Hoy
han quedado atrás las ideas utópicas de los inicios de Internet, que daban por
sentado que sería un espacio autogestionado de intercambio, donde florecería la democracia directa, así como medios de comunicación democráticos y
participativos, oferta y recepción de servicios sin intermediarios, libre
intercambio de información y conocimientos: en suma, un espacio de comunicación sin fronteras ni jerarquías, de
relaciones horizontales en red, bajo control descentralizado. De hecho
ello ha ocurrido en diverso grado; pero ha quedado como un asunto marginal en el contexto global de Internet, quizás porque no
se percibió a tiempo que implicaba una lucha clave. En efecto, en la última
década y media, se
ha producido una acelerada concentración de la infraestructura clave, de las
plataformas más utilizadas y de los mecanismos de control y
gobernanza en la Red de Redes.
A ello ha contribuido el dominio que mantiene EEUU sobre gran parte de la infraestructura crítica y los aspectos
más estratégicos de la gobernanza de
Internet, con lo que impone un control unilateral sobre el que hoy es el
más importante sistema de comunicación mundial. A ello se añade el “efecto red” (que significa que los
usuarios tienden a optar por utilizar las mismas plataformas donde ya hay más
personas), que ha permitido la conformación
de empresas internacionales cuasi monopólicas que acaparan cada vez más –y
controlan a su antojo– los espacios donde se convive e interactúa en Internet, en
particular las redes digitales.
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LAS LUCHAS CIUDADANAS EN
TORNO A INTERNET.
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Sally Burch.
ALAI. América Latina en Movimiento.
Sábado 25 de junio del 2016.
Crecientemente, Internet y el ciberespacio son el
escenario de disputas de poder, donde superpotencias y corporaciones
transnacionales protagonizan una pugna mundial por conquistar y dominar esta
nueva dimensión, integrándola en el marco de los conflictos geopolíticos,
geoeconómicos y militares. Esta pugna tiende a dejar en segundo plano
otra disputa –no menos relevante– entre distintas visiones de Internet, que
enfrenta esta óptica de poder y dominio con otra, centrada en afianzar los
derechos y el empoderamiento de la ciudadanía a través de su apropiación de la
tecnología y los nuevos espacios comunicacionales. Esta segunda pugna
tiene como escenario las luchas de innovación y resistencia, desde el ámbito
local hasta el mundial, para ir conquistando, paso a paso, derechos, garantías
y políticas de defensa del interés público en el ámbito virtual.
Hoy han quedado atrás las ideas utópicas de los
inicios de Internet, que daban por sentado que sería un espacio autogestionado
de intercambio, donde florecería la democracia directa, así como medios de
comunicación democráticos y participativos, oferta y recepción de servicios sin
intermediarios, libre intercambio de información y conocimientos: en suma, un
espacio de comunicación sin fronteras ni jerarquías, de relaciones horizontales
en red, bajo control descentralizado. De hecho ello ha ocurrido en
diverso grado; pero ha quedado como un asunto marginal en el contexto global de
Internet, quizás porque no se percibió a tiempo que implicaba una lucha clave.
En efecto, en la última década y media, se ha
producido una acelerada concentración de la infraestructura clave, de las
plataformas más utilizadas y de los mecanismos de control y gobernanza en la
Red de Redes. A ello ha contribuido el dominio que mantiene EEUU sobre
gran parte de la infraestructura crítica y los aspectos más estratégicos de la
gobernanza de Internet, con lo que impone un control unilateral sobre el que
hoy es el más importante sistema de comunicación mundial. A ello se añade
el “efecto red” (que significa que los usuarios tienden a optar por utilizar
las mismas plataformas donde ya hay más personas), que ha permitido la
conformación de empresas internacionales cuasi monopólicas que acaparan cada
vez más –y controlan a su antojo– los espacios donde se convive e interactúa en
Internet, en particular las redes digitales.
Es más, ahora, Washington, en su búsqueda por
extender aún más su dominio mundial y favorecer a sus empresas, ha incluido las
tecnologías y plataformas digitales en las negociaciones de los nuevos tratados
de libre comercio, como el Tratado Transpacífico –TPP- y el Transatlántico
-TTIP-. Por ejemplo hay cláusulas del TPP que obligan a los países
signatarios a permitir la transferencia transfronteriza no regulada de datos de
usuarios; y que prohíben que los gobiernos exijan que las empresas almacenen
estos datos en servidores locales. Ello podría vulnerar cualquier legislación
nacional de protección de la privacidad frente a la vigilancia o los abusos del
marketing. Otra cláusula permitiría a cualquier empresa demandar a un
proveedor de servicios Internet en un país signatario, que dé de baja de sus
servidores un sitio Web con contenidos que considera afectan sus derechos de
propiedad. No está claro si eso pasaría por una decisión judicial, como
debería ser.
Luchas en torno a las políticas públicas.
Si antes, muchas personas venían argumentando que
no se necesita de la intervención estatal para reglamentar y gobernar los
espacios digitales, hoy queda cada vez más en evidencia que no se los puede
dejar librados solo a la “autogestión” o a las leyes del mercado; sin
reglamentación, se impone la ley del más fuerte. Por lo general hay
acuerdo que se necesitan políticas públicas y mecanismos de gobernanza: la
disputa es en torno a qué tipo de políticas públicas –si son para defender los
intereses ciudadanos o particulares–, y quienes las definen.
En un ámbito tan amplio y complejo, hay muchas
disyuntivas por resolver. Para mencionar algunas: ¿Qué equilibrio
establecer entre la seguridad del Estado y de la ciudadanía (por ejemplo,
frente a supuestas amenazas terroristas) y las garantías de privacidad de las
comunicaciones y de las personas? ¿A quién pertenece los datos de los
usuarios de Internet, que se recopilan en ingentes cantidades y que se vuelven
una gran fuente de lucro y poder? ¿Qué priorizar entre el derecho de
acceso a la información y los conocimientos, y los llamados derechos de
propiedad intelectual? ¿Es justo permitir que los proveedores de
servicios de Internet discriminen los contenidos que se transmiten por sus
canales, mediante cobros diferenciados, creando así una Internet de primera y
de segunda clase? ¿Se debe permitir a los nuevos servicios en línea
(intermediación de ventas, transporte, empleos…) que hagan competencia desleal,
sin reglamentación, con servicios tradicionales que sí están sometidos a
reglamentos?
Entre los casos más emblemáticos de los últimos
meses se destaca la lucha en India en torno a la neutralidad de la red (o sea,
el principio que los proveedores de conectividad deben dar acceso a los
contenidos sin privilegiar a un participante de la red por encima de otros);
lucha que culminó exitosamente este año, cuando la autoridad regulatoria de
telecomunicaciones adoptó una histórica decisión de prohibir las tarifas
discriminatorias para los servicios de datos. La decisión respondió a una
amplia movilización entre la población contra servicios de tipo “tasa cero”,
como la iniciativa Free Basics de Facebook. Promocionada por la
empresa como una oportunidad para poblaciones desconectadas de tener su primer
acceso (limitado, pero sin costo) a Internet a través del celular, el fallo
considera más bien que tales prácticas son particularmente perjudiciales para
países en desarrollo como India, porque “van en contra de las características
básicas de Internet y deben ser restringidas de entrada, debido a las
consecuencias de largo alcance que seguramente tendrían en la estructura de la
Internet y los derechos de los interesados. Una vez que se permitan tales
prácticas, podría ya no ser posible cuantificar, medir o remediar las
consecuencias a corto y mediano plazo”.
Entretanto, varias ciudades han tenido
enfrentamientos con empresas que ofrecen sitios para contratar transporte
privado, como Uber, cuya interfaz acopla choferes con pasajeros y que cuenta
con un sistema de precios que fluctúa según la demanda. Estos servicios
están sacando de la calle a los taxis tradicionales, que tienen que cumplir con
una serie de regulaciones y operar con precios fijos. Es más, Uber se
considera intermediario y no empleador, por lo que los choferes no reciben
ningún beneficio social. Cuando las ciudades buscan reglamentar el
servicio, Uber utiliza su plataforma para movilizar a sus usuarios contra las
autoridades, táctica con la que venció incluso a las pretensiones de la ciudad
de Nueva York de reglamentar sus servicios. Sorprendentemente, la ciudad
de Austin, Texas, ganó recientemente una pugna con Uber y Lyft, cuando acudió a
una consulta popular en torno a si se debe obligar a los choferes de estos
servicios a someterse a controles de identidad, como garantía para la seguridad
de los pasajeros. No obstante una campaña beligerante y costosa de estas
empresas (en la que invirtieron más de 10 millones de dólares), la moción ganó
el apoyo de la ciudadanía; y las empresas, en represalia, se retiraron de la
ciudad.
En América Latina…
En nuestra región, hay situaciones muy dispares en
la adopción de políticas públicas respecto a la nueva realidad digital de la
comunicación y el conocimiento. El Marco Civil de Internet de Brasil fue
uno de los avances más significativos, ya que garantiza la neutralidad de la
red, obliga a las empresas proveedoras a asegurar la privacidad de las
comunicaciones y, por lo general, defiende los derechos de los usuarios.
Elaborada con amplia participación ciudadana, y aprobada hace dos años, esta
ley solo entrará plenamente en vigencia ahora, desde que, en uno de sus últimos
actos antes de ser suspendida de sus funciones por un golpe parlamentario el
pasado 12 de mayo, la presidente Dilma Rousseff firmó el decreto de reglamento
del Marco Civil. Pero el presidente encargado Michel Temer ha anunciado
su intención de rever las últimas decisiones de Rousseff y la industria de
telecomunicaciones ya tiene propuestas presentadas ante el Congreso contra el
marco civil.
Otra iniciativa innovadora es el Código Orgánico de
Economía Social del Conocimiento e Innovación (COESC), en Ecuador, actualmente
en consideración de la Asamblea Nacional, que fue elaborado asimismo con
aportes de la ciudadanía. La propuesta base del COESC apunta a “la construcción
de un sistema económico social y solidario; y, a la transición desde una matriz
productiva excluyente y monopólica, basada en la extracción de recursos
finitos, a una incluyente y democrática, basada en el uso intensivo de recursos
infinitos – los conocimientos, la creatividad y la innovación”.
Iniciativas como éstas en el ámbito local o
nacional son importantes porque, más allá de su implementación in situ, van
configurando antecedentes que inspiran nuevas luchas e iniciativas en otros
lugares. Pero no hay que perder de vista que hay límites a lo que se
pueda legislar en el ámbito nacional, siendo que el ciberespacio no tiene
fronteras.
Las empresas que dominan Internet –una docena de
transnacionales estadounidenses– tienen tanto poder que ni en EEUU existe la
voluntad política de aplicarles las leyes antimonopolio. Rusia y China
tienen sus propias plataformas; China bloquea el ingreso de algunas
corporaciones como Facebook y Twitter y Rusia ha aumentado las restricciones.
La Unión Europea ha emprendido acciones legales contra Google y otras
corporaciones estadounidenses por abusar de su poder de monopolio, o por
competencia desleal (por ejemplo, de Skype o WhatsApp, con las empresas
telefónicas). Pero la mayoría de países no tienen la capacidad de
enfrentar esas gigantes. Mientras tanto, los organismos mundiales de
gobernanza de Internet son dominados por esas mismas empresas y el gobierno
estadounidense.
En este contexto, se requiere crear nuevas
instituciones democráticas, en lo nacional y lo internacional, con el mandato
de generar soluciones a las nuevas realidades digitales y formular políticas
públicas, desde un enfoque del interés público. Pero es poco probable que
ello se dé a menos que haya una fuerte presión social en ese sentido, que implicaría
construir puentes entre las diversas luchas y movimientos que comparten la
visión de una Internet ciudadana.
Sally Burch es periodista
británica-ecuatoriana.
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