Lo cierto es que el Perú NO tiene una Política de Estado en relación al Ordenamiento Territorial, ante esta ausencia, además de la dependencia de materias
primas se diseñó un modelo de concesiones que principalmente facilitara el acceso a los recursos naturales. Estos procedimientos se
fueron simplificando cada vez más en todos los sectores, llegando a la actual
situación. En el año 2002 se otorgaron
792 concesiones mineras, 10 años después, en 2011 la cifra aumentó a 6511
en solo un año. Cada uno de estos procedimientos se fue realizando sin
transparencia y la mayoría de veces de espaldas a los poseedores y propietarios
de territorios, sin importar sus derechos adquiridos, cuando de pronto un día
cualquiera llega un tercero tratando de hacer efectivo su derecho de concesión
sobre el su territorio. Hoy es tan fácil
obtener una concesión minera que a mayo del 2014 suman un total de 59 926
concesiones, a pesar que se hagan efectivos un pequeño porcentaje (6%) de los derechos de exploración y
explotación, claro sin contar el caos de la minería informal; el hecho es que
la inseguridad jurídica en los territorios está sembrada. Parecería ser que
sumado a los impactos que produce la minería, esta desregulación va reduciendo
las diferencias entre la calidad de un proyecto mineros formal e informal. El resultado es tan
preocupante que hoy en día, hablar de concesiones no solo mineras, es hablar de
un conflicto latente.
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Mapa del sur-andino campesino. Perú concesionadas en un 48% de su Territorio.
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PERÚ: UN PAÍS SIN
LÍMITES TERRITORIALES NI LÍMITES BIOFÍSICOS.
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Luis Hallazi.
Rebelión viernes 26 de
junio del 2015.
La situación de
conflictividad social que convulsiona a nuestro país con relativa frecuencia,
nos debería llevar a reflexionar sobre las diferentes causas que la generan.
En anteriores artículos [1] hemos
ido centrando el análisis en la situación territorial de las comunidades
campesinas y nativas; propietarios de casi un tercio (27,3%) [2] del
territorio nacional. Llegando a la conclusión que asistimos a un desorden
alarmante en la tenencia de la tierra, donde la seguridad jurídica en los
territorios comunales y de pequeños propietarios es muy precaria; cerca de la
mitad (49,6%) [3] de la superficie territorial de comunidades
campesinas esta superpuesta con concesiones mineras; además de conflictos por
demarcación territorial entre un tercero o entre las mismas comunidades.
A esa situación hay que
agregarle un nuevo intento por continuar reformas neoliberales inconclusas en
periodos pasados (fujimorismo y aprismo) que se traducen en paquetes normativos
(Ley 30230, Ley 30327, etc.) que desde inicios del 2013 han venido aprobándose
de forma dispersa, bajo el supuesto fin de reactivar la economía e impulsar la
inversión. Pero que en ese afán están desmantelando lo poco avanzado en
protección de derechos territoriales, ambientales y sociales, evidenciando una
estrategia perversa donde el Derecho es utilizado para legalizar lo ilegitimo.
Pero si intentamos indagar
un poco más en las causas de esta situación de conflictividad, encontramos
también un insostenible modelo de otorgamiento de concesiones en la mayoría de
sectores; que se puede resumir en una falta de rumbo político, carente de
planificación, regulación deficiente con ausencia de trasparencia y rendición
de cuentas; es decir un histórico debilitamiento institucional.
Específicamente en cuanto a
las actividades extractivas podemos señalar que desde siempre el Estado apeló a
“desarrollarse” en base a la exportación de sus commodities [4] ,
respondiendo intermitentemente a las necesidades de la población, en función de
algún boom exportador (minerales, salitre, guano, caucho) y cayendo
irremediablemente en el empobrecimiento en épocas devacas flacas. Un
círculo vicioso que generó una pereza fiscal, conocida hoy como rentismo. Es
decir, vivimos de vender las joyas de la abuela como si nunca fueran a acabarse
o como si el crecimiento económico fuera ilimitado, pero el planeta y el
territorio peruano empiezan a mostrar sus límites biofísicos [5] que
se traducen en una crisis climática, energética y económica, donde cada vez
somos incapaces de satisfacer necesidades elementales como la alimentación y la
salud; la alta conflictividad en nuestro país es en cierta forma un síntoma más
de problemas globales y locales irresueltos.
PERÚ. HAS MÁS DE 25 MILLONES DE HECTÁREAS CONCESIONADAS PARA LA
MINERÍA.- El Ministerio de Energía y Minas aceptó la modificación del EIA del
proyecto Conga a pedido de Yanacocha para cambiar el lugar de instalación del
campamento minero. Hay 25 millones de hectáreas concesionadas para la minería.
En ele estudio se detalla que Arequipa es la Región más concesionada con tres
millones 355 mil hectáreas, seguida por Puno con dos millones 529 mil
hectáreas, mientras que Cajamarca es el cuarta Región con mayores concesiones.
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Lo cierto es que ante esa
dependencia de materias primas se diseñó un modelo de concesiones que
principalmente facilitara el acceso a los recursos naturales. Estos
procedimientos se fueron simplificando cada vez más en todos los sectores,
llegando a la actual situación. En el año 2002 se otorgaron 792 concesiones
mineras, 10 años después, en 2011 la cifra aumentó a 6511 en solo un año [6] .
Cada uno de estos procedimientos se fue realizando sin trasparencia y la
mayoría de veces de espaldas a los poseedores y propietarios de territorios,
sin importar sus derechos adquiridos, cuando de pronto un día cualquiera llega
un tercero tratando de hacer efectivo su derecho de concesión sobre el su
territorio. Hoy es tan fácil obtener una concesión minera que a mayo del 2014
suman un total de 59 926 concesiones [7] , a pesar que se hagan
efectivos un pequeño porcentaje (6%) de los derechos de exploración y
explotación, claro sin contar el caos de la minería informal; el hecho es que
la inseguridad jurídica en los territorios está sembrada. Parecería ser que
sumado a los impactos que produce la minería, esta desregulación va reduciendo
las diferencias entre la calidad de un proyecto mineros formal e informal. El
resultado es tan preocupante que hoy en día, hablar de concesiones no solo
mineras, es hablar de un conflicto latente.
Éste, en parte, es el caldo
de cultivo de la conflictividad social que registramos en diversas regiones del
Perú. Pero si calibramos más el zoom, podemos ver que esta
precariedad en la seguridad territorial de comunidades, se reproduce en la
organización política y territorial del país. Nos referimos a los 1 497
distritos (76.8% de un total de 1 846) donde existen conflictos por límites
territoriales y a las 174 provincias (89% de un total de 196) que tienen la
misma situación [8] .
En pleno siglo XXI, el Perú no cuenta con un mapa oficial debidamente georreferenciado
donde su división política sea cierta y medible a luz de sistemas cartográficos
modernos para que por ejemplo, sepamos respetar lo que no nos pertenece o para
que la obtención de cuadriculas de concesiones mineras no se acaben
convirtiendo en procedimientos de despojo territorial. El problema que tenemos
es MAYÚSCULO puesto que este desorden territorial también es funcional en la
urbe.
Paradójicamente la
informalidad con la que convivimos juega su partido a parte
con sus propias reglas. Somos el sexto país más informal del planeta, el 61% de
nuestro PBI se genera en la economía informal, siendo un mecanismo que durante
situaciones de crisis funciona como válvula de supervivencia y como estas
épocas han sido las mayoritarias en nuestro país, la informalidad se ha acabado
institucionalizando. A pesar de los intentos por erradicarla, lo cierto es que
nuestra economía depende en gran medida de ella.
Esto hace que en cuanto a
la tenencia de la tierra, esa informalidad también opere de manera perversa, incentivando
por ejemplo que para la formalización de la propiedad se destruya el régimen de
propiedad comunal, a pesar de que dicho régimen este protegido por las últimas
constituciones políticas, pero que sin embargo nada se ha hecho en políticas
pública que permitan impulsar una emancipación económica a partir de su
riqueza. Sin duda la informalidad es un fenómeno complejo que al dejarla
expandir a otros ámbitos nos ésta llevando a situaciones insostenibles, más aun
cuando ese caos territorial es a costa de los derechos de una población
invisible.
Y es que irracionalmente
nuestras comunidades todavía hoy están olvidadas por un Estado, que en lugar de
reconocer sus diferencias y hacerlos parte del bienestar común que persigue
para todas y todos los ciudadanos; viene promoviendo mecanismos únicamente
economicistas para ordenar el territorio, pero que además su fin último es la extracción de recursos
naturales sin límites y la destrucción de territorios.
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Notas:
[1] Ver artículos en Sociedad, Política y Derechos Humanos: http://politicaderechoysociedad.blogspot.com/2015/05/entre-el-desorden-territorial-y-la.html
[2] La Seguridad Territorial en el Limbo: El estado de las comunidades
indígenas en el Perú, Informe 2014, Instituto del Bien Común.
[3] Según el X Informe del Observatorio de Conflictos mineros en el Perú: http://www.cooperaccion.org.pe/informa/44-cooperaccion-informa/501-xi-informe-del-observatorio-de-conflictos-mineros-en-el-peru
[5] Nos referimos a los límites físicos y biológicos que como sistema tiene
el planeta, este análisis se hizo en el informe The Limits to Grrowth del
científico Dennis E. Meadows de 1972 que en el año 2012 fuera actualizado.
Véase también en Riechman, Jorge Moderar Extremistán Sobre el
futuro del capitalismo en la crisis civilizatoria, Díaz &Pons Editores
2014.
[6] Véase en Reporte de Concesiones Mineras de Propuesta Ciudadana: http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/REPORTE%20CONCESIONES%20MINERAS.pdf
[8] Vea el artículo de José Matos Mar Perú país sin fronteras: http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/peru-pais-sin-fronteras-jose-matos-mar-noticia-1816601
Luis Hallazi, es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.
Rebelión ha publicado este
artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
fuentes.
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