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Hasta ahora que queda del Estado de Bienestar - o se privatiza, se hipoteca, se aplica la política fascista de la austeridad. El aire - el agua que es un derecho humano declarado por las NN.UU -. ya se privatizó y el derecho a respirar - porque también el deporte en general está en poder de las corporaciones. Queda flotando en el aire y se ofrecen explicaciones propias
del entorno europeo o referencias a crisis anteriores, como las
del petróleo o la de 1993. Todas ellas supusieron cambios pero también el
mantenimiento en lo esencial de un modelo en el que el Estado jugaba un papel
importante en la economía y la sociedad. Esos
esquemas, sin embargo, no funcionan en el caso actual porque lo que hay no
es un simple acomodo táctico ante la situación económica. En España se impone un auténtico cambio de modelo con vocación de
permanencia, lo que exige explorar otros casos que permitan entender lo que
realmente se está haciendo en términos estratégicos con la excusa de la crisis.
El que más se acomoda a la situación
española es el del Chile posterior al golpe de Estado de 1973. Un país mal
interpretado desde una España donde equívocamente se han equiparado las
dictaduras de Franco y Pinochet, que solo tuvieron en común el uso de la
represión. Fuera de eso nada hay que las
asemeje porque una y otra establecieron modelos socio económicos
radicalmente divergentes. Frente al estatismo corporativista y paternalista del
franquismo, la dictadura chilena impuso un neoliberalismo radical inspirado en
las doctrinas de Milton Friedman y la
Escuela de Chicago. Un sistema implantado a sangre y fuego que se tradujo
en la capacidad de liderazgo colectivo. El desconocer ese hecho también ha impedido
entender la diferencia entre las transiciones políticas en uno y otro caso.
La paternalista ingenuidad de los analistas españoles o su obsesivo afán por
convertir a España en pretendida referencia latinoamericana les ha llevado a
prescindir del análisis profundo del modelo chileno, el mismo que hoy tiene una
oportunidad histórica de enseñorearse en un país de tamaño considerable y realidades étnicas,
raciales, políticas y sociales muy diferentes a las del laboratorio chileno.
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La crisis española. Crisis estructural. Hoy poli-crisis. aumentó el envejecimiento de la población, la población PIJO - hacia abajo los otrora millonarios y hacia arriba, los emergentes -el desempleo, la desigualdad económico social, nuevas formas de pobreza y miseria y la sociedad en riesgo de crisis total.
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ESPAÑA: EL AGUA
NEGOCIO PRIVADO.
Impelidos por
falta de recursos, los Municipios privatizan los servicios de abastecimiento y
depuración.
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Enric Llopis.
Rebelión jueves 27 de junio
del 2013.
Sanidad, educación,
dependencia…Y abastecimiento y depuración de agua en los municipios. No cesa la
sangría de privatizaciones. En el caso del suministro de recursos hídricos,
debido a unas arcas municipales cada vez más enjutas por la crisis. El
secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de
Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell, ha criticado estos
procesos en un acto organizado por la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública.
No es fácil escuchar en
foros y debates públicos a las empresas privadas que gestionan el suministro de
agua en ciudades y pueblos. Prefieren orientarse directamente al lucro. Optan a
las concesiones que adjudican unos ayuntamientos asfixiados por la crisis y que
deciden enajenar su patrimonio y poner en manos privadas los servicios
públicos, como el abastecimiento y la depuración del agua. “Unos más, otros
menos, todos los partidos políticos han incurrido en estas dinámicas”, puntualiza
Jaime Morell. Por eso es en parte falso el debate público/privado. Habría que
entrar, para resolver esta dicotomía, en el detalle de cómo se desarrolla la
gestión pública: un estudio de la OCU (2011) sobre las tarifas del agua en 50
ciudades españolas concluye que el precio del agua no está directamente
vinculado al carácter del gestor.
En el plano teórico, las
empresas concesionarias (generalmente transnacionales) defienden la titularidad
pública del servicio. Les basta con acceder a una concesión por 20 ó 25 años y,
sobre todo, explica Morell, “que no existan controles por parte de la
Administración, que es lo que ocurre en términos generales”. Las adjudicatarias
pagan un canon al consistorio a cambio de gestionar este servicio. Y en la
práctica, subraya el secretario general de AEOPAS, “terminan repercutiendo
(tarde o temprano) en las tarifas el canon que han abonado a la
Administración”. En otros casos –“los más crueles”, apunta Morell- incluso se
da un modelo mixto público-privado por el cual la parte privada (minoritaria en
el accionariado) se reserva “de facto” el derecho de gestión.
El ingreso del sector
privado en la gestión del agua tiene consecuencias de todo tipo. Las pequeñas y
medianas empresas de una localidad dedicadas a este negociado prácticamente
desaparecen, dado que las multinacionales compran el material a sus filiales y
a los proveedores que eligen en sus concursos. Aunque en un primer momento la
multinacional concesionaria pueda garantizar el empleo, afirma Morell, con el
tiempo se amortizan plazas y se reducen salarios. Siempre hay una buena razón:
la consabida “eficiencia”.
Otro rasgo que subyace al
modelo de gestión privada es la opacidad. Según Jaime Morell, “realizan
balances generales donde se mezclan conceptos y finalmente resulta muy difícil
que la Administración ejerza el control; no existe, de hecho, una fiscalización
real, ni rendición de cuentas; tampoco estándares de calidad ni indicadores de
gestión”. En Francia, explica el secretario general de AEOPAS, se ha caminado hacia
una mejor regulación del servicio público de aguas, después que en 1996 fueran
condenados a penas de prisión el alcalde de Grenoble y el director ejecutivo de
la empresa Lyonnaise Des Eaux (hoy Suez) por el escándalo que acompañó a la
privatización.
Además, un problema del
paradigma privatizador es que en lugar de considerarse al ciudadano con
derechos, se está pensando en un mero cliente. De ahí que, al igual que ocurre
con el suministro eléctrico, se produzcan cortes por impagos. De este modo,
acota Morell, “actúan las empresas privadas, pero también las públicas”.
Asimismo, se dan bastantes casos en que las empresas incumplen los pliegos de
condiciones de la concesión. Pero, una vez que entran a gestionar el servicio,
“es muy difícil hacer frente a estas multinacionales, pues su fuerza es mucho
mayor que la de las administraciones; tampoco los ayuntamientos tienen en
ocasiones voluntad política de fiscalización”.
Pero lo cierto es que las
compañías huelen a cadáver y se abaten sobre la pieza mayor, la gestión del
agua. Por un lado, consistorios con las cuentas en enormes apuros. Por otro, lo
que Morell califica como “precios políticos” del agua. Es decir, el precio de
la tarifa del agua debería, en un modelo ideal, reflejar los costes de
explotación, de amortización e inversiones, entre otros. Pero esto no ocurre,
lo que da lugar a un “lastre en la gestión; y finalmente, a la necesidad de que
alguna gran empresa con capital acuda en socorro de los consistorios”. El
secretario general de AEOPAS aclara que no pide que la iniciativa privada
desaparezca totalmente del modelo; “pero ocurre que está usurpando de modo
creciente espacios de responsabilidad pública”.
Así las cosas, ¿qué
posibilidades les quedan a aquellos que defienden un modelo de participación
pública y transparencia? Jaime Morell se muestra esperanzado: “Nuestro discurso
empieza a pesar en los responsables políticos. Ya no es tan fácil privatizar.
En ocasiones han de realizar el proceso por la puerta trasera”. Se dan algunos
casos en que las grandes empresas se empiezan a replantear el tradicional
modelo de canon concesional. Tiene que ver, en todo ello, el auge de las
“mareas” y luchas ciudadanas contra el proceso privatizador en diferentes
ciudades del estado, como Jerez, Puerto de Santamaría o, en Madrid, contra la
privatización del Canal de Isabel II. En el ámbito de la UE, sindicatos y
organizaciones sociales desarrollan una Iniciativa Ciudadana para, mediante la
recogida de firmas, instar a la Comisión Europea a que presente una propuesta legislativa
que incluya el derecho humano al abastecimiento y saneamiento.
Una de las alternativas que
se plantea al modelo “externalizador” es la agrupación de municipios y el
trabajo en mancomunidad. También por razones de economía de escala, y porque a
las grandes compañías no les sale rentable llegar a los pequeños municipios. La
empresa provincial de agua de la provincia de Huelva (GIAHSA) lleva dos décadas
funcionando como mancomunidad municipal, pero el sistema ha hecho crisis cuando
varios alcaldes han decidido salirse de la entidad con el fin de privatizar el
servicio. Caso diferente es el de Aguas del Huesna, consorcio que se hace cargo
del ciclo integral del agua en una veintena de municipios sevillanos, y que
retornó a la gestión pública tras unos años con destacada participación de las
constructoras, sobre todo ACS.
En el punto de mira, las grandes compañías que se reparten el botín. Las
transnacionales francesas Veolia y Suez (accionista de Aguas de Barcelona y
Aguas de Valencia), Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) –a través de su
filial Aqualia- y Acciona, que ha irrumpido con fuerza en el sector. En
ocasiones se plantea como inevitable la entrada de estas compañías en la
gestión del servicio público del agua, debido a su potente capacidad
tecnológica. Pero lo cierto, apunta Jaime Morell, es que “mediante acuerdos
entre municipios o mancomunando servicios públicos, pueden realizarse en
las inversiones y frenar la privatización.
Una de las grandes claves
reside en que se haga público el estudio económico-financiero de la oferta y
las condiciones del contrato (m3 de distribución, coste del personal,
mantenimiento, porcentaje previsto de fugas, entre otros apartados). Es en ese
documento donde puede comprobarse si realmente la empresa paga al municipio en
proporción a los costes que tiene, a los servicios que ofrece y al volumen de
negocio que va a manejar. Además, apunta el secretario general de AEOPAS, “si
uno tiene en mano el expediente administrativo verá que a las empresas no les
salen las cuentas nunca; por eso es tan importante disponer del documento, para
constatar que cumplen con aquello a lo que se han comprometido”. De lo
contrario, habría que reclamar por incumplimiento de contrato. Aunque, matiza
Jaime Morell, “muchas veces la complicidades se encuentran dentro de los
ayuntamientos”.
Como en tantos otros bienes
de primera necesidad, por un lado cabalgan las grandes proclamas y, por otro,
la severa realidad. En julio de 2010 Naciones Unidos aprobó una resolución que
reconocía el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Recursos hídricos
suficientes, salubres y asequibles para la población, pero también el acceso a
la información por parte de los ciudadanos (por ejemplo, para saber qué
porcentaje del agua finalmente se depura; o si se aplica el principio de
recuperación de costes). Los estados han de incluir en su ordenamiento jurídico
y sus constituciones los principios consagrados por Naciones Unidas. Pero muy pocos
países lo han hecho. Tampoco el estado español.
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