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“El Registro de Grados,
Títulos y firmas de Autoridades que heredó la
Sunedu era un verdadero desastre. Era imperioso
ordenar, y todo proceso de ordenamiento es doloroso y a veces traumático. Pero
también es cierto que aquí el celo, más de una vez, fue
excesivo. Un celo en exceso conduce indefectiblemente a errores, y a
medidas que no siempre se perciben como justas. Es cierto que había oferta
ilegal, pero también es verdad que avanzaba el licenciamiento
de universidades, y que no pocas veces se puso “peros”
a la inscripción de grados y títulos, de programas ya licenciados. Si
había supervisiones en marcha sobre procesos electorales, se hubiese podido
pensar en registros temporales de Autoridades o
condicionados. Quizás el Consejo Directivo debió
hacer sentir más su voz académica frente a lo parametrado del burócrata.
Nuevamente no es fácil ese enfoque en el Estado,
pero la falta de registro dificulta la gestión de las universidades,
por lo que se debió ser más proactivo en encontrar alternativas. Con todo, la reforma universitaria cierra este ciclo en azul. Ha sido una de esas pocas políticas públicas que se logró
mantener durante años, que muestra logros indudables y medibles, donde
la corrupción estuvo ausente y no es verdad que haya despilfarrado
en consultorías. Creo con convicción que este periodo oscuro va a pasar,
y que la sociedad civil volverá a exigir se respete su derecho a una educación universitaria de calidad.
Para ese momento, tal vez resulte útil asumir que hubo equivocaciones que
no debemos repetir. Y entonces, si volviese el ataque, podamos percibir que el sistema universitario, en general,
pone más “punche” en su defensa.
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EL TRIUNFO -MOMENTÁNEO- DE LA
CONTRARREFORMA UNIVERSITARIA
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Por: Joseph Dager Alva.
Ex Secretario General de la SUNEDU
Otra Mirada
Lima martes 28 de febrero del 2023.
El Tribunal
Constitucional declaró infundadas las demandas de amparo que pretendían
defender a la ciudadanía de la intención del congreso de enterrar a la Sunedu. Esta
institución es una de las varias cuestiones buenas que trajo la Ley 30220, ley universitaria,
pues la establecía como la entidad que
supervisaría la educación universitaria, gracias a lo cual el Estado recuperaba el rol rector en la
materia.
A partir de entonces, el Estado podía
autorizar el licenciamiento de las universidades, supervisarlas y,
eventualmente, sancionarlas. Y que se haya ejecutado durante siete años es un gran logro para quienes creemos que una
educación de
calidad es un derecho de los ciudadanos. Lo cual adquiere particular importancia en la educación
universitaria en la que, además de profesionales, debemos formar a personas comprometidas con su entorno, y
que busquen el bien común.
Pero los grandes intereses de seres pequeños empezaron a complotar contra la Ley y contra la Sunedu desde el día siguiente de su funcionamiento. Utilizaron especialmente al Congreso para ello. Pasaban los años, cambiaban los parlamentarios, otras eran las personas, pero los argumentos se repetían; los titiriteros eran, pues, los mismos. Y es que el establecimiento de las condiciones básicas de calidad (muy básicas, por cierto) hacen que el negocio de la educación universitaria no sea tan rentable como antes, porque además los recursos tenían que utilizarse, como debe ser, en fines universitarios. El Estado empezó a preocuparse por sus verdaderos mandantes, los alumnos y sus padres de familia, para que no sean estafados por universidades de fachada.
Hubo ocasión en la que la Sunedu fue investigada por una comisión del Congreso, por la Contraloría
y por el Ministerio Público; los tres a la vez.
Sin duda, es extraño el concierto. ¿Encontraron algo? Hasta el día de hoy, ninguna de las eficientes
instituciones fiscalizadoras halló siquiera un resquicio de corrupción, ni
un licenciamiento mal otorgado o una denegatoria
mal hecha. Además, sólo en el Congreso ha habido cuatro o cinco comisiones investigadoras en estos siete años. ¿Y cuánto se ha gastado en estas investigaciones? El Congreso nos debe
esa respuesta.
Pese a que el hallazgo es nulo, los
opositores a Sunedu
repiten cual máquinas que no debieron licenciarse algunas universidades, o se denegaron
otras que deberían seguir funcionando. Sin embargo, no han logrado probar nada. Es puro humo, pura bulla. Pero,
como se pretende crear una narrativa;
de ese ruido, lamentablemente, algo
queda. Y más todavía con la incomprensible decisión de la Sunedu de abandonar
el debate público. En el último año y medio, se les escucha muy
poco.
Lo cierto es que hay logros palpables. Hoy tenemos un mejor sistema universitario, hemos desterrado la oferta ilegal y tenemos universidades más ordenadas. Por primera vez, varias de nuestras Casas de Estudio pueden exhibir un claustro docente a tiempo completo, lo que mejora la calidad de la formación. Hoy se investiga más y se publica más. Todavía nos falta para llegar a estándares internacionales; pero avanzamos de a pocos; y avanzaremos más, en la medida que las universidades den descarga lectiva a su cuerpo docente para que investigue de verdad, y no sólo para publicar en revistas indizadas. Por último, y no por eso menos importante, hoy, al fin, las universidades tienen claro que su labor no puede terminar en las aulas, que deben proyectarse a la sociedad, y hacer lo suyo en la inserción laboral de sus recién egresados.
Pero, la ley 31520 pone todo esto en
serio riesgo. Más ahora que el ministro Becerra se ha
mostrado como un férreo opositor de la Sunedu, aún más de lo que fue el ex
ministro Serna. Ha denunciado
lo que no puede probar, y avala la
instalación del nuevo Consejo Directivo con sólo 4 miembros, siendo que son 7,
y la elección del nuevo Superintendente.
Lo que está sucediendo tiene ribetes de
escándalo, y siento que la defensa
que se ve es débil dada la magnitud
de lo que pasa. Y, encima, la Sunedu callada. Los bajos intereses que atacaron esta política pública desde el 2014 se sienten ya ganadores.
Y la realidad coyuntural parece
darles la razón. Pero, tengo la firme esperanza que será momentáneo. Atentar contra una
educación universitaria de calidad, es un ataque directo a la sociedad en general, y no sólo contra los alumnos y padres de familia perjudicados.
Cuando el Congreso
y el TC recuperen la cordura, quizás por presión ciudadana, será necesario tener claro lo bueno que se hizo, lo necesario que es,
y lo que se pudo hacer mejor.
En el neto, el trabajo de la Sunedu merece aplauso. Pero, como toda institución,
es perfectible. Es hora de hacer un
mea culpa. Es cierto que se trata de
una institución técnica, pero quizás los Consejos Directivos que la lideraron, y sus funcionarios, debieron ser
más conscientes que estaban llevando a cabo una política pública, por lo que resultaba imposible abstraerse de la política,
me refiero a la política
con mayúscula. Para servir al
bien común es necesario que en la gestión se construyan alianzas duraderas, se establezcan consensos mínimos, batallar duro escogiendo las batallas y nunca abandonar la comunicación efectiva.
Hubo supervisiones ejemplares, que dieron pruebas y evidencias a sospechas generalizadas. Pero el Consejo Directivo avaló otras pocas de ejecución oceánica y lamentable. No hablo de corrupción. Si la hubiese habido, ya lo sabríamos después de tantas investigaciones. Hablo de cierta rigidez, de creer tozudamente que los lentes deben ser siempre los mismos. Es verdad que en el Estado casi que uno se obliga a usar los mismos lentes; pero casi. Se puede gestionar asumiendo que la medida de la presbicia puede cambiar. Es más difícil, significa una mayor creatividad e innovación; pero se puede, el enfoque de riesgos, por ejemplo.
*****
El licenciamiento fue un proceso muy serio, muy bien
hecho, las denegadas, bien denegadas están. Pero tal vez debió pensarse en una especie de
subsidio estatal para los alumnos perjudicados, a fin de que
se facilite el
traslado a las universidades licenciadas. Ello, claro, excede la responsabilidad de la Sunedu; más
bien son el Minedu y el MEF a quienes señalar.
Pero la Sunedu terminó creyéndose el
cuento de que el mercado solo iba a
absorber a los alumnos. Otro tema
es que el Consejo
Directivo debió flexibilizar la aprobación de la nueva oferta académica solicitada por las universidades
licenciadas, y así renovar el
sistema. Gran iniciativa fue el
Sistema de Información Universitaria,
gracias a él, por fin, íbamos a acceder a información
validada, mejorar notablemente la
calidad de las investigaciones sobre
el sistema, y tomar decisiones
pertinentes. Pero, el Minedu y la Sunedu discutieron
hasta casi el desgaste quien
recolectaría, y entre tanto las
universidades debían informar a los
dos. Tal vez, finalmente, la aplicación del SIU debió ser aún más gradual, toda vez que se daba paralelamente al
licenciamiento institucional y de programas.
El Registro de Grados,
Títulos y firmas de Autoridades que heredó la Sunedu
era un verdadero desastre. Era imperioso ordenar, y
todo proceso de ordenamiento es doloroso
y a veces traumático. Pero también es cierto que aquí el celo, más de una
vez, fue excesivo. Un celo en exceso conduce
indefectiblemente a errores, y a medidas
que no siempre se perciben como justas.
Es cierto que había oferta ilegal,
pero también es verdad que avanzaba el licenciamiento de universidades, y que no pocas
veces se puso “peros” a la inscripción
de grados y títulos, de programas ya
licenciados. Si había supervisiones
en marcha sobre procesos electorales,
se hubiese podido pensar en registros temporales de Autoridades o condicionados. Quizás el Consejo Directivo debió hacer sentir más su voz académica
frente a lo parametrado del burócrata.
Nuevamente no es fácil ese enfoque
en el Estado,
pero la falta de registro dificulta la
gestión de las universidades, por lo que se debió ser más proactivo en encontrar alternativas.
Con todo, la reforma
universitaria cierra este ciclo en azul. Ha
sido una de esas pocas políticas
públicas que se logró mantener durante años, que muestra logros indudables y medibles, donde la corrupción estuvo
ausente y no es verdad que haya despilfarrado en consultorías. Creo con convicción que este periodo oscuro va a
pasar, y que la sociedad civil volverá a exigir se respete su derecho a una educación
universitaria de calidad. Para
ese momento, tal vez resulte útil asumir
que hubo equivocaciones que no debemos repetir. Y entonces, si volviese el ataque, podamos percibir que el sistema universitario, en general,
pone más “punche” en su defensa.
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