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“El dirigente sindical Pedro Huilca, secretario general de la Confederación General
de Trabajadores del Perú (CGTP), principal central sindical del país, era un activo e influyente opositor a las políticas
neoliberales y antilaborales del gobierno fujimorista cuando en diciembre de
1992 fue asesinado
a balazos en la puerta de su casa. A pesar de las evidencias
que el asesinato fue cometido por el
grupo Colina,
hace unas semanas agentes de este escuadrón de la muerte fujimorista fueron absueltos por un tribunal. Nadie ha sido condenado por este crimen. Indira Huilca, hija del sindicalista, tenía cuatro años cuando
la dictadura asesinó a su
padre. Ahora es una de las figuras más importantes de la izquierda, fue congresista entre 2016 y 2018. “La liberación de
Fujimori -señala Huilca- es la manifestación de aparatos
corruptos que no se
han extinguido, de una maquinaria
de corrupción y de poder
enquistada en las instituciones, con alianzas muy fuertes
con el gobierno actual.
Esta liberación me da la sensación que Fujimori sigue operando
como el jefe de una mafia. El Perú tiene que defenderse de estos delincuentes
y criminales. La gente lo va a seguir haciendo. Vamos a insistir para que a pesar de todas las adversidades la justicia se abra paso”.
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FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LA
DICTADURA DE FUJIMORI MANTENDRÁN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA. Tras la polémica
excarcelación de Alberto Fujimori en Perú.
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Con
la decisión inquebrantable de seguir dando pelea contra la impunidad, los familiares
han anunciado movilizaciones y acciones en los tribunales internacionales. En esta nota de Página12,
varios testimonios.
Por Carlos Noriega.
Lima. 14 de diciembre de 2023 - 08:12
Fuente Página / 12 jueves 14 de
diciembre del 2023.
Desde Lima
Después
de la liberación de
Alberto Fujimori sin cumplir su condena a
25 años por crímenes de lesa humanidad, en los
familiares de las víctimas de su dictadura hay indignación, frustración, pero también firmeza y la convicción de seguir adelante buscando justicia después del duro golpe recibido. La
suya es una lucha de décadas por justicia, en
los tribunales y en las calles.
Con la voz quebrada, por el dolor y la impotencia por la liberación
del dictador culpable de los asesinatos de sus familiares, pero
con la decisión inquebrantable de seguir dando pelea
contra la impunidad, los familiares de las víctimas han anunciado movilizaciones, acciones en los tribunales internacionales -ya están en marcha ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH)- para anular esa
liberación ilegal y
que Fujimori vuelva
a prisión a cumplir su condena.
“Tenemos que seguir levantando nuestra voz para denunciar públicamente, como siempre lo hemos hecho, a los responsables de la muerte de nuestros familiares. Muchos de los familiares son personas adultas mayores, que están enfermas, que tal vez ya no pueden seguir con la misma fuerza que antes, sin embargo, el amor a nuestros seres queridos los sigue manteniendo de pie. Como familiares nos comprometemos en esa renovación de amor a nuestros seres queridos de seguir caminando en esta lucha por justicia. Vamos a seguir buscando los caminos necesarios para que en este país acabemos con la impunidad y con tanta corrupción. Además de sentencias por violaciones a los derechos humanos, con el agravante de ser crímenes de lesa humanidad, Fujimori también tiene sentencias por corrupción. El indulto indebido lo ha puesto en libertad, pero no borra que Fujimori sea un corrupto, un delincuente, un criminal. Eso le va a quedar para siempre. De Fujimori no espero ningún pedido de perdón porque eso no sería sincero. No queremos que nos regalen nada, solamente que se respeten las condenas impuestas por el sistema de justicia”, dice Gisela Ortiz, hermana de un estudiante universitario asesinado por un escuadrón de la muerte de la dictadura fujimorista.
La Cantuta y Barrios Altos
Luis Enrique, el hermano de Gisela Ortiz
asesinado por el régimen fujimorista, fue
una de las diez víctimas -nueve alumnos y
un profesor- de la Universidad La Cantuta, donde en julio de 1992 un destacamento clandestino
del ejército, llamado grupo
Colina, ingresó violentamente, los secuestró, llevó a un descampado, los
asesinó y quemó sus cuerpos. Hasta ahora no
se han podido recuperar todos los restos. Este es uno de los casos por los que
fue sentenciado
Fujimori.
Otro de los estudiantes de La Cantuta secuestrados y asesinados
por el escuadrón de la muerte que operaba bajó órdenes de Fujimori fue Armando Amaro. Su hermana Carmen dice que con la liberación de Fujimori se
han burlado de los familiares de las víctimas y de todo el país.
“Más allá del dolor, de la indignación por la liberación de Fujimori, siento
que lo veo a mi hermano y que le he fallado, porque quizá lo que hicimos no fue
suficiente para garantizar que el responsable de su muerte, de su desaparición,
cumpla la pena de
25 años. Pero viendo a mi hermano le digo que hay que sobreponerse al
dolor, que su cariño, su recuerdo, su memoria, seguirán siendo motivación para salir a las calles, para denunciar, para recurrir a diferentes
instancias de justicia, para que prevalezca el derecho a la justicia, y que Fujimori
cumpla la pena de
25 años que fue dada por un tribunal de justicia, no por odio, ni por
venganza, sino por justicia”, afirma Carmen, mirando la foto de su hermano que tiene en las manos y que tantas veces ha llevado a las movilizaciones por justicia.
Señala que el gobierno de Dina Boluarte ha liberado a Fujimori desacatando las resoluciones de la Corte IDH por su cercanía con el fujimorismo y por un interés de distanciarse de este tribunal internacional al que podrían llegar las acusaciones contra Boluarte y sus ministros por las muertes de medio centenar de manifestantes en las protestas sociales, hasta ahora impunes.
La hermana de Carolina Oyague, Dora, también fue secuestrada de la Universidad La
Cantuta y asesinada por el grupo
Colina.
“Fueron crímenes
horrendos. La liberación
de Fujimori y ver la impunidad
plasmada me causa una indignación
total, repugnancia”, indica Carolina, con firmeza, pero también con el dolor en la voz por la impunidad
que regresa. “Estoy en esto hace 31 años, desde
que soy una niña, más de tres cuartos de mi vida estoy acompañando a mi madre en
las calles, vestida de negro, exigiendo justicia. Quiero retirarme a llorar mi pena, quiero poder desprenderme
un poco del dolor, pero para nosotros no hay descanso, no hay esa posibilidad
de encontrar paz, de dejar descansar a nuestros seres queridos”. Reafirma la decisión de seguir en esa larga la lucha por
justicia: “Aunque con este gobierno
autoritario, con las leyes represivas que ha dado y para garantizar la impunidad a esa represión, es muy peligroso salir a manifestarse, igual vamos a estar en las
calles exigiendo
justicia. A lo largo de más de 30 años nunca hemos cedido”. Califica como “una cobardía” y “una vergüenza” los intentos de Fujimori y sus seguidores
de victimizar al
exdictador condenado por asesinatos con alevosía y otros delitos.
Fujimori fue sentenciado por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos (el asesinato de quince
personas, incluyendo un niño de ocho años, en 1991), pero hay muchos otros crímenes de su dictadura
por los que no ha sido juzgado. Uno de ellos es la desaparición del estudiante universitario Martín Roca, que fue secuestrado en
octubre de 1993, llevado a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, torturado, asesinado
y su cuerpo
incinerado y desaparecido. Desde entonces, su padre, Javier Roca, que ahora tiene 85 años, recorre juzgados y camina las calles
demandando justicia.
“Con esta liberación de Fujimori he sentido la indignación y
la impotencia de siempre. Nunca he podido alcanzar verdadera justicia. Y nunca he podido superar la
arbitrariedad, la prepotencia, la crueldad de los militares, del Estado. Mendigando justicia estamos muriendo”, dice, con
la voz quebrada. Mira la foto de su hijo, hace una pausa y continúa: “Los familiares de las víctimas
venimos luchando
hace muchos años, igual que en Argentina los hacen las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esa lucha en Argentina es un ejemplo para nosotros. Nuestra esperanza era que ese tipo de crímenes no se
repitieran nunca más, lamentablemente no lo hemos logrado, se sigue matando”.
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El dirigente sindical Pedro
Huilca, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), principal central sindical
del país, era un activo e influyente opositor a las políticas neoliberales y antilaborales
del gobierno fujimorista cuando en diciembre de
1992 fue asesinado
a balazos en la puerta de su casa. A pesar de las evidencias
que el asesinato fue cometido por el
grupo Colina,
hace unas semanas agentes de este escuadrón de la muerte fujimorista fueron absueltos por un tribunal. Nadie ha sido condenado por este crimen. Indira Huilca, hija del sindicalista, tenía cuatro años cuando
la dictadura asesinó a su
padre. Ahora es una de las figuras más importantes de la izquierda, fue congresista entre 2016 y 2018.
“La liberación de Fujimori -señala Huilca- es la manifestación de aparatos corruptos que no se han extinguido, de una maquinaria de corrupción
y de poder
enquistada en las instituciones, con alianzas muy fuertes
con el gobierno actual.
Esta liberación me da la sensación que Fujimori sigue operando
como el jefe de una mafia. El Perú tiene que defenderse de estos delincuentes
y criminales. La gente lo va a seguir haciendo. Vamos a insistir para que a pesar de todas las adversidades la justicia se abra paso”.
El golpe de la liberación
de Fujimori sin cumplir su condena duele, como duele la impunidad, pero está lejos de derrotar a los familiares de las víctimas de su dictadura. Eso lo deja claro Carmen Amaro:
“Situaciones como este indulto te
golpean, provocan rabia, indignación, lloras del dolor, pero si creen que nos han derrotado se equivocan, si creen que nosotros nos
rendimos se equivocan. Por el cariño, el amor a nuestra familia, vamos a continuar luchando. Hay que sobreponerse al dolor y continuar. Hay coraje y resistencia. Acá
nadie se rinde”.
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