AGONÍA, MUERTE Y DESCOMPOSICIÓN DEL MITO BURGUÉS DE LA DEMOCRACIA “REPRESENTATIVA”.

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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA DEL POLITÓLOGO JOSE NUN.- Democracia: ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?” es un libro que analiza hasta dónde es posible una democracia en el país y su relación con la igualdad y los derechos sociales. Problema: Los derechos civiles y sociales acompañan muy incompletamente a los derechos políticos de la ciudadanía, lo cual afecta seriamente a estos últimos

Al comenzar nuestra exploración recurrí a Wittgenstein, quien no sólo hizo famosos los conceptos con estructura de parecido de familia sino también la idea de que habitualmente una palabra no tiene otro significado que aquel que se desprende de su uso. En este sentido, resulta indudable que, en la práctica, el término democracia se emplea hoy en América latina para designar casi exclusivamente al gobierno de los políticos. En apariencia, en ello residiría su mayor parecido con lo que ocurre en los casos que operan como paradigmáticos. Pero es un parecido doblemente engañoso.

Ante todo, porque aquí –en la mayoría de los lugares y para una mayoría de las personas– los derechos civiles y sociales acompañan muy parcial e incompletamente a los derechos políticos de la ciudadanía, lo cual a su vez afecta seriamente a estos últimos. No es casual que el fraude (antes, durante o después de las elecciones) sea hoy un tema recurrente en muchas partes, por más que se trata de sólo una de las manifestaciones de un problema bastante más general: por un lado, la escasa o nula autonomía de la que gozan vastas franjas de votantes y, por el otro, un desarrollo incompleto y a menudo distorsionado del Estado de derecho republicano.

Ello habla de la debilidad del proceso de institucionalización del gobierno representativo, que es lo que detectan los observadores que se valen de expresiones tales como “democracias (o ciudadanías) de baja intensidad”, lúcidamente introducidas por Edelberto Torres Rivas y por Guillermo O’Donnell, cuando comprueban toda la distancia que separa a estos regímenes de los liberalismos democráticos del Primer Mundo. Es que, salvo un par de excepciones relativas, estuvo lejos de haber en América latina liberalismos firmemente institucionalistas que luego se democratizaran; y las “fallas liberales” resultantes se han visto agravadas por las desigualdades y las exclusiones que hoy acotan visible y peligrosamente el número de ciudadanos plenos. A la vez, esto mismo impidió que se difundiera esa “bonanza compensatoria” a la que hice referencia en el caso de Alemania.

Vale decir que, en los hechos, no se cumple (o se cumple mal) el criterio de “ciudadanía inclusiva” que un analista de los casos paradigmáticos tan prestigioso como Robert Dahl le fija “al gobierno de un Estado para que sea democrático”. Conforme a este criterio, “a ningún adulto que resida permanentemente en el país y esté sujeto a sus leyes le pueden ser negados los derechos de que disfruten otros”, lo cual abarca todas las “libertades y oportunidades que puedan ser necesarias para el funcionamiento efectivo de las instituciones políticas de la democracia a gran escala”. Proposición de cuño marshalliano que evoca de inmediato esa idea que hoy circula tan exiguamente entre las elites latinoamericanas: la de la democracia como gobierno del pueblo.

Hay en esto algo de aquel “sofisma del calvo” del que se ocupó hace varios siglos Diógenes Laercio. Según su argumento, en rigor de verdad no se puede saber cuándo una persona se queda calva. A nadie le pasa esto porque se le caigan un pelo o dos o tres o cuatro. Siguiendo la lógica de este razonamiento, dice Diógenes, una persona no sería calva mientras tuviese siquiera un pelo en la cabeza. Y, sin embargo, en un momento dado (y reconocidamente impreciso) se comienza a hablar de su calvicie.
Pues bien: ¿cuántos “no ciudadanos” o “ciudadanos semiplenos” (unos y otros en condiciones legales de ser “ciudadanos plenos”) debe haber en una democracia representativa antes de que digamos que ésta se ha quedado calva, o sea, que ha dejado de serlo? El ejemplo permite entender mejor por qué la respuesta a una pregunta así depende de la política y no de la epistemología.

Se trata de saber, en efecto, cuáles son los grados de exclusión total o parcial que una sociedad está dispuesta a tolerar. Esto depende tanto de sus tradiciones y de su cultura política como de las características de los actores que la integran y de las relaciones de fuerza que existen entre ellos en un momento determinado.

Un sociólogo a quien ya cité, Ralf Dahrendorf, escribe en relación con los países industriales:

“Si permitimos que se le niegue el acceso a nuestra comunidad cívica a, digamos, un 5% de la población, no deberíamos sorprendernos de que se difundan dudas en todo el tejido social acerca de la validez de nuestros valores”. ¿Qué decir, entonces, de países como los latinoamericanos donde, según los lugares, tal porcentaje es cinco, diez o quince veces mayor?

Coincidentemente, Dominique Schnapper, una investigadora francesa, afirma que “en las sociedades democráticas ricas, los procesos de exclusión social constituyen un escándalo” porque “ponen en cuestión los valores mismos en los que se fundan el orden social y la idea de justicia que preside su organización”. ¿Por qué deberían ser menos escandalosos en las “sociedades democráticas pobres”

Repito: en esta materia, explícita o implícitamente, trazar el límite de lo que se considera o no aceptable es siempre uno de los objetivos principales de la lucha política. Por eso expliqué páginas atrás que tanto el Estado como la ciudadanía son construcciones y aludí igualmente al papel que –para bien o para mal– siempre han jugado en esto los intelectuales. Por eso también critiqué la pasividad de aquellos pensadores latinoamericanos que, en estos años, han preferido soslayar las reflexiones a la Dahrendorf y eligieron no preguntarse si acaso por esos parajes la democracia nació calva o se está quedando calva prematuramente. Es probable (y es de esperar) que esa pasividad comience a cambiar bajo el impulso de la propia gravedad de la situación.

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La histórica realidad de la Democracia en América latina, la lucha en el Olimpo por llegar a la cima. Nuestra Democracia débil, frágil, fragmentada, sin fortaleza organizativa y representativa, históricamente se ha mantenido en una permanente lucha entre "cierta" estabilidad e inestabilidad política, entre las luchas populares, la violencia y el terror de las dictaduras.

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AGONÍA, MUERTE Y DESCOMPOSICIÓN DEL MITO BURGUÉS DE LA DEMOCRACIA “REPRESENTATIVA”.

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Alejandro Teitelbaum

ALAI. Miércoles 25 de enero del 2017.

Cada vez es más evidente que el mito de la democracia “representativa” o “democracia delegativa” como la llaman algunos, se encuentra en estado de descomposición avanzada.

Dicha democracia consiste en que periódicamente los ciudadanos son convocados a elegir entre distintos nombres que figuran en las boletas electorales y optan por quienes creen –previo lavado de cerebro sufrido durante la campaña electoral– que serán las personas que representarán mejor sus intereses y opiniones, delegando en ellos –sin limitación ni control posterior algunos– el poder de decidir sobre todo lo que puede afectar de una manera u otra su propia existencia.

El voto ciudadano sufre el condicionamiento de la propaganda electoral vehiculizada por los oligopolios mediáticos gubernamentales o al servicio de los sectores de la burguesía opositores al gobierno de turno, medios donde las propuestas alternativas de algunos movimientos de izquierda prácticamente no aparecen.

Y el resultado electoral está también con frecuencia contaminado por la compra de votos y/u otras formas de fraude. No pocos ciudadanos pobres no se sienten en absoluto motivados para votar y tienden a abstenerse.

Hasta que aparece una motivación cuando se les propone que voten por determinado candidato a cambio de dinero o de un bono para hacer compras en un supermercado. Votando saben que no incidirán en absoluto sobre las políticas del futuro gobierno, pero por lo menos monetizando su voto podrán llenar una vez, aunque sea parcialmente, el carrito del supermercado.

Por regla general, los elegidos harán lo contrario de lo que prometieron. Porque –como piensan los políticos profesionales y algunos lo dicen de viva voz– una cosa es hacer campaña electoral y otra muy distinta es gobernar.

Hace ya unos cuantos años que muchos ciudadanos han dejado de creer en este sistema y lo manifiestan absteniéndose de votar (las cifras de abstencionistas son cada vez más altas en todo el mundo) o declarando muy mayoritariamente en distintas encuestas su total desconfianza en los políticos y en los partidos políticos en general.  Esto último se refleja también en la caída vertical del número de afiliados a los partidos de todas las tendencias.

Como sustituto a la partidocracia surgen movimientos heteróclitos de “indignados” que terminan extinguiéndose o se organizan más o menos “horizontalmente” sin reglas o con reglas más o menos informales. Y pueden desembocar en un partido, como es el caso de Podemos en España. La “horizontalidad” y la falta de reglas formales de funcionamiento claramente establecidas conduce a que el liderazgo lo asuman, con un consenso implícito mayoritario o unánime, los que se expresan y comunican mejor. Es el caso de Pablo Iglesias, diplomado en ciencias Políticas y en Derecho, con estudios realizados en España y en otros países europeos, profesor en España y animador de emisiones de TV. El resultado es que el “horizontalismo” inicial se ha convertido en verticalismo de hecho. Y los disconformes con tal giro y con sus consecuencias políticas no tienen otra alternativa que buscar la puerta de salida. Como ocurre en la partidocracia tradicional.

La conclusión se impone: hacen falta reglas claras formalmente establecidas que incluyan mandatos cortos, rotación de los dirigentes, revocación en cualquier momento, etc.

Otro elemento que muestra la progresiva degradación de la democracia representativa es el análisis de la composición social de los parlamentos –la supuesta “representación popular”– donde nunca estuvieron representadas las clases populares, y en particular los trabajadores, en proporción a su peso demográfico. Y en los últimos decenios la curva de dicha representación es descendente hasta ser actualmente, en lo que se refiere a los trabajadores, casi nula. Las tasas más altas correspondieron, en algunos países, a los períodos en que los Partidos Comunistas tenían una bancada parlamentaria numerosa que incluía a muchos trabajadores y en que los partidos socialdemócratas tenían en sus filas una proporción relativamente alta de trabajadores, lo que se reflejaba parcialmente en su representación parlamentaria.

Ahora los Partidos Comunistas están reducidos a la mínima expresión y ha culminado el divorcio entre los partidos socialdemócratas y las clases trabajadoras.

Por ejemplo en Francia, en la primera Asamblea Nacional de la posguerra, donde el partido Comunista tenía 150 diputados sobre 522, los obreros y empleados representaban el 18,8% de los diputados, la tasa más alta desde la creación de la Asamblea Nacional en 1871. Ya en 1958 esa tasa había disminuido al 4%, en 1967 subió al 9% y en 2012 era del 2%.

Mientras que en la sociedad francesa los obreros y empleados constituyen casi el 50% de la población activa [1].

Alrededor del 80% de los diputados franceses que entraron al Parlamento en 2007 y 2012 venían de las categorías superiores de la población (industriales, jefes de empresas, profesiones liberales, cuadros superiores, etc.) categorías que constituyen entre el 13 y el 14% de la población [2].

En el Parlamento Europeo sobre 766 diputados el 0,4% son obreros y el 1,4% empleados (http: //geopolis.francetvinfo. fr/qui-sont-les-766-deputes- europeens-26227).

En Argentina, el pico más alto de presencia obrera en la Cámara de Diputados se alcanzó en 1973 con el 6,7% y en 2010 era del 1 por ciento ( http://www.icso.cl/images/Paperss/decimo.pdf ).

Un cuadro estadístico, tomado de encuestas realizadas por el Instituto de Investigación de las elites parlamentarias de la Universidad de Salamanca, proporciona los siguientes datos del porcentaje de diputados de origen obrero o artesano en algunos países de América Latina: Argentina 2,2%; Bolivia 11,2; Chile 4,6; Uruguay 8,3 y Brasil 0,8% [3].

En España, el 95% de los diputados electos en los comicios del 20 de diciembre de 2015 tienen nivel universitario (Partido Popular 99%, PSOE 96%, Podemos 88%, Ciudadanos 93% y otros llegan al 100%). Información publicada en El País (España), pág. 19, el 27/12/2015.

Se puede decir entonces que la tasa de representación de las capas socio-económicas en los parlamentos está invertida con relación a la realidad social.

Dicho de otra manera, las capas sociales más ricas y menos numerosas están sobrerrepresentadas y las más modestas y numerosas están subrrepresentadas.

Hay pues, para el ejercicio de la función parlamentaria, un proceso de reclutamiento selectivo y de clase que pasa por las instancias políticas (tanto de derecha como de izquierda) y por los grupos corporativos económicamente más fuertes.

Cuando a mediados de enero de 2016 se inauguraron las sesiones del Parlamento español, los diputados de Podemos que, como los de los otros partidos, son muy mayoritariamente de extracción burguesa, se presentaron con vestimentas marcadamente “negligés”, lo que suscitó muchos   comentarios en los medios de comunicación. Este episodio dio lugar a que Iñigo Errejón, alto dirigente de Podemos declarara que "el parlamento que vimos ayer se parece más a España y esto es una buena noticia para la democracia española". Típica interpretación populista de la democracia.

Cada vez aparece más claro que en las condiciones del capitalismo contemporáneo, monopolista e imperialista y en estado de crisis permanente, no ha quedado espacio alguno para la participación popular en las decisiones, pues las instituciones estatales e interestatales son totalmente funcionales a la reproducción y preservación del sistema.

George Monbiot, en una nota publicada en The Guardian el 15 de abril de 2016, (El neoliberalismo, la ideología en la raíz de todos nuestros problemas),   escribe:

« Quizás el efecto más peligroso del neoliberalismo no es la crisis económica que ha causado, sino la crisis política. A medida que se reduce el dominio del Estado, nuestra capacidad de cambiar el curso de nuestras vidas a través del voto también se reduce. 

En cambio, la teoría neoliberal afirma que la gente puede ejercer su derecho a elegir a través del gasto. Pero algunos tienen más dinero para gastar que otros: en el mundo del consumo o democracia de los accionistas, los votos no están distribuidos de manera equitativa. El resultado es una pérdida de poder de los pobres y de las clases medias. A medida que los partidos de la vieja izquierda y los de derecha adoptan políticas neoliberales similares, la pérdida de poder se convierte en privación de derechos. Un gran número de personas han sido excluidos de la política ».

La capitulación del gobierno Tsipras, que violó el mandato popular recibido en las elecciones, mandato confirmado en el referéndum por una amplia mayoría [4], es la prueba más flagrante de que la llamada “democracia representativa o delegativa” e incluso una supuesta forma de democracia directa como es el referéndum, se encuentran en estado de descomposición avanzada.

En cuanto al referéndum, decimos “supuesta forma de democracia directa” porque en los referendos el pueblo vota pero no decide. Algo similar a lo ocurrido en Grecia aconteció en Francia en 2005: la mayoría rechazó por referéndum la adhesión al Tratado estableciendo una Constitución europea pero el Gobierno hizo aprobar el Tratado de Lisboa por vía parlamentaria en 2008.

El Gobierno griego capituló ante un chantaje del más puro estilo mafioso [5] ejercido por la Eurozona en el interés exclusivo del capital financiero internacional. El Gobierno griego y las instituciones europeas con poder decisorio ignoraron totalmente la voluntad expresada por la mayoría del pueblo griego en las elecciones y en el referéndum y están en camino de convertir a Grecia en una colonia del capital financiero y de las grandes potencias.

Quedó claramente demostrado quién tiene el poder real en las tomas de decisiones: el gran capital y las instituciones políticas a su servicio y no la ciudadanía.

Esta forma tan brutal de enterrar el mito de la democracia representativa despertó múltiples reacciones adversas y diferentes interpretaciones.

Una de dichas interpretaciones es que este episodio puso crudamente de manifiesto que la Unión Europea, los Gobiernos que la componen y las instituciones que, dentro de ella, tienen el poder de decisión, no representan a los pueblos de Europa sino al gran capital. Lo que algunos llaman púdicamente “déficit democrático” de la Unión Europea [6].

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Notas

[1] De quel milieu social viennent les députés? Observatoire des inegalités, 2013. Cabe agregar que hace decenios buena parte de los principales dirigentes del PC francés  eran de origen obrero. Actualmente no hay trabajadores entre  sus cuadros dirigentes ni ocupando cargos electivos en representación del PC. Véase en Le Monde Diplomatique  de enero de 2015, Comment un appareil s’éloigne  de sa base.

[2] Daniel Gaxie, Questionner la répresentation politique. Université de Paris I, Centre Européen de Sociologie et Science, en Savoir/Agir. Nº 31, mars 2015.

[3]  Constanza Moreira, Entre la protesta y el compromiso. La izquierda en el gobierno. Editorial Trilce, Uruguay. 2009. pág. 117.

[4] Tsipras interpretó abusivamente que la mayoría del pueblo griego se había pronunciado a favor del permanecer en la Eurozona.

[5] La actuación de las potencias europeas no es sólo mafiosa sino criminal. Además de explotar desde hace siglos sin consideración alguna por sus habitantes y por el ecosistema los recursos naturales de África, han emprendido guerras de agresión junto con Estados Unidos contra países de dicho continente y de Cercano Oriente y promovido luchas interétnicas que han llevado a la desintegración de algunos de dichos países, con el resultado del  surgimiento de DAESH, una fuerza poderosamente armada que se ha sumado a otros grupos terroristas en la región que controlan un enorme territorio. Y que cuentan con la virtual pasividad de las potencias occidentales, cuando no con su amplio apoyo logístico como supuestos “rebeldes moderados”. El resultado es un caos generalizado en la región con centenares de miles de muertos y millones de desplazados, muchos de los cuales tratan de llegar a Europa, pereciendo ahogados miles de ellos en el Mediterráneo, ante la indiferencia de la Unión Europea, cuya preocupación principal es tratar de impedirles hacer pie en Europa. Y los que logran entrar en Europa son tratados la mayoría de las veces peor que el ganado.

[6] El Parlamento Europeo, que tiene alguna representatividad pero muy poco poder, está bajo la estrecha vigilancia de la Comisión Europea. Escribe un periodista español: Se ha conocido una arbitrariedad fascistoide de la Comisión Europea con los diputados del Europarlamento y el tratado libre comercio e inversión (TTIP) que negocian muy en secreto la Unión Europea y Estados Unidos. ¡La UE sólo permite a los eurodiputados leer dos horas el texto negociado del tratado! Para mayor desgracia, prohíbe a los europarlamentarios hablar con nadie del mismo. El corto tiempo de lectura del oscuro tratado ha de ser en una sala segura, sin grabadoras, magnetófonos ni otros dispositivos electrónicos. Ni siquiera papel y bolígrafo y bajo vigilancia. No sabemos si los vigilantes van armados, pero sí que los legítimos representantes de ciudadanos y ciudadanas europeos reciben el trato de sospechosos de un delito. (Xavier Caño Tamayo, Impedir el tratado entre Estados Unidos y Europa, CCS – Centro de Colaboraciones Solidarias, 20/03/15).

Esta situación, realmente grotesca, la hemos podido confirmar con un miembro del Parlamento Europeo.

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