LA LEGALIDAD DE LA INJUSTICIA EN PERÚ. PERÚ: CONVERSANDO CON UN PERUANO DESINFORMADO.

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Siempre con debido respeto a nuestros distinguidos amigos lectores de nuestras páginas, hoy presentamos dos Artículos  sobre el Perú. El Primero en relación  a la Huelga General Indefinida del Magisterio Peruano, la misma que se manifiesta por Regiones, precisamente ante la crisis de una dirigencia nacional de su Organización Sindical única, como es el SUTEP - Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú - gloriosa organización sindical, con 45 años de vigencia en defensa de los Derechos Sociales de los Maestros.- por muchos años postergados, marginados, robados por Gobiernos que han impuesto una política neoliberal en  la Educación - no solo hundiendo los derechos de los Maestros, pero lo más terrible e injustificable, la Política Educativa del Perú en cuanto a su Presupuesto Nacional es una de las más bajas de todo América Latina (penúltima, con menos del 3% del P.B.I.) y hoy cuanto se manifiesta una Huelga Regional -dividida por muchos caudillos, precisamente consecuencia de la crisis de la Dirigencia nacional - la Prensa nacional - el poder de los medios - y el propio gobierno, consideran que más importancia tiene supuestamente la presencia de un pequeño grupo -.se dice, se denuncia - de infiltrados terroristas en las filas del Magisterio, situación que ha generado, hoy que más importancia tenga esta supuesta “verdad”, la denuncia de intromisión de radicales senderistas, que la VERDAD definitiva  de la Crisis en la Educación y la Salud - también con Médicos, Enfermeras y Obstetras en huelga nacional - y la dramática situación real, objetiva, fría, salvaje e inhumana realidad social y profesional del Magisterio Peruano, el de salarios más bajos de América latina. Esta es realmente una INJUSTICIA, que pretende ser distorsionada con una “postverdad” de la supuesta intromisión de algunos radicaloides en el movimiento magisterial, que la realidad de abandono y postergación histórica de los Derechos Sociales del Maestro.

 

El Perú en el piso de la inversión en Educación, esa es nuestra realidad, consencuencia de las políticas neoliberales y de gobiernos farsantes y corruptos que negociaron y abandonaron los Derechos de los MAESTROS.

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Y el segundo en relación, a la increíble desinformación de un Ciudadano, cuya situación es de internamiento en un Hospital y por la “gravedad” de su enfermedad se encuentra absolutamente desinformado de la situación real que pasa en el país, sobre todo en relación, que la CORRUPCIÓN de la empresa brasileña ODEBRECHT ha sacudido como un terremoto grado 7 - y quizás sería 8, pero la protección interna de los poderes facticos sobre determinados personajes corruptos - al 100% para el Ciudadano de a pie, la opinión pública -, sin la tergiversación en el sistema de preguntas para algunas empresas encuestadoras - pero lo cierto que la información que viene desde Brasil, dela Comisión Lava jato - ya tiene un presidente en la cárcel, otro perseguido a nivel internacional, y otros con serias denuncias, pero aún protegidos al máximo por la impunidad -, en especial por el sistema de justicia, que es muy cuestionable en el Perú, por su parcialización, la debilidad de sus profesionales y también porque la corrupción  se apoderó de ciertos personajes e instituciones. Esa es parte de nuestra realidad política hoy, de un escenario múltiple, de alta complejidad, turbulento, realidad, donde la corrupción histórica y estructural - no es de la coyuntura, porque se descubrió a Odebrecht, o en salud, o un Municipio o una Región - no señores la corrupción en el PERÚ ES HISTÓRICA, ESTRUCTURAL, MÚLTIPLE, COMPLEJA y la distribución de la coima es DIVERSA Y DIFERENCIADA en relación  al cargo o responsabilidad que tienen los personajes - empresarios, políticos, funcionarios - materia de la corrupción y sus millones distribuidos.

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LA LEGALIDAD DE LA INJUSTICIA EN PERÚ.

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Jaime Araujo Frías.

ALAI.-

Martes 15 de agosto del 2017.

La injusticia en Perú no se comete porque no se cumpla le ley, sino que resulta de su propia aplicación. El Derecho, que es el que debiera defender al pueblo, fundamento y razón de ser de su existencia ha terminado volviéndose contra él. El crimen se ha convertido en la forma de gobierno normal en nuestros días. Pero este hecho no se ve en nuestras relaciones sociales como tal, porque ha sido legalizado. Más bien, los que luchan por la justicia, los que reclaman el acceso a los medios de vida: agua, salud, trabajo digno, entre otros, son vistos como delincuentes, incluso como terroristas.

Pero el problema no es el Derecho, sino un tipo de Derecho. Necesitamos de las instituciones, como el Derecho, para organizar y gestionar la vida de la comunidad política. Las instituciones son mediaciones que los seres humanos nos damos para asegurar temporalmente nuestra vida y no morir prematuramente en el camino. Lo que buscamos en última instancia los seres humanos es ensanchar, prolongar nuestro tiempo de vida, y para esto nos valemos de mediaciones, tanto personales, como comunitarias. De la vida comunitaria se ocupa la política: el arte de gestionar y organizar el bien común en común.

La actividad política sería imposible sin mediaciones, y en esta tarea el Derecho cumple una función muy importante, como la economía, la literatura, la filosofía, etc. En otras palabras, como sugiere el Filósofo latinoamericano Enrique Dussel, las instituciones que el ser humano se da valen en tanto mediaciones que posibilitan la vida de la comunidad política. No valen en sí mismas. Sin embargo, el Derecho en nuestro en Perú, como en otros países de nuestra América no parece estar orientado a afirmar la vida, sino dirigido a afirmar el aumento de la tasa de ganancia a costa de la vida del pueblo. El problema es entonces el tipo de Derecho que estamos produciendo: un Derecho conforme al lucro.

Este tipo de Derecho es pertinente a quienes detentan el poder económico, que en nuestro país representa menos del 10% de la población nacional, que con dinero compra todo, incluso el Derecho a tener derechos, pero hay una cosa que con el dinero no puede comprar, para decirlo parodiando a Stiglitz, la comprensión de que su vida está ligado a cómo vive el otro 90% de la población peruana. El problema no es solamente que el Derecho haya devenido en un instrumento al servicio del lucro a costa de los que sea, sino que esta práctica se hace a través del Estado. Es decir, el Estado de Derecho actual no está al servicio de la vida del pueblo, sino al servicio del aumento de la tasa de ganancia de las corporaciones nacionales y/o transnacionales, de las cuales muchos de los que nos gobiernan son dueños o accionistas, empezando por el presidente de la república.

No obstante, nuestros representantes políticos para esconder esta realidad y aparecer como justos y buenos, revisten sus intereses de legalidad y lo vuelven exigencia de Estado. De manera que el Derecho en nuestro país no sirve para combatir la injusticia y la desigualdad social, sino para asegurarlas: producirlas y reproducirlas. Los intereses de las grandes corporaciones nacionales y/o transnacionales que gobiernan nuestro país a través de nuestros representantes políticos, a quienes les pagamos jugosos sueldos en comparación con el irrisorio sueldo mínimo legal de un obrero, han convertido sus intereses en demandas de Estado.

Lo que no vemos a simple vista es que para que esta relación social funcione el lucro de unos cuantos debe fundarse en la miseria y el hambre de muchos, como los miles de profesores y trabajadores del sector salud que hoy están en las calles reclamando sueldos justos y dignos. Esto es por ejemplo, para que unos trabajen más a cambio de menos y otros trabajen menos o no trabajen a cambio de más, esta relación laboral debe ser revestida de legalidad. Al tomar la forma de legal no solamente la injusticia aparece como justicia y la injusticia como justicia, sino que la víctima aparece como victimario y el victimario aparece como víctima. Porque para el Derecho conforme al dinero es lo que cuenta, la justicia es sinónima de cumplimiento de la ley.

En consecuencia, para el Estado de Derecho conforme al lucro la injusticia real ya no es un mal a eliminar, sino un bien a proteger en nombre de la justicia como sinónima del cumplimiento de la ley, es decir, de la formalidad de la ley. Por eso las luchas por los medios de vida de nuestros pueblos maltratados, explotados, excluidos: tierra, agua, educación, salario justo, etc., son consideradas contrarias a las leyes del Estado de Derecho vigente. Si esto es así, vivimos en un país, para decirlo parafraseando a Hinkelammert, en el que la población y la naturaleza están siendo destruidas cumpliendo la ley.

Esta es la razón por la que la historia de la justicia social ha sido la historia de los criminalizados, torturados y asesinados en nombre de la legalidad de su tiempo. Con lo cual no estamos diciendo que debemos desobedecer la ley. La ley es importante como mediación para afirmar la vida del pueblo. No es un fin en sí misma, sino un criterio de orientación para el desarrollo de la vida humana. Pero cuando la ley niega la vida de millones de seres humanos, como lo está haciendo hoy, es una obligación ética elevar nuestro pensamiento para cuestionarla y buscar posibles salidas. Si no, ¿qué tiene la actividad de pensamiento? Ante un niño que muere de hambre, La náusea no tiene peso, decía Sartre refiriéndose a su novela maestra. En efecto, ante la muerte prematura por hambre, por frío, por enfermedades curables; ante la contaminación ambiental, la explotación laboral, la exclusión de millones de compatriotas, qué sentido tiene la gran cantidad de literatura jurídica en nuestro país, sino es asegurar o simplemente encubrir el estado de cosas actuales.

Solamente el deseo de pensar críticamente nos alejará de terrible hábito del describir, comentar, repetir el Derecho vigente. De aquí la imperiosa necesidad del pensamiento jurídico crítico. Porque como aconseja Enrique Dussel: “¡El pensar se debe volver más profundo y más crítico cuando la gravedad de la historia de sufrimiento de nuestros pueblos nos interpela!”. El pensamiento crítico es imprescindible si se quiere abrir grietas para irrumpir en lo no pensado, en lo no sabido o en lo encubierto e imaginar un Derecho distinto al actual, pero no por avidez de novedad, sino por necesidad vital. Lo cual exige problematizar, cuestionar y criticar su patología para negarlo. Porque cuando irradia la barbarie, la crítica se torna en una urgencia de vida o muerte.

- Jaime Araujo Frias es filósofo y abogado. Blogger en la revista Iberoamérica Social.

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PERÚ: CONVERSANDO CON UN PERUANO DESINFORMADO.

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Fernando de la Flor Arbulú.

ALAI.

Martes 15 de agosto del 2017.

Me enteré que un buen amigo estaba internado en un hospital por un problema de salud. Lo fui a visitar y conversé con él. Logré entrar a su habitación no obstante los piquetes de huelguistas que intentaron impedírmelo.  Las condiciones materiales en las que estaba eran precarias, pero él se sentía atendido, diría bien atendido. Su enfermedad estaba controlada y, según los médicos, en franco proceso de recuperación.

Me llamó la atención, primero, que él no estaba informado de la huelga del sector salud. Me dijo que no la sentía. Como no puede leer periódicos y la única televisión que tiene solo le permite ver noticias internacionales, me comentó que no estaba al tanto de lo que sucedía en el país. Es un hombre solo, sin familia. Yo era uno de los pocos amigos que lo había ido a visitar.

Le comenté varias cosas, las cuales ignoraba por completo. Así como la huelga del sector salud, no sabía que los colegios de buena parte del país están paralizados.  Es probable que los estudiantes pierdan el año.

Le hablé también de lo que se viene conociendo del denominado caso Odebrecht. Había escuchado, antes de internarse, que la ahora famosa empresa de construcción brasilera, había declarado que tenía una estructura dentro de su organización destinada a comprar políticos y gobiernos en América Latina, incluido el Perú, a cambio de recibir obras públicas con presupuestos incrementados desproporcionadamente.

Nada sabía del caso Humala. No estaba informado que la Fiscalía había pedido su prisión preventiva y que el Poder Judicial la había concedido. Humala está preso –le dije-  en una celda al costado de Alberto Fujimori.

Su rostro iba cambiando de la serenidad al sobresalto, pasando por la perplejidad. No podía creer lo que le estaba contando.

Hizo reflexiones sensatas, síntoma de que estaba mejorando su salud. Cómo es –me preguntaba- que se ordene la detención de alguien, como Ollanta Humala, si es que no existe acusación fiscal ni juicio en curso. No es acaso –me dijo en voz alta– que se ordena la cárcel como una medida excepcional, y no ordinaria. Dónde queda –finalizó su reflexión– la presunción de inocencia. No es que quién acusa debe probar la culpabilidad antes que el acusado su inocencia.

Su sorpresa era evidente. Y su indignación empezaba a manifestarse.

Cayó en la cuenta, inmediatamente después de lo que veníamos comentando, que todos los ex presidentes vivos del Perú, democráticamente elegidos, estaban judicialmente encausados. Todos, sin excepción.

Advirtió la diferencia, sin embargo. Alberto Fujimori lo estaba luego de un largo proceso judicial en forma, al cual se sometió expresamente y en el que ejerció su defensa legal sin restricciones, con todas las garantías del debido proceso. Lo recordaba, así como también se acordaba de los cuestionamientos posteriores que el propio Fujimori hizo a dicho proceso, pero sin poder desmentir que jamás se le recortó el derecho a su defensa.

En el caso de Alejandro Toledo, comentamos entre ambos, si bien tiene orden de captura internacional, según ha trascendido, hasta ahora no puede iniciarse su proceso de extradición porque la resolución del juez no ha completado los requerimientos exigidos por Estados Unidos, lugar donde está ubicado.

Le conté que las audiencias judiciales en los casos de Toledo y Humala fueron transmitidas por televisión en directo, con gran sintonía. Le dije que había escuchado buena parte de algunas de ellas, no de todas. Le comenté que habían durado algo más cuatro horas, las que yo vi. Se apenó de no haberlo hecho. No tengo televisión con señal nacional, me recordó de inmediato.

Alan García está comprendido en una investigación fiscal sobre el caso Odebrecht.

Me adelantó un comentario reflexivo: el mundo debe estar sorprendido. Los únicos cuatro ex presidentes del Perú vivos, están en la cárcel o, eventualmente, en vísperas de estarlo. No es para enorgullecerse –me añadió. Pero sin duda es un record.

Antes de despedirme de él, algo repuesto de la impresión de todo aquello que no sabía que estaba ocurriendo a su alrededor, me tomó por el brazo y se me acercó al oído: sé todo lo que está pasando en Venezuela, la de Maduro, aquel dictadorzuelo –me recalcó- caribeño, que está desangrando a su pueblo mientras todos lo contemplan sin hacer mucho.

A veces –me dije a mi mismo, en atento silencio- hace bien, en el Perú, no ver televisión ni leer periódicos, ni cambiar información, ni recibir noticias. La conversación con mi amigo desinformado, así me lo confirmó.

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