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"La lucha por la defensa de las semillas En la movilización global en defensa de las semillas ha sido central la “campaña por las semillas”, propuesta por La Vía Campesina desde el año 2003. En Argentina, si la modificación de la Ley de Semillas aún no pudo concretarse, fue debido a los activismos surgidos desde múltiples sectores de la sociedad, sobre todo organizaciones sociales, políticas y de la agricultura familiar, campesina e indígena; e, incluso, desde algunas posturas contradictorias al interior del Estado.
"Un momento importante de la resistencia se dio con la conformación de la “Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas”, que destacó el rechazo a la propiedad intelectual en tanto“promueve la privatización y monopolización de nuestras semillas. Con estas regulaciones, las empresas transnacionales quieren apropiarse, incluso, de variedades ´descubiertas´, lo cual es un absurdo, porque toda variedad agrícola es obra humana. Así pretenden expropiar el trabajo ajeno y controlar las semillas campesinas”. Carlos Vicente, quién fuera referente de la organización GRAIN y un gran luchador por el derecho de los y las campesinas a usar libremente las semillas, destacaba en 2019, durante una conferencia de prensa realizada en el marco de una jornada de protesta ante la aprobación del dictamen que intentaba avanzar en la modificación de la Ley de Semillas, que“lo único que han hecho es apropiarse de nuestras semillas y eso es apropiarse de nuestro derecho a la alimentación. Por eso sabemos que no lo vamos a permitir (…) Cuidando las semillas, multiplicándolas. Y luchando. Porque sin tierra, sin semillas y sin agua, no nos alimentamos. La soberanía alimentaria y las semillas como patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad, son banderas que no vamos a bajar nunca”.
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QUIEN
CONTROLA LAS SEMILLAS CONTROLA LOS ALIMENTOS.
(Controlan los mercados, y al final controlan los precios y la venta-distribución)
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Por Tamara Perelmuter Youngerman | 08/07/2022
| Ecología social
Fuente Rebelión viernes 8 de julio del
2022.
Resulta oportuno reflexionar acerca de
las implicancias que este debate tiene para la soberanía alimentaria y los
derechos de las y los agricultores sobre las semillas.
Aprovechando el debate por la aprobación
del trigo transgénico HB4 en Argentina, representantes de las empresas biotecnológicas y algunos funcionarios del gobierno nacional se
manifestaron públicamente a favor de
avanzar con la modificación de la Ley de semillas. Si
bien no hay ningún proyecto concreto
que hoy se esté discutiendo, resulta oportuno
reflexionar acerca de las implicancias que este debate tiene para la soberanía
alimentaria y los derechos de las y los agricultores sobre
las semillas.
La importancia de las semillas
Las semillas constituyen el reservorio
de la vida, al transmitir los caracteres que darán continuidad a la especie. Al mismo
tiempo, interrelacionan aspectos
biológicos, sociales, identitarios, culturales, espirituales y económicos. Históricamente
fueron consideradas bienes comunes
por las y los agricultores,
ya que las mejoraron y las compartieron manteniendo el control de las mismas,
lo que condujo a una gran diversidad.
A diferencia de otros insumos
agrícolas, la semilla es un organismo vivo que
puede reproducirse, y es por esto que ha sido difícil transformarla en una
mercancía. Sin embargo, el capital buscó siempre estrategias diversas para
sortear las barreras que suponen una producción asentada sobre procesos biológicos.
Primero, con
la aparición de las semillas híbridas (N.
del E.: semillas producto del entrecruzamiento de especies diferentes para mejorar sus rendimientos pero que no
pueden reproducirse), masificadas en el marco de la Revolución Verde, que rompieron la identidad
semilla-grano y, por lo tanto, significaron
la separación de las y los agricultores de su capacidad de replantar y el
comienzo de la dependencia de las empresas que proveen los insumos. En
Argentina, estas variedades siguen
siendo muy utilizadas, sobre todo para la producción
hortícola.
Segundo, con el desarrollo de las semillas
transgénicas, que significaron grandes cambios en el uso y la reproducción de semillas,
habilitando nuevos mecanismos de acumulación y generando profundas consecuencias sociales y ambientales,
como resultado del modelo de los agronegocios.
Argentina las adoptó tempranamente, con la liberalización en 1996 de la soja Roundup Ready, resistente al glifosato. Durante los años siguientes,
el modelo continuó su profundización. Todos
los gobiernos, más allá de su signo político, impulsaron con entusiasmo los cultivos transgénicos, creando un
modelo hegemónico basado en la agricultura biotecnológica. Al día de hoy, el país tiene 65
eventos transgénicos aprobados, sobre todo de soja, maíz y algodón. Y el recientemente aprobado trigo HB4, con
tolerancia a la sequía y al glufosinato de
amonio.
Las semillas se volvieron un punto de
interés estratégico en el desarrollo de la agricultura global. Son
el primer eslabón de la mayoría de las cadenas agroalimentarias. Quien
controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo tanto, la
disponibilidad de alimentos. Actualmente, el mercado mundial de semillas es uno de los más concentrados. El 60% está en manos
de tres empresas transnacionales: Bayer-Monsanto,
Corteva (fusión de Dow y Dupont) y ChemChina-Syngenta.
Pero las semillas son también la base de la biodiversidad, y ésta se ha convertido en una riqueza estratégica a explotar y controlar. La preponderancia de la biotecnología y la posibilidad de manipular la información genética ha tornado al acervo genético de diversidad del planeta en uno de los elementos más codiciados por los laboratorios científicos. Las “tecnologías de la vida”, desarrolladas en los países del Norte, requieren del oro verde concentrado en los países del Sur.
Foto: Tamara Perelmuter
¿Qué son las leyes de semillas?
Las leyes de semillas
se implementaron en la mayoría de los países en los años sesenta, en el
contexto de la Revolución Verde. Son
reglamentaciones en torno a la regulación de la certificación, fiscalización y comercialización de semillas, es
decir, qué materiales pueden
venderse en el mercado y bajo qué condiciones. Según explica Ana Felicien, investigadora
en agroecología y soberanía alimentaria
en Venezuela,
integrante del plan Pueblo a Pueblo
y la Campaña Venezuela Libre de
Transgénicos,
“se crearon bajo el discurso
de asegurar la calidad y la confianza a partir de reglas claras, pero, en el
fondo, su aparición tiene una importancia central para entender los procesos de
mercantilización”.
Así, bajo la
aplicación estricta de estas leyes, que obligan a las y los agricultores a utilizar solo semillas
certificadas, los métodos de selección previos a las sanciones de estas legislaciones comenzaron a ser ilegales.
Otra de las consecuencias fue
la constitución de los sistemas formales
de semillas, que se caracterizan por tener una organización vertical de la producción y distribución de las
mismas. Para Felicien,
“son los circuitos de
semillas producidas ya no como parte de ecosistemas
diversos, sino sólo como elementos de procesos agroindustriales
que tienen, como eslabón central, a los centros de investigación tanto públicos
como privados, y que desarrollan un conjunto de variedades en función de los
intereses de las empresas”. Las y los agricultores pasaron de ser productores,
reproductores y mejoradores de semillas, a ser simples usuarios. Y las semillas, “pasaron de ser elementos vivos,
producto de la interacción sociedad-naturaleza, a ser consideradas meras
innovaciones tecnológicas. Esto no es otra cosa que la cosificación de los
bienes comunes”, agregó la investigadora.
Argentina
tuvo una lógica de apropiación de
semillas muy precoz y posee un sistema
formal muy desarrollado. Fue pionera en América Latina, con la sanción en 1935 de la Ley de Granos
y Elevadores N° 12.253 y, en 1973, de la
Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, aún vigente. La legislación abarca la producción, certificación y
comercialización de semillas. Pero también establece una forma de propiedad
intelectual sobre variedades vegetales denominada “Derechos de Obtentor (DOV)”, que refieren al derecho que se le otorga a quien
desarrolla alguna “mejora” a una
semilla, para explotarla en exclusividad.
Son válidos para todo tipo de semillas, a diferencia de las patentes, que son
solo para las semillas transgénicas,
en tanto protege la modificación genética. Para
Felicien,
“aunque jurídicamente ambos sistemas de
propiedad intelectual son diferentes, protegen los conocimientos que, según su
lógica, son patrimonio de los fitomejoradores, y son la base para el desarrollo
de las semillas como una innovación tecnológica. Ambos comprenden a las
semillas como un bien privado, y por lo tanto, apropiable”.
Asimismo, la Ley de semillas reconoce,
en su artículo 27, que “no
lesiona ese derecho quien reserva y siembra semilla para uso propio”. Esta concepción del uso propio
entendido como un “derecho de los agricultores” se enmarca en tratados internacionales, de los que Argentina es signataria, como la Unión
para la Protección de las Obtenciones
Vegetales (UPOV) en su versión de
1978 y el Tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura (TIRFAA),
conocido como Tratado
de Semillas.
En los últimos años, en muchos países de
la región las leyes de semillas y legislaciones de propiedad intelectual fueron modificadas (y muchas están aún en proceso de discusión) para
adecuarlas a las nuevas directrices
del comercio mundial de semillas,
que busca entregar a un puñado de empresas el control de toda la cadena de la
agricultura y la alimentación.
“Estos procesos
implementados en nuestra región, que es una de
las más biodiversas del planeta y, al mismo
tiempo, la que tiene mayor superficie con semillas transgénicas cultivadas, nos
habla mucho de cómo se ha venido intensificando la apropiación de las semillas,
la erosión de la agrobiodiversidad y la profundización de la región como
exportadora de commodities”, explicó Felicien.
Argentina no es la excepción.
Desde comienzos de este milenio existen intentos sistemáticos por modificar la Ley de Semillas.
A finales de 2019, un dictamen para
su modificación que había sido aprobado por el gobierno de Mauricio Macri, pero
sin el apoyo de ningún otro sector, perdió
estado parlamentario. Al día de la fecha, la Ley de semillas vigente sigue siendo la de 1973 y el debate continúa abierto.
Todos los intentos por modificar la ley
tuvieron como objetivo principal cercenar la práctica de las y los productores
agrarios de guardar, conservar, intercambiar y
reproducir sus propias
semillas. Desde los comienzos de la
agricultura se proveían a sí mismos de las semillas para el año siguiente,
práctica que fue luego reconfigurada en los términos de “derechos de los agricultores”. Pero las empresas comprendieron que podrían ganar
mucho más dinero si además de cobrar por
la compra de las semillas, lo hacen por la resiembra de las mismas; es decir, si cobran “regalías extendidas”.
Así,
todos los intentos de modificación apuntan
a reglamentar y restringir el “uso
propio”, remarcando que sólo podrán hacer uso de este derecho los
denominados “agricultores
exceptuados”. Se trata de una
concepción que entiende que el “uso
propio” debe dejar de ser libre y gratuito, un “derecho de los agricultores”, para pasar a ser una mera “excepción” que tienen otros: los obtentores. Esto implica un cambio radical en la forma
en la que se concibe la agricultura.
Según
el informe del Observatorio
Universitario de Buenos Aires (OUBA) “Sembrar vientos.
Soberanía alimentaria y patentes en debate parlamentario”, publicado
en octubre de 2019,
la discusión
“se desarrolla en medio del
referido contexto internacional de fuerte concentración de poderosas empresas y
un universo de agricultores nacionales que no se constituye precisamente como
un grupo homogéneo y fuertemente capitalizado, como a veces tiende a creerse”. De
esta manera, destaca que “el actual
estado de la industria semillera local e internacional deberían ser parte del
marco de discusión parlamentaria; sin embargo, se soslaya esto en el
tratamiento propuesto”.
La lucha por la defensa de las
semillas
En la movilización global en defensa de las semillas ha sido central la “campaña por las semillas”, propuesta por La Vía Campesina desde el año 2003. En Argentina, si la modificación de la Ley de Semillas aún no pudo concretarse, fue debido a los activismos surgidos desde múltiples sectores de la sociedad, sobre todo organizaciones sociales, políticas y de la agricultura familiar, campesina e indígena; e, incluso, desde algunas posturas contradictorias al interior del Estado.
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