Que es la
Democracia tutelada. Vivir en democracia es asumir decisiones propias sobre los temas de interés
público. No es dejarlo todo al gobierno ni a las autoridades, pues existe una línea muy fina entre una democracia "tutelada" y una dictadura.
Vivimos en una democracia tutelada, expresan los españoles, manifiestamente mejorable. Nuestro sistema político, nacido en una
fulgurante transición desde una dictadura
a una democracia, es rehén de su propio éxito. Nos ha ido tan bien con ella, que
nos da miedo tocarla o mejorarla. Pero ese inmovilismo puede
convertirse en un cáncer que erosione su conquistada autoridad moral. Sea pues bienvenido el anuncio del partido
del Gobierno de iniciar un periodo de diálogo para reformar algunas leyes,
como la de partidos o la electoral. Probablemente, junto con el reglamento del
Congreso y las que rigen el poder judicial, sean las que configuren el
esqueleto básico de nuestro juego político.
Una reflexión previa. Nuestro sistema no sólo se ve afectado por las
habituales limitaciones de las Democracias
Representativas sino es que, además, no
ha conseguido establecer ni siquiera una mediocre separación de poderes. Nuestra Constitución no consagra tres poderes autónomos. Sólo instaura uno,
el del partido
político. Quién consiga el poder en su seno --en el que no está
garantizada la democracia interna-- podrá
elegir y controlar a los diputados, mediante el vergonzoso sistema de listas
cerradas y el comisariado del grupo parlamentario. El ejecutivo y el legislativo están pues a las órdenes directas del
partido. No son dos poderes, son dos
expresiones de un único poder, el del partido político. Y el poder judicial casi igual. La mayoría de los vocales que componen el CGPJ son elegidos por sus señorías, en
función de cuotas partidarias. Lamentable
y triste, pero real como la vida misma. Tenemos pues que reformar en
profundidad, tanto
las leyes que articulan nuestro andamiaje político, como la vida interna de los
partidos, hoy bajo sospecha.
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CHILE. RECONOCIMIENTO GENERAL DE UNA DEMOCRACIA
TUTELADA.
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Felipe Portales.
Sábado 22 de diciembre del
2018.
Hasta
hace poco la democracia tutelada que se estableció mediante la Constitución del
80 no había sido
nunca reconocida por el liderazgo
político chileno. Esto pese a lo evidente de tales características durante
la década de los 90. Sus
manifestaciones más escandalosas fueron los denominados ejercicios de enlace de 1990; el boinazo de 1993 y el puntapeucazo de 1995. Y las más
humillantes fueron las repetidas defensas de los gobiernos de Aylwin y de Frei Ruiz-Tagle (expresadas fundamentalmente por sus ministros Correa y Pérez Yoma) a Pinochet frente a sus sucesivos
bochornos en el exterior en sus viajes de vacaciones o a comprar armas, que
hacía cuando le daban ganas. Esto, por cierto, tuvo su manifestación más penosa
cuando el liderazgo concertacionista
defendió a Pinochet frente al mundo, luego de su detención en Londres. Y lo hizo tan efectivamente
que logró su liberación; y posteriormente, con presiones públicas y privadas al
Poder Judicial efectuadas por el
gobierno de Lagos, logró su total impunidad.
Es cierto que la propia detención de Pinochet en Londres
provocó una disminución del poder
fáctico de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ello, unido a las ansias de
reivindicación histórica del muy desprestigiado Poder Judicial, abrió la puerta para que se comenzara a hacer justicia respecto de las más graves violaciones de derechos humanos
cometidas por la dictadura. También pudo expresarse en que las
manifestaciones más evidentes de la autonomía de las FF.AA., plasmadas en la propia Constitución, fuesen morigeradas por
la Reforma Constitucional de 2005.
Sin embargo, como lo ha señalado el diputado de RD, Jorge Brito, todavía
el conjunto de la legislación vigente respecto de las FF.AA. y Carabineros -partiendo
por su Ley Orgánica- es la que nos
impuso la dictadura de Pinochet. Y que todos los esfuerzos realizados en la
Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados (de la que forma parte) para
suprimir los privilegios de que disfrutan dichas instituciones han resultado
infructuosos. Privilegios que se basan en disposiciones excepcionales para
sus presupuestos anuales; para la compra de sus armamentos y equipos; y en el
carácter de sus gastos reservados; además por cierto de sus ámbitos
privilegiados respecto de sus sistemas de justicia y previsión.
Lo mismo han señalado desde hace
mucho tiempo en diversos libros,
artículos especializados, seminarios e intervenciones en medios de
comunicación los mayores expertos chilenos en el tema: los académicos Augusto Varas, Claudio Fuentes y Felipe Agüero.
Lo notable es que en el último
tiempo, numerosos líderes de la derecha
o de la Concertación -coaliciones que siempre habían negado la existencia
de una democracia
tutelada derivada de la Constitución
del 80- han comenzado a reconocer sin ningún tapujo la virtual autonomía de las Fuerzas Armadas y Carabineros; autonomía
evidentemente incompatible con la
existencia de un auténtico Estado de
Derecho, en que las instituciones
armadas tienen que estar completamente subordinadas a las autoridades políticas
elegidas por el pueblo.
En este sentido han resaltado varias
entrevistas concedidas por líderes
políticos al Canal de cable CNN-Chile. Así, el senador independiente de
derecha y miembro de la Comisión de Defensa del Senado, Carlos Bianchi, le reconoció explícitamente al periodista Tomás Mosciatti que el Gobierno actual
no controla a las Fuerzas Armadas. Asimismo, el exsubsecretario general de
Gobierno de Lagos, Jorge Navarrete
(entonces DC y hoy independiente), le expresó a la periodista Mónica Rincón que el último gobierno
que en Chile había controlado
efectivamente a Carabineros fue el de Pinochet...
Pero sin duda que el reconocimiento
más significativo lo hizo ¡el propio exministro
del Interior de Lagos durante más de cinco años, José Miguel Insulza!; el mismo quien previamente como canciller de Frei había desempeñado un rol crucial en la liberación de
Pinochet de Londres (evitando así su inminente extradición y segura condena en
España); y que luego como ministro de Lagos,
a través de varias entrevistas en medios de comunicación, presionó pública y
exitosamente a los tribunales de
Justicia para lograr la impunidad de
Pinochet. Así, el ahora senador socialista Insulza le señaló también a Mónica Rincón que las Fuerzas Armadas "se mandaban
solas" desde 1990...
Y por si faltaba algo al
esclarecimiento público de la autonomía
que conservan las Fuerzas Armadas en el
sistema político chileno, tenemos las expresiones del comandante en Jefe
del Ejército, Ricardo Martínez, dirigidas a cerca de 900 oficiales en el recinto de la Escuela Militar, donde señaló la
disposición institucional a defender el sistema previsional que los favorece, "con dientes y muelas". En
ningún país normal un comandante en jefe
del Ejército hubiese permanecido luego de expresiones públicas de esa
naturaleza y frente a ese auditorio.
Evidentemente que aquellos notables
reconocimientos de la elite política han sido muy alentados por la enorme decadencia institucional que han
sufrido las Fuerzas Armadas por sus numerosos escándalos de corrupción y por la
represión ilegal de Carabineros a los
mapuche que ha culminado en el asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Todo
esto ha generado una profunda crisis en
las bases de la democracia tutelada que los
veinte años de gobiernos de la Concertación habían consolidado exitosamente
hasta hace pocos años. Esperemos que esto se traduzca en que el liderazgo político chileno "se vea
obligado" a efectuar los cambios que conduzcan a una subordinación efectiva de las Fuerzas
Armadas y Carabineros a las autoridades civiles y al establecimiento de una auténtica
democracia y de la real vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.
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