Interesante Artículo,
escrito en Francia por Joao Whitaker, en los días que el Poder Judicial sentenciaba la cárcel para el ex presidente Lula. Lo interesante está
en ver cómo funcionan los poderes internos y la trama existente entre ellos. Como el Juez Moro - el héroe para la
derecha cavernaria y represiva brasileña - como tejió todo un tinglado de
acusaciones sin fundamento - con su señora militante en un partido de
oposición, en una Ciudad como Curitiba,
no favorable al ex presidente, como se dio el comportamiento de los Medios - las corporaciones y cómo defendían, como Palacio y el corrupto Temer se
pronunció y cómo funcionaban los poderes
desde Diputados y Senadores - hoy sus dirigentes presos, SÍ presos por corrupción. Pero es
necesario también ampliar nuestra mirada política que el ASESINATO de la DEMOCRACIA en BRASIL, comenzó desde el momento que se inició el golpe de estado contra la Presidenta Dilma - a quién las fuerzas políticas corruptas y las mafias metidas en el Congreso,
lograron armar toda una trama de denuncias - inexistentes, sin fundamento - y
con el poderoso apoyo de los Medios y
sobretodo como el Poderosos Sistema Judicial entró a esta trama de "liquidar"
a un hombre, a un político, a un ex sindicalista que como Presidente en nombre
del Partido de los Trabajadores, como LULA, realizó
desde la Presidencia, grandes Cambios
Sociales - se
olvidó de lo Político - sobre todo en
relación con los 40 millones de FAMILIAS
que salieron de la pobreza y su programa exitoso “Bolsa Familia”. Realidad
que no le "encanta y menos le gusta a la vieja derecha cavernaria, que
sólo piensa igual - que los militares,
con su pronunciamiento inoportuno, ilegal, anti-político y pro-golpista - en
mantener el status vigente - de ser hoy una economía en crisis, salir del grupo de las Economía Emergentes
- los BRICS- también contribuyó a construir un falso escenario propicio
para la sentencia ilegal del ex presidente Lula. Podrán encarcelarlo, podrán tomarlo preso, pero NO podrán Matarlo, sus
IDEAS, su Mensaje - como obrero, sindicalista y demócrata de izquierda, permanecerá en la conciencia y en el corazón de
millones de pobres y olvidados en el mundo. Hoy, ante la injusticia, fuerza presidente LULA ante la adversidad,
llegarán mejores tiempos donde el propio
PUEBLO, irá con el corazón en la mano a recibirlo en LIBERTAD,
porque NUNCA PODRAN MATARLO. Permanecerá como ejemplo de trabajo, honradez y entrega
al servicio de los POBRES en lo más alto del pedestal de la HISTORIA.
/////
BRASIL: LA DEMOCRACIA
ASESINADA.
"La pandilla Judicial, Medios,
Militares", todos a una con "MORO", envían a la cárcel a LULA.
*****
Joao Whitaker
Plateforme Aletermondialiste.
Rebelión miércoles 25 de abril del 2018.
Traducido del francés para Rebelión por Alfredo Iglesias
Diéguez y Beatriz Morales Bastos.
El encarcelamiento de Lula, decretado el 5 de
abril, marca la culminación de un golpe de Estado minuciosamente preparado y
puesto en marcha desde 2014. La versión que ofrecen los principales medios de
comunicación en Europa no es más que el eco de lo que difunden los cinco
grandes grupos de comunicación brasileños, en manos de cinco grandes familias,
igualmente implicadas en el golpe. Lo que sigue es una cronología explicativa
de los hechos.
Acto 1: derrocar un gobierno legítimamente elegido.
(1) Al principio
la estrategia era destituir a un gobierno legítimamente elegido. Aécio Neves, el candidato del PSDB
(derecha) a la presidencia derrotado por Dilma
Rousseff en las elecciones presidenciales en diciembre de 2014 (ahora caído
en desgracia debido a las múltiples acusaciones de corrupción), marcó la que
sería la estrategia golpista desde el mes de julio 2015. Aunque no se haya
acusado de corrupción a la presidenta Dilma,
Neves declara: "No hemos perdido
las elecciones ante un partido político, las hemos perdido ante una
organización criminal". Y concluye: "Al final del mandato de
Dilma, que no sé cuándo será aunque probablemente antes de lo que algunos
se imaginan, los brasileños serán más pobres". Este clima de
confrontación se desarrolló desde el primer día del mandato de la presidenta ya
que la Cámara de Diputados, donde no tenía la mayoría, evitó en todo momento
que la presidenta pudiese gobernar bloqueando cualquier nuevo proyecto enviado
al Parlamento.
(2) Eduardo
Cunha, vicepresidente de Congreso y político acuciado por numerosos cargos de
corrupción (en prisión desde hace dos años), se declara enemigo mortal de la
presidenta, que se niega a entrar en sus tramas corruptas. Declara públicamente
que la hará caer. Excelente oportunidad para los barones de la política y la
economía brasileña, asociados a los principales medios de comunicación, a Aécio Neves y a su PSDB; hay que
crear la oportuna inestabilidad política. La sentencia por corrupción de Cunha, que le llevará a prisión, se
pospone hasta después del proceso de destitución de la presidenta, cuando Cunha ya no será útil.
Sin éxito en la búsqueda de acusaciones de corrupción contra Dilma que, por el contrario, deja de recibir a diputados en su gabinete debido a sus prácticas clientelares, el Congreso declara ilegal una operación de contabilidad fiscal que practicaban los 26 estados brasileños (aparte de muchos ayuntamientos) y que consiste en adelantar, en noviembre-diciembre, los fondos del presupuesto del año siguiente para no interrumpir los pagos de proyectos sociales como la "Bolsa Familia" destinados a los brasileños más pobres. Pero no sólo se limitan a declarar ilegal lo que en el peor de los casos solo es una falta administrativa, sino que lo elevan a la categoría de "delito de responsabilidad", el único delito que puede desencadenar una demanda de proceso de destitución por parte del Congreso.
La gran prensa convierte esta infracción en una figura de publicidad política dándole un nombre más asimilable por la población: las "pedaladas fiscales". A partir de ese momento cualquier taxista en Brasil puede hablar durante horas sobre lo grave que es este delito y en qué medida es equiparable a la corrupción.
Sin éxito en la búsqueda de acusaciones de corrupción contra Dilma que, por el contrario, deja de recibir a diputados en su gabinete debido a sus prácticas clientelares, el Congreso declara ilegal una operación de contabilidad fiscal que practicaban los 26 estados brasileños (aparte de muchos ayuntamientos) y que consiste en adelantar, en noviembre-diciembre, los fondos del presupuesto del año siguiente para no interrumpir los pagos de proyectos sociales como la "Bolsa Familia" destinados a los brasileños más pobres. Pero no sólo se limitan a declarar ilegal lo que en el peor de los casos solo es una falta administrativa, sino que lo elevan a la categoría de "delito de responsabilidad", el único delito que puede desencadenar una demanda de proceso de destitución por parte del Congreso.
La gran prensa convierte esta infracción en una figura de publicidad política dándole un nombre más asimilable por la población: las "pedaladas fiscales". A partir de ese momento cualquier taxista en Brasil puede hablar durante horas sobre lo grave que es este delito y en qué medida es equiparable a la corrupción.
Después de una serie de maniobras ilegales
realizadas con el apoyo del poder judicial (como las inconstitucionales
escuchas telefónicas realizadas en la residencia de la presidenta o la
prohibición de nombrar ministro a Lula
para ayudar a manejar la crisis, aduciendo que estaba siendo juzgado, aunque no
hay nada que impida que sea ministro), el Congreso votó la destitución de la
presidenta. Los senadores fueron "comprados"
públicamente por el vicepresidente (y futuro presidente) con cargos importantes
para sus aliados en el nuevo gobierno.
También es importante saber que Lula y Dilma, lo mismo que Cardoso, su predecesor del PSDB,
tuvieron como vicepresidentes a personas del partido más corrupto de Brasil, el PMDB, cuya táctica es evitar
el alejamiento del poder, para lo que llegan a acuerdos con cualquier partido
con tal de conseguir la vicepresidencia. Como tienen muchos diputados, su apoyo
es necesario para cualquiera que quiera tener una mayoría en el Parlamento. Pero Dilma fue traicionada por el que hoy
es el presidente-usurpador, Michel Temer, involucrado en docenas de casos
de corrupción.
Mostrando hasta qué punto todo esto es una farsa el Congreso depuso a Dilma pero dejándole como "premio de consolación" sus derechos políticos, lo que es una aberración constitucional ya que el proceso de destitución implica la pérdida de derechos políticos durante ocho años. En ese momento la Constitución brasileña no tiene ningún valor. En su primera demostración de servidumbre a los poderes gobernantes la Corte Suprema preside esta saga de inconstitucionalidad dándole apariencia de legalidad.
Miles de personas vestidas con la camiseta amarilla de la "selección" salieron a la calle para exigir la caída de Dilma. Fueron convocadas por campañas masivas de la prensa, de los grandes almacenes y de los bancos, que financian campañas multimillonarias en los medios: "Sal tú también a la calle", "El gigante Brasil se despierta", etc. La prensa reprodujo las fotos, que dieron la vuelta al mundo.
Mostrando hasta qué punto todo esto es una farsa el Congreso depuso a Dilma pero dejándole como "premio de consolación" sus derechos políticos, lo que es una aberración constitucional ya que el proceso de destitución implica la pérdida de derechos políticos durante ocho años. En ese momento la Constitución brasileña no tiene ningún valor. En su primera demostración de servidumbre a los poderes gobernantes la Corte Suprema preside esta saga de inconstitucionalidad dándole apariencia de legalidad.
Miles de personas vestidas con la camiseta amarilla de la "selección" salieron a la calle para exigir la caída de Dilma. Fueron convocadas por campañas masivas de la prensa, de los grandes almacenes y de los bancos, que financian campañas multimillonarias en los medios: "Sal tú también a la calle", "El gigante Brasil se despierta", etc. La prensa reprodujo las fotos, que dieron la vuelta al mundo.
Lo que la prensa no mostró sistemáticamente y el
mundo probablemente no ha visto es que por cada manifestación de ese tipo hubo
otra tres veces mayor de cientos de miles de seguidores de Dilma y de Lula en las calles. La forma como los medios nos privan
de esas fotos merece tesis de periodismo. Afortunadamente, las redes sociales
muestran la fuerza de las manifestaciones a favor de Lula y Dilma.
Eduardo
Cunha, que se había vuelto inútil, sufrió un juicio "ejemplar" y fue
enviado a prisión. Varios escándalos revelados por la prensa demuestran que
probablemente recibió unos pagos excesivos para mantener su silencio.
Pero la
clase media brasileña, la que
precisamente más se ha beneficiado del crecimiento económico bajo Lula, demuestra sus prejuicios respecto
a los más pobres. Un presidente obrero y
sin estudios universitarios no puede ser nada bueno. Únicamente puede estar
ahí para robar. La presidenta que
puso en su lugar no puede ser otra cosa que una ladrona y una incompetente. A
fin de cuentas, es una mujer y además la apadrinó un analfabeto. Ese discurso
mezquino gana fuerza gracias a una importante financiación en los medios de
comunicación. A pesar de toda su popularidad entre los pobres (que por primera
vez, gracias a las políticas vigentes, están empezando a tener acceso a las
universidades) y los sectores intelectuales, Lula pierde el apoyo de las clases medias y Brasil se divide.
Al mismo tiempo, frente a la popularidad de Lula y Dilma, la derecha y el PSDB
abren la puerta a la extrema derecha como último recurso en las elecciones
presidenciales de 2010 (cuando Lula
logró que se eligiese a Dilma por
primera vez). José Serra, el
entonces candidato, invita a los sectores de extrema derecha a participar
activamente en su campaña. Sin éxito. Pero el daño está hecho. Cada vez de
forma más visible y sin trabas por parte de la justicia, que en Brasil ya no
existe como tal, el discurso del odio, el racismo y los prejuicios contra los
pobres y las mujeres cada vez se desata más y está más generalizado. De hecho
sirve para desmoralizar todas las políticas de Lula y Dilma respecto a los más pobres y las minorías.
(3) Apenas seis meses después de la caída de Dilma el Congreso (Parlamento) vuelve a votar la legalidad de las “pedaladas fiscales”. Todo vuelve a su sitio. El nuevo presidente Temer anticipa fondos en diciembre de 2016 a cuenta del presupuesto de 2017, que son dos veces más grandes que los que adelantó Dilma. Ahora es legal.
(3) Apenas seis meses después de la caída de Dilma el Congreso (Parlamento) vuelve a votar la legalidad de las “pedaladas fiscales”. Todo vuelve a su sitio. El nuevo presidente Temer anticipa fondos en diciembre de 2016 a cuenta del presupuesto de 2017, que son dos veces más grandes que los que adelantó Dilma. Ahora es legal.
Desde entonces se suceden una serie de escándalos:
los asesores más próximos al presidente Temer
son sorprendidos con maletas repletas de dinero, una escucha (autorizada) de la
policía federal descubre los tejemanejes del presidente para silenciar los
testimonios que le podrían implicar en casos de corrupción. El candidato que había perdido ante Dilma,
Aécio Neves, cae en desgracia política, pero no se le amenaza con la
prisión. El helicóptero de un senador de la derecha es detenido mientras
transportaba 500 kg de cocaína. Al
senador no se le molestó. Otro senador dijo, bajo escucha policial: "Tenemos que acabar con esta
hemorragia, tenemos que poner fin a esta operación", refiriéndose a
las operaciones anticorrupción.
En una serie de televisión producida por Netflix
cuyo tema son las operaciones contra la corrupción en Brasil (dirigida por el polémico director de la serie Narcos),
exactamente la misma frase la pronuncia no un senador corrupto del nuevo
gobierno, sino un ex presidente de barba blanca, que recuerda en todo a Lula. Cualquier medio es válido para
hacer de Lula el bandido número uno
de la corrupción en Brasil.
Al mismo
tiempo Temer pone en marcha un proceso de destrucción sistemática de las
conquistas sociales del gobierno de Lula: fin de las leyes que
regulan el trabajo, revisión a la baja de las pensiones, reducción de las
tierras indígenas, final del programa de vivienda y así sucesivamente.
Acto 2: Destruir al Partido de los Trabajadores (PT) y su líder, Lula
El problema es que con todo esto Lula, que presidió el país en el momento de mayor crecimiento económico de su historia, líder popular indiscutible, se catapulta al primer lugar en todas las encuestas presidenciales, posición que no ha abandonado hasta ahora. Ya no es suficiente eliminar al presidente, es necesario a toda costa romper este movimiento y la fuerza de Lula.
Acto 2: Destruir al Partido de los Trabajadores (PT) y su líder, Lula
El problema es que con todo esto Lula, que presidió el país en el momento de mayor crecimiento económico de su historia, líder popular indiscutible, se catapulta al primer lugar en todas las encuestas presidenciales, posición que no ha abandonado hasta ahora. Ya no es suficiente eliminar al presidente, es necesario a toda costa romper este movimiento y la fuerza de Lula.
1).- Sergio
Moro, un juez de primera instancia de Curitiba, donde el movimiento anti-Lula
es muy fuerte y donde existe un fuerte sentimiento
"separatista" con respecto al "Brasil
pobre (y no blanco) del Norte", decide incoar un proceso de corrupción
contra el ex presidente.
Moro reúne algunas características que no se pueden ignorar: es hijo de un político del PSDB, el partido que promovió el proceso de destitución de Dilma; su esposa es una dirigente de ese partido en su estado (Paraná); es conocido por su odio contra Lula, que aunque sea juez destila en las redes sociales; es conocido por llamar al expresidente "nueve dedos", aludiendo al hecho de que Lula perdió un dedo en un accidente laboral cuando era un obrero del metal.
Moro reúne algunas características que no se pueden ignorar: es hijo de un político del PSDB, el partido que promovió el proceso de destitución de Dilma; su esposa es una dirigente de ese partido en su estado (Paraná); es conocido por su odio contra Lula, que aunque sea juez destila en las redes sociales; es conocido por llamar al expresidente "nueve dedos", aludiendo al hecho de que Lula perdió un dedo en un accidente laboral cuando era un obrero del metal.
Moro decide
perseguir a Lula partiendo de la construcción de una fábula pintoresca. Una gran
empresa constructora (OAS) ofreció a
Lula un apartamento triplex de 250 m2 en la playa a cambio
de un trato de favor en los contratos con Petrobras,
el gigante petrolero brasileño (empresa pública), que Lula extiende por los mercados mundiales gracias en particular al
descubrimiento durante su gobierno de reservas submarinas. Resulta que, en
efecto, la esposa de Lula (que murió
a causa de un derrame cerebral provocado por estas acusaciones) había pedido
comprar este apartamento en 2007, pero Lula
renunció a su compra después. Únicamente una vez en su vida puso los pies
en ese apartamento, que estaba en construcción hasta hace unos meses y nunca ha
estado a su nombre o al de su esposa (siempre estuvo a nombre de OAS, la constructora). Además, los
primeros ocho testigos en el juicio exculparon a Lula. Durante el juicio Lula no dejó de insistir (los videos están
disponibles en Internet):
"Señor
Juez, por favor, muéstreme pruebas de que soy el dueño de este apartamento y de
inmediato me presento voluntariamente en prisión". Moro nunca tuvo esas
pruebas.
2) La
siguiente acción fue difundir una versión según la cual ese apartamento no era
más que la punta del iceberg de una red de crímenes y corrupción liderada por Lula y las principales empresas de
construcción e infraestructuras del país que, como era legal, financiaron todas
las campañas electorales (incluidas las del PSDB). Fue Dilma, precisamente, quien aprobó la ley que prohíbe la
financiación de las campañas por las empresas privadas en Brasil. La cuestión
es conseguir demostrar hasta qué punto un presidente conoce y controla todas
estas artimañas, y en qué medida debe ser responsable de ellas. Sería muy útil
e interesante que se realizara esa discusión, pero en el marco de la ley, con
investigaciones serias, pruebas y todos los plazos y apelaciones garantizados.
Pero no, en Brasil Moro lo utilizó
como un arma de persecución política. Sin pruebas concretas.
A favor de
Lula es preciso señalar que en ocho años el anterior gobierno de Cardoso (PSDB) había ordenado a la
Policía Federal poner en marcha 48 operaciones anticorrupción. En el caso de Lula y Dilma ¡en 12 años
ordenaron 2.226! Además, fue Lula quien reestructuró esa misma Policía Federal para aumentar su
capacidad de combatir la corrupción. Sin embargo, lo más increíble es lo
desmedido de la acusación. En un país donde los propietarios de las
televisiones y los grandes multimillonarios poseen –ilegalmente- islas enteras,
con villas no autorizadas de varios miles de metros cuadrados por valor de
millones de dólares, Moro y su pandilla
de acusadores consiguen convencer a la gente de que Lula se habría corrompido favoreciendo contratos con el gigante petrolero a cambio de un
apartamento de menos de 300 m2 en
una playa de clase media en la costa de São
Paulo. La aceptación de la credibilidad de esta acusación sólo se puede
explicar en relación con los prejuicios que existen en Brasil respecto a los
más pobres:
"Lula ni siquiera sabe cómo ser corrupto. Lula negocia lo que está
a su altura. ¡El mundo de las villas y millones no es para él!”. Esta es la base
de este discurso mediático contra Lula
Lo más impresionante es que una simple búsqueda en
Google muestra que Cardoso, el ex presidente,
recibió una hacienda de una de estas compañías (Camargo Correa), que incluso construyó en ella una pista de
aterrizaje en la que podían aterrizar... ¡Boeings! También se acusa a Cardoso de comprar un apartamento en el
barrio más caro de São Paulo a un precio muy inferior al del mercado. Sin
embargo, nada de esto es motivo de investigaciones o juicios.
Debe
entenderse que en 14 años en el poder el PT cometió muchos errores y
probablemente haya estado involucrado en más de un caso dudoso. La corrupción
es un hecho endémico en Brasil desde hace 500 años y un gobierno no puede
detenerla de golpe. El PT no
está exento de haber tomado malas decisiones y de haber compartido muchas veces
la lógica de la política brasileña (aunque mucho menos que los demás partidos y
siendo el único que ha gobernado atendiendo los intereses de los más pobres). Pero no hay que confundir
las cosas: con la excusa de una falsa lucha contra la corrupción, lo que la
élite brasileña, y sobre todo la justicia, han puesto en marcha es una
persecución que pone en jaque a toda la democracia.
Para obtener
"pruebas", sean las que sean, Moro innova desde el punto de vista
jurídico. Obtiene de la Corte Suprema,
y esta es su segunda acción a favor del golpe
de Estado, que la detención se convierta en prisión indefinida. En 2016, después de la destitución de Dilma, la Corte decide por 6 votos contra 5
interpretar un texto de la Constitución según el cual en Brasil una persona
sólo puede ser encarcelada una vez que se hayan hecho todas las apelaciones
posibles: la Corte decide finalmente
que no es el caso y que después del juicio en segunda instancia una persona ya
puede ser encarcelada mientras continúan las apelaciones a instancias
superiores.
Esta decisión es importante para entender lo que
está sucediendo hoy con el encarcelamiento de Lula.
Estas dos
decisiones de la Corte Suprema permiten que el juez Moro
establezca una forma de chantaje jurídico: envía a
prisión a personas que tengan alguna relación con Lula prometiéndoles ponerlas en libertad si aceptan convertirse en
delatores. La prensa deja escapar que en un caso la demanda era específica: "Le dejaré salir si me presenta
acusaciones contra Lula". Cuando una de esas delatoras afirmó que el
juez Moro le había pedido dos millones
de reales para permitir su liberación, la prensa se olvidó rápidamente de
ella.
Más tarde el juicio sigue su curso mientras que se
acosa a la población con una intensa campaña de difamación de Lula y Dilma. En cada nuevo episodio
del proceso, aunque cada vez es más evidente la falta de pruebas, las
élites sacan sus ollas para golpearlas en las terrazas de sus apartamentos de
lujo. La población más pobre tiene cada vez más dificultades para
seguir los vericuetos legales del caso. La clase media celebra el "fin de la corrupción" a
pesar de que el gobierno actual, bajo Temer,
es probablemente uno de los más corruptos en la historia de Brasil.
Aunque un juicio en Brasil dura años debido a la indolencia del poder judicial, el juicio de Lula con el juez Moro acaba en un tiempo récord. Sin pruebas, Moro condena al ex presidente, que continúa muy por delante en todos los sondeos electorales, a nueve años de prisión. ¿Una pequeña ironía hacia los "nueve dedos"? Es posible. El juez que únicamente viste camisas negras con corbata roja, algo que evoca a los momentos más sombríos de la historia del mundo, ya no tiene ningún escrúpulo.
Seguidamente se publica un libro firmado por 200 juristas brasileños sin que tenga cobertura de los medios de comunicación. En él los juristas denuncian la inconsistencia del juicio de Lula en un caso sin pruebas concretas. Los argumentos del juez Moro son tan débiles que él mismo admite no tener pruebas, sino la "convicción" de la culpabilidad de Lula. Desde entonces en Brasil una persona puede ser encarcelada tras ser detenida gracias únicamente a la "convicción" del juez. Esto es, además, lo que pretende hacer el poder judicial enjuiciando a cinco rectores de las universidades federales más grandes, llevándolos a prisión en operaciones policiales con ametralladoras y camiones blindados (a pesar de que la ley prevé una citación amistosa ante el juez) por asuntos ridículos, como "errores de factura en la compra de fotocopiadoras". ¿El objetivo de todo esto? Mostrar al público que las universidades federales, las cuales habían sido objeto de una de las acciones más impresionantes del gobierno de Lula que creó un centenar de campus en todo Brasil, no son sino un antro de corrupción de la "maquinaria criminal" del PT. Uno de los rectores, demasiado humillado por estos hechos, se suicidó. Pero esto no pareció molestar a nadie, aparte de la comunidad de izquierdas en las redes sociales.
A pesar de todo esto, los abogados de Lula apelan en segunda instancia. Una vez más, este es un procedimiento que normalmente dura más de dos años. Para Lula apenas duró unos pocos meses. Este jurado concluye con un veredicto rápido, con argumentos idénticos, aunque se supone que los votos deberían ser independientes. Los jueces confirman el veredicto de la primera instancia y aumentan la condena de Lula a doce años y dos meses. ¿Por qué esta precisión? Dado que el "crimen" no probado del apartamento se remonta a más de diez años, Lula tendría derecho a cumplir su condena en libertad. Los entresijos del golpe de Estado están repletos de pequeños detalles.
Aunque un juicio en Brasil dura años debido a la indolencia del poder judicial, el juicio de Lula con el juez Moro acaba en un tiempo récord. Sin pruebas, Moro condena al ex presidente, que continúa muy por delante en todos los sondeos electorales, a nueve años de prisión. ¿Una pequeña ironía hacia los "nueve dedos"? Es posible. El juez que únicamente viste camisas negras con corbata roja, algo que evoca a los momentos más sombríos de la historia del mundo, ya no tiene ningún escrúpulo.
Seguidamente se publica un libro firmado por 200 juristas brasileños sin que tenga cobertura de los medios de comunicación. En él los juristas denuncian la inconsistencia del juicio de Lula en un caso sin pruebas concretas. Los argumentos del juez Moro son tan débiles que él mismo admite no tener pruebas, sino la "convicción" de la culpabilidad de Lula. Desde entonces en Brasil una persona puede ser encarcelada tras ser detenida gracias únicamente a la "convicción" del juez. Esto es, además, lo que pretende hacer el poder judicial enjuiciando a cinco rectores de las universidades federales más grandes, llevándolos a prisión en operaciones policiales con ametralladoras y camiones blindados (a pesar de que la ley prevé una citación amistosa ante el juez) por asuntos ridículos, como "errores de factura en la compra de fotocopiadoras". ¿El objetivo de todo esto? Mostrar al público que las universidades federales, las cuales habían sido objeto de una de las acciones más impresionantes del gobierno de Lula que creó un centenar de campus en todo Brasil, no son sino un antro de corrupción de la "maquinaria criminal" del PT. Uno de los rectores, demasiado humillado por estos hechos, se suicidó. Pero esto no pareció molestar a nadie, aparte de la comunidad de izquierdas en las redes sociales.
A pesar de todo esto, los abogados de Lula apelan en segunda instancia. Una vez más, este es un procedimiento que normalmente dura más de dos años. Para Lula apenas duró unos pocos meses. Este jurado concluye con un veredicto rápido, con argumentos idénticos, aunque se supone que los votos deberían ser independientes. Los jueces confirman el veredicto de la primera instancia y aumentan la condena de Lula a doce años y dos meses. ¿Por qué esta precisión? Dado que el "crimen" no probado del apartamento se remonta a más de diez años, Lula tendría derecho a cumplir su condena en libertad. Los entresijos del golpe de Estado están repletos de pequeños detalles.
Acto 3- Los militares entran en juego.
Por
consiguiente, Lula puede ser encarcelado. No obstante, sus abogados,
alegando que se había cambiado la Constitución de manera oportunista, solicitan
una revisión de esta decisión. Al mismo tiempo solicitan a la Corte Suprema
el habeas corpus que evitaría el encarcelamiento de Lula.
Los ritos
"normales" de la Corte sugieren, por las fechas cronológicas
de las demandas, que esta juzgue en primer lugar la inconstitucionalidad de la
decisión sobre el encarcelamiento en segunda instancia; no obstante, Carmen Lucía, la presidenta de la corte,
sabe que esa votación podrá desmontar la decisión anterior porque uno de los
jueces anuncia que ha cambiado de idea, lo que anularía el encarcelamiento de Lula y la petición de habeas corpus. Así pues, la
presidenta revierte el orden y decide juzgar el habeas corpus primero.
La víspera
de la sentencia final del 4 de abril la movilización de la derecha para presionar a
favor del encarcelamiento de Lula es intensa. Las cacerolas resuenan en las
terrazas de los ricos burgueses. Los medios de comunicación convocan manifestaciones
contra Lula. Un gigante de las comunicaciones, la compañía SKY, permite que sus
empleados participen en ese tipo manifestaciones sin pérdida de salario.
El mismo día un general en la reserva amenaza: "Si la Corte Suprema no envía a Lula a prisión el ejército
intervendrá". Horas más tarde el comandante
del Estado Mayor se extralimita de sus atribuciones constitucionales, que
le impiden pronunciarse sobre cuestiones políticas, y escribe: "El
ejército se solidariza con los deseos de todos los ciudadanos ‘de bien’ de
condenar la impunidad y permanece atento a sus misiones institucionales”.
El mensaje no puede ser más claro.
Es cierto que los comandantes de la fuerza aérea emiten algo más tarde una declaración tranquilizadora, lo que demuestra que incluso en el ejército las opiniones están divididas. Pero lo que permanece es la amenaza de una intervención militar. Así, una de las juezas de la Corte Suprema cambia de parecer, lo que supone seis votos contra cinco a favor del ingreso en prisión de Lula. El cambio es tan sorprendente que la propia jueza dice textualmente que ha asumido un veredicto inconstitucional. ¿Es el miedo a los militares?
Es cierto que los comandantes de la fuerza aérea emiten algo más tarde una declaración tranquilizadora, lo que demuestra que incluso en el ejército las opiniones están divididas. Pero lo que permanece es la amenaza de una intervención militar. Así, una de las juezas de la Corte Suprema cambia de parecer, lo que supone seis votos contra cinco a favor del ingreso en prisión de Lula. El cambio es tan sorprendente que la propia jueza dice textualmente que ha asumido un veredicto inconstitucional. ¿Es el miedo a los militares?
Así pues, la
Corte Suprema anuncia que Lula puede ser encarcelado una vez terminadas todas las
apelaciones en segunda instancia, lo que podría durar todavía 15 días dado que las apelaciones son
todavía posibles y legalmente tramitables. Sin embargo, la justicia, el derecho
a la defensa, la presunción de inocencia son valores obsoletos en Brasil, en
todo caso para Lula y seguramente
para los simpatizantes del PT. En menos de 24 horas, de nuevo de forma ilegal, Moro dicta la orden de encarcelamiento.
Miles de activistas rodean en estos momentos [1] la sede del sindicato de los trabajadores del metal de São Bernardo, cuna de la carrera política de Lula. Acompañado por los senadores y el pueblo que le apoya, Lula no se presentó a la justicia. Moro le había dado de plazo hasta las 5 de la tarde del 5 de abril para que se presentara en Curitiba para su ingreso en prisión. Un acto de humillación. Moro agrega: "Debido a la dignidad del puesto que ocupó, ordeno que no sea esposado".
Miles de activistas rodean en estos momentos [1] la sede del sindicato de los trabajadores del metal de São Bernardo, cuna de la carrera política de Lula. Acompañado por los senadores y el pueblo que le apoya, Lula no se presentó a la justicia. Moro le había dado de plazo hasta las 5 de la tarde del 5 de abril para que se presentara en Curitiba para su ingreso en prisión. Un acto de humillación. Moro agrega: "Debido a la dignidad del puesto que ocupó, ordeno que no sea esposado".
Una vez más,
Moro demuestra que su feroz persecución a
Lula pasa por encima no sólo de las leyes y de la Constitución, lo que
puede hacer gracias a la benevolencia de la Corte cuyo papel ya no parece ser
proteger la Constitución, sino
también del riesgo de provocar a una parte importante de la población, la cual
en las encuestas de la semana pasada concede a Lula una posición cada vez más adelantada en la carrera por la presidencia.
Ahora mismo todos los desenlaces son imaginables, incluidos los más
trágicos. Brasil ya no tiene democracia, su
gobierno electo ha sido depuesto por unas maniobras dignas de las peores mafias.
La voluntad democrática del pueblo
es violada por decisiones ilegales. Los militares están en alerta. La prensa
continúa su acción irresponsable. El
país está dividido. El mundo ya no es capaz de seguir las sutilezas de este
despreciable golpe de Estado.
Como observa un joven en las redes sociales, la élite "celebra" el inminente
encarcelamiento de Lula. Como los brasileños son bromistas, varios mensajes
son irónicos. Se mofan de su nivel de educación, de su dedo de menos, de los
homosexuales que "ahora tendrán que abandonar el país", de la
indigencia de Dilma (una mujer), de
los pobres, de los sin tierra, de los negros, que ahora estarán "obligados
a trabajar en lugar de vivir a expensas del gobierno", de la "muerte de la izquierda".
La corrupción nunca se menciona. Es el retrato del Brasil que emerge de los escombros de una
democracia devastada.
[1] El artículo se publicó el 6 de abril, cuando
Lula aún no había ingresado en prisión. (N. de los t.)
Fuente: http://alter.quebec/?p=1726
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar la autoría, a los traductores y Rebelión como fuente de la traducción.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar la autoría, a los traductores y Rebelión como fuente de la traducción.
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