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“Las críticas a Neptuno y la
exhortación de los científicos. La
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, impulsora de la reforma de
2004, entiende que Neptuno es inconstitucional
porque “habilita la gestión privada del agua”, cuando
la ley establece que esta debe ser pública y con participación social. “La Constitución de la República
es clara y no admite interpretaciones”, manifiestan. Por su lado, el grupo
de investigadores que integra Panario asegura
que el proyecto “presenta una serie de problemas
ambientales” y que la salinidad del agua del Río
de la Plata “supera ampliamente los valores aceptables para ser
potabilizados”. Criticas mediante, el Gobierno sigue adelante con la licitación
de Neptuno, mientras la
empresa estatal OSE (Obras Sanitarias del Estado) apura las reparaciones
en el viejo sistema de cañerías, por donde se estiman pérdidas de hasta el 40% de agua potable. Los
medios de comunicación, por su parte, difunden campañas sobre el uso
responsable de este recurso y siguen minuto a minuto los pronósticos de las
veleidades climáticas. Todo apunta a que la Niña ha
llegado a su fin y se anuncian precipitaciones, más
bien escasas para esta primera semana de junio.
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SE
ACABÓ LA ERA DE LA ABUNDANCIA:
URUGUAY
BUSCA DIVERSIFICAR SUS FUENTES DE AGUA POTABLE.
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El
embalse que abastece al 60% de la población se
encuentra bajo mínimos históricos. Los científicos piden al Gobierno conformar
un grupo interdisciplinario para afrontar futuras crisis.
Por Gabriel
Díaz Campanella.
Fuente. El
País Montevideo martes 6 de junio del 2023.
Buena parte de la sociedad uruguaya
mantiene una relación casi simbiótica con el agua que corre por los
ríos y los grifos, vigilando con
celo su tratamiento, cuidado y alcance. En 2004, el país se convirtió en un referente mundial al reconocer constitucionalmente y por decisión popular el acceso al agua y al saneamiento como
un derecho
humano fundamental. Aquella reforma
marcó un hito en la historia del país: consagró
la gestión pública y priorizó el
consumo humano y la participación
social en el manejo de este recurso.
Este
precedente ayuda a entender
el malestar que ha causado la crisis de agua
potable que actualmente
afecta a los 1,7 millones de habitantes de Montevideo y su área metropolitana, en el sur de Uruguay. Desde finales
de abril, el agua corriente que reciben
contiene temporalmente el doble de sodio estipulado en la normativa local y la pueden beber
siempre que no estén dentro del grupo de riesgo (hipertensos y embarazadas, entre otros)
y toleren su pronunciado sabor salado.
Las
autoridades explican que esta situación es excepcional y regirá mientras no
llueva lo suficiente para recomponer
los niveles del embalse Paso Severino, que está ubicado sobre el río Santa Lucía y abastece al 60%
de la población del país. Ese embalse
tiene actualmente 4,5 millones de metros cúbicos
de agua, cuando su capacidad es de 65 millones. De modo que, sin las lluvias necesarias ni alternativas
previstas, el líquido seguirá con
esta composición y sabor atípicos
que resulta de la mezcla de agua dulce del Santa
Lucía con la salada proveniente del Río de la Plata.
Por lo pronto, más
del 50% de la población de esta región ha dejado de tomar agua corriente
y la consume embotellada,
según la consultora Opción.
El fin de la “cultura de la
abundancia”
En
los últimos tres años, Uruguay ha sufrido los
embates del fenómeno climático La Niña, con un prolongado déficit de precipitaciones y una sequía que
ha causado estragos en el campo y ahora repercute en el agua potable.
“Ese déficit se mantuvo y
llegó a valores de sequía extrema, sobre todo en
el suroeste del país”, le dice a América Futura Madeleine
Renom, doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Según Renom, entre abril de 2022 y mayo de 2023, en
esta zona cayeron 300 milímetros de lluvia cuando en ese periodo suele llover 1200 mm. Es el menor registro en 45 años
Imagen de archivo del embalse Paso Severino, en el departamento de Florida (Uruguay).CITY MVD
Daniel Greif, ingeniero y exdirector del primer Plan Nacional de Aguas, considera que frente a estos pronósticos, Uruguay debería pasar de una cultura de la “abundancia” del agua a una cultura de la “variabilidad” de este recurso.
“Eso requiere
infraestructura y capacidad de gestión”, le dice Greif a América Futura. Se
refiere a los cambios del clima, pero también a
los que experimenta la producción local y que tienen consecuencias sobre la
calidad y la cantidad de las aguas. “La cuenca del río
Santa Lucía es especialmente crítica y estratégica porque abastece de agua potable a la mitad de
la población del país y es la zona de la cuenca lechera de mayor intensidad productiva”,
remarca.
El
impacto de la actividad productiva sobre el río Santa
Lucía fue abordada en un manifiesto suscrito por científicos uruguayos en octubre de 2022. Anticipándose a esta crisis, recomendaban acelerar el cumplimiento de
medidas de gestión
ambiental, priorizando el uso
de agua potable para el consumo humano. Pedían intensificar el control de efluentes de tambos y otras industrias; tomar medidas cuando se plantea la intensificación agrícola y de cultivos forestales; regular y controlar las represas de riego para evitar la proliferación
de cianobacterias y su inoculación al sistema fluvial.
“El río Santa Lucía está en un
proceso de deterioro”, le dice a América Futura Daniel Panario, director
del Instituto de Ecología y Ciencias
Ambientales de la Universidad de la
República, coautor de este manifiesto.
Panario es un férreo crítico del modelo
de producción intensiva y extractiva
implantado en Uruguay. Cita como ejemplo el millón de hectáreas de soja, que trajo consigo el incremento de agroquímicos y de los desechos que contaminan las aguas,
según afirma. Sobre el Santa Lucía en particular, considera necesario quitarle
presión, diversificando las fuentes
de abastecimiento de agua potable. “Hasta
ahora el proceso fue inverso: se ha centralizado, porque eso abarata y facilita
el manejo”.
Una autocrítica de Mujica.
En
cuanto a las alternativas, el ingeniero Greif es partidario de la ejecución del
proyecto Casupá, que fue entregado por el último Gobierno
de la coalición de centroizquierda Frente Amplio
(2015-2020) al actual
encabezado por Luis Lacalle Pou (centroderecha).
Este proyecto consiste en la construcción de una represa en la cuenca alta del río Santa Lucía, que
tendrá una capacidad de 118 millones de
metros cúbicos para abastecer al
área metropolitana. De acuerdo con
Greif, los estudios sobre la viabilidad
de esta opción se iniciaron en 2013 y el proceso preparatorio finalizó en 2019 con el préstamo otorgado
por CAF- banco de desarrollo de América Latina por un monto de 80
millones de dólares. Pero la represa Casupá sigue sin concretarse hasta ahora.
¿Por
qué no se construyó esta u otra iniciativa entre 2005
y 2020, bajo los Gobiernos del Frente Amplio? Es
una pregunta que se repite en estos días
que rozan los límites del suministro de agua. En una improvisada
rueda de prensa, a finales de mayo el expresidente José Mujica (2010-2015) dibujó una autocrítica al respecto:
“Siempre, cuando hablamos de
presupuesto, estamos tirando de una frazada para un lado y para el otro y todo
el mundo la disputa y a veces le erramos en las prioridades y nos confiamos.
Pienso que esto del agua lo debimos haber
enfrentado mucho antes”.
El proyecto Casupá permanece
en carpeta y este mes de junio vencería el plazo para firmar el contrato del
préstamo con la CAF.
Sin embargo, el actual Gobierno ha dado
prioridad al proyecto Neptuno también denominado Arazatí,
una nueva planta potabilizadora. El presidente Lacalle Pou definió en noviembre
de 2022
ese proyecto como
“la inversión más grande en
este ámbito en los últimos 150 años” que
permitiría tener agua potable “sin perjuicio de sequías o de fallas técnicas”.
En el marco de este proyecto, el Gobierno
ha licitado entre capitales privados la construcción de la planta en el
departamento de San José (sur del país), que tomaría aguas del Río de la Plata y abastecería un 33% de lo requerido por el área metropolitana. Está
previsto que las obras arranquen a finales de 2023.
Las críticas a Neptuno y la
exhortación de los científicos
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, impulsora de la reforma de 2004, entiende que Neptuno es inconstitucional porque “habilita la gestión privada del agua”, cuando la ley establece que esta debe ser pública y con participación social. “La Constitución de la República es clara y no admite interpretaciones”, manifiestan. Por su lado, el grupo de investigadores que integra Panario asegura que el proyecto “presenta una serie de problemas ambientales” y que la salinidad del agua del Río de la Plata “supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados”
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Criticas
mediante, el Gobierno sigue adelante con la licitación de Neptuno, mientras la empresa estatal OSE
(Obras Sanitarias del Estado) apura las
reparaciones en el viejo sistema de cañerías, por donde se estiman pérdidas de hasta el 40% de
agua potable. Los medios de
comunicación, por su parte, difunden campañas
sobre el uso responsable de este recurso y siguen minuto a minuto los pronósticos de las veleidades climáticas. Todo apunta a que la Niña ha llegado a su fin y se anuncian precipitaciones, más bien escasas para
esta primera semana de junio.
“Las proyecciones (a largo
plazo) indican que las sequías van a ser más
frecuentes, aunque menos intensas y más cortas”, advierte la meteoróloga Renom.
Frente a la emergencia
y alentando políticas de Estado, los científicos
e investigadores exhortan al Gobierno a trabajar de manera mancomunada:
“La gestión
de las cuencas hidrográficas, de los recursos
hídricos y el abastecimiento de agua potable en
el sur del país es una emergencia de tal magnitud y complejidad que requiere de
un análisis interdisciplinario a cargo de un
equipo amplio de investigadores y técnicos de instituciones vinculadas a la
temática”.
Aún está por
verse si la invitación finalmente prospera.
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