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“La
Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) reparó en otras irregularidades porque Bullrich pretende que la
Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) intervengan en la represión de la protesta. Sin embargo, una es una
fuerza de custodia y la otra tiene competencia para actuar en los aeropuertos.
“Por otra parte, la Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (Correpi) alertó
que la resolución de Bullrich
funciona como una
“imposición de un estado de excepción con suspensión
de derechos y garantías”. La organización, además, resaltó que el Ministerio de
Seguridad pretende demandar por daños y perjuicios a los manifestantes --como se hizo con quienes concurrieron
a protestar contra la reforma previsional de Macri o con los padres o madres de estudiantes que
participaron de las tomas de colegios en la Ciudad--
y hacerles pagar los costos de los operativos de
seguridad a quienes salgan a la calle a expresarse. “O
sea, te apalean y después te cobran el palo”, ejemplificaron.
“El abogado Claudio Pandolfi, docente de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), se focalizó en una de las implicancias del
protocolo. “El Estado no puede recabar información sobre la actividad política, partidaria, social, gremial que
realizan los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo,
específicamente el protocolo dice que el
ministerio armará un archivo, identificará, tomará fotografías, filmará a todos
los participantes en este tipo de actividades. Uno llega a la conclusión de que este protocolo es
un disparate”, afirmó.
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ARGENTINA. SINDICATOS Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIARÁN EL PROTOCOLO DE PATRICIA BULLRICH EN FUEROS INTERNACIONALES.
Alertan que afecta la libertad de expresión y la libertad
sindical
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“Con
la puesta en vigencia del protocolo, la protesta social
deja de ser un derecho para pasar a ser
un delito”, afirma Diego Morales, del CELS. El repudio de la CGT
y la CTA de los Trabajadores. La marcha del 20
de diciembre
Por Luciana Bertoia.
Fuente- Página / 12 sábado 16 de
diciembre del 2023.
Patricia Bullrich decidió
que su primera acción al frente del Ministerio de Seguridad fuera una demostración de fuerza ante todos
aquellos que decidan salir a las calles para manifestarse por las consecuencias del ajuste que implementa el gobierno de Javier Milei.
Horas después de que se publicara en el Boletín Oficial su protocolo para el “mantenimiento del
orden público ante cortes de vías de circulación”, un amplio abanico
de organizaciones
sociales, sindicales y de
derechos humanos empezó a preparar presentaciones ante la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
denunciar que la administración de La Libertad Avanza (LLA) busca prohibir la protesta en el país. El consejo directivo de la CGT, por su parte, advirtió que la maniobra no
solamente atenta contra la libertad de expresión sino también contra la
libertad sindical.
Quiso hacerlo durante su primera gestión al frente de la cartera de Seguridad –durante el gobierno de Mauricio Macri–, pero no pasó de un anuncio y un mensaje a las fuerzas. Esta vez, Bullrich consiguió el val de Milei pata avanzar con una Resolución Ministerial que busca poner en jaque los Derechos consagrados en la Constitución Nacional.
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Según el protocolo, cualquier corte es un
delito en flagrancia que habilita la actuación de las fuerzas de
seguridad- Los manifestantes pueden ser denunciados;
las organizaciones perder
su personería. Si quién se manifiesta es un
migrante, puede ser deportado y se estigmatiza a padres y madres que vayan con sus hijos o hijas a una protesta o marcha que corte una calle. Por si eso fuera poco, el
Ministerio de Seguridad está facultado para confeccionar un registro de organizaciones que suelen manifestarse,
algo que viola la Ley de Inteligencia, que
impide almacenar información de personas o grupos por razones políticas,
sociales o sindicales.
“Con la
puesta en vigencia del
protocolo, la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito”, advierte Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que coordina la estrategia de
recurrir a organismos internacionales para denunciar la avanzada de LLA.
Si bien ya se entablaron comunicaciones,
está previsto que las presentaciones se terminen de hacer durante el fin de semana.
En junio pasado, la CIDH se
pronunció ante la represión que implementó el entonces gobernador de Jujuy Gerardo Morales tras la aprobación de una reforma constitucional entre gallos y medianoche.
Entonces, el organismo regional dijo que era
“necesario
que se tolere que las manifestaciones puedan
generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con
relación al tráfico y las actividades comerciales,
a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.
Todo indica que el pronunciamiento debería ser en
la misma línea, por lo que Bullrich
podría batir su propio récord de recibir una reprimenda por parte de organismos
internacionales antes de cumplir dos semanas al frente del Ministerio de
Seguridad de Milei.
Hubo ya
otros pronunciamientos internacionales. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de
Trabajadores/as (CSA), representan a 180
millones de trabajadores repudiaron
el protocolo de Bullrich
y llamaron a la comunidad internacional a unirse en la condena.
“El gobierno argentino, en verdad, busca suprimir las legítimas
manifestaciones públicas contra los efectos brutales de sus propias políticas”,
sostuvieron. En tanto, la CTA-T que lidera Hugo Yasky aseguró que lo que pretende el gobierno es
"amedrentar a la población para callar las legítimas manifestaciones
públicas que surgirán tras los efectos brutales de
sus propias políticas de ajuste".
El consejo
directivo de la CGT ya se había
reunido después de que Luis
Caputo presentó su plan
económico. Ahora, volvió a pronunciarse: esta vez contra el protocolo de
Bullrich al que
consideró una
“estrategia para criminalizar la protesta social que, a la
luz de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, implica vulnerar el ejercicio efectivo del
derecho constitucional a la libertad de expresión y la
libertad sindical”.
20
de diciembre.
La prueba
de fuego del protocolo de Bullrich
será el próximo miércoles, cuando
se cumplan 22 años de la represión que marcó el
final del gobierno de Fernando de la Rúa –administración
que también integraba la actual ministra de Seguridad. Para ese día están
convocados cortes y manifestaciones. Alejandro Bodart (MST) ya
adelantó que presentará un amparo ante los tribunales para evitar que Bullrich
ponga en marcha su estrategia represiva.
Este viernes, hubo una reunión en la sede de la AGD-UBA en la que participaron más de 100 organizaciones –sindicales, centros de
estudiantes, organismos de derechos humanos, ambientalistas y de mujeres– para organizar la marcha –que se hará a las 16.30 del miércoles
desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Fue una reunión de coordinación entre el Plenario Sindical Combativo, el Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia y la unidad piquetera. Allí se acordó avanzar con dos consignas: abajo el plan motosierra de
ajuste de Milei y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y no al protocolo represivo de Bullrich. Si bien
la convocatoria fue nutrida, los organizadores comentaron que continuarán
convocando a otros sectores y que prevén una conferencia de prensa para el martes al mediodía.
Para ese mismo día, el Frente
de Izquierda y de Trabajadores (FIT)-Unidad convocó a una audiencia pública en el Congreso para
repudiar el protocolo y las amenazas de “cárcel o bala”
que sufrieron tanto Myriam Bregman como Nicolás del Caño por
parte del diputado José Luis Espert –que volvió
a tener buen vínculo con Milei.
“El protocolo es
absolutamente ilegal.
Por una simple resolución ministerial, Bullrich quiere cambiar la ley de seguridad
interior y darse el poder de violar jurisprudencia
internacional”, denunció Bregman en
diálogo con este diario.
Un
pedido de reunión con Bullrich
Este viernes, Bullrich les tomó juramento a
los nuevos jefes de las fuerzas federales. En el acto –que se llevó a cabo en Palermo–, la ministra aprovechó para lanzar un mensaje corporativo:
"Voy
a velar por cada uno de los hombres y mujeres de
las fuerzas. Voy a protegerlos frente a las injusticias
por casos que no corresponden”.
En simultáneo, Bullrich recibió un pedido de reunión del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
(CNPT) y del Consejo Federal de
Mecanismos Locales para que revea el protocolo. Entre otras cuestiones, estos organismos le advertían que la resolución no prohíbe
la portación de armas letales y munición de plomo por parte de los uniformados
que intervendrán en las manifestaciones.
La
Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) reparó en otras irregularidades porque Bullrich pretende que la
Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) intervengan en la represión de la protesta. Sin embargo, una es una
fuerza de custodia y la otra tiene competencia para actuar en los aeropuertos.
Por otra parte, la Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (Correpi) alertó
que la resolución de Bullrich
funciona como una
“imposición de un estado de excepción con suspensión
de derechos y garantías”. La organización, además, resaltó que el Ministerio de
Seguridad pretende demandar por daños y perjuicios a los manifestantes --como se hizo con quienes concurrieron
a protestar contra la reforma previsional de Macri o con los padres o madres de estudiantes que
participaron de las tomas de colegios en la Ciudad--
y hacerles pagar los costos de los operativos de seguridad a quienes salgan a
la calle a expresarse. “O sea, te apalean y después te cobran el palo”, ejemplificaron.
El abogado Claudio Pandolfi, docente de la carrera de Seguridad Ciudadana de
la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), se
focalizó en una de las
implicancias del protocolo.
“El
Estado no puede recabar información sobre la actividad política, partidaria,
social, gremial que realizan los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, específicamente el protocolo dice que el ministerio armará un archivo,
identificará, tomará fotografías, filmará a todos los participantes en este
tipo de actividades. Uno
llega a la conclusión de que este protocolo es un disparate”, afirmó.
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