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“Poner
fin a la contaminación a nivel nacional.
Tejada cree que, con la sentencia
de la CIDH, ha llegado el momento de evitar que la contaminación por metales siga haciendo estragos en la
población peruana. Subraya que en su estudio
está “la base prácticamente a nivel nacional de
todos aquellos alimentos contaminados que están
ubicados por zonas. Se puede retomar toda esta información”,
y agrega que podría ser un punto de partida para
comenzar a regular dentro de Perú,
complementando los estándares de la OMS
“Sin
embargo, para Eloísa Domínguez
Mariani, hidroquímica de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, quien no participó de esa investigación, la interferencia de la industria
minera en el proceso legislativo podría llegar a ser un
reto. Aunque considera que los resultados
de la investigación de Purizaca y la sentencia
de la CIDH son prometedores, advierte que en su
experiencia, en México “las empresas interesadas
tienen abogados contratados 24/7. Están todo el
tiempo en el cabildeo, y entonces lo que ocurre
es que las normas no logran ser tan estrictas”, afirma.
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PERÚ. LA OROYA CREA PRECEDENTE
CONTRA CONTAMINACIÓN MINERA PARA LA REGIÓN.
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Por | 04/04/2024 | Ecología
social
Fuentes: SciDev.Net
[Imagen: SciDev.Net]
Fuentes Revista
Rebelión jueves 4 de abril del 2024.
– CIDH sentencia al estado peruano por
violar derecho al medio ambiente sano en La Oroya.
– Reciente estudio encontró que contaminación por metales es un problema
nacional en Perú.
–
La sentencia de la CIDH es aplicable a todos
los países de América Latina y el Caribe.
La sentencia emitida por la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra
el Estado peruano por violar el derecho al medioambiente sano y a la salud de la
población de una ciudad de los Andes centrales,
sienta un precedente importante para toda la región en caso de que alguna
población perciba que se están vulnerando esos derechos.
En el fallo, dado el viernes 22 de marzo, la CIDH responsabilizó a las autoridades de Perú por no haber supervisado la contaminación por metales pesados emitidos desde un complejo metalúrgico que opera en La Oroya, a 3745 m.s.n.m. y una de las ciudades más contaminadas del mundo.
No
obstante, la contaminación con
metales y metaloides parece ser una constante en el
país, pues una reciente revisión de literatura científica sobre el tema
encontró que diversas investigaciones han registrado en productos alimenticios de
diferentes partes del Perú la presencia de metales como plomo, cadmio y arsénico en
concentraciones por encima de los límites establecidos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
El estudio también
encontró altas concentraciones de otros tipos de
metales –como aluminio,
mercurio, cromo y níquel– en comparación con las encontradas en otros
países. Sin embargo, para la mayoría de ellos la OMS no
ofrece ninguna regulación.
Perú ya no puede
basarse en las regulaciones de la OMS para
normar sus alimentos, sino que debe tener su
propia reglamentación, para poder asegurar la salud de su población, dijo a SciDev.Net Pablo García Chevesich, coautor de la investigación.
Para Teresa Tejada Purizaca, ingeniera alimentaria de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú, y autora líder de la investigación, el estudio que realizaron viene “como anillo al dedo” para la sentencia de la CIDH.
En
efecto, dicha sentencia señala que la falta
de fiscalización de las autoridades originó que el complejo metalúrgico minero genere altos niveles de contaminación que dañaron severa e irreversiblemente
la salud de los ciudadanos.
Entre los derechos
violados por el estado peruano, además
del ambiental, se incluyen los de protección a
la vida, la salud –especialmente de la niñez– al acceso a la información y la protección
judicial, este último porque los pobladores llevan más de dos décadas exigiendo justicia ante los tribunales.
Ahora, el estado
deberá indemnizar económicamente a las víctimas
y proporcionarles un plan de reubicación y tratamiento médico,
incluyendo apoyo psicológico. Hasta el cierre de
esta información, el Perú no se había pronunciado
sobre el fallo, aunque en la práctica dispone de
un año para entregar un informe al Tribunal de la Corte IDH explicando las medidas
adoptadas para cumplir con la sentencia.
MÁS
DE UN SIGLO DE CONTAMINACIÓN
El complejo
metalúrgico de La Oroya tiene más de 100 años. Empezó en 1922
bajo la administración de una empresa norteamericana
que procesaba metales
altamente contaminantes como plomo
y dióxido de azufre, lo que originó múltiples enfrentamientos con los campesinos de la zona. En 1974
pasó a manos del Estado y en 1997 la administración de Alberto Fujimori lo vendió a Doe Run, una empresa
propiedad del estadounidense Ira
Rennert.
En 2006 los pobladores organizados en el Movimiento por la Salud de La
Oroya elevaron sus reclamos a tribunales
internacionales porque las afectaciones a la salud
eran evidentes. Por ejemplo, los niños
presentaban altos niveles de plomo en la sangre que les ocasionaban
diversos problemas en sus habilidades psicomotrices y cognitivas.
Al mismo
tiempo, la empresa Doe Run
Perú continuaba operando sin un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, el cual
siguió prorrogando hasta que en 2009 se declaró insolvente. Tras el proceso de liquidación, el año pasado el complejo fue entregado a sus trabajadores, quienes integraron la empresa Metalúrgica Business Perú SAA.
Sin
embargo, las personas que se unieron al Movimiento por la Salud
fueron hostigadas por sus propios familiares, quienes muchas veces son
trabajadores del complejo metalúrgico y ven
amenazada su fuente de ingreso por las acciones de las activistas.
“Toda
actividad privada que es fuente de trabajo, bienvenido, porque
también el derecho al trabajo es un derecho de
una vida digna. Pero también nosotros pensamos,
esta actividad económica no puede ser a costa
del sufrimiento de una población […] de la
degradación de la salud de sus trabajadores”. (Yolanda
Zurita Trujillo – Movimiento por la Salud de La Oroya)
Yolanda
Zurita Trujillo, quien forma para de la comunidad
y el Movimiento por la Salud
de La Oroya, explica a SciDev.Net que sus denuncias no
son en contra del complejo metalúrgico.
“Toda
actividad privada que es fuente de trabajo, bienvenido, porque
también el derecho al trabajo es un derecho de
una vida digna. Pero también nosotros pensamos,
esta actividad económica no puede ser a costa del sufrimiento de
una población […] de la degradación de la salud de sus trabajadores”, añade.
Rosa
Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien ha acompañado la denuncia de las
víctimas en La Oroya, explica a SciDev.Net que
la sentencia de la Corte CIDH obliga al estado peruano a vigilar y
fiscalizar a las empresas mineras para garantizar el derecho al medioambiente sano.
Además, la
decisión añade que el derecho al ambiente sano está
relacionado con el acceso a la información y participación de la ciudadanía.
La
sentencia de la CIDH es aplicable a todos los países que forman parte de
la Organización de los Estados Americanos, por lo cual establece un precedente
de los derechos que puede exigir cualquier
comunidad afectada por un proyecto minero en el
continente, explica Peña.
“Una población que sepa que hay inicios de un proyecto minero tiene derecho a la información. Hay un deber de transparencia activa y es a que el Estado empiece no solamente a exigir la información a la empresa, sino a generar información”, explica la abogada.
Poner
fin a la contaminación a nivel nacional
Tejada cree que,
con la sentencia de la CIDH, ha llegado el
momento de evitar que la contaminación por metales siga
haciendo estragos en la población peruana.
Subraya que
en su estudio está
“la
base prácticamente a nivel nacional de todos aquellos alimentos contaminados que están ubicados por zonas.
Se puede retomar toda esta información”, y
agrega que podría ser un punto de partida para
comenzar a regular dentro de Perú,
complementando los estándares de la OMS
Sin
embargo, para Eloísa Domínguez
Mariani, hidroquímica de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, quien no participó de esa investigación, la interferencia de la industria
minera en el proceso legislativo podría llegar a ser un
reto.
Aunque considera
que los resultados de la investigación de
Purizaca y la sentencia de la CIDH son
prometedores, advierte que en su experiencia, en México
“las
empresas interesadas tienen abogados
contratados 24/7. Están todo el tiempo en el cabildeo,
y entonces lo que ocurre es que las normas no
logran ser tan estrictas”, afirma.
Este
artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net
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