“El giro del centro-izquierda al
centro-derecha. El desplazamiento
político hacia la extrema derecha se ha extendido como una onda, y los
gobiernos nominales de centro-izquierda se han desplazado hacia el
centro-derecha. El ejemplo más claro lo ofrece el Uruguay gobernado por
el Frente Amplio de Tabare Vázquez, y Ecuador, con la reciente elección
de Lenin Moreno de Alianza País. En ambos casos el terreno ya había sido
preparado al reconciliarse estos partidos con los oligarcas de los partidos
tradicionales derechistas. Los anteriores gobiernos de centro-izquierda de Rafael
Correa, en Ecuador, y José Mújica en Uruguay consiguieron fomentar la
inversión pública y las reformas sociales, usando
una retórica izquierdista y capitalizando el aumento global de precios y la
alta demanda de las exportaciones agrominerales para financiar sus
reformas. Con la caída de los precios mundiales y la exposición pública de los
casos de corrupción, los recién elegidos
partidos de centro-izquierda nominaron a candidatos de centro-derecha que
convirtieron las campañas anticorrupción en vehículos para la adopción de
políticas económicas neoliberales".
"Los nuevos presidentes de centro-derecha marginaron a los sectores
más izquierdistas de sus respectivos partidos. En el caso de Ecuador, el partido se fraccionó y el nuevo
presidente aprovechó para cambiar sus alianzas internacionales apartándose
de la izquierda (Bolivia y Venezuela)
y acercándose a Estados Unidos y la
extrema derecha, al tiempo que abandonaba el legado de su predecesor en
cuanto a programas sociales populares. Con
la caída de precios de los productos de exportación, los regímenes de
centro-derecha ofrecieron generosos subsidios a los inversores extranjeros
en agricultura y silvicultura en Uruguay y a los propietarios de minas y
exportadores en Ecuador. Los recién
convertidos regímenes de centro-derecha se acercaron a sus homónimos ya
asentados en Chile y se unieron al
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), con las naciones
asiáticas, Estados Unidos y la Unión Europea. El centro-derecha ha intentado manipular la
retórica social de los anteriores gobiernos de centro-izquierda con el fin de
retener al electorado popular al tiempo que se aseguraba el apoyo de las élites
empresariales”.
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AMÉRICA LATINA: EL PÉNDULO SE DESPLAZA A LA DERECHA.
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James Petras.
Rebelión sábado 23 de diciembre del 2018.
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo.
INTRODUCCIÓN.-
Es evidente que en América Latina el péndulo se ha
desplazado a la derecha en los últimos años. De esta observación surgen
numerosas preguntas. ¿De qué tipo de derecha estamos hablando? ¿Por qué
prospera? ¿Son sostenibles los regímenes derechistas? ¿Quiénes son sus aliados
y sus adversarios internacionales? Una vez en el poder, ¿qué tal les ha ido y
cuáles son los criterios por los que se mide su éxito o su fracaso?
Aunque la izquierda está en retroceso, retiene el
poder en algunos estados. Surgen preguntas como: ¿Cuáles son las
características de la izquierda actual? ¿Por qué algunos regímenes se mantienen
mientras otros están en decadencia o han sido derrotados? ¿Podrá la izquierda
recuperar su influencia? ¿Qué condiciones hacen falta para ello? ¿Qué programa
deben llevar para atraer al electorado?
Empezaremos examinando el carácter y las políticas
de la derecha y de la izquierda y hacia dónde se dirigen, para concluir
analizando las dinámicas de sus programas, alianzas y perspectivas futuras.
La derecha radical: el rostro del poder.
La pretensión de los regímenes de derechas es poner
en marcha cambios estructurales: quieren reordenar la naturaleza del Estado,
las relaciones sociales y económicas, la política exterior y las alianzas
económicas. Regímenes de derecha radical gobiernan en Brasil, Argentina,
México, Colombia, Perú, Paraguay, Guatemala, Honduras y Chile.
Los regímenes de extrema derecha han acometido
cambios bruscos algunos países, mientras en otros los van incorporando
gradualmente. Las transformaciones sufridas por Brasil y Argentina son ejemplos
de cambios extremadamente regresivos destinados a invertir la distribución de
la renta, las relaciones de propiedad, las alianzas internacionales y las
estrategias militares. El objetivo es redistribuir los
ingresos de manera ascendente, volver a concentrar la riqueza y la propiedad en
el extremo superior de la pirámide social y en elementos externos al
país, y plegarse a la doctrina imperial. Estos regímenes están dirigidos por
gobernantes que hablan abiertamente en favor de los inversores nacionales y
extranjeros más poderosos y son generosos en la adjudicación de subsidios y
recursos públicos: practican una especie de “populismo para plutócratas”.
La llegada al poder y la consolidación de regímenes
de extrema derecha en Argentina y Brasil se ha basado en varias intervenciones
decisivas, que combinan elecciones y violencia, ´purgas e incorporaciones,
propaganda en los medios de comunicación de masas y profunda corrupción.
Mauricio Macri contó con el apoyo de los
principales medios convencionales, encabezados por el grupo del diario Clarín,
así como por la prensa internacional financiera (Financial Times, Wall
Street Journal). Los especuladores de Wall Street y el aparato político de
Washington en el extranjero subsidiaron su campaña electoral.
Macri, su familia, sus amigotes y sus cómplices
financieros transfirieron recursos públicos a cuentas privadas. Los popes
políticos de provincias y sus actividades clientelares se unieron a los
sectores adinerados de Buenos Aires para asegurar el voto en la capital. Una
vez elegido, el régimen de Macri transfirió 5.000 millones de dólares al
conocido especulador de Wall Street, Paul Singer firmando un crédito
multimillonario, con altos tipos de interés; multiplicó por seis el impuesto a
algunos servicios; privatizó el petróleo, el gas y terrenos públicos; y
despidió a decenas de miles de funcionarios.
Macri organizó una purga política y la detención de
dirigentes de la oposición, incluyendo a la antigua presidenta Cristina
Fernández Kirchner. Varios activistas de provincias fueron encarcelados o
incluso asesinados.
Macri ejemplifica la figura del triunfador desde la
perspectiva de Wall Street, Washington y la élite empresarial porteña. Los
salarios de los trabajadores argentinos se han reducido. Las compañías de
servicios se han asegurado los mayores beneficios de la historia. Los banqueros
duplicaron el índice de beneficios. Los importadores se han convertido en
millonarios. Los ingresos de la agroindustria se dispararon al reducirse sus
impuestos. Pero para las pequeñas y medianas empresas argentinas, el régimen de
Macri ha sido un auténtico desastre. Miles de ellas han quebrado a causa del
elevado coste de algunos servicios y la feroz competencia de las importaciones baratas
chinas. Además de la caída de los salarios, el desempleo y el subempleo se han
duplicado y el índice de pobreza extrema se ha triplicado.
La economía lucha por mantenerse a flote. La
financiación de la deuda no ha conseguido promover el crecimiento, la
productividad, la innovación y las exportaciones. La inversión extranjera se ha
visto favorecida, ha conseguido pingües beneficios y saca fuera del país sus
ganancias. La promesa de prosperidad apenas ha beneficiado a un cuarto de la
población. Para debilitar el descontento público fruto de estas medidas, el
régimen ha acallado las voces de los medios independientes, ha dado rienda
suelta a las pandillas de matones que actúan contra los críticos y ha cooptado
a los jefes sindicales maleables para que rompieran las huelgas.
Las protestas públicas y las huelgas se han
multiplicado, pero el gobierno ha hecho oídos sordos y multiplicado la
represión. Los líderes populares y los activistas han sido estigmatizados por
los gacetilleros financiados por el gobierno.
A menos que se produzca un gran levantamiento
social o un colapso económico, Macri se aprovechará de la fragmentación de la
oposición para asegurar la reelección que le permita seguir actuando como un
gánster de Wall Street. Macri está dispuesto a firmar nuevas bases militares y
acuerdos de libre comercio con EE.UU. así como a incrementar la colaboración
con la siniestra policía secreta de Israel, el Mossad.
Brasil ha puesto en práctica las mismas políticas
derechistas de Macri. Tras alzarse con el poder mediante una operación de
destitución falsaria, el gran estafador Michel Temer procedió acto seguido a
desmantelar la totalidad del sector público, congelar los salarios por veinte
años y ampliar la edad de jubilación de cinco a diez años. Temer estuvo a la
cabeza de un millar de cargos electos corruptos en el saqueo multimillonario de
la compañía estatal de petróleo y múltiples grandes proyectos de
infraestructuras.
Golpe, corrupción y desacato quedaron ocultos por
un sistema que garantiza la impunidad de los congresistas hasta que algunos
fiscales independientes investigaron, acusaron y metieron en prisión a varias
docenas de políticos, pero sin llegar a Temer. A pesar de contar con el 95 por
ciento de desaprobación popular, el presidente Temer se mantiene en el cargo
con el respaldo absoluto de Wall Street, el Pentágono y los banqueros de Sao
Paulo.
Por otra parte, en México, el narcoestado asesino,
continúan alternándose en el poder los dos partidos ladrones, el PRI y el PAN.
Miles de millones de dólares obtenidos de manera ilícita por banqueros y
mineras canadienses y estadounidenses continúan viajando a paraísos fiscales
para su conveniente lavado. Los fabricantes mexicanos e internacionales han
amasado inmensos beneficios que exportan a cuentas en el extranjero y paraísos
fiscales . El país superó su triste record de evasión de impuestos al tiempo
que ampliaba sus “zonas de libre comercio”, sinónimo de salarios bajos e
impuestos reducidos a las empresas. Millones de mexicanos han cruzado la
frontera para huir del capitalismo gansteril depredador. El flujo de cientos de
millones de dólares de beneficios propiedad de multinacionales canadienses y
estadounidenses son el resultado del “intercambio desigual” de capital
estadounidense y mano de obra mexicana, que se mantiene en vigor gracias al
fraudulento sistema electoral mexicano.
Al menos en dos ocasiones bien documentadas, las
elecciones presidenciales de 1988 y 2006, los candidatos de izquierda Cuahtemoc
Cárdenas y Manuel López Obrador ganaron con suficiente margen a sus
contrincantes, para ver como posteriormente les robaba su triunfo un conteo
fraudulento de los votos.
En Perú, los regímenes extractivistas de derechas
han alternado entre la dictadura sangrienta de Fujimori y regímenes electorales
corruptos. Lo que se mantiene sin cambios en la política peruana es la entrega
de los recursos minerales del país al capital extranjero, la persistente
corrupción y la explotación brutal de los recursos naturales por parte de
corporaciones mineras de EE.UU. y Canadá, en regiones habitadas por comunidades
indígenas.
La extrema derecha expulsó del poder a los
gobiernos electos de centro izquierda de Fernando Lugo, en Paraguay (2008-2012)
y Manuel Celaya en Honduras (2006-2009), con el apoyo activo y la aprobación del
Departamento de Estado de EE.UU. Sus narcopresidentes ejercen ahora el poder
mediante la represión contra los movimientos populares y el asesinato de
decenas de campesinos y activistas urbanos. Este año, una elección burdamente
amañada en Honduras ha asegurado la continuidad del régimen corrupto y las
bases militares estadounidenses.
La difusión de la extrema derecha desde
Centroamérica y México hasta el Cono Sur está preparando el terreno para la
reimplantación de alianzas militares con Estados Unidos y acuerdos comerciales
regionales.
El ascenso de la extrema derecha garantiza las
privatizaciones más lucrativas y los mayores beneficios para los créditos
otorgados por bancos extranjeros. La extrema derecha está preparada para
aplastar el descontento popular y los desafíos electorales con violencia. Como
mucho, permite que unas pocas élites con pretensiones nacionalistas se vayan
alternando en el poder para ofrecer una fachada de democracia electoral.
El giro del centro-izquierda al
centro-derecha.
El desplazamiento político hacia la extrema derecha
se ha extendido como una onda, y los gobiernos nominales de centro-izquierda se
han desplazado hacia el centro-derecha.
El ejemplo más claro lo ofrece el Uruguay gobernado
por el Frente Amplio de Tabare Vázquez, y Ecuador, con la reciente elección de
Lenin Moreno de Alianza País. En ambos casos el terreno ya había sido preparado
al reconciliarse estos partidos con los oligarcas de los partidos tradicionales
derechistas. Los anteriores gobiernos de centro-izquierda de Rafael Correa, en
Ecuador, y José Mújica en Uruguay consiguieron fomentar la inversión pública y
las reformas sociales, usando una retórica izquierdista y capitalizando el
aumento global de precios y la alta demanda de las exportaciones agrominerales para
financiar sus reformas. Con la caída de los precios mundiales y la exposición
pública de los casos de corrupción, los recién elegidos partidos de
centro-izquierda nominaron a candidatos de centro-derecha que convirtieron las
campañas anticorrupción en vehículos para la adopción de políticas económicas
neoliberales.
Los nuevos presidentes de centro-derecha marginaron
a los sectores más izquierdistas de sus respectivos partidos. En el caso de
Ecuador, el partido se fraccionó y el nuevo presidente aprovechó para cambiar
sus alianzas internacionales apartándose de la izquierda (Bolivia y Venezuela)
y acercándose a Estados Unidos y la extrema derecha, al tiempo que abandonaba
el legado de su predecesor en cuanto a programas sociales populares.
Con la caída de precios de los productos de
exportación, los regímenes de centro-derecha ofrecieron generosos subsidios a
los inversores extranjeros en agricultura y silvicultura en Uruguay y a los
propietarios de minas y exportadores en Ecuador.
Los recién convertidos regímenes de centro-derecha
se acercaron a sus homónimos ya asentados en Chile y se unieron al Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), con las naciones asiáticas,
Estados Unidos y la Unión Europea.
El centro-derecha ha intentado manipular la retórica
social de los anteriores gobiernos de centro-izquierda con el fin de retener al
electorado popular al tiempo que se aseguraba el apoyo de las élites
empresariales.
La Izquierda se desplaza hacia el
centro-izquierda.
El gobierno de Evo Morales en Bolivia ha demostrado
una capacidad excepcional para mantener el crecimiento, asegurarse la
reelección y neutralizar a la oposición combinando una política exterior de
izquierda radical con una economía mixta público-privada de carácter moderado.
A pesar de que Bolivia condena el imperialismo estadounidense, las principales
multinacionales del petróleo, el gas, los metales y el litio han realizado
fuertes inversiones en el país. Evo Morales ha moderado su postura ideológica pasando
del socialismo revolucionario a una versión local de democracia liberal.
Al adoptar la economía mixta, Evo Morales ha
conseguido neutralizar cualquier hostilidad abierta de Estados Unidos y los
nuevos gobiernos de extrema derecha de la región.
Manteniendo su independencia política, Bolivia ha
integrado sus exportaciones con los regímenes neoliberales de la región. Los
programas económicos moderados de su presidente, la diversificación de las
exportaciones minerales, la responsabilidad fiscal, las graduales reformas
sociales y el apoyo de los movimientos sociales bien organizados han permitido
la estabilidad política y la continuidad social, a pesar de la volatilidad de
los precios de las materias primas.
Los gobiernos de izquierda de Venezuela, con Hugo
Chávez y Nicolás Maduro han llevado un curso divergente con duras
consecuencias. Totalmente dependiente de los precios internacionales del
petróleo, Venezuela procedió a financiar generosos programas asistenciales en
el ámbito interno y en el exterior. Bajo el liderazgo del presidente Chávez,
Venezuela adoptó una consecuente política antiimperialista y se opuso al
acuerdo de libre comercio promovido por EE.UU. (ALCA) con una alternativa
antiimperialista, la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).
Los programas sociales progresistas y las ayudas
económicas a los aliados extranjeros, sin dedicar recursos a diversificar la
economía y los mercados ni incrementar la producción, estaban basados en los
ingresos elevados constantes procedentes de un único y volátil producto de
exportación: el petróleo.
A diferencia de la Bolivia de Evo Morales, que
edificó su poder con el respaldo de una base popular organizada, disciplinada y
con conciencia de clase, Venezuela contaba con una alianza electoral amorfa
compuesta por habitantes de los suburbios humildes, tránsfugas de los partidos
tradicionales corruptos (de todo el espectro) y oportunistas en busca de un
puesto y beneficios. La educación política se reducía a consignas para corear,
vítores al presidente y la distribución de bienes de consumo.
Los tecnócratas y políticos venezolanos afines al
régimen ocupaban posiciones muy lucrativas, sobre todo en el sector petrolero,
y no tenían que rendir cuentas ante consejos de trabajadores o auditorías
públicas competentes. La corrupción era generalizada y se robaron miles de
millones de dólares procedentes de la riqueza petrolera. Este saqueo era
tolerado por el flujo constante de petrodólares motivado por los elevados
precios históricos y el auge de la demanda. Todo ello condujo a un extraño
escenario en el que el gobierno hablaba de socialismo y financiaba enormes
programas sociales mientras los principales bancos, la distribución de
alimentos, la importación y el transporte eran controlados por oligarcas
hostiles al régimen que se embolsaban enormes beneficios mientras fabricaban la
escasez de artículos y promovían la inflación. A pesar de todos estos
problemas, los votantes venezolanos avalaron al gobierno en una serie de
victorias electorales, sin prestar atención a los agentes de EE.UU. y los
políticos de la oligarquía. Esta dinámica de triunfos llevó al régimen a pensar
que el modelo socialista bolivariano era irrevocable.
La precipitada caída de los precios del petróleo,
de la demanda global y de los beneficios procedentes de las exportaciones llevó
a un retroceso de las importaciones y del consumo. A diferencia de Bolivia, las
reservas de divisas menguaron, el saqueo rampante de miles de millones fue
finalmente sacado a la luz y la oposición derechista apoyada por EE.UU.
recurrió a la “acción directa” violenta y al sabotaje, al tiempo que acaparaba
alimentos, bienes esenciales de consumo y medicamentos. La escasez dio paso a
un mercado negro generalizado. La corrupción del sector público y el control
que ejerce la oposición hostil de la banca privada, el sector minorista y el
industrial, con el respaldo de Estados Unidos, paralizó la economía. La
economía entró en caída libre y el apoyo electoral se ha debilitado. A pesar de
los graves problemas del régimen, la mayoría de votantes de renta baja
comprendió que sus probabilidades de sobrevivir bajo la oposición oligárquica
apoyada por EE.UU. serían todavía peores y la asediada izquierda ha continuado
ganando las elecciones regionales y municipales celebradas durante 2017.
La vulnerabilidad económica de Venezuela y el
índice de crecimiento negativo han provocado un aumento de la deuda pública. La
animadversión de los regímenes de extrema derecha de la región y las sanciones
económicas dictadas por Washington han acentuado la escasez de alimentos y el
desempleo.
Bolivia, por el contrario, consiguió derrotar los
intentos de golpe de Estado promovidos por las élites locales y EE.UU. entre
2008 y 2010. La oligarquía regional de Santa Cruz tuvo que decidir entre
compartir sus beneficios y la estabilidad social sellando pactos sociales (con
trabajadores y campesinos, la capital y el Estado) con el gobierno de Morales o
hacer frente a una alianza del gobierno y el movimiento sindical dispuesto a
expropiar sus posesiones. Las élites optaron por la colaboración económica
manteniendo una discreta oposición electoral.
CONCLUSIÓN.
La izquierda ha perdido casi todo el poder estatal.
Es probable que la oposición a la extrema derecha vaya en aumento dado el
ataque grave e inflexible que están sufriendo los ingresos y las pensiones; el
aumento del coste de la vida; las graves reducciones en los programas sociales
y los ataques al empleo en el sector público y el privado. La extrema derecha
tiene varias opciones y ninguna de ellas ofrece concesiones a la izquierda. Han
elegido reforzar las medidas policiales (la “solución Macri”); intentan
fragmentar a la oposición negociando con líderes sindicales y políticos
oportunistas; y sustituyen a los gobernantes caídos en desgracia con nuevas
caras que continúen sus mismas políticas (la solución brasileña).
Los antiguos partidos, movimientos y dirigentes
revolucionarios de izquierda han evolucionado hacia la política electoral, las
protestas y la acción sindical. Por el momento, no representan una alternativa
política a nivel nacional.
El centro-izquierda, especialmente en Brasil y
Ecuador, está en una posición fuerte y cuenta con líderes dinámicos (Lula Da
Silva y Correa) pero tiene que enfrentarse a acusaciones falsas promovidas por
fiscales derechistas que pretenden excluirlos de la contienda electoral. A
menos que los reformistas de centro-izquierda tomen parte en acciones de masas
prolongadas y a gran escala, la extrema derecha conseguirá debilitar su
recuperación política.
El Estado imperial de EE.UU. ha recuperado
temporalmente regímenes títere, aliados militares y recursos y mercados
económicos. China y la Unión Europea se aprovechan de las óptimas condiciones
económicas que les ofrecen los regímenes de extrema derecha. El programa
militar estadounidense ha conseguido neutralizar la oposición radical en
Colombia y el régimen de Trump ha impuesto nuevas sanciones a Cuba y Venezuela.
Pero la celebración triunfalista del régimen de
Trump es prematura: no ha logrado ninguna victoria estratégica decisiva, a pesar
de los progresos a corto plazo conseguidos en México, Brasil y Argentina. No
obstante, las grandes fugas de beneficios, transferencias de propiedades a
inversores extranjeros, tasas fiscales favorables, bajos aranceles y las
políticas de comercio todavía no han generado nuevas infraestructuras
productivas, crecimiento sostenible ni han asegurado las bases económicas. La
maximización de los beneficios y el descuido de las inversiones en
productividad e innovación para promover la demanda y los mercados internos han
provocado la bancarrota de miles de pequeños y medianos locales comerciales e
industrias. Esto se ha traducido en un aumento del desempleo crónico y del
empleo de mala calidad. La marginación y la polarización social están creciendo
a falta de liderazgo político. Esas condiciones provocaron levantamientos
“espontáneos” en Argentina en 2001, en Ecuador en 2000 y en Bolivia en 2005.
Puede que la extrema derecha en el poder no
provoque una rebelión de la extrema izquierda, pero sus políticas seguramente
socavarán la estabilidad y la continuidad de los regímenes actuales. Como
mínimo, pueden hacer surgir cierta versión del centro-izquierda que restaure
los regímenes de bienestar y empleo actualmente hechos pedazos.
Mientras tanto, la extrema derecha seguirá
presionando con su plan perverso que combina un profundo retroceso del
bienestar social, la degradación de la soberanía nacional y el estancamiento
económico con una formidable maximización de beneficios.
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