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“El
pleito subió de tono con la publicación en la revista Semana (cabeza
de playa anti-Petro) de más chuzadas, en las que Benedetti,
diplomático sui generis conocido por su indisciplina frente a
la cancillería y sus adicciones, soltó en medio de improperios subidos de tono
amenazas de dar a conocer presuntos financiamientos del narco a la campaña de
Petro. Ambos funcionarios fueron destituidos, pero para la
oposición no hay otro tema en la agenda nacional, aunque carezcan de cualquier
prueba de los supuestos delitos. Los mismos medios que hoy atizan el fuego
contra Petro callaron a mediados de mayo, cuando Salvatore
Mancuso, ex jefe de la paramilitar de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), rindió su primera
audiencia ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP),
donde confesó cómo ordenó masacres, descuartizamientos, desapariciones y robo de tierras, muchas veces
para cooperar con el ejército.
También
callaron cuando el último miércoles, la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas en la zona de Juan Frío, norte de
Santander, localizó una fosa con 200 cuerpos,
enterrados ahí por las AUC a petición del
ejército. Para esa prensa que responde a los
grandes capitalistas colombianos, eso pareciera no ser escándalo. Centrales obreras, el magisterio, buena parte del
movimiento estudiantil y formaciones políticas afines al Pacto Histórico, entre ellos un gran contingente de la
Unión Patriótica, respondieron a la convocatoria
de salir a las calles. Además de la marcha
multitudinaria de la capital, que movilizó a decenas de miles desde la Plaza de la Nación hasta la histórica
Plaza Simón Bolívar, hubo concentraciones en cerca de 200 municipios. «No
hay que temer, hay que cambiar», «Petro se
queda. Adelante con las reformas», «Yo confío en
Petro», se leía en las pancartas. En esta
oportunidad, el presidente bajó a la calle, caminó un corto tramo entre la
gente.
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COLOMBIA.
EL PUEBLO SALIÓ A LA CALLE A RESPALDAR LAS REFORMAS DEL PRESIDENTE.
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Por Camilo Rengifo Marín | 10/06/2023 | Colombia
Fuente. Rebelión sábado 10 de junio del 2023. (11/06/2023/.
Acosado desde
varios frentes movidos por la derecha colombiana,
que amenaza con paralizar al Congreso y congelar un paquete de
reformas a las leyes de salud, trabajo y pensiones,
el presidente Gustavo Petro elevó el
tono y señaló ante la multitud que salió en su apoyo: “que no se atrevan a
romper con la democracia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de
Colombia en las calles de este país”.
Petro
denunció nuevamente indicios de que se fragua en su contra un golpe de
Estado o golpe blando y advirtió que los sectores
que han atizado en los últimos días una crisis política a partir de un escándalo de dudoso trasfondo quieren
“hacer
lo mismo que en Perú, llevar al presidente a la
cárcel, cambiar el gobierno y poner a un nuevo presidente no electo. Y eso se
llama golpe de Estado”.
Es el golpe
de la derecha y del gran capital contra sus reformas. No quieren salud gratuita, trabajo digno y un bono pensionario para
que cualquier viejo o vieja tengan
un sustento para poder existir. Durante su discurso insistió en que hay un plan
para “destruir
el apoyo popular del Gobierno” y dejarlo solo. Cargó contra los medios de comunicación y los grupos económicos, a quienes
acusó de ejercer
presión para hundir las reformas sociales (pensional,
laboral y de la salud) en el Congreso,
y dijo que hay intenciones de
sacarlo del poder a través de investigaciones en la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El mandatario
anunció la propuesta de dos nuevas reformas: a
los servicios
públicos y a la educación.
“Vamos
por la reforma a los servicios públicos, para que el eje del servicio no sea el
empresario sino el usuario“ aseguró
Esta reforma
llega después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto 0227 de 2023, con el que el presidente
Gustavo Petro asumía el control de la regulación de
los servicios
públicos. Habló de una reforma
a la educación, específicamente a la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Según dijo, este es un mandato popular, “para que la juventud
pueda acceder al derecho de educarse”.
El gobierno
de Petro
fue llevado a una grave convulsión
política a raíz del escándalo
que involucra a la exjefa de gabinete
Laura Sarabia, y al exembajador en
Venezuela, Armando Benedetti, apartados
de la administración por el Presidente desde el viernes pasado.
La crisis se
remonta a enero de este año, cuando Sarabia denunció el robo de un
maletín con miles de dólares en
su domicilio. A finales de mayo, un medio de
comunicación publicó una entrevista
con Marelbys
Meza, quien trabajaba de niñera para Sarabia
y asegura que la funcionaria la hizo
detener y la sometió a un
interrogatorio con polígrafo durante
cuatro horas en el sótano de un
edificio anexo a la residencia
presidencial.
Las
acusaciones de Meza cobraron mayor notoriedad por incluir presuntas intercepciones telefónicas ilegales,
una práctica que se identifica
con el autoritarismo de ultraderecha
del expresidente Álvaro Uribe, acerbo
crítico y rival político de Petro.
Asimismo, el fiscal general, Francisco Barbosa, atrajo con inusitada premura el caso y en pocos días lo ha convertido en una bandera de su gestión. Cabe recordar
que Barbosa fue nombrado por el expresidente
Iván Duque, discípulo político de
Uribe y compañero de estudios del fiscal.
En diciembre
el Ejecutivo debe enviar al Congreso
una terna para remplazarlo, por lo que las
investigaciones se leen como un intento de torpedear la llegada de un sucesor que investigue los graves excesos de Duque. La
procuradora general, Margarita Cabello
(encargada de perseguir las irregularidades cometidas por servidores públicos),
ha emprendido una campaña para
reducir la representación de la coalición gobernante en el Congreso suspendiendo los derechos políticos de los legisladores oficialistas, una medida que desde
2014 fue desautorizada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Coridh). Semanas atrás, el exdirector
de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Acore), John Marulanda,
aseguró que los efectivos en reserva
harán lo mejor por defenestrar a un
tipo que fue guerrillero, en referencia a Petro, quien perteneció al M-19. Marulanda llamó a los uniformados a actuar contra el mandatario tal como los militares peruanos procedieron con el depuesto Pedro
Castillo, quien contempla
desde la cárcel la sumisión de los golpistas al neocolonialismo
estadounidense, así como la violencia
represiva desatada por la usurpadora Dina Boluarte.
Colombia
asiste a un episodio de lawfare como
los que llevaron al derrocamiento de Dilma Rousseff y
el encarcelamiento de Luis Inácio Lula da Silva,
en Brasil, y de Fernando Lugo en
Paraguay, o como el acoso judicial en Argentina
en contra de la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
La pacificación, prioritaria
El
mandatario, que asumió el mando hace 10 meses, también anunció que hoy viaja a La Habana para una ronda de negociaciones con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la que
se espera firmar un alto el fuego.
El escenario de crisis se ha agravado en las últimas semanas a partir de lo que los medios y personeros de los partidos de la oposición derechista y ultraderechista insisten en calificar de el mayor escándalo de corrupción en los últimos tiempos, como cabeza de playa de una estrategia de golpe blando. Empezó por una triangulación de un conflicto personal entre el ahora exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, la asesora del presidente Laura Sarabia y una niñera que presuntamente robó a ambos (hecho no probado), aderezado por intercepciones telefónicas filtradas a la prensa y acusaciones contra ambos de abuso de poder.
El pleito
subió de tono con la publicación en la revista Semana (cabeza
de playa anti-Petro) de más chuzadas, en las que Benedetti,
diplomático sui generis conocido por su indisciplina frente a la cancillería y sus adicciones, soltó en
medio de improperios subidos de tono
amenazas de dar a conocer presuntos financiamientos del narco a la campaña de
Petro. Ambos funcionarios fueron
destituidos, pero para la oposición
no hay otro tema en la agenda nacional, aunque carezcan de cualquier prueba de los supuestos delitos.
Los mismos medios que hoy atizan el fuego contra Petro callaron a
mediados de mayo, cuando Salvatore
Mancuso, ex jefe de
la paramilitar de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), rindió su primera audiencia ante la Jurisdicción
Especial para La Paz (JEP), donde confesó cómo ordenó masacres, descuartizamientos,
desapariciones y robo de tierras, muchas
veces para cooperar con el ejército.
También
callaron cuando el último miércoles, la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas en la zona de Juan Frío, norte de
Santander, localizó una fosa con 200 cuerpos, enterrados ahí por las AUC
a petición del ejército. Para
esa prensa que responde a los grandes capitalistas colombianos, eso pareciera no ser escándalo. Centrales obreras, el magisterio, buena
parte del movimiento estudiantil y formaciones políticas afines al Pacto Histórico, entre ellos un gran contingente de la Unión Patriótica, respondieron a la convocatoria de salir a las calles. Además de la marcha
multitudinaria de la capital, que movilizó a decenas de miles desde la Plaza de
la Nación hasta la histórica Plaza
Simón Bolívar, hubo concentraciones
en cerca de 200 municipios.
«No
hay que temer, hay que cambiar», «Petro se
queda. Adelante con las reformas», «Yo confío en
Petro», se leía en las pancartas. En esta oportunidad, el presidente
bajó a la calle, caminó un corto tramo entre la gente.
Y desde
la Plaza Simón Bolívar, sobre un pequeño
templete, levantó su petición a los
legisladores del país: solicitamos
desde nuestra humildad, desde nuestras ganas de justicia, que aprueben las reformas que le garantizan al
pueblo sus derechos. Esto no es una solicitud violenta,
irrespetuosa, armada, Es una solicitud popular que nace de las
entrañas del territorio excluido, de la base de la nación.
“¿Queremos
una eterna Colombia de las exclusiones; una
Colombia donde la prensa odia a la vicepresidenta por su color de piel?
¿Queremos una Colombia que lleve al indígena al cepo como en los años de esclavitud o un indígena que algún día pueda gobernar este país? ¿Una Colombia donde los jóvenes
que salen a protestar se les dispare a los ojos?”, preguntó.
El objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana. El primer requisito es que el país tenga justicia social, añadió.
Cierre de la negociación de
Paz con el ELN
Y en el marco
de la Plaza de Bolívar abarrotada por miles de manifestantes que salieron a expresar su apoyo a las reformas propuestas por el actual gobierno, Petro anunció que
viaja a La
Habana
para cerrar el tercer ciclo de
negociaciones con el ELN:
Voy
a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de
paz para este país”.
Desde días
atrás se especula con el acuerdo alcanzado en la Mesa sobre cese bilateral de
fuegos por un periodo de seis meses. La decisión de la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura vigentes
contra el comandante Antonio
García, corresponde a la
magnitud de lo alcanzado en esta fase de la negociación, donde también se debaten temas como la participación
de la sociedad en el proceso de construcción de paz, así como acciones y
dinámicas humanitarias. Otros ceses de fuego, de poca duración, fueron anunciados durante estos meses, todos ellos como materialización del propósito de Paz
Total: uno con el Clan del
Golfo –paramilitares herederos
de las Autodefensas Unidas de Colombia–,
y otro con el Estado Mayor Central de
las Farc. En ambos casos, todo está en vilo debido a la violación de lo acordado por uno u otro
sector, por uno u otro motivo, y tal
propósito esta por retomarse.
Los allanamientos de la Fiscalía
Durante su discurso en la marcha a favor de las reformas sociales, el presidente se volvió a referir al escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti, que involucra supuestas “chuzadas” (escuchas telefónicas). El mandatario dijo que las puertas de la Presidencia están abiertas a cualquier investigación: “no tenemos nada que ocultar”. Horas antes de que el presidente saliera a las calles para marchar junto a quienes reclaman la aprobación de sus reformas, agentes de la Fiscalía tomaron el piso 13 del edificio de la Dian, donde al parecer funciona una oficina de seguridad de la Presidencia y el ente investigador trata de averiguar si desde ahí se habría interceptado el celular de Marelbys Meza, la ex niñera de Laura Sarabia. Petro recordó también que su campaña presidencial fue objeto de interceptaciones ilegales que ninguna autoridad investigó.
Petro se refirió a
gobiernos anteriores y aseguró que
“no chuzamos, no golpeamos a las personas humildes; no destruimos los ojos de la juventud, no torturamos
en las mazmorras, no chuzamos magistrados, periodistas, gente de la oposición,
no violamos los derechos de la humanidad”.
Dijo que las acusaciones en su contra carecen de ética y que no
tiene miedo a ninguna investigación. Pero la maquinaria del golpe blando parece no detenerse. Al tiempo que Petro pidió apoyo para sus
reformas, la Comisión Séptima del Senado aplazó el debate de la reforma pensional, pues no logró
conseguir quórum. Esta ha sido una
estrategia usada por la oposición y partidos de derecha para no
debatir los proyectos.
*Economista y docente universitario
colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE).
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