Internacional al gobierno de Boluarte al cumplirse 100
días como presidenta de la República, cuyo origen - es Constitucional – hoy es un gobierno que ha perdido la Legitimidad, por su carácter represivo,
autoritario, ultra conservador, racista y responsable directo de “crímenes de lesa humanidad” contra las poblaciones de
las comunidades originarias. Mejor su Lectura.
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¿DEMOCRACIA, DICTADURA O QUÉ
HAY EN PERÚ?
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Por Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido
Leonardo Croxatto.
Página /12 lunes 20 de marzo del 2023.
Un
presidente campesino, líder de los docentes peruanos (el “Profe”), apoyado por las
rondas campesinas, que estuvieron cuarenta y cinco días en Lima exigiendo
que sus votos fueran respetados (la “Keiko” Fujimori quería anularlos), fue destituido sin ser
escuchado y sin respetar el propio
reglamento del Congreso. Su vacancia es
ilegítima procesalmente, y el régimen asesinó a más de sesenta personas que pedían restitución del primer presidente
rural de la historia del país. Esta
doble criminalidad no puede negar la impronta racista que
reitera que el lugar de campesinos pobres es la Sierra y no Lima: “Puno no es el Perú” advirtió la señora Boluarte.
No es posible
disimular más que se trata de un nuevo y perverso capítulo de la persecución
contra líderes populares (Correa, Lula, Evo, Cristina, Petro, Dilma, Zelaya,
Lugo). En el caso peruano el motor son las
concesiones-leyes de la época de Fujimori que vencen este
año, aunque sus “leyes antiterroristas”,
contrarias a cualquier convención de DDHH y después
de más de tres décadas del cese de
la violencia en el país, se aplican ahora a quienes protestan. Pedro Castillo en
verdad está preso porque manifestó que no los renovaría. Ese fue su principal pecado.
Quienes creemos que
la democracia no es del todo buena, pero no conocemos
algo mejor, nos alarmamos por su destino en nuestra América. Oligopolios de medios crean realidades únicas,
igual que el “Völkisches Beobachter” o el “Pravda”; un demagogo inaugura un
campo de concentración; un demente expulsa
ciudadanos; jueces criminalizan
a líderes
populares y garantizan impunidad a los criminales financieros que
hipotecan países
y regalan riquezas naturales; se destituyen presidentes en golpes de estado blandos y no tan blandos. Ya no se
trata de métodos sutiles, sino de un brutal
regreso a los de tiempos que creíamos superados.
Los medios emboban con el escándalo del momento; si no existe lo inventan. Al mismo tiempo, hechos gravísimos se omiten en sus realidades virtuales; como no se los informa, creemos que no pasa nada, aunque todo siga pasando.
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Perú dejó de
ser noticia en los medios hegemónicos, una señora que asumió la presidencia traicionando a su
compañero de fórmula, sin partido ni bloque parlamentario, legitimó más de sesenta muertes y dice que los muertos son “terroristas”, explotando el amargo recuerdo que su pueblo guarda de esa palabra. ¿Ahora hay niños y mujeres terroristas? ¿Hay
terroristas sin armas? ¿Los estudiantes hacen terrorismo sin salir de la
Universidad? ¿Cree que ejerce poder, con su banda y su atuendo pulcro, rodeada
de militares y policías? ¿No se da cuenta que es un juguete del poder? ¿Ignora
que vencen las concesiones de Fujimori? ¿Nadie le
advirtió que Roma no paga traidores?
Ante la ilícita prisión de Castillo, víctima del
ancestral racismo, hay jueces que
afirman que eso es irrelevante
porque, de todos modos, no tenía argumento
de defensa. Está
preso acusado de rebelión armada,
cuando sabía que no contaba con el apoyo de un solo militar ni de un solo
policía. Y los jueces afirman que igualmente
incurrió en rebelión
armada porque “en otras circunstancias eso hubiese sido muy peligroso”. No hay
conducta que en otras circunstancias no
sea peligrosa. Ni siquiera se esmeraron en inventar argucias jurídicas igualmente inválidas, pero por lo menos un
poco más sofisticadas.
¿Y nos
piden que respondamos jurídicamente? ¿Pero cómo se puede argumentar jurídicamente frente a
quien dice “lo hago porque se me da la
gana”? En Perú lo confiesan los
jueces que mantienen preso a
Castillo; en Ecuador el canciller
ofendido después de negar por dos años
el salvoconducto de salida a un ciudadano
argentino menor de edad y a una exministra condenada por jueces interinos puestos por el traidor que
hoy está en arresto por coimero;
en nuestro país un tribunal emite
dos kilogramos de sentencia condenatoria
sin pruebas y dispone el pedido de sanciones a los defensores por sus alegatos.
¿Qué argumentos jurídicos cabe frente a
estas bravuconadas?
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Nos han sacado del
derecho, estamos en el espacio de lo”
a-jurídico”, del caos sin derecho. Aunque el derecho también es política, hay tareas que son de “política pura”. Y salir de lo “a-jurídico”
para volver a lo jurídico no es
tarea jurídica, sino política pura. Debemos impulsarla, pero la harán los pueblos, a medida que
tomen conciencia de que son estafados.
Resistirán y lucharán por la democracia y por el derecho y no caerán en la trampa que le tienden los agentes
coloniales incitándolos a la violencia, pues ya saben quiénes aportan los muertos.
Los más de sesenta muertos en Perú
son del sur, de Puno, Ayacucho, Cusco, parece que sus
vidas valieran menos que si fuesen de Miraflores o San Isidro –nuestra Recoleta-,
y los ministros de Boluarte balbucean
“conspiraciones”, cuando los “conspiradores”
son ellos, que están ejerciendo un poder usurpado sin respetar el reglamento
del Congreso.
¡Paradojas
del destino! Antes, el discurso de orden era de los reaccionarios, pero
ahora debemos esgrimirlo nosotros para ayudar en el difícil trance de superar
el caos creado por los personeros de los intereses
financieros tardo-coloniales. La difícil empresa que tenemos por delante
es la reconstrucción de las instituciones, de la
democracia, de la juridicidad. Se decía que donde el caballo de Atila
ponía sus herraduras, ni el pasto volvía a crecer. ¡Pero
donde estos ponen sus finos calzados, lo que desaparece es el verdor de los
dólares!
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PERÚ: LA PRESIDENCIA DE DINA
BOLUARTE CUMPLE CIEN DÍAS.
Una gestión marcada por la
represión racista, la restauración conservadora y la persecución política
*****
Controlada por un congreso de mayoría derechista y
ultraderechista, traicionó a la fuerza política que la llevó al gobierno.
Por Carlos Noriega.
Desde Lima.
Página /12 lunes 20 de marzo del2023.
Desde
Lima
Se han cumplido cien días del proceso de restauración conservadora y
autoritaria con el gobierno de Dina Boluarte. Una restauración derechista que se sostiene en una
brutal represión y la persecución judicial contra dirigentes sociales y manifestantes antigubernamentales. El trágico balance de los cien días de Boluarte
es de 66 muertos, 48 de ellos por disparos de la
policía y del ejército durante las protestas exigiendo la salida de la presidenta y del Congreso y el adelanto
de las elecciones programadas para 2026. La gran mayoría de muertos son pobladores
de las comunidades indígenas andinas. Estos crímenes
están impunes. La derecha
parlamentaria y la prensa hegemónica alientan la represión, y junto
con el gobierno criminalizan las protestas y aplauden a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra manifestantes.
Boluarte reemplazó el 7 de diciembre a Pedro Castillo, luego que éste
fuera destituido y encarcelado tras su fallido intento de cerrar el Congreso.
Abogada de 60 años y exfuncionaria de nivel medio del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, Boluarte
era una desconocida en la política hasta que llegó a la vicepresidencia con los votos que convirtieron a Pedro Castillo en
presidente. Lo primero que
hizo al asumir el poder fue traicionar los principios
políticos y las promesas que levantó en la campaña al aliarse
con la derecha y la ultraderecha que habían complotado para derrocar al gobierno al que ella perteneció. Protestas, represión y muerte
han sido el precio de esa traición.
La mutación
“Es
impresionante la mutación, el cambio, que ha sufrido Boluarte”,
le declaró a Página/ 12 el
historiador, antropólogo y analista político Carlos Monge. “Apenas Castillo fue destituido por su absurdo golpe de Estado fracasado, Boluarte mutó, fue como un cambio genético, un cambio
de especie, y pasó a establecer una sólida alianza con los mismos sectores
políticos que la habían acusado de todo tipo de cosas cuando era parte del gobierno de Castillo. De aliada muy íntima de un proyecto de izquierda
radical, al menos en el verbo, aunque no en la acción, ha pasado a ser
la cabeza de un gobierno
autoritario de derecha. La razón fundamental de ese cambio es la ambición”.
Las protestas
estallaron luego de la caída de Castillo en el
sur andino -donde él tenía su mayor respaldo- y en las primeras
dos semanas del gobierno de Boluarte la
represión causó 22 muertos. Después
de una breve tregua por las fiestas de
fin de año, el 9 de enero 18 manifestantes fueron muertos a balazos
en Juliaca,
ciudad de la altiplánica región de Puno, epicentro de
las mayores protestas. La represión alimentó la indignación popular. Las protestas y bloqueos de
vías aumentaron, y la represión
siguió sumando muertos, heridos y detenidos. Pobladores de las regiones andinas se movilizaron llevar la protesta a
Lima. Por participar en las
movilizaciones sociales, dirigentes y
manifestantes han sido detenidos y
denunciados arbitrariamente por terrorismo y organización
criminal. Un policía
murió quemado y seis soldados se
ahogaron en un río cuando dejaban
una zona de Puno tras ser expulsados por los campesinos. Once civiles han fallecido por no llegar a tiempo a un centro de salud y por accidentes que las autoridades atribuyen a
los bloqueos de vías.
Repliegue temporal
Las protestas, golpeadas por la represión y con signos de agotamiento después de más de tres meses de movilizaciones, han disminuido, pero no han cedido. La sensación es la de un repliegue temporal. En Puno se mantiene una huelga indefinida. El rechazo al Gobierno y al Congreso crecen. De acuerdo a una reciente encuesta de CPI, la desaprobación a la gestión de Boluarte es de 76,1% (89,5% en el sur y centro andino) y su aprobación de 20,1%. El Congreso derechista que la respalda tiene un rechazo de 90,2% y un respaldo de apenas 6,5%. Un 80,2% está a favor del adelanto de elecciones para este año, algo que el Congreso ha bloqueado.
El Coordinador Nacional de Derechos Humanos ha calificado las acciones represivas como “crímenes de lesa humanidad”. Una misión argentina de derechos humanos que viajó a Perú se ha pronunciado en el mismo sentido. Amnistía
Internacional ha señalado que las acciones de las fuerzas de seguridad
implican “delitos
contra el derecho internacional” y ha
denunciado que la represión tiene un sesgo
racista contra la población indígena andina. Ocho relatores han firmado un documento del Alto
Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunciando “el uso excesivo de la fuerza” y
se demandando “investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e
independientes”.
Genocidio
La Fiscalía de la Nación ha
abierto una investigación por genocidio contra Boluarte y algunos de sus ministros, pero hay poca confianza en la real voluntad de investigar de la
fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuestionada por corrupción y respaldada por
la derecha. Benavides ha debilitado las fiscalías de derechos humanos y
fortalecido las de terrorismo
para procesar a dirigentes y
manifestantes. Las investigaciones
fiscales a policías y militares avanzan lentamente, sin resultados hasta ahora.
A pesar de las evidencias
-autopsias, videos, testimonios- de que las fuerzas de seguridad han disparado
con fusiles contra la población, el gobierno
insiste que no ha ordenado el uso de armas letales. Boluarte y sus ministros respaldan a las fuerzas de
seguridad acusadas de disparar contra la población. La presidenta lanzó la absurda acusación de que los manifestantes
se habían disparado y matado entre ellos. El gobierno ha calificado las acciones policiales durante la represión
como “inmaculadas” y ha dicho que
los policías acusados de excesos represivos
son “héroes” y los ha premiado con un bono
económico.
El sociólogo y
analista político Alberto
Adrianzén le señaló a este
diario que el origen del gobierno de
Boluarte fue legal, pero precisó que
“ya no tiene legitimidad por el alto nivel de rechazo que concita. “Este es un gobierno represivo de derecha que está legalizando la
toma que está haciendo la derecha de instituciones fundamentales de la
democracia, como los organismos electorales o el Tribunal Constitucional (TC). Boluarte es parte de un plan de la derecha para
copar las instituciones para asegurarse ganar las próximas elecciones. Ella
gobierna lo que puede gobernar, pero las medidas sustantivas las está tomando el
Congreso que controla la derecha”. Adrianzén propone que los legisladores de izquierda abandonen el Congreso de mayoría derechista “para no avalar, legitimar y legalizar con su presencia
los atropellos que se hacen en el Congreso contra la democracia”.
Monge a su vez califica
al gobierno de Boluarte como “autoritario”
“ultraconservador”, “mafioso en su relación con las economías ilegales” y “racista” por
sus ataques contra las poblaciones quechuas y aymaras. Señala que el gobierno se sostiene
“en el aparato militar y élites políticas y empresariales
minoritarias que lo único que quieren es preservar sus privilegios”. Advierte que “se
está transitando de un gobierno autoritario hacia un régimen autoritario, que
es algo mucho más grave”. Coincide con Adrianzén
en que hay un plan en marcha de la derecha para capturar los organismos
electorales y otras instituciones con un conjunto de reformas, para asegurar
que alguien de izquierda, progresista, no gobierne el país. “El TC ultraconservador acaba de ungir al Congreso de
poderes casi absolutos, generando un régimen de dictadura parlamentaria, y
desde el Congreso van por la captura de los organismos electorales”.
Dice Monge
que
logrado ese objetivo la derecha dejará
caer a Boluarte
y dará luz verde al adelanto de las elecciones. “Cuando Boluarte haya cumplido su
rol a favor de la derecha, esa derecha le va a decir ´ya
no me sirves´, como una familia de la élite
limeña despide a un viejo mayordomo que
le sirvió con lealtad y devoción. El futuro de Boluarte
es la cárcel”.
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