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“BENDITA
Y SAGRADA PALABRA DEMOCRACIA, EN TU SANTO NOMBRE, CUANTOS CRIMENES SE HABRÁN COMETIDO
Y CUANTOS MÁS SE SEGUIRAN COMETIENDO EN LA HISTORIA”. Esta es su “democracia”, este es el
gobierno de MILEI. Ciudadanos
todos, estudiemos, investiguemos, analicemos no reaccionemos con odio, venganza y racismo,
que ahora los “ROJOS” pagarán las consecuencias.
Pregunto: “Alguna vez en su historia, han gobernado,
los llamados “Rojos” o simplemente es la macabra
justificación, para mirar y aceptar lo que hoy
está pasando, con el crimen de miles de Niños y Niñas en
Gaza Palestina, y en los medios corporativos solo leemos y vemos fotos
del criminal gobierno de Israel.
“PROTOCOLO
BULLRICH. DEL
AJUSTAZO AL GARROTAZO. “Tras
el lanzamiento del ajustazo
de Milei, que provocará una caída histórica en los ingresos populares, Patricia Bullrich anunció
que tratarán
de impedir con represión las reacciones que se produzcan. Presentó
un “Protocolo
antipiquetes” que, contra las normas constitucionales, criminaliza la
protesta y persigue a las organizaciones sociales, ¡eludiendo la intervención
de la Justicia! Irina Houser.
Periodista argentina, 16/12/2023/ Página /12.
¿Quién es? Ella misma sí, la candidata de Macri a la presidencia. Patricia Bullrich -la
derrotada como candidata", hoy elevada "a los altares de la represión" como ministra de Seguridad Interna. Esa es la "democracia" para la ultraderecha, hoy los ultraconservadores con Motosierra, según él., para acabar con la CASTA”, pero hoy la casta le
copa sus ministerios, porque el “pobre político”
no tiene nada solo, su “hermana, sus 8
perros”. Por su puesto el apoyo incondicional del Dr.
Vargas Llosa, el grupo fascista VOX de España y
por supuesto del Fondo Monetario Internacional. F.M.I. Además
hoy sus aliados en el poder solo respiran odio,
venganza, persecución, racismo (verán en los siguientes días con el norte argentino, hoy tierra del LITIO, el mineral blanco del futuro, donde viven los
descendientes del Tahuantinsuyo, Jujuy, Catamarca,
etc.) represión, que fue muy larga en el tiempo – más de tres meses cuando
intentaron desaparecer los cientos de pueblos y comunidades originarias. Odio y represión que fue más
fuerte y condenable contra la población de Jujuy
que luchaba contra la “Nueva
Constitución” del fascista gobernador Morales, que intentaba apoderarse del Litio y aún más
terrible, cuando esta población llegó, viajó hasta la capital,
al centro del Buen Buenos Aires y en las calles, se hizo flamear la Bandera del Tahuantinsuyo (absolutamente
desconocida para millones de argentinos propios de la Ciudad) así como la muerte como en los tiempos del ex presidente Macri.
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PROTOCOLO
BULLRICH: VÍA LIBRE PARA PERSEGUIR Y REPRIMIR AL QUE PROTESTE. Las fuerzas de
seguridad como escudo para aplicar el ajuste.
*****
Por Irina
Hauser.
Fuente.
Página / 12 viernes 15 de diciembre del 2023.
Junto con las
medidas económicas, el Gobierno presentó una
serie de reglas que buscan prohibir las protestas en
el espacio público y autorizan a las fuerzas de
seguridad a actuar sin orden judicial.
"No queremos ningún corte de rutas o calles", amenazó la ministra
Patricia Bullrich. Organismos de derechos humanos y juristas
advirtieron que el "protocolo antipiquete"
no respeta derechos y garantías elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales.
Después del anuncio del gobierno del ajuste salvaje que se viene y que traerá un aumento de la conflictividad social, la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, presentó un nuevo protocolo para que las fuerzas de seguridad repriman la protesta en las calles. Con el latiguillo de traer "orden" y que la gente pueda circular "en paz", enumeró las nuevas reglas que apuntan a prohibir las manifestaciones contra medidas de la administración de Javier Milei y a habilitar a agentes federales a que puedan actuar sin orden judicial. "El corte se termina", advirtió Bullrich al referirse a movilizaciones que pueden interrumpir el tránsito. Ni siquiera admitirá -subrayó- aquellas que, pacíficamente, dejen un espacio para el desplazamiento del transporte. "Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación", advirtió. También avisó que se buscará identificar a "autores, cómplices, instigadores y organizadores", que serán castigados, y se hará un registro de las organizaciones que reclaman en el espacio público, a las que se hará pagar los costos de los operativos. Una forma lisa y llana de persecución y una invitación al ejercicio de la violencia institucional.
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Al
cerrar su exposición,
Bullrich dijo que el nuevo "Protocolo
para el mantenimiento del orden público" deroga el "protocolo garantista de Nilda Garré". Este
último, de mayo de 2011, dice en sus primeros
párrafos que fue elaborado para
"incorporar
los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite
infranqueable para las intervenciones del Estado" (por la actuación de las
fuerzas de seguridad). La premisa, señala, es
garantizar "la libertad de expresión y el
ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades"; "no reprimir la protesta social" sino
activar canales de diálogo frente al derecho
"a circular". Bullrich
pronuncia la palabra "garantismo"
como si hablara del mal, aunque se trate simplemente del respeto de los
derechos y garantías constitucionales.
"Esa resolución que Bullrich derogó
limitaba la represión tras los asesinatos de
manifestantes en 2001 y 2002 y en el Parque
Indoamericano en 2010. Ahora, más que un limitación para el uso de la fuerza
policial, hay una habilitación para ejercer
violencia contra los manifestantes", alertó el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS). Los hechos
de 2002 en especial resuenan hoy. El entonces
presidente interino, Eduardo Duhalde, ordenó impedir que los piqueteros
cortaran el puente Pueyrredón y pasaran a Capital Federal: el resultado fue un doble asesinato a manos de policías federales, el de Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán.
Consultada
por Página/12, Nilda Garré explicó
que al diseñar aquella norma se basaron
"en la Constitución Nacional, el derecho internacional de los
derechos humanos y lo que dice el Código de
Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que aprobó Naciones Unidas en 1979. Lo rescatamos en el artículo 22 de la ley de seguridad interior: los cuerpos
policiales deben incorporar las recomendaciones
de ese código a sus reglamentos". "Prohibimos
el uso de armas letales; las balas de goma solo se podían usar ante un
peligro. Las conflictividades se gestionan, no se
reprimen. Este gobierno no quiere garantizar la seguridad sino el orden
público", sostuvo la exministra.
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El protocolo Bullrich
En
su conferencia, Bullrich enumeró cada punto, con
acotaciones, del nuevo protocolo, que no menciona la
protección de los derechos humanos y las obligaciones internacionales.
Con su viejo libreto dijo que la población vive bajo
"extorsión" por las protestas y que
esto perjudica su trabajo y calidad de vida. No cuenta, para ella, el perjuicio
de las medidas que afectan las condiciones de vida, con extrema gravedad para los más pobres. La represión será la respuesta para quien
se queje en las calles.
* "Nosotros
no queremos ningún
corte de rutas o calles", dijo la ministra. Informó que "las cuatro fuerzas federales más el Servicio
Penitenciario Nacional van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos parciales o totales". "La ley se cumple o no se cumple. La vamos a
hacer cumplir", advirtió. Garré marcó que el Servicio Penitenciario no tiene atribuciones para esta tarea en
su reglamento.
* Bullrich dijo
que aplicará ante cualquier corte de calle, ruta,
puentes o lo que sea el artículo 194 del Código Penal, que castiga con penas de
tres meses a dos años a quien
"impidiere, estorbare o
entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o
aire o los servicios públicos de comunicación,
de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas". Será
así, comentó, hasta que haya una ley nueva.
El
constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó
consideraciones en "X" cuando se venía
el anuncio:
"El derecho a la protesta pacífica engloba el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el de asociación, el de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho de huelga, entre otros (...) puede manifestarse de muy diversas formas como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias (...) la limitación al derecho a la protesta debe ser razonable y proporcional. En ningún caso puede derivar de la prohibición de su ejercicio". A este diario le explicó que "la aplicación del artículo 194 a una protesta pacífica es inconstitucional".
* Las fuerzas federales podrán
intervenir, dice el protocolo, en "territorios
provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" ante
excepciones de graves peligros que fija la ley de Seguridad Interior (que,
igual, Milei en
campaña prometió cambiar). Hay un límite finito, porque los edificios públicos
como la Casa Rosada, el Congreso y otros,
también son jurisdicción federal (se supone que a su alrededor debería estar la
policía porteña). También podrán actuar "en
flagrancia", sin orden judicial. El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, respaldó a Bullrich y dijo que trabajarán en conjunto. Habrá
que ver si el jefe de gobierno, Jorge Macri, quiere correr el riesgo de hacerse cargo de hechos graves o muertes
fruto de las políticas elegidas por el gobierno Milei.
* "Los
efectivos emplearán la
mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado en la
presencia de niños, mujeres, embarazadas o ancianos.
Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los
manifestantes o sus apoyos, siempre con el empleo de armas no letales",
afirma el protocolo. "Se sancionará a quienes lleven niños que deberían
estar en la escuela",
dijo Bullrich, y
que se avisará "a la
autoridad competente". "Va a haber consecuencias fuertes
frente a quienes usen a los niños
como escudo", lanzó en tono amenazante.
* "Deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios
digitales o manuales", dicen las nuevas reglas.
Habrá detenciones
"cuando así corresponda legalmente". Identificarán a los vehículos -y se podrán incautar- que llevan a
los manifestantes y se revisará la participación de los choferes. Si hay extranjeros, se mandarán
los datos a la Dirección de Migraciones.
* "Se creará un registro de las organizaciones que
participan de las acciones", señala el
texto. No específica para qué lo usarán. ¿Para
denunciarlos penalmente? ¿Para vigilarlos? Lo mismo con "sindicatos
o trabajadores que bloqueen
empresas", según la ministra. Bullrich agregó: "Por los costos vinculados a los
operativos de seguridad se les enviarán las facturas a las organizaciones o individuos
responsables".
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* Anticipó que
las fuerzas de seguridad trabajarán "en estaciones
de tren" con el fin de detectar
"aquellas
personas que
vayan con materiales que tengan que ser incautados,
con palos, caras tapadas u otras formas de cubrir el
rostro.". Al final de su gestión anterior, había dispuesto este
tipo de persecución por portación de rostro a toda hora.
* Se avisará a los
jueces por
el daño ambiental producto de "la quema de
neumáticos u otras sustancias contaminantes".
Pasado, presente y futuro
Durante
el gobierno de Mauricio
Macri siguió vigente el protocolo "de
Garré" que priorizaba la seguridad de
los manifestantes y el diálogo, canalizado por
civiles, no por las fuerzas. Sin embargo, fue como si no existiera. Es bien
conocida la política represiva y de persecución que se aplicó desde el Ministerio de Seguridad que encabezaba Bullrich. En las protestas, como la que cuestionó la reforma previsional en 2017 o
la que reclamó la aparición de Santiago Maldonado o
incluso la marcha por el Paro Internacional de Mujeres,
entre otras, hubo detenciones a mansalva con el
falso argumento de "atentado y resistencia a la
autoridad" (incluso gente que pasaba por el lugar), hubo decenas de
heridos y gente torturada en comisarías. La Gendarmería
fue la fuerza estrella de Bullrich. La que persiguió incluso a Maldonado,
en una cacería contra la Comunidad Pu Lof. La
Prefectura fue la que mató
por la espalda a Rafael Nahuel, en Villa
Mascardi. La posibilidad de disparar plomo para las fuerzas de seguridad según
su criterio de peligrosidad quedó habilitada por
una disposición de la ministra que luego fue eliminada por la gestión de Sabina Frederic.
"La nueva
resolución obliga
a las fuerzas de seguridad a actuar contra la
Constitución. Es notorio que quienes se jactan de la defensa de la
libertad convaliden la prohibición de la libertad de expresión y manifestación
pacífica", dijo Frederic a Página/12. Victoria
Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, sostuvo que "la gran trampa del anuncio de Bullrich es que
transforma el derecho a protestar en un delito". "Va
contra los estándares internacionales adoptados por nuestra Constitución.
Estigmatiza a los sectores populares que sufrirán las consecuencias más
perversas del ajuste, criminaliza a madres y padres que marchan con sus hijos
en busca de mejores condiciones de vida. Bajo la
mentirosa idea del orden, prohíben la protesta social".
Los 40 años de democracia llegan con esta regresión que jaquea derechos fundamentales e instala la verdadera campaña del miedo.
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