El progresismo democrático y la izquierda en
América latina, se puede ver profundamente afectado por dos grandes
problemas centrales. Primero por el
avance incontenible de la corrupción y los gobernantes no tengan la capacidad
política de detener a tiempo este virus que esta destruyendo no solo la
democracia, sino el propio sistema. Segundo,
la falta de visión política para tratar de detener la toma de las calles y
plazas por la derecha golpista, conservadora y reaccionaria, que solo alimenta
el golpismo
político como la única solución a los múltiples problemas existentes en América
latina.
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EL FIN DEL RELATO PROGRESISTA
EN
AMÉRICA LATINA.
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Salvador Schavelzon.
Bolivia. La Razón lunes 22 de junio del 2015.
Sustituyendo clase trabajadora y movimientos sociales o indígenas por
familia y clase media, el progresismo y la izquierda en el Poder, dejan de
serlo por el camino de la seguridad y el consumo de nuevos nacionalismos
desarrollistas.
Se puede hablar de final de
ciclo para los gobiernos progresistas en América Latina? Cuando hace poco se
sucedieron triunfos electorales en Uruguay, Brasil, El Salvador y Bolivia, la
pregunta pareció disiparse. Pero ella vuelve por otros caminos. No
necesariamente el de también recientes derrotas en grandes ciudades o regiones
de Brasil, Ecuador, Argentina o Bolivia. Éstas han tenido cierto peso
simbólico, pero parecen remitir a un nuevo equilibrio más que a la interrupción
del apoyo a nivel nacional. Lejos de las urnas, más bien, un posible momento de
cambio todavía indeterminado parece sentirse en el agotamiento de un modelo y
en la transformación interna de la narrativa política progresista,
plurinacional o bolivariana.
Tanto a la izquierda como a
la derecha del espacio político en que los gobiernos progresistas se establecen
como centro, asistimos una reorganización de fuerzas y movilización en varios
países. El mapa de la situación política no es homogéneo ni puede
generalizarse, pero cierta inquietud se transmite desde la razón “gobernista”,
término utilizado en Brasil para referirse a la defensa militante del gobierno,
que no asume ni la más mínima crítica. En ese país, después de las primeras
medidas de gobierno que siguieron al triunfo por mínima diferencia en las
elecciones de octubre de 2014, el “gobernismo” muestra una notable dificultad
para sostener el “relato” en que se sustenta.
De hecho, quizás sea Brasil
donde el problema del fin de ciclo se muestra con mayor claridad. Al final, las
movilizaciones opositoras de cuño expresivamente conservador en Argentina y
Venezuela se vienen sucediendo sin que el apoyo hacia los gobiernos deje de ser
firme y probablemente suficiente para ganar otra elección. Fuertes
movilizaciones campesinas e indígenas en Ecuador y Bolivia, por otra parte, no
horadan hasta ahora el voto mayoritario de Morales y Correa. En Brasil, las
últimas mediciones de abril y mayo sobre imagen positiva de Dilma Rousseff
llegaron al 7% en uno de los grandes institutos y en cerca de 10% en otros.
Lula da Silva, probable candidato para 2018, no deja de ser afectado por el
descontento. Es que, además de una oposición indignada, la crítica al gobierno
alcanzó rápidamente la masa de votantes propios. Para el “gobernismo” más
cínico, sin embargo, el neoliberalismo es una fase ya dejada atrás y la falta
de popularidad se debe exclusivamente, tanto a una crisis en la que no tienen
responsabilidad, como al trabajo de los grandes medios.
BRASIL. En realidad, la
popularidad de Dilma Rousseff ya
había sido baja en el estallido de junio de 2013 y durante la copa del mundo,
dos momentos en que la indistinción del PT (Partido de los Trabajadores) con el
poder empresarial y los partidos conservadores con los que cogobierna, o de la
oposición, se mostraban evidentes desde las calles. Esta imagen de frente
conservador, donde el progresismo se integra, es la base de la situación
política que quiebra el relato.
En sentido opuesto, la
elección presidencial de 2014 permitió al PT recuperar sus votantes históricos
en una notable polarización del electorado, que eliminó a Marina Silva asociándola
al neoliberalismo, y a Aecio Neves a fuerza del foco en lo social. Un voto
desencantado, sin embargo, fue seguido por una verdadera indignación frente al
armado del gabinete de ministros y las primeras medidas. La Presidenta asumió
políticas de ajuste y austeridad, en sentido notablemente contrario de lo
prometido en la campaña electoral que todavía resonaba en los oídos.
Por intermediación de Lula, el PT incorporó al responsable
económico del programa de la oposición, y dio lugar a un recorte de gastos que
pesaría especialmente sobre la clase trabajadora y la educación. Otro
nombramiento de impacto fue el de Katia
Abreu en el Ministerio de Agricultura, homenajeada tiempo antes por los
pueblos indígenas con el premio de “Miss
Motosierra de Oro”, por su papel en la defensa de crímenes ambientales y el
avance del agro-negocio sobre tierras indígenas, dos causas de amplia
sensibilización en la ciudad.
Al mismo tiempo, los gestos
hacia los mercados no sirvieron para neutralizar manifestaciones de cientos de
miles que pedían la destitución de Dilma,
que con un discurso anticorrupción señaliza la posibilidad de un cierre del
ciclo por el camino más conservador. Estas voces que salieron a la calle se
expresan también en un congreso donde aumenta la influencia de la bancada “de
la Bala, el Buey y la Biblia (BBB)”, con control de la Cámara de Diputados y
con mucho más influencia sobre el gobierno que los movimientos sociales.
Sectores conservadores en la base del gobierno y la oposición consiguieron que
el gobierno frenara iniciativas educativas antihomofóbicas en curso, y se
preparan esta semana para aprobar una enmienda constitucional que reduzca a 16
años la edad de la mayoría penal, después de haber aprobado la generalización
de la tercerización, antes restringida, para todos los sectores de la economía.
Habiéndose alejado del
proyecto de cambios que lo llevó al poder, sin capacidad para movilizar ni para
frenar institucionalmente reformas conservadoras, y siendo partícipe de las
mismas en algunos casos, como el del deterioro de los derechos del trabajo, el
fin de ciclo se da con el progresismo en el comando, que incluso podrá volver a
ganar desde un enfrentamiento electoral con los sectores con los que, en
realidad, cogobierna.
MODELO. Aunque una derrota en
Venezuela o Argentina sería significativa para la liga de presidentes del
espacio que inauguró Chávez en 1999 y que hoy gobierna varios países, el fin de
ciclo pasa por la aceptación de un modelo conservador, evaluado como condición
necesaria para la estabilidad y continuidad política. Las encuestas y el
cálculo electoral determinan así el proyecto político, que tiende al culto de
lo institucional y la tecnocracia, aunque mantenga un discurso que construye su
electorado a partir del énfasis en lo social. En Argentina, en ese sentido, el
kirchnerismo se dispone a defender en la campaña a un candidato que nunca gozó
de su confianza, pero que se acepta por medir mejor en las encuestas. Daniel
Scioli, lanzado políticamente por Carlos Menem, demuestra que el peronismo sigue
siendo más que el kirchnerismo y se presenta desde posiciones políticas que no
se diferencian de las de sus rivales del espacio conservador.
La vieja política también
se introduce en el MAS de Bolivia,
desde una visión hegemonista que lo empeña hace tiempo a recurrir a figuras
mediáticas o recicladas de la oposición, como si las decisiones electorales y
acuerdos no tuvieran consecuencias en la gestión y rumbo político. Así, se
abandonan objetivos que vayan más allá de la ocupación de las instituciones,
sustituyendo la movilización popular por la incorporación de posiciones,
visiones y demandas del enemigo, dejando atrás los tiempos que siguieron a la
elección de Evo Morales en que hubo intentos de proponer reformas más
contundentes o cuestionar la forma y funcionamiento del Estado, más allá de
quien ocupara el sillón.
La imposibilidad de
regeneración y vuelta a los orígenes, por otra parte, se limita desde la propia
dinámica del sistema político, que financia las campañas desde el sector
empresarial; o en la dependencia estatal de ingresos producto del peor
desarrollo y el extractivismo, base también de alianzas espurias con caudillos
locales y capital multinacional, sin responsabilidad ni horizonte más allá de
la búsqueda del retorno más rápido posible de las inversiones. Buena parte de
las políticas sociales son fruto de estos ingresos, por lo que la marca y
popularidad de estos gobiernos se asocia íntimamente con estos tipos de
explotación económica sumamente dependiente del precio internacional y con consecuencias
ecológicas desastrosas.
En un balance, deben
destacarse medidas importantes, como el avance en la articulación regional; la
declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad de la dictadura y
la asignación universal por hijo en Argentina; algunos elementos de las
constituciones de Bolivia y Ecuador; negociaciones soberanas de la deuda;
reducción de la pobreza y la intervención social y de infraestructura en
barrios. El final de ciclo también se relaciona con la interrupción de esas
agendas, sin embargo, con un aumento de la pobreza en Argentina, y de la
desocupación en Brasil, además de los límites de las luchas emprendidas, que no
incorporan en el reconocimiento de derechos y defensa de garantías a las
periferias y pueblos indígenas que enfrentan grandes obras y expulsión de
territorios. Algunos tabús de esta época se rompieron con negociaciones de
pactos bilaterales en Ecuador, y con el encarcelamiento de opositores en
Venezuela. El balance también es negativo en la prometida industrialización y
salida del modelo de economía primaria dependiente de precios de Commodities.
DESARROLLO. A la hora de hablar de
modificaciones estructurales de la desigualdad y la matriz económica, los
gobiernos progresistas parecen transformados por el poder y las instituciones,
antes que lo inverso. Mientras recetas ortodoxas anuncian nuevamente su
llegada, alejan definitivamente la posibilidad de fortalecer procesos que desde
el Vivir Bien apuesten por otro desarrollo. Al mismo tiempo, un nuevo marco ideológico,
asumido por buena parte del progresismo para encarar la fase política actual,
garantiza popularidad y la permanencia en el poder, pero a costo de abandonar
principios anticapitalistas y demandas venidas de las movilizaciones que
abrieron el ciclo político progresista. Esto es claro si vemos el avance de
tres elementos: la ideología del consumo, el consenso del desarrollo y la
agenda política traída por sectores religiosos.
La propaganda “gobiernista”
presenta el crecimiento en índices de consumo como acceso de millones a la
clase media. Además de abandonar agendas campesinas, indígenas y obreras, la
discusión deja de lado la revisión de prioridades en la economía y la forma de
distribución —que continúa beneficiando mayormente a los más ricos. Tampoco
complementa el acceso al consumo con un acento en el acceso a salud, educación
y transporte de calidad, que permanecen ajenos a las mayorías.
La llegada del papa Francisco al Vaticano, días
después de la muerte de Chávez, ya
cosechó retrocesos en la legislación progresista, frenando cambios en el Código
Civil argentino, y dando legitimidad a la ruptura de gobiernos con luchas de
minorías que históricamente la izquierda defendió, cortando incipientes avances
en algunos países. La transformación que convirtió a Bergoglio de autoridad de
una iglesia conservadora que cierra muestras de arte o no asume una posición
crítica durante la dictadura, a líder del progresismo, no habla solamente de
una operación comunicacional, sino también del fin de ciclo del progresismo
como lo conocimos hasta ahora. Consumo y agenda conservadora se conectan con la
incorporación de un punto de vista estatal e hiper-presidencialista,
articulando con identidades políticas nacionalistas, con sus variantes
batllistas (doctrina política y económica iniciada por José Batlle y Ordóñez)
en Uruguay, peronista en Argentina, emenerrista en Bolivia, cuando no de las
propias dictaduras, si nos enfocamos en el modelo desarrollista adoptado.
Quizás deba tomarse en
serio la propuesta de fundar una nueva internacional liderada por el papa
Francisco, presentada por Gianni Vattimo y aplaudida por actores del
progresismo “gobiernista” nucleado en el Foro por la Emancipación y la
Igualdad, en marzo de 2015 en Buenos Aires. Rafael Correa, en esa dirección,
asumió este año una defensa sobreactuada y repentina contra lo que llamó
“agenda abortista”, para impedir la regulación legislativa de este tema, y de
“ideología de género” contra derechos de minorías. El posicionamiento se suma a
sus ya clásicas diatribas contra ambientalistas e indígenas.
CONSERVADORES. La política que interviene
en los antagonismos sociales, raciales y de ímpetu descolonizador, es así
sustituida por valores conservadores desde una idea de confraternización y
conciliación, que en el fondo deja de lado la lucha contra la desigualdad, más
allá del asistencialismo que encuadra y desmoviliza a los sectores populares
desde el paternalismo estatal o religioso.
El nuevo horizonte viene
acompañado de un tratamiento de la disidencia como radicalismo contrario a los
intereses de la nación. En el plano geopolítico, el aumento de la represión y
criminalización de disidentes se articula con la visión hacia oriente,
acercándose en el discurso y la economía a regímenes autoritarios como el de
Rusia y China, también ya desprovistos de un horizonte anticapitalista y
emancipador.
Sustituyendo clase
trabajadora y movimientos sociales o indígenas por familia y clase media, el
progresismo y la izquierda en el poder dejan de serlo por el camino de la
seguridad y el consumo de nuevos nacionalismos desarrollistas. Este movimiento
es claro en Nicaragua, donde Daniel
Ortega y el sandinismo regresan al gobierno en 2007. El acercamiento con la
iglesia que lo enfrentó en los 70 se da junto a la aprobación de una ley que
prohíbe el aborto en cualquier situación. A finales del 2014, el congreso
aprueba también, sin debate ni socialización de información, una ley que da
origen a la construcción de un canal interoceánico, cediendo derechos soberanos
por 50 años a una empresa china, reprimiendo y criminalizando campesinos y
poblaciones que serán desplazadas.
El ciclo político también se interrumpe
cuando la política del desarrollo acerca a gobiernos bolivarianos, progresistas
o de izquierda a las gestiones nacionalistas y liberales del Perú, Colombia o
México, sin distinción en la instrumentalización del poder estatal para
garantizar un modelo para nada progresista.
Más que un horizonte anti o post extractivista como
alternativa de poder en un nuevo ciclo, vemos aparecer nuevas derechas con
discursos renovados “para la gente” y “post-ideológicos” con la bandera que
perdió la izquierda de la ética contra la corrupción. Sin participación y
búsquedas de otra política que conecten luchas territoriales con luchas en las
ciudades, el nuevo ciclo acabará cediendo lugar a un régimen autista e
individualista que combine o alterne un nacionalismo social de discurso religioso y un
republicanismo individualista de discurso anti-estatal indignado.
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