AREQUIPA. GOBERNADORA OSORIO DESCARTA USO DE FONDO ECONÓMICO OFRECIDO
POR SOUTHERN A TAMBO. VALLE DE TAMBO,
DIALOGO DEMOCRÁTICO SÍ. IMPOSICIÓN NO. VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO.- Gobernadora,- con todo respeto, sugiero como Ciudadano, no acepte
un solo centavo de la Southern - sea "donación", “colaboración”, “ayuda”,
“bono”, “parrilladas o polladas”, etc. -
Las transnacionales si "donan" un centavo de dólar es cambio no de
centavos, sino de millones de ganancia y por ese camino comienza la expoliación
de nuestros recursos naturales y más allá encontraremos la corrupción en sus
distintas formas – desde las invisibles hasta las devastadoras- Suspenda en
forma definitiva cualquier "donación" - tiene “corazón” el grupo
"México", increíble, pero cierto? -. Segundo es absolutamente
improcedente - no funciona, pero si se impone con armas en la cabeza de los
opositores - ni la más remota forma de "diálogo" - "La paz de qué?. ¿La paz de los
cementerios?, la paz forjada, levantada sobre la injusticia, encima de la
violencia - esa "paz" explota en cualquier momento.
Señores,
el Perú pide, exige, que el Presidente suspenda el "estado de
emergencia", restituya el Estado de Derecho, vigencia de los
Derechos Constitucionales de la población del Valle de Tambo. Que reflexione un
momento - que la empresa minera no gobierna en el Perú.(Menos la CONFIEP) devuelva los derechos constitucionales de
la heroica población del Valle de Tambo, y ahora sí, se podrá iniciar el Diálogo - democrático, alturado, respetuoso,
horizontal - en las mismas condiciones sociales y políticas de los Actores
principales, es decir, el Estado de
Derecho para todos los Ciudadanos (as) del Perú. Trabajemos todos en forma conjunta, solidaria, impulsando la participación
ciudadana, la responsabilidad social así como el compromiso por el futuro, nuestra estrategia salir del modelo extractivista
tradicional, depredador de la naturaleza.
Diálogo
para qué? Para revisar un nuevo estudio del EIA -.no, si el todopoderoso intelectual, el Ministro del
Ambiente, ya le otorgó
"divinidad" al estudio de sus profesionales - incluso rechaza
toda apertura de un Nuevo Estudio - existe ofrecimiento de la Unión Europea – Diálogo democrático
Señores para tratar lo siguiente: Fortalece, sustenta y enriquece la Democracia.
GOBERNADORA DE AREQUIPA. Yamila Osorio, usted como representante
democrática del pueblo de Arequipa, ahora y nunca - en un "clima"
complejo, turbulento local y corrupción nacional - NO acepte ni solo centavo de
transnacional alguna, porque no hay donación gratuita siempre lleva su firma y
sello - de obtener ventajas extraordinarias, por su aparente "buen
corazón".
***
1.-
Comunicar a los empresarios del grupo México – propietario del Proyecto Tía
María – NO funciona, ustedes perdieron – destrozaron la CONFIANZA del pueblo – y hoy se ha
generalizado a nivel regional y nacional, Desconfianza absoluta en la conducción
del proceso por parte del Gobierno – una vez más sus Ministros, asesores, técnicos,
con el respeto que todos ellos merecen de nuestra parte – hoy la conclusión
después de más de 60 días de heroica resistencia del pueblo. Es incapacidad e
ineptitud política. El gobierno se llevó encima la “pesada carga” de
corrupción y destrucción de medio ambiente, que tiene en su “nombre” la
Southern.”¿Saludos, hasta siempre, no funcionan”? Ustedes “mataron” su propio
proyecto por absoluta incapacidad, prepotencia e insulto al pueblo del Valle de
Tambo
2.- Diálogo,
Señores del Gobierno `para tener como conclusión, una “verdad” irrefutable: demostrada en la calle, en la plaza
pública, en los puentes, en las chacras, (Como funciona hoy el Liderazgo Comunitario), compartido y participativo, en la organización y lucha
de las Mujeres – cuanta fortaleza,
unidad, fuerza, coraje y dignidad para defender lo que les pertenece por
historia y como Patrimonio Territorial: su extraordinaria agricultura. Los Hombres – jóvenes y adultos – Ciudadanos
Patrimoniales, columna vertebral de sus resistencia.
3.- Diálogo,
para sentarse en una Mesa Democrática, amplia,
productiva entre el Gobierno y el Pueblo del Valle de Tambo, teniendo
como mecanismo democrático La CONFIANZA
del pueblo en sus Dirigentes, para iniciar el “gran trabajo”, comunicación
socializada, efectiva, participativa y oportuna, en relación a fortalecer la participación ciudadana y la propia Licencia Social y Ambiental – como derechos
irrenunciables del pueblo -: El Plan de
Desarrollo Económico, Social, Sostenible de la Provincia de Islay.
Comenzar con el trabajo de la “Zonificación Ecológica y Económica” ZEE
y determinar que inversiones y qué tipo de empresas funcionan aquí o tienen
ubicación sin problema social y ambiental alguno. La Ley del Ordenamiento Territorial, una necesidad fundamental hoy
a nivel local, regional y nacional, a fin de integrar y concatenar todo este trabajo en beneficio
de una mejor calidad de vida para las poblaciones futuras.
/////
MUJERES DEL VALLE DE TAMBO.- Liderazgo Comunitario,
compartido, participativo en organización y lucha de las Mujeres “tambeñas”,
con mucho amor,– cuanta fortaleza, unidad, fuerza, coraje y dignidad para
defender lo que les pertenece por historia y como Patrimonio Territorial: su
extraordinaria agricultura.
***
EN PERÚ, UNA MINA QUE NO CALLA.
Tía María, el proyecto a cielo abierto que
resiste medio país.
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El intento de imponer un millonario proyecto minero, que
es rechazado por su costo ambiental y el riesgo que significa para la
agricultura de la que viven, ha generado una fuerte resistencia en todo el sur
y la capital peruana. El gobierno militarizó la zona del conflicto.
Carlos Noriega
Página/12 En Perú
Desde Lima Lunes 1 de junio del 2015.
Más de dos meses de
protestas sin pausa, cuatro muertos, decenas de heridos, la declaratoria del
estado emergencia, la militarización de la zona en conflicto y un alto costo
político para el gobierno. Ese es el precio, hasta ahora, del intento de
imponer un millonario proyecto minero que es rechazado por la población del
lugar por su costo ambiental y el riesgo que significa para la agricultura de
la que viven. Las movilizaciones contra el proyecto de la transnacional Southern, propiedad del Grupo México,
para abrir una mina de cobre a cielo abierto en el Valle de Tambo, en la región
Arequipa, unos mil kilómetros al sur
de Lima, comenzaron el 23 de marzo.
Desde esa fecha, la provincia arequipeña de Islay, donde queda el valle, está
en un paro indefinido. El presidente Ollanta
Humala ha respondido a las protestas con una dura represión. Pero las
protestas no han cedido. En ese contexto, la aprobación del presidente Humala
cayó ocho puntos en el último mes, bajando a 16 por ciento, según un sondeo de
la encuestadora GFK publicado ayer domingo.
La empresa Southern anunció, hace dos semanas, una
suspensión temporal por 60 días del
cuestionado proyecto minero Tía María para explicar sus supuestos beneficios a
la población. Ese anuncio no le bajó el tono a la protesta, que exige su
cancelación. La semana pasada, la protesta contra Tía María se extendió a todo
el sur del país y a Lima. Un paro de dos días contra la mina abarcó ocho
regiones del sur. Hubo movilizaciones,
bloqueos de vías y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los
pobladores. Días antes, el gobierno decretó el estado de emergencia en la
provincia de Islay, epicentro del conflicto, y ordenó la intervención de las
fuerzas armadas en las ocho regiones del sur. En Lima, el jueves en la noche una marcha en apoyo a los
agricultores del Tambo que se oponen al proyecto minero terminó en violentos
enfrentamientos con la policía y el apedreamiento de locales públicos y
privados en el centro de la ciudad. Hubo más de cuarenta detenidos.
En estos dos meses de
protestas han muerto tres pobladores por heridas de bala durante la represión
policial y un policía a causa de los golpes recibidos durante un
enfrentamiento. Aunque ya hay cuatro
muertos, la derecha le exige al gobierno mayor mano dura contra las
protestas. El gobierno y la oposición de derecha coinciden en defender el
proyecto minero y en una campaña de desprestigio contra los opositores a la
mina Tía María y los dirigentes de la protesta, a los que acusan, con gran
cobertura en los medios, de “minoría radical”, “extremistas”, “violentistas”,
“enemigos del desarrollo” y hasta de “terroristas”.
Hace un mes, un video
grabado durante una de las jornadas de protesta en el poblado rural de Cocachacra, en Islay, puso en evidencia como un policía
le colocaba a la fuerza en la mano a un maltrecho manifestante, visiblemente
maltratado, que apenas podía sostenerse en pie, un arma punzocortante para
inmediatamente acusarlo de haber atacado a los policías con esa arma. Un
fotógrafo registró la escena. Al día siguiente, el diario regional Correo de
Arequipa colocó en primera plana la foto del detenido con el arma que le habían
“sembrado” en la mano bajo un titular en grandes letras que decía: “Así atacaron los antimineros”. El
diario pertenece al poderoso grupo mediático El Comercio, que controla cerca
del 80 por ciento de la prensa escrita y buena parte de la televisión.
A pesar de la masiva
campaña para desacreditar la protesta contra la mina Tía María, una encuesta a
nivel nacional realizada por GFK y
publicada ayer domingo revela que el 59
por ciento de la población del país cree que los opositores a la mina
tienen razón en su protesta y en sus denuncias de que la mina contaminará la
zona y afectará las tierras de cultivo. Según este sondeo, el 68 por ciento de los peruanos está a
favor de la suspensión definitiva o
indefinida del proyecto minero Tía María. Este respaldo a la protesta crece
en el sur del país. En la zona donde se pretende instalar la mina, el rechazo
de la población al proyecto minero es contundente. Las autoridades locales de
la zona respaldan la protesta. El gobierno ha intentado, sin éxito hasta ahora,
quebrar ese respaldo bloqueando las cuentas de los municipios del lugar.
El conflicto por la mina Tía María no es de ahora, tiene
ya varios años. En 2011, a finales
del régimen de Alan García, las protestas contra el proyecto minero dejaron tres muertos. Las protestas sociales
contra millonarios proyectos mineros se repiten desde hace años en distintas
zonas del país.
La minería, que representa poco más
del 50 por ciento de las
exportaciones peruanas, es la principal actividad económica del país, pero es
también la principal fuente de conflictos
sociales por su impacto ambiental y sobre poblaciones campesinas
empobrecidas que sufren las consecuencias negativas de esta actividad y no se
benefician de la inmensa riqueza que produce. En los cuatro años del actual
gobierno, han muerto 64 personas, 61
pobladores y tres policías, durante las protestas sociales, la mayor parte de
ellas vinculadas a temas socio-ambientales relacionados con actividades
extractivas, como la minería.
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