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Hay que señalar que
la Comisión de la Verdad se instaura como consecuencia de la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Araguaia contra el Estado
brasileño, donde se condenó al Estado por no haber tomado medidas concretas en
relación a lo sucedido durante la dictadura. Esta acción fue propuesta por
el Cejil (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), por el grupo Tortura Nunca Mais de Río de Janeiro y
por la Comisión de Familiares de Muertos
y Desaparecidos de San Pablo. Estas tres entidades demandaron al Estado
brasileño en 1995. Finalmente, en 2010, la sentencia fue favorable para las
familias. Cuando estábamos en Costa Rica, el presidente de aquel entonces, Luiz Inacio Lula da Silva, envió al Congreso un proyecto de ley
para la creación de una Comisión de la Verdad, que se concretó hacia fines
del 2011 con el mandato de Dilma
Rousseff, proclamando a sus miembros en 2012.
El grupo Tortura
Nunca Mais fue creado con el objetivo de localizar a todos aquellos que fueron
desaparecidos durante la dictadura. Pero este grupo creció porque Brasil es un país donde
reina la impunidad. Nadie que haya cometido un crimen de lesa humanidad fue
juzgado. Sólo ahora, por primera vez,
Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien fue juzgado como “torturador” por
parte de la Justicia. El día 14 de
agosto, un juez de San Pablo de segunda instancia declaró que este hombre
había torturado a los miembros de la
familia Teles. Torturó al padre, a la madre y a los hijos. Este es el
primer caso en Brasil
en que un torturador es declarado torturador. Además, se han recogido
recientemente las denuncias contra Sebastiao
Curi y Licio Maciel, acusados de secuestrar y desaparecer a cinco miembros
de la guerrilla
de Araguaia. La jueza Fair Pimenta de Castro del
segundo tribunal federal de Marabá aceptó
finalmente las denuncias, lo cual es un hecho inédito en Brasil. La
importancia del grupo Tortura Nunca
Mais, es que no sólo trabaja con la violencia de la época de la dictadura,
sino también con la violencia actual.
Principalmente en la década del 90,
donde acontecieron tres masacres emblemáticas, sobre todo por parte de la policía hacia los sectores más
vulnerables. Una de las causas, es la falta de justicia. Pero las causas
son muchas. Entonces, Tortura Nunca Mais
atiende psicológicamente y legalmente a las víctimas
de crímenes de lesa humanidad de la época de la dictadura y de hoy. Porque
actualmente las víctimas son los jóvenes pobres que viven en las favelas.
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BRASIL: “Si queremos una sociedad justa, una
democracia real, debe haber justicia”.
Victoria Grabois, presidenta de la Organ ización
Tortura Nunca Mais de Brasil.
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La creación de la
Comisión Nacional de la Verdad en Brasil intensificó el debate sobre la
violación a los derechos humanos durante la dictadura en ese país. Grabois
plantea que además de verdad, debe haber justicia.
Página
/12 Lunes 19 de noviembre del 2012.
Julia Goldenberg
El pasado 16
de mayo en Brasil se conformó oficialmente la Comisión Nacional de la Verdad
que dispondrá de dos años para investigar las violaciones de derechos humanos
ocurridas entre 1946 y 1988. Luego de dos años de investigación, el resultado
será un informe público entregado al presidente de la Nación. Sin embargo, la
Comisión no puede juzgar ni promover el castigo a los agentes del Estado
responsables de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. El objetivo es
conocer la verdad, establecer un relato histórico sobre los hechos. Víctoria
Grabois, presidenta de la organización de derechos humanos Tortura Nunca Mais y
familiar de desaparecidos explica en detalle la función de la Comisión en un
escenario histórico y sociopolítico complejo. De fondo se escuchan los festejos
de un partido de fútbol mientras ella relata sucesos de la dictadura militar,
de su vida como militante y como familiar de desaparecidos, sin prestar
demasiada atención a los ánimos deportivos.
–¿Durante cuánto tiempo vivió
con un nombre falso?
–Tuve que usar un nombre falso
en el período en el cual viví clandestinamente desde 1964 hasta 1980. Cuando
volví al país, realicé un proceso judicial para llamarme nuevamente Víctoria y
recuperar el nombre de mi hijo. El nació en 1966 y fue registrado en Brasil con
su propio nombre Igor, y en 1972 cuando inició la guerrilla de Araguaia lo
registré con otro nombre.
Pero en 1980, cuando él ya
tenía 13 años, tenía que comenzar sus estudios secundarios, tenía que recuperar
su verdadero nombre. No fue hasta 1982 que recuperamos nuestros nombres
verdaderos. Yo realicé mis estudios universitarios, mi formación de grado con
un nombre falso. Toda una vida, con nombre falso. Sólo en 1982 pude “legalizar”
mi vida y sobre todo mi diploma universitario, porque aunque militara, mis
estudios universitarios figuraban con otro nombre, lo cual me generó muchos
problemas para conseguir trabajo.
–¿Cómo comenzó a militar por
los derechos humanos?
–Mi activismo comenzó luego de
la instauración de la Ley de Amnistía, en 1980. Porque durante el período de
dictadura militar en Brasil, durante 16 años, viví en la clandestinidad. En ese
período, mi padre, mi hermano y mi primer marido desaparecieron en la guerrilla
de Araguaia. Después de la Ley de Amnistía de 1979, en 1980, pude volver a Río
de Janeiro. Entonces comencé a trabajar en el Comité Brasileño por la Amnistía
de Río de Janeiro, que duró hasta finales de 1981, ya que un año más tarde se
produjo la llamada “redemocratización de Brasil” donde fueron creados los
partidos políticos, se acabó la censura, tuvimos nuestra primera elección desde
el inicio de las dictaduras. Allí se creó el PT, el Partido de los
Trabajadores, y el PDT de Leonel Brizola. Hasta 1985, el gobernador de Río de
Janeiro, Brizola, nombró como secretario de Defensa Civil un coronel del
ejército, el coronel Jacaranda. Así un grupo de ex presos políticos, realizando
una investigación, descubrieron que este coronel había sido un torturador.
Entonces Brizola dimitió al coronel. Con ese acto se fundó el grupo Tortura
Nunca Mais de Río de Janeiro, y ahí comencé a actuar en el grupo. Ya son 27
años. De todas formas, el motivo fundamental que me llevó a dedicar mi vida a
los derechos humanos fue haber perdido a tres personas de mi familia.
–¿Cuál es el papel de Tortura
Nunca Mais en la sociedad contemporánea?
–El grupo Tortura Nunca Mais
fue creado con el objetivo de localizar a todos aquellos que fueron
desaparecidos durante la dictadura. Pero este grupo creció porque Brasil es un
país donde reina la impunidad. Nadie que haya cometido un crimen de lesa
humanidad fue juzgado. Sólo ahora, por primera vez, Carlos Alberto Brilhante
Ustra, quien fue juzgado como “torturador” por parte de la Justicia. El día 14
de agosto, un juez de San Pablo de segunda instancia declaró que este hombre
había torturado a los miembros de la familia Teles. Torturó al padre, a la
madre y a los hijos. Este es el primer caso en Brasil en que un torturador es
declarado torturador. Además, se han recogido recientemente las denuncias
contra Sebastiao Curi y Licio Maciel, acusados de secuestrar y desaparecer a
cinco miembros de la guerrilla de Araguaia. La jueza Fair Pimenta de Castro del
segundo tribunal federal de Marabá aceptó finalmente las denuncias, lo cual es
un hecho inédito en Brasil. La importancia del grupo Tortura Nunca Mais, es que
no sólo trabaja con la violencia de la época de la dictadura, sino también con
la violencia actual. Principalmente en la década del 90, donde acontecieron
tres masacres emblemáticas, sobre todo por parte de la policía hacia los
sectores más vulnerables. Una de las causas, es la falta de justicia. Pero las
causas son muchas. Entonces, Tortura Nunca Mais atiende psicológicamente y
legalmente a las víctimas de crímenes de lesa humanidad de la época de la
dictadura y de hoy. Porque actualmente las víctimas son los jóvenes pobres que
viven en las favelas.
–¿Hay algún acontecimiento
paradigmático que llevó a la formación de la Comisión de la Verdad?
–Hay que señalar que la Comisión
de la Verdad se instaura como consecuencia de la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Araguaia contra el Estado
brasileño, donde se condenó al Estado por no haber tomado medidas concretas en
relación a lo sucedido durante la dictadura. Esta acción fue propuesta por el
Cejil (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), por el grupo Tortura
Nunca Mais de Río de Janeiro y por la Comisión de Familiares de Muertos y
Desaparecidos de San Pablo. Estas tres entidades demandaron al Estado brasileño
en 1995. Finalmente, en 2010, la sentencia fue favorable para las familias.
Cuando estábamos en Costa Rica, el presidente de aquel entonces, Luiz Inacio
Lula da Silva, envió al Congreso un proyecto de ley para la creación de una
Comisión de la Verdad, que se concretó hacia fines del 2011 con el mandato de
Dilma Rousseff, proclamando a sus miembros en 2012.
–¿Qué efectos tuvo la
disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la derogación
de la Ley de Amnistía?
–La Corte señaló textualmente
que la Ley de Amnistía de Brasil, no impide que aquellos que cometieron
crímenes de lesa humanidad sean castigados. Existe una gran discusión en
Brasil, porque el Supremo Tribunal Federal decretó la constitucionalidad de la
Ley de Amnistía. Los ministros de la Corte Suprema de nuestro país dispusieron
que la Ley de Amnistía contemplaba a ambos bandos. Tanto aquellos que
torturaron, mataron y desaparecieron decenas de miles de brasileños, como los
que se oponían al régimen militar. Entonces la discusión se plantea en torno a
la legitimidad de la disposición de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Nosotros creemos que el Estado brasileño se ve obligado a cumplir la
sentencia de la Corte. Pero hasta ahora nada de esto fue realizado. La Corte
estipuló dos años para que esta acción sea cumplida; ya estamos cumpliendo un
año y medio, y en octubre nosotros debemos volver a Costa Rica para ver cuál
será el dictamen de la Corte en relación al incumplimiento de su sentencia. Principalmente
a lo señalado respecto de la Ley de Amnistía.
–¿La Ley de Amnistía limita el
trabajo de la Comisión?
–El límite para la Justicia es
esta ley. Los culpables no van a hablar porque se sienten protegidos por la
misma. El problema es que está siendo mal interpretada, la Ley de Amnistía no
expresa literalmente ningún tipo de protección. Ese fue el dictamen de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Maciel y de Curi la jueza
argumentó que el delito sigue vigente porque las víctimas nunca fueron
encontradas, por lo tanto la Ley de Amnistía no tendría aplicación. Esto
muestra que se trata de una cuestión de interpretación de la ley. Por ejemplo,
cuando ellos hablan de “crimen conexo de amnistía”, es algo que cometí yo
misma. Yo misma fui absuelta de ese proceso por haber usado otro nombre, un
nombre falso. Pero la cuestión es que yo utilicé ese nombre falso para poder
salvarme, y salvar a mi hijo y a mi madre. Pero hay que marcar una diferencia
con los crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes son imprescriptibles. Ellos
nunca nos entregaron los cuerpos, las familias sólo recibimos un certificado de
defunción, con una gran “T” de Terrorista. Esa palabra usaban ellos, “su hijo,
que es un terrorista, está muerto”. Los crímenes conexos no son sinónimo de
crímenes de lesa humanidad, y no somos nosotros quienes decimos esto, es una
disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el derecho
internacional que lo proclama. Esperamos que con el caso de Ustra, de Maciel y
de Curi los otros jueces logren avanzar. Estos casos inauguran un
acontecimiento fundamental para la justicia en el país.
–¿El descontento expresado por
una facción de los militares frente a la constitución de la Comisión de la
Verdad es un reclamo sustancial o es el reclamo de un sector debilitado?
–En Brasil, algunos consideran
que esta manifestación de los militares no es un reclamo sustancial, pero yo
considero que lo es. Hace algunos meses la sede del grupo Tortura Nunca Mais de
Río de Janeiro fue invadida. Una semana antes de que ocurriera esto, llamó por
teléfono una voz masculina pausada y educada diciendo: “Esto se va a terminar,
nosotros vamos a volver”. Nosotros siempre recibimos amenazas de militares,
dependiendo el caso que estemos tratando. Por ejemplo, el caso de Lapuente, un
alumno de la escuela militar, quien murió por el maltrato en el ejercicio de su
actividad. Pero hay que destacar otra cuestión, existe una cuadrilla llamada
“Emilio Garrastazu Médici”, que fue el dictador más sanguinario de todas las
dictaduras que tuvimos en el país. Esto refleja la violencia que existe en esos
campos. Entonces yo no considero que el reclamo de los militares sea algo
aislado, sino que es un evento muy serio. Lo militares no quieren que se abran
los archivos de la dictadura, porque saben que si esos archivos se abren toda
la sociedad brasileña va a conocer las grandes atrocidades que ellos cometieron
durante el régimen dictatorial. En el caso de la guerrilla de Araguaia, ellos
cortaban las cabezas y las manos de los guerrilleros y las mandaban a Brasilia.
La Corte Interamericana, determinó que el Estado debe buscar en Araguaia los
restos mortales de 68 guerrilleros. En el año 91, tres cuerpos fueron
reconocidos. Un familiar contó, que un general de alto mando declaró frente a
varios familiares, e incluso frente al Estado brasileño, que cortaban las
cabezas de los guerrilleros para poder cargar los cuerpos, hacerlos más
ligeros. Frente a estos acontecimientos, yo no puedo concluir que los militares
hayan cambiado profundamente en nuestro país. La mentalidad de la época de la
dictadura, todavía existe en el medio de los oficiales del ejército.
–¿En qué se diferencia la
Comisión de la Verdad de otras comisiones designadas para investigar los
crímenes cometidos por el Estado durante el largo proceso dictatorial que
sufrió Brasil?
–En 1995, Fernando Henrique
Cardoso, presidente de Brasil, impulsó la ley que establecía la Comisión
Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, que mucha gente pensó que
sería como la Comisión de la Verdad. Pero no fue así, esta ley tenía dos
preceptos básicos. Uno, era la cuestión de la reparación, y el otro era iniciar
las búsquedas de los desaparecidos de la época, las causas de sus muertes y la
localización de los restos mortales. Esto nunca se realizó, y quedó en segundo
plano. Indemnizaron a la familias pensando así resolver este problema y calmar
la insistencia de los familiares. Por supuesto que no nos quedamos quietos,
porque es claro que debe haber una reparación económica, pero ese debe ser el
último punto de la reparación. Primero debemos castigar a los responsables y
luego pensar en una reparación económica. Pero aquél comenzó al revés, primero
la reparación económica y todavía estamos buscando respuestas, verdades y
justicia. La diferencia entre ambas comisiones es que la Comisión de la Verdad
es más amplia. No sólo se va a investigar lo que sucedió con los muertos y
desaparecidos, sino también con los presos políticos.
–¿Cuáles son los reclamos de
los familiares y de la sociedad?
–Uno de nuestros reclamos
fundamentales es que las reuniones sean abiertas, para que podamos participar.
Y además, que los testimonios de los torturadores sean públicos. Exigimos que
sean públicos. Finalmente, una cuestión fundamental que exigimos es que abran
los archivos, si no se abren estos archivos militares nada saldrá a la luz. Los
archivos son la prueba contundente de lo que sucedió. Gracias a la acusación
realizada por los familiares de la guerrilla de Araguaia, una jueza ha
convocado a dos militares importantísimos que participaron de las
desapariciones y los asesinatos de nuestros compañeros. El problema es que
delante de la jueza ellos mintieron, descaradamente dieron versiones opuestas a
varios periodistas. Ellos deberían ser condenados, si no por sus crímenes, por
rendir falso testimonio. Es por esto que consideramos que la Comisión de la
Verdad debería presentar públicamente los testimonios realizados. Nosotros no
queremos que esto permanezca como un gran relato. Creemos que estos testimonios
deben ser enviados a los altos tribunales y cobrar el valor que realmente
tienen.
–La Comisión está conformada
de forma muy heterogénea ¿Existen diferencias entre sus miembros?
–Nosotros tenemos una mirada
crítica respecto de la Comisión de la Verdad. Sucede que el coordinador de la
Comisión, Gilson Dipp, fue perito por el Estado brasileño frente a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El atestiguó en contra de la familias, e
indicó que la cuestión de la amnistía en Brasil ya estaba resuelta, que la dictadura
militar en el país era un capítulo cerrado de la historia. Por lo tanto, cuando
fue elegido coordinador de la Comisión, por supuesto que nosotros protestamos.
Luego rechazamos la declaración, en el diario Folha de Sao Paulo, de Jos Carlos
Dias quien fue abogado de presos políticos, donde afirmó que se iban a
investigar los crímenes de ambos lados. Luego se retractó indicando que el
periodista no había entendido lo que él quiso decir, y que descontextualizó sus
palabras. Lo que debe quedar claro es que nosotros no cometimos crímenes,
nosotros luchamos contra un régimen que se había vuelto contra su propio
pueblo. Por otro parte, nuestra gran aliada, una persona muy honesta de grandes
principios, es Rosa Cardoso, quien fue abogada de la presidenta Dilma Rousseff y de muchos otros presos
políticos. Es una mujer de grandes
principios, siempre fue un referente del grupo Tortura Nunca Mais.
Victoria Grabois: presidenta
de la organización de derechos humanos Tortura Nunca Mais y familiar de
desaparecidos explica en detalle la función de la Comisión en un escenario
histórico y socio-político complejo.
–¿Existen actores políticos y
económicos que ocupan actualmente cargos de poder?
–Con el golpe de 1964,
existieron gobernadores de los tres estados más importantes de Brasil que
apoyaron el golpe militar. Existen multinacionales que financiaron centros de
tortura. La denominada “Operación Bandeirantes” por medio de la cual se
practicó la tortura y se llevó a prisión a innumerables activistas de
izquierda, fue financiada por Ultragas. Esta es una gran multinacional, cuyo
director dinamarqués, fue asesinado por la guerrilla urbana. Existen relatos
que indican que él no sólo financiaba, sino también participaba de la tortura.
De manera que se sienten los efectos de la dictadura militar, la estructura de
aquel régimen no fue desmontada completamente. Muchos de los que participaron
en aquella época permanecen en cargos importantes del Estado. La impunidad aquí
es enorme. Si no adquirimos pronto una política de justicia, esta violencia
continuará.
–¿Cuáles son las conclusiones
extraídas de la audiencia pública que realizó la Comisión con los familiares y
organismos de derechos humanos?
–Nosotros conseguimos una
victoria muy pequeña. Luego de la instauración de la Comisión, se realizó una
reunión con los familiares de muertos y desaparecidos en San Pablo, sólo para
las familias, sin las entidades de derechos humanos. Entonces, las más de
setenta familias, reivindicaron que las reuniones de la Comisión tenían que ser
abiertas. Luego la Comisión realizó una reunión abierta con la presencia de la
prensa, con todas las entidades de derechos humanos y con los familiares. La
gran discusión es la cuestión de la justicia. Las comisiones de la verdad
regionales se han comenzado a llamar Comisión por la Verdad y la Justicia. Es
una victoria muy pequeña, espero que podamos avanzar aún más.
–¿Usted considera que para
alcanzar la justicia son necesarias la militancia y la reivindicación social o
una voluntad política firme por parte de los dirigentes?
–Yo creo que se requieren las
dos cosas. La sociedad debe presionar a los dirigentes para que estas
cuestiones se conviertan en un asunto público. Sólo con el apoyo de la sociedad
los dirigentes podrán abrir los archivos de la dictadura, y proclamar la
Comisión de la Verdad y fundamentalmente de la Justicia. Una sociedad activa
que presiona es fundamental para que estos procesos se desarrollen. Aquí el proceso
es muy lento, los grandes escraches que hubo en Argentina hace muchísimo
tiempo, nosotros los estamos viviendo recién ahora. Es un poco tarde, pero por
lo menos existe una manifestación por parte de la juventud que muestra que
ellos son el fruto de nuestro trabajo político y de nuestra militancia. Esto es
el reflejo del trabajo de las entidades de derechos humanos en nuestro país que
siempre denunciaron los crímenes de lesa humanidad. Sin apoyo social es difícil
que los dirigentes puedan sentirse lo suficientemente respaldados para tomar
decisiones tan importantes.
–¿Cuál es la imagen de la
Comisión que promueven los medios de comunicación brasileños?
–La mayoría de los grandes
medios de comunicación en Brasil son conservadores. Entonces promueven la idea
de que es necesario investigar ambos bandos. Según ellos los opositores al
régimen militar cometieron crímenes. Esta es un posición totalmente retrógrada
y conservadora.
–La Comisión simplemente
establece la verdad, no puede promover ni imponer castigo alguno. ¿Cuál es el
valor de la verdad sin justicia?
–A pesar de que la Comisión
tenga un período muy breve de trabajo (dos años) con siete miembros y catorce
asesores (es un equipo muy reducido), es necesario entender que está sacando a
la luz nuevamente la cuestión de los derechos humanos en nuestro país que hace
mucho tiempo que estaba adormecida. El debate sobre los derechos humanos se ha
convertido en el centro de la agenda de discusiones. Nosotros, con el grupo
Tortura Nunca Mais hemos sido llamados para hablar en eventos universitarios,
para hablar con sindicatos, con periodistas del mundo entero, etc. Este debate
que no existía antes de la formación de la Comisión, se está realizando ahora.
Pero si queremos una sociedad justa, una democracia real debe haber justicia. Como ciudadana
brasileña considero que la verdad es un camino hacia la justicia. Pero como
familiar es muy duro lidiar con la verdad a secas.
*****
VERDAD CON JUSTICIA.
Julia Goldenberg
Victória Grabois es hija de Alcira da Costa Reis
y de Mauricio Grabois, dirigente de la guerrilla de Araguaia, uno de los focos más
castigados durante la última dictadura militar en Brasil. Mauricio Grabois, su hijo André y el primer marido de Victória
desaparecieron en 1972. Numerosos
familiares de muertos y desaparecidos de la época sólo recibieron un
certificado de defunción con una “T” de
terrorista en la parte superior del documento.
Con 19 años comenzó a militar en el movimiento estudiantil de Río de
Janeiro, pronto pasó a vivir en la clandestinidad adoptando un nombre falso que
conservó durante 16 años. Con ese nombre realizó sus estudios universitarios en lengua portuguesa y francesa, para
desempeñarse más tarde como docente. Militante
del Movimento de Mulheres, entre otros, fue además fundadora y directora
Cultural de la asociación Liberdade Mulher. Actualmente es la presidenta del
grupo Tortura
Nunca Mais de Río de Janeiro que promueve la investigación, ofrece
apoyo legal y psicológico a todas las víctimas del terrorismo de Estado durante
la dictadura y a las víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos en
la actualidad. Su militancia incansable la convirtió en un referente
fundamental de la lucha por los derechos humanos en Brasil.
En 2008, junto con un grupo de familiares de desaparecidos, comparecieron ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos para responsabilizar al Estado
brasileño por la falta de investigación y de justicia. La Corte dispuso que la
Ley de Amnistía no eximía a aquellos que habían cometido crímenes de lesa
humanidad y que el Estado brasileño debía investigar los abusos cometidos por
los agentes del Estado durante la dictadura militar. Ese mismo año, la Comisión de la Verdad fue impulsada
por el gobierno de Lula y puesta en vigencia en 2011 por la actual presidenta Dilma Rousseff. Durante los próximos
dos años, sus siete miembros investigarán las violaciones de derechos humanos
entre 1946 y 1988 con el objetivo de crear un documento público como relato
sobre la verdad. Victória Grabois
insiste, como militante y familiar de desaparecidos, que la verdad sin justicia
es insuficiente. No obstante permite recuperar la historia, el
valor de la lucha política y el debate sobre los derechos humanos.
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