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Con su experiencia sobre el problema de la deuda en los países del Sur, el CADTM advierte contra una reivindicación insuficiente, como una simple suspensión del reembolso de la deuda. Se necesita una moratoria, sin los intereses de morosidad, de las sumas no reembolsadas. La moratoria se aprovecha para proceder a un examen de los préstamos con el fin de identificar las deudas ilegítimas. La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Permitirá determinar las diferentes responsabilidades en los procesos de endeudamiento y de exigir que los responsables rindan cuentas a la colectividad. Las deudas identificadas como odiosas o ilegítimas deben ser anuladas.
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LA DEUDA, maná del cielo para los acreedores y una tragedia para los pueblos.
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Miércoles 1 de septiembre del 2010.
Eric Toussaint (CADTM)
Eric Toussaint (CADTM)
Los gobiernos utilizan frecuentemente la deuda pública como argumento para imponer planes de austeridad.
Pero la deuda pública no es sólo útil como pretexto para que la población tenga que pagar cada vez más. También constituye un verdadero expolio para los pueblos.
La deuda pública es la consecuencia directa de las políticas presupuestarias y fiscales favorables a las clases sociales acomodadas y a las grandes empresas. Al reducir la implicación del Estado y las contribuciones pagadas por los más ricos, se disparan los déficit públicos, mientras que se cumple cada vez en menor medida con las necesidades sociales de la mayoría.
Los beneficiarios de esta generosidad fiscal y social consiguieron un ahorro que no necesitaban. Aprovecharon para aumentar su fortuna, que en parte invirtieron en apetitosas obligaciones del Estado.
Esto les ha permitido ganar en los dos frentes: tienen menos impuestos que pagar y una renta garantizada proveniente de la deuda pública. En otras palabras, los gobiernos, por medio de sucesivas leyes fiscales permitieron a las empresas nacionales y extranjeras reforzar su posición de acreedoras del Estado y de capacitarse para chantajear a los poderes públicos, mientras obtienen grandes ganancias.
La deuda pública también aumento muchísimo a raíz de los generosos planes de salvataje concedidos al sector financiero por los Estados después de la crisis que comenzó en 2007/2008. Los gobiernos optaron por reflotar los bancos, pero sin aprovechar para imponerles el abandono de las prácticas que condujeron a la crisis. Por lo tanto este salvataje se hizo sin verdaderas contrapartidas. Aunque, realmente, las sumas comprometidas en la operación fueron asombrosas: al menos 700.000 millones de dólares en Estados Unidos, 500.000 millones de libras en el Reino Unido y 1,7 billones de euros en la zona euro. De esta manera los gobiernos gastaron el dinero público para socorrer a los operadores financieros culpables de graves errores antes de esta crisis y que continúan especulando contra las deudas de los Estados.
En consecuencia, la deuda pública de la Unión Europea pasó de 7,3 a 8,7 billones de euros entre 2007 y 2009. Este rápido aumento de la deuda conlleva reembolsos de capital e interés en fuerte subida. Los Estados toman esta situación como pretexto para imponer planes de austeridad draconianos que provocan un verdadero desmantelamiento de la protección social y de los servicios públicos.
La población pierde dos veces: sufre las consecuencias sociales de la crisis (desempleo, precariedad, congelación de salarios, retraso de la edad de jubilación, etc.) y también sufre la sangría del Estado a través de los planes de rescate de los bancos y de los planes de austeridad.
Los culpables de la crisis salen casi indemnes y pueden continuar su carrera hacia los beneficios ya que se les ha dejado las manos libres. Las víctimas de la crisis deben pagar y ver cómo se degradan sus condiciones de vida. ¡Se debe terminar con este secuestro real de las finanzas públicas!
1. Expropiar los bancos para transferirlos al sector público bajo control ciudadano
No existe una regulación duradera posible con instituciones financieras privadas. Los Estados deben retomar su capacidad de control y de orientación de la actividad económica y financiera.
2. Decretar una moratoria unilateral (sin acumulación de intereses por morosidad) sobre el pago de la deuda mientras se realiza una auditoría (con participación ciudadana) de los créditos públicos —el deudor es el Estado— . De acuerdo a los resultados de esta auditoría, se deberá anular la deuda identificada como ilegítima.
Con su experiencia sobre el problema de la deuda en los países del Sur, el CADTM advierte contra una reivindicación insuficiente, como una simple suspensión del reembolso de la deuda. Se necesita una moratoria, sin los intereses de morosidad, de las sumas no reembolsadas.
La moratoria se aprovecha para proceder a un examen de los préstamos con el fin de identificar las deudas ilegítimas. La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Permitirá determinar las diferentes responsabilidades en los procesos de endeudamiento y de exigir que los responsables rindan cuentas a la colectividad. Las deudas identificadas como odiosas o ilegítimas deben ser anuladas.
3. Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir los paraísos fiscales. Gravar fuertemente las transacciones financieras.
Es imprescindible hacer una reforma en profundidad de la fiscalidad que lleve a una armonización europea que permita impedir el dumping fiscal. El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, especialmente mediante el IRPF y el impuesto sobre sociedades, y una reducción del precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transportes públicos, etc.), esencialmente, a través de una fuerte y discriminada rebaja del IVA de esos bienes y servicios vitales.
Desde 1980, continúan bajando los impuestos directos que pagan las rentas más altas y las grandes empresas. En la Unión Europea, entre 2000 y 2008, los tipos superiores del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades bajaron 7 y 8,5 puntos respectivamente. Estos miles de millones de euros de regalo fiscal se orientaron, principalmente, a la especulación y a la acumulación de riqueza por parte de los más ricos.
Es necesario prohibir cualquier transacción que pase por los paraísos fiscales. En todas las reuniones del G20 se rechazó, a pesar de las declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y fiscales. Hay que prohibir esos agujeros negros de las finanzas de la corrupción, de la delincuencia de alto nivel y de los tráficos ilegales. Se debe agregar al carácter progresivo de la tasa, un impuesto disuasivo para las transacciones especulativas y sobre los ingresos de los acreedores de la deuda.
4. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos
El fraude fiscal priva de medios considerables a la colectividad y actúa en contra del empleo. Se debe proveer de medios públicos eficientes a los servicios de finanzas para luchar seriamente contra este fraude. Los resultados deben ser publicados y los culpables fuertemente sancionados.
5. Disciplinar los mercados financieros, principalmente mediante la creación de un registro de propietarios de títulos y por la prohibición de las ventas al descubierto.
La especulación a escala mundial representa varias veces la riqueza producida en el planeta. Los montajes sofisticados de la mecánica financiera la vuelve completamente incontrolable. Los engranajes que promueve desestructuran la economía real. La opacidad en las transacciones financieras es la regla. Para gravar las acreencias en su fuente, es necesario identificarlas. La dictadura de los mercados debe terminar.
6. Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos, pero aumentando los salarios y las pensiones.
Repartir de otra manera las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte de la riqueza producida destinada a los asalariados se redujo netamente, mientras que los acreedores y las empresas aumentaron sus beneficios para luego dedicarlos a la especulación. Al aumentar los salarios, no sólo se favorece el poder de compra de la población sino que se refuerzan los medios de la protección social y de los regímenes de pensiones.
Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción del salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de la población.
7. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados en el curso de los últimos treinta años.
Una característica de estos últimos treinta años fue la privatización de gran número de empresas y servicios públicos. Desde bancos hasta el sector industrial, pasando por correos, telecomunicaciones, energía y transportes, los gobiernos dejaron al sector privado partes de la economía y por ese proceso perdieron cualquier capacidad de regulación de la economía. Esos bienes públicos, producidos por el trabajo colectivo deben retornar al dominio público.
8. Por una asamblea constituyente de los pueblos para otra unión europea.
La Unión Europea surgida de los tratados constitucionales impuestos a las poblaciones es una verdadera máquina de guerra al servicio del capital y de las finanzas. Debe ser totalmente refundada por un proceso constituyente en el que la palabra de las poblaciones sea finalmente tomada en consideración. Esta otra Europa democratizada debe trabajar por la armonización por lo alto de la justicia fiscal y social, de manera de permitir un aumento del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, la retirada de las tropas de Afganistán y la salida de la OTAN, la reducción radical de sus gastos militares, la prohibición de las armas nucleares y el compromiso firme en el desarme. Debe poner fin también a su política de fortaleza asediada por los candidatos a la inmigración, convertirse en un socio equitativo y realmente solidario con los pueblos del Sur del planeta.
¡Rompamos con la dominación del gran capital!
Actualmente, las instituciones financieras, en el origen de la crisis, se enriquecen y especulan con las deudas de los Estados, con la complicidad activa de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI para satisfacer los intereses de los grandes accionistas y de los acreedores. Este enriquecimiento privado, permitido por los regalos fiscales y sociales de los gobiernos y acelerado por los planes de austeridad, debe terminar.
La reducción de los déficit públicos se debe hacer mediante el aumento de los ingresos fiscales, gravando en mayor medida tanto al capital (empresas y capital financiero) como a la renta, al patrimonio de las familias ricas y a las transacciones financieras y no por la reducción de los gastos sociales públicos. Para conseguir esto, hay que romper con la lógica capitalista e imponer un cambio radical de la sociedad. Contrariamente al capitalismo que sufrimos en la actualidad, la nueva lógica que hemos de construir deberá integrar el aspecto ecológico y romper con el productivismo.
Nuestras reivindicaciones son respuestas concretas a la crisis en el interés de los pueblos. Anular la deuda ilegítima es un acto de soberanía de los Estados y de los pueblos. Para nosotros la salida de la crisis debe hacerse teniendo en cuenta el interés de las poblaciones.
Proponemos reunir las energías, en un frente anticrisis a escala europea pero también a escala local, para crear una relación de fuerza favorable para poder poner en práctica soluciones radicales centradas en la justicia social.
¡Anular la deuda ilegítima es posible y es el interés de los pueblos!
Hubo en la historia numerosas anulaciones de deudas en los países del Sur y en los del Norte, a veces unilaterales, otras validadas por la justicia, a veces concedidas bajo la presión de las potencias dominantes.
El derecho internacional es rico en doctrinas y en jurisprudencias que pueden permitir, y por otro lado ya han permitido, los fundamentos de anulaciones o repudios de deuda.
Un ejemplo emblemático: el CADTM participó activamente en la auditoría de la deuda del Ecuador en 2007/2008. Esta auditoría permitió al gobierno anular deudas ilegítimas y economizar 300 millones de dólares por año durante 20 años. Este dinero está ahora dedicado al mejoramiento de la sanidad pública, de la educación y a la creación de empleo.
Estas medidas, por insuficientes que sean, marcan avances nada despreciables, que pueden ser utilizados por los movimientos sociales del Sur y del Norte para exigir la anulación total e incondicional de la deuda ilegítima.
Esta anulación es actualmente una necesidad y una urgencia puesto que el dinero sustraído a los fines sociales y dedicado a los pagos perjudica al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones.
Impugnar la deuda pública y exigir una auditoría ciudadana es hoy indisociable de la lucha contra los planes de austeridad
Traducción: Griselda Pinero y Raul Quiroz.
Pero la deuda pública no es sólo útil como pretexto para que la población tenga que pagar cada vez más. También constituye un verdadero expolio para los pueblos.
La deuda pública es la consecuencia directa de las políticas presupuestarias y fiscales favorables a las clases sociales acomodadas y a las grandes empresas. Al reducir la implicación del Estado y las contribuciones pagadas por los más ricos, se disparan los déficit públicos, mientras que se cumple cada vez en menor medida con las necesidades sociales de la mayoría.
Los beneficiarios de esta generosidad fiscal y social consiguieron un ahorro que no necesitaban. Aprovecharon para aumentar su fortuna, que en parte invirtieron en apetitosas obligaciones del Estado.
Esto les ha permitido ganar en los dos frentes: tienen menos impuestos que pagar y una renta garantizada proveniente de la deuda pública. En otras palabras, los gobiernos, por medio de sucesivas leyes fiscales permitieron a las empresas nacionales y extranjeras reforzar su posición de acreedoras del Estado y de capacitarse para chantajear a los poderes públicos, mientras obtienen grandes ganancias.
La deuda pública también aumento muchísimo a raíz de los generosos planes de salvataje concedidos al sector financiero por los Estados después de la crisis que comenzó en 2007/2008. Los gobiernos optaron por reflotar los bancos, pero sin aprovechar para imponerles el abandono de las prácticas que condujeron a la crisis. Por lo tanto este salvataje se hizo sin verdaderas contrapartidas. Aunque, realmente, las sumas comprometidas en la operación fueron asombrosas: al menos 700.000 millones de dólares en Estados Unidos, 500.000 millones de libras en el Reino Unido y 1,7 billones de euros en la zona euro. De esta manera los gobiernos gastaron el dinero público para socorrer a los operadores financieros culpables de graves errores antes de esta crisis y que continúan especulando contra las deudas de los Estados.
En consecuencia, la deuda pública de la Unión Europea pasó de 7,3 a 8,7 billones de euros entre 2007 y 2009. Este rápido aumento de la deuda conlleva reembolsos de capital e interés en fuerte subida. Los Estados toman esta situación como pretexto para imponer planes de austeridad draconianos que provocan un verdadero desmantelamiento de la protección social y de los servicios públicos.
La población pierde dos veces: sufre las consecuencias sociales de la crisis (desempleo, precariedad, congelación de salarios, retraso de la edad de jubilación, etc.) y también sufre la sangría del Estado a través de los planes de rescate de los bancos y de los planes de austeridad.
Los culpables de la crisis salen casi indemnes y pueden continuar su carrera hacia los beneficios ya que se les ha dejado las manos libres. Las víctimas de la crisis deben pagar y ver cómo se degradan sus condiciones de vida. ¡Se debe terminar con este secuestro real de las finanzas públicas!
1. Expropiar los bancos para transferirlos al sector público bajo control ciudadano
No existe una regulación duradera posible con instituciones financieras privadas. Los Estados deben retomar su capacidad de control y de orientación de la actividad económica y financiera.
2. Decretar una moratoria unilateral (sin acumulación de intereses por morosidad) sobre el pago de la deuda mientras se realiza una auditoría (con participación ciudadana) de los créditos públicos —el deudor es el Estado— . De acuerdo a los resultados de esta auditoría, se deberá anular la deuda identificada como ilegítima.
Con su experiencia sobre el problema de la deuda en los países del Sur, el CADTM advierte contra una reivindicación insuficiente, como una simple suspensión del reembolso de la deuda. Se necesita una moratoria, sin los intereses de morosidad, de las sumas no reembolsadas.
La moratoria se aprovecha para proceder a un examen de los préstamos con el fin de identificar las deudas ilegítimas. La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Permitirá determinar las diferentes responsabilidades en los procesos de endeudamiento y de exigir que los responsables rindan cuentas a la colectividad. Las deudas identificadas como odiosas o ilegítimas deben ser anuladas.
3. Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir los paraísos fiscales. Gravar fuertemente las transacciones financieras.
Es imprescindible hacer una reforma en profundidad de la fiscalidad que lleve a una armonización europea que permita impedir el dumping fiscal. El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, especialmente mediante el IRPF y el impuesto sobre sociedades, y una reducción del precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transportes públicos, etc.), esencialmente, a través de una fuerte y discriminada rebaja del IVA de esos bienes y servicios vitales.
Desde 1980, continúan bajando los impuestos directos que pagan las rentas más altas y las grandes empresas. En la Unión Europea, entre 2000 y 2008, los tipos superiores del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades bajaron 7 y 8,5 puntos respectivamente. Estos miles de millones de euros de regalo fiscal se orientaron, principalmente, a la especulación y a la acumulación de riqueza por parte de los más ricos.
Es necesario prohibir cualquier transacción que pase por los paraísos fiscales. En todas las reuniones del G20 se rechazó, a pesar de las declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y fiscales. Hay que prohibir esos agujeros negros de las finanzas de la corrupción, de la delincuencia de alto nivel y de los tráficos ilegales. Se debe agregar al carácter progresivo de la tasa, un impuesto disuasivo para las transacciones especulativas y sobre los ingresos de los acreedores de la deuda.
4. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos
El fraude fiscal priva de medios considerables a la colectividad y actúa en contra del empleo. Se debe proveer de medios públicos eficientes a los servicios de finanzas para luchar seriamente contra este fraude. Los resultados deben ser publicados y los culpables fuertemente sancionados.
5. Disciplinar los mercados financieros, principalmente mediante la creación de un registro de propietarios de títulos y por la prohibición de las ventas al descubierto.
La especulación a escala mundial representa varias veces la riqueza producida en el planeta. Los montajes sofisticados de la mecánica financiera la vuelve completamente incontrolable. Los engranajes que promueve desestructuran la economía real. La opacidad en las transacciones financieras es la regla. Para gravar las acreencias en su fuente, es necesario identificarlas. La dictadura de los mercados debe terminar.
6. Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos, pero aumentando los salarios y las pensiones.
Repartir de otra manera las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte de la riqueza producida destinada a los asalariados se redujo netamente, mientras que los acreedores y las empresas aumentaron sus beneficios para luego dedicarlos a la especulación. Al aumentar los salarios, no sólo se favorece el poder de compra de la población sino que se refuerzan los medios de la protección social y de los regímenes de pensiones.
Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción del salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de la población.
7. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados en el curso de los últimos treinta años.
Una característica de estos últimos treinta años fue la privatización de gran número de empresas y servicios públicos. Desde bancos hasta el sector industrial, pasando por correos, telecomunicaciones, energía y transportes, los gobiernos dejaron al sector privado partes de la economía y por ese proceso perdieron cualquier capacidad de regulación de la economía. Esos bienes públicos, producidos por el trabajo colectivo deben retornar al dominio público.
8. Por una asamblea constituyente de los pueblos para otra unión europea.
La Unión Europea surgida de los tratados constitucionales impuestos a las poblaciones es una verdadera máquina de guerra al servicio del capital y de las finanzas. Debe ser totalmente refundada por un proceso constituyente en el que la palabra de las poblaciones sea finalmente tomada en consideración. Esta otra Europa democratizada debe trabajar por la armonización por lo alto de la justicia fiscal y social, de manera de permitir un aumento del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, la retirada de las tropas de Afganistán y la salida de la OTAN, la reducción radical de sus gastos militares, la prohibición de las armas nucleares y el compromiso firme en el desarme. Debe poner fin también a su política de fortaleza asediada por los candidatos a la inmigración, convertirse en un socio equitativo y realmente solidario con los pueblos del Sur del planeta.
¡Rompamos con la dominación del gran capital!
Actualmente, las instituciones financieras, en el origen de la crisis, se enriquecen y especulan con las deudas de los Estados, con la complicidad activa de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI para satisfacer los intereses de los grandes accionistas y de los acreedores. Este enriquecimiento privado, permitido por los regalos fiscales y sociales de los gobiernos y acelerado por los planes de austeridad, debe terminar.
La reducción de los déficit públicos se debe hacer mediante el aumento de los ingresos fiscales, gravando en mayor medida tanto al capital (empresas y capital financiero) como a la renta, al patrimonio de las familias ricas y a las transacciones financieras y no por la reducción de los gastos sociales públicos. Para conseguir esto, hay que romper con la lógica capitalista e imponer un cambio radical de la sociedad. Contrariamente al capitalismo que sufrimos en la actualidad, la nueva lógica que hemos de construir deberá integrar el aspecto ecológico y romper con el productivismo.
Nuestras reivindicaciones son respuestas concretas a la crisis en el interés de los pueblos. Anular la deuda ilegítima es un acto de soberanía de los Estados y de los pueblos. Para nosotros la salida de la crisis debe hacerse teniendo en cuenta el interés de las poblaciones.
Proponemos reunir las energías, en un frente anticrisis a escala europea pero también a escala local, para crear una relación de fuerza favorable para poder poner en práctica soluciones radicales centradas en la justicia social.
¡Anular la deuda ilegítima es posible y es el interés de los pueblos!
Hubo en la historia numerosas anulaciones de deudas en los países del Sur y en los del Norte, a veces unilaterales, otras validadas por la justicia, a veces concedidas bajo la presión de las potencias dominantes.
El derecho internacional es rico en doctrinas y en jurisprudencias que pueden permitir, y por otro lado ya han permitido, los fundamentos de anulaciones o repudios de deuda.
Un ejemplo emblemático: el CADTM participó activamente en la auditoría de la deuda del Ecuador en 2007/2008. Esta auditoría permitió al gobierno anular deudas ilegítimas y economizar 300 millones de dólares por año durante 20 años. Este dinero está ahora dedicado al mejoramiento de la sanidad pública, de la educación y a la creación de empleo.
Estas medidas, por insuficientes que sean, marcan avances nada despreciables, que pueden ser utilizados por los movimientos sociales del Sur y del Norte para exigir la anulación total e incondicional de la deuda ilegítima.
Esta anulación es actualmente una necesidad y una urgencia puesto que el dinero sustraído a los fines sociales y dedicado a los pagos perjudica al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones.
Impugnar la deuda pública y exigir una auditoría ciudadana es hoy indisociable de la lucha contra los planes de austeridad
Traducción: Griselda Pinero y Raul Quiroz.
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