La justificación de la reforma agraria tenía varias aristas. Por un lado, la clase política reconocía que la conflictividad social en el campo y la migración masiva a la ciudad hacía peligrar el status quo. Por otro lado, se pensaba que debía desarrollarse una burguesía moderna industrial y se debía “modernizar” el campo, siendo importantes las ideas de la “revolución verde” que impulsaba el gobierno norteamericano en el marco de la Guerra Fría. El gobierno de Velasco le imprime otro cariz a la reforma: ésta constituye una medida de justicia social, de democracia e inclusión. Las frases “¡Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza!” y “La tierra para quien la trabaja”, fueron fundamentales en la creación de un nuevo sentido común que se enmarcaba en un proyecto de nación inclusivo.
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El General Velasco y la Revolución del 3 de octubre del 68, puso fin a más de un siglo de dominio oligárquico en el Perú. La Reforma Agraria de 1969 entregó la tierra en la costa a los obreros cooperativistas y en la sierra a las camunidades campesinas. ¿ Qué faltó?*****
UNA NUEVA OLIGARQUÍA TERRATENIENTE.
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El General Velasco, la Reforma Agraria y la Revolución del 68' acabó con el dominio oligárquico. ¿Pero hoy vuelven?.*****
Por Sergio Tejada.
Agosto del 2010.
Programa Democracia y Transformación Global.
El debate sobre la concentración de tierras en el país se ha iniciado, un poco tarde por cierto, pero como dice el dicho “más vale tarde que nunca”. La situación es sumamente preocupante e íntimamente vinculada a la democracia, la inclusión social y los derechos humanos. El proceso de recomposición de la oligarquía ha tenido por lo menos 30 años, pero en esta última década ha puesto su puntería en la tierra, para aprovechar el boom de la agro exportación y los biocombustibles.
La reforma agraria en debate
Ya en la década del 30 el entonces presidente Leguía dio un golpe a la oligarquía, por considerarla una “reliquia feudal”. Su objetivo, sin embargo, era promover una oligarquía “moderna”, capitalista, no rentista ni terrateniente. El debate tomó otra dirección recién en la década del 60, cuando los campesinos irrumpieron en la vida política con demandas laborales y toma de tierras. La conflictividad social hizo que la clase política tome conciencia de la precaria situación del campo y los partidos políticos se vieron obligados a incorporar la reforma agraria en sus programas, a tal punto, que hasta el odriísmo lo hizo.
El primer texto legal, el decreto ley 14238 titulado “Bases para la reforma agraria”, lo dicta la Junta Militar liderada por Pérez Godoy (1962-63). Esta ley autoriza las primeras acciones de reforma agraria. Pero la primera Ley de Reforma Agraria, Ley 15037, fue dictada en 1964 durante el gobierno de Fernando Belaúnde. El entonces Presidente había ofrecido en campaña una reforma agraria profunda que solucione el problema del campo y el campesinado le tomó la palabra, iniciando un proceso de toma de tierras que el gobierno intentó más bien frenar. La Ley fomentaba la creación de cooperativas agrarias y diferenciaba predios rústicos de la costa, sierra y selva, estableciendo topes a la tenencia de tierra (por ejemplo, el máximo de tierras de cultivo con riego permanente era de 150 hectáreas, y de tierras de pastos naturales, de 1.500 hectáreas).
El avance fue muy limitado y el descontento en el campo estaba en aumento. Las demandas laborales empezaron a ser desplazadas por el derecho a la tierra. En la Convención y Lares el movimiento campesino liderado por Hugo Blanco había desatado un proceso de lucha campesina en distintas partes del país. La incapacidad de Belaúnde de solucionar el problema agrario y la disputa con la Internacional Petroleum Company, fueron las principales razones para el golpe de Estado que dio inicio al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Velasco Alvarado.
Fin de la oligarquía y reforma agraria
La reforma agraria más profunda y el golpe definitivo a la oligarquía se da durante el Gobierno Militar. En 1969 se promulga Ley N° 17752, “Ley General de Aguas”, junto con un paquete de medidas legales para la reforma agraria (Decretos Ley 20136, 21333, 17716, entre otros) que culminan en el Texto Único Concordado de Reforma Agraria.
La justificación de la reforma agraria tenía varias aristas. Por un lado, la clase política reconocía que la conflictividad social en el campo y la migración masiva a la ciudad hacía peligrar el status quo. Por otro lado, se pensaba que debía desarrollarse una burguesía moderna industrial y se debía “modernizar” el campo, siendo importantes las ideas de la “revolución verde” que impulsaba el gobierno norteamericano en el marco de la Guerra Fría.
El gobierno de Velasco le imprime otro cariz a la reforma: ésta constituye una medida de justicia social, de democracia e inclusión. Las frases “¡Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza!” y “La tierra para quien la trabaja”, fueron fundamentales en la creación de un nuevo sentido común que se enmarcaba en un proyecto de nación inclusivo.
El 24 de junio de 1976 concluyó oficialmente la reforma agraria, aunque hasta 1979 hubo expropiaciones y se dieron algunos casos aislados hasta 1990. La estructura agraria fue modificada radicalmente. Cabe recordar que el primer censo nacional agropecuario de 1961 mostró que el 0,1% de las unidades agropecuarias concentraba el 61% de las hectáreas del país. Mientras el 34,1% de las unidades agropecuarias tenía una extensión menor a una hectárea, había un 0,1% que tenía tierras de más de 2500 hectáreas. En el periodo de 1969 a 1980 se expropiaron 8 millones de hectáreas y se establecieron en la costa Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs) y de Servicios (Cooperativas Agraria de Usuarios o CAUs) y Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) en las zonas ganaderas de la sierra.
El desmontaje de la reforma
Hace falta un estudio exhaustivo del conjunto de medidas legales que han posibilitado el desmontaje de la reforma agraria y la “resurrección” de la oligarquía terrateniente; por lo pronto, proponemos algunos hitos. Con el Decreto Ley 02 de 1980 inició el proceso de parcelación de la tierra, que en su momento denunció la Confederación Nacional Agraria (creada en 1972) como el comienzo del desmontaje de la reforma agraria, pero que muchos expertos e incluso políticos de izquierda vieron como una alternativa a la crisis económica en el campo. Lo que posibilitó esta medida fue que las empresas asociativas sean disueltas y transferidas.
Otro hito clave en este desmontaje corresponde a la Ley 26505, “Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas”, decretada en 1995 (derogando la “Ley de promoción de las inversiones en el sector agrario”, más moderada, de 1991). El sentido de esta Ley era, principalmente, abrir las puertas para la explotación minera y de hidrocarburos en tierras comunales. Por ello, se establecen pautas para que las comunidades aprueben por acuerdo mayoritario de sus miembros tanto estas actividades extractivas como el modelo de organización empresarial que decidan en Asamblea.
Esta Ley establece criterios diferenciados sobre decisiones de la Asamblea Comunal para la costa, la sierra y la selva. En su Artículo 10 establecía que, para la costa, cualquier decisión de adquisición de las tierras comunales “requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente.” Para sierra y selva, la valla era más alta, requiriéndose no menos de dos tercios de los votos. Alan García fue mucho más lejos que Fujimori y mediante Decreto Legislativo Nº 1015, de 2008, modificó los procedimientos establecidos en la Ley 26505, igualando la sierra y la selva a los criterios, menos rígidos, de la costa. En su Artículo Único establece que se requerirá “el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año.”
En 2009 la bancada aprista en el Congreso, en una operación anti-reglamentaria, modificó el Proyecto de Ley de Aguas, desmontando la legislación velasquista que protegía el recurso hídrico. En el Artículo Primero de la Ley de Aguas de 1969 se establecía claramente la propiedad nacional del agua como recurso estratégico: “Las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas.” La Ley de Aguas de 2009 establecía que el uso de agua debía ser “sin fines de lucro”, única garantía para que la gestión del agua no sea aprovechada por intereses privados, pero esta expresión fue eliminada sin conocimiento ni aprobación de la Comisión correspondiente. El texto modificado también eliminaba la participación de los Concejos de Cuenca en el otorgamiento de derechos de uso del agua y restaba capacidad de decisión y asociación a las comunidades campesinas en proyectos de infraestructura hídrica, contraviniendo así el derecho al consentimiento previo e informado garantizado por la Declaración 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.
Estas medidas del gobierno apuntaban a eliminar restricciones para el despojo de las comunidades de sus tierras y a la reconcentración oligárquica, aprovechando que los límites a la propiedad de la tierra establecidos por la reforma agraria han sido ya eliminados. El Ejecutivo ha presentado un paquete legislativo para entregar al capital transnacional nuestros recursos naturales y favorecer la instalación de grandes complejos agroindustriales y de producción de biocombustibles, sobre todo a partir de la palma aceitera y la caña de azúcar. La justificación ideológica para esto se sintetiza en la filosofía del “perro del hortelano”, elaborada por el propio García Pérez, pero sin duda lo que pesa más son las “aceitadas” detrás de cada concesión.
Escenario futuro
Las protestas no se hicieron esperar y, tras la lamentable muerte de compatriotas durante los hechos de Bagua, se derogaron algunos Decretos en cuestión, como el 1015 y el 1081. No obstante, grupos económicos como el Grupo Romero y el Grupo Wong, así como capitales chilenos y españoles siguen adueñándose de inmensas extensiones de tierras en la costa norte y en la Amazonía. En la zona selvática de Barranquita, provincia de Lamas, el Grupo Romero se hizo de 1,051 hectáreas que ha venido deforestando (con las consecuencias ambientales que esto trae), para un proyecto de palma aceitera. La lucha de los indígenas que estaban siendo despojados, así como algunas irregularidades que fueron detectadas (como la ausencia de estudio de impacto ambiental), ha logrado detener este proyecto, pero se trata sólo de una de las zonas donde se encuentra este Grupo.
Como alerta la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los conflictos sociales están vinculados a temas ambientales, pero es de esperarse que surja una nueva presión por desconcentrar la tierra, dado que miles de campesinos e indígenas están perdiendo sus tierras y son empujados a la miseria. En este esquema de recomposición oligárquica no podemos obviar la Ley PREDA que el oficialismo se niega a debatir en el Congreso y que frenaría el remate de las tierras de los campesinos ahogados por deudas bancarias con intereses impagables y ningún apoyo del Estado; y la Ley de consulta previa e informada, que el Ejecutivo recientemente observó, aún cuando el derecho a la consulta está establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano en 1993.
Diversos expertos (ver La República 30/06/10 y la Revista Agraria del mes de junio), han señalado que es falso que la rentabilidad sea mayor a mayor extensión de tierra, pero además recuerdan que sólo el 6% de las tierras en el país es destinado a la agricultura, con lo cual el problema se vuelve social, pues, por un lado, se pone en riesgo el abastecimiento de alimentos al constituirse un oligopolio sin compromisos con el mercado interno y, por otro, la escasez de tierras y la presión consiguiente de grupos económicos, obligarían a miles de campesinos a perder sus propiedades y a migrar o trabajar en sus propias tierras pero no para sí mismos sino para su nuevo patrón.
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