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La democracia no puede reducirse a un conjunto de normas
procedimentales y requisitos generales, ignorando además las
particularidades históricas y las realidades nacionales latinoamericanas. La democracia significa una plena participación política de la sociedad, pero
también una igualdad social, esto es, democracia social y democracia económica.
Por ello, el sustento central que puede garantizar una democracia socialista tiene que ver con su carácter incluyente, como lo
plantea también Pablo González Casanova
(2009), esto es, aquella que asegure el reconocimiento
de la igualdad en la diferencia a partir de reconocer derechos tanto políticos
como socioeconómicos y culturales. Una
democracia socialista garantiza la
libertad del voto pero también el derecho al trabajo, la libertad de expresión
y el libre acceso a la salud y la educación, el derecho a la participación
ciudadana, a la alimentación, la cultura y el deporte; expresado de otra
manera, Roberto Regalado (1997)
precisa los riesgos de una democracia concebida en términos liberales, pues ésta ha de sustentarse en una “combinación armónica de la representación con
la participación, de manera que el voto no sea un ejercicio periódico inútil,
que deja a los pueblos sin control sobre los gobernantes y sus políticas,
(…) es el
ejercicio del gobierno por el pueblo, (…) que necesita incluir la democracia
económica y social”.
/////
La juventud en América latina - como a nivel global - pero juventud con conciencia social, responsabilidad, compromiso y visión de futuro, hoy representa la fuerza, la energía y la fortaleza en la forja y construcción de una Nueva Democracia Participativa, Ciudadana e Intercultural en Nuestra América.
***
Transiciones de la democracia en América
Latina y el Caribe en el siglo XXI.
La construcción de una Democracia Socialista.
*****
Nayar López Castellanos.
Pacarina del Sur. Sábado 25 de enero del 2014.
“Artículo basado en mi Ponencia
presentada en el XXIX Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología
ALAS. Chile 2013, Santiago de Chile, 30 de septiembre del 2013”.
Tras la reconfiguración política que ha vivido
América Latina y el Caribe desde el levantamiento zapatista de 1994, en México,
y la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, en 1998, la democracia en la
región ha experimentado una profunda transformación, consolidándose no sólo en
su vertiente representativa, sino también avanzando sustancialmente hacia un
modelo participativo, sobre todo en aquellos países inmersos en una transición
de signo socialista, --con enormes obstáculos y contradicciones internas y
externas--, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, además del desarrollo del modelo
cubano. Paralelo a los sistemas políticos del Estado, también destacan
experiencias como las del zapatismo en México y el MST en Brasil, que
construyen sus propias estructuras de democracia directa. Tanto teórica como
empíricamente, América Latina y el Caribe están presenciando la construcción de
una democracia de orientación socialista, contrastando con la interpretación y
vivencia que ésta tuvo durante el llamado socialismo real en el siglo XX.
Fuente:
Pacarina del Sur - La reconfiguración política de la región
latinoamericana y caribeña en la primera década del siglo XXI, tiene como
antecedentes inmediatos no sólo los procesos políticos y las luchas populares
que se producen desde fines de los setenta hasta los inicios de la década de
los 90s, sino dos acontecimientos claves e inéditos que se caracterizan por su
carácter popular y que también inciden en el panorama mundial: el levantamiento
zapatista del primero de enero de 1994 – rebelión armada contra el modelo
neoliberal, justo en su apogeo-, y el inicio de la Revolución Bolivariana en
Venezuela, a partir del triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales
de 1998. Ambos acontecimientos repercuten en la geopolítica latinoamericana,
pero también en el proceso de consolidación de espacios y formas de lucha en el
ámbito mundial en contra de la transnacionalización neoliberal. Los zapatistas
marcan una ruta de las luchas sociales, mientras la revolución bolivariana la
vía de la transformación estatal-institucional.
Estos cambios regionales
se expresan en el establecimiento de gobiernos de izquierda a partir de la
llegada de Chávez, ya en sí, un verdadero acontecimiento histórico. En orden
cronológico destacamos el arribo a la presidencia de Lula en Brasil (2002),
Néstor Kirchner en Argentina (2002), Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Evo
Morales en Bolivia (2005), Daniel Ortega en Nicaragua (2006), Rafael Correa en
Ecuador (2006), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y Mauricio Funes en El
Salvador (2009). En lo sucesivo, se da la continuidad de los proyectos con
algunos de estos líderes en el gobierno, salvo Paraguay, dónde Fernando Lugo es
destituido mediante un golpe legislativo, además de que fallecen los
presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.
Hay que señalar la
participación de una izquierda de composición heterogénea, en la que el bloque
conformado por Venezuela, Bolivia y Ecuador realiza cambios estructurales a
partir de Asambleas Constituyentes con amplia legitimidad popular, mientras que
en el resto de los países tan sólo se experimentan limitadas reformas al modelo
neoliberal, exceptuando el caso de Argentina, que reconstruye la fuerza
política y económica del Estado logrando revertir el profundo deterioro en las
condiciones de vida de la población y recuperar el control del mercado interno.
Como resultado de estos
cambios, se desarrolla un histórico proceso de integración económica, política
y cultural. Se fortalece el MERCOSUR y se crean organismos regionales de gran
alcance como ALBA, UNASUR y CELAC, además de iniciativas más específicas en el
campo de los energéticos, las transacciones financieras y hasta en el ámbito de
las comunicaciones, como Petrocaribe, Petrosur, Banco del Sur y Telesur, todos
ellos impulsados particularmente bajo el liderazgo del Presidente Chávez.
Tal proceso de integración
latinoamericana y caribeña, inédita, puede interpretarse como el inicio de
procesos que buscan, a contracorriente, una salida nacional y popular al modelo
neoliberal impuesto y logran un claro debilitamiento de la hegemonía económica
y política estadounidense en la región, por el desplazamiento de instancias de
supuesta integración, antes diseñadas y controladas por su gobierno, como la
OEA, el BID y el intento del ALCA, entre otros.
Los Movimientos Sociales - anti-globalización - hoy en la coyuntura de la crisis estructural mundial y de la propia crisis del sistema democrático en América latina - la crisis de la democracia liberal representativa - representan la esperanza de la construcción de un proceso político, propio, original, histórico, una Nueva Democracia, Participativa, Ciudadana, (forjando nuevos liderazgos, democracia del trabajo y de respeto a la Madre Naturaleza, democracia -sin copia, ni calco - sino como creación heroica y autónoma de cada pueblo.
***
Crisis de la democracia representativa.
El modelo político
hegemónico en el hemisferio occidental, después de la segunda guerra mundial,
la democracia liberal o representativa, se erigía frente a los regímenes del
llamado socialismo real como la panacea de la libertad y la garantía de un
verdadero sistema de representación política democrática, auténtica y efectiva.
Es el período del llamado Estado benefactor, que lograba combinar una
participación ciudadana limitada a partir de concesiones de un capitalismo que
garantizaba cierta seguridad socioeconómica para la clase trabajadora de la
sociedad.
En el contexto de la
revolución cubana y el surgimiento de guerrillas en diversos países de la
región, Estados Unidos impone y apoya, junto a los grupos oligárquicos y sus
ejércitos, un período de dictaduras militares que frustraron procesos
democráticos para evitar la supuesta expansión del socialismo y la posible
influencia de Cuba. No obstante, hacia mediados de la década de 1980,
Washington se pronunciará tácticamente contra las dictaduras que había sostenido,
a la par que se va imponiendo el modelo neoliberal a través de una profunda
transformación del Estado, iniciando la llamada transición a la democracia.
En realidad se trató de una política que garantizaba que los militares pactaran
la entrega del poder con los civiles que no se opusieron frontalmente al
oprobio dictatorial, a cambio de la impunidad y de mantener básicamente intacta
a la institución castrense.
En
este contexto tiene lugar el arribo por la vía electoral de Jaime Roldós en
Ecuador (1979), Fernando Belaúnde en Perú (1980), Raúl Alfonsín en Argentina
(1983), Julio María Sanguinetti en Uruguay (1985), José Barney en Brasil (1985)
y Patricio Aylwin en Chile (1990).
Desde la perspectiva de Norbert Lechner (2003), esta etapa se
puede entender bajo el concepto de democracia restringida, la cual se
limita a la celebración de elecciones periódicas, sin participación ciudadana
en la toma de decisiones en los asuntos de gobierno, buscando, “fortalecer el
poder ejecutivo para que pueda imponer libre de presiones populares los <>
de la modernización económica”.
Al respecto, Guillermo O’Donnell (1994) -quien
introduce el concepto de democracia limitada- define los niveles de la
democracia a partir del cumplimiento de normas con las cuales puede valorarse.
Esta visión forma parte de una corriente de la ciencia política en la que
destacan las ideas de Bobbio (1985)
y Dahl (1989), para quienes se puede
hablar de democracia en un país o en un contexto determinado, solo si se
cumplen un conjunto de requisitos. De acuerdo con Dahl, el ideal de democracia se sustenta en una sociedad que
garantice la libertad de asociación, expresión, el derecho al voto y a ser electo a cualquier cargo de
representación, así como el derecho de los candidatos o líderes políticos a
competir y buscar apoyo y votos; esto es, elecciones libres e imparciales, y
las instituciones que aseguren que la política de los gobiernos descanse en las
votaciones y otras formas de expresar la voluntad del ciudadano. (p.15)
Aquí optamos por el concepto
de una democracia tutelada, destacando su carácter limitado y
restringido, que se inserta en la transformación de un Estado benefactor a uno
neoliberal. En este sentido, López y Rivas (2010), plantea más específicamente
que:
El proyecto conservador pretende
que haya democracia, sin justicia social, sin liberación nacional, sin derecho
a escoger una política económica distinta de la neoliberal, ni un gobierno
democrático con fuerte apoyo popular. Propone una democracia sin opciones en la
que vote la minoría de los ciudadanos para escoger entre un pequeño grupo de
políticos profesionales cuyas diferencias ideológicas y programáticas son
insignificantes.
Partimos entonces de la
tesis de que algunos países latinoamericanos y caribeños se encuentran en una etapa
de transición del modelo de democracia tutelada a una democracia de
orientación socialista.
La participación ciudadana desde la Nueva Sociedad Civil, Real, emergente - el poder local - como escenario de escenarios de las clases y la lucha de clases - fuente y poder de los Movimientos Sociales, constituye y representa en la actualidad el camino y la alternativa en la forja y construcción de una Nueva Democracia en América Latina. Los partidos políticos, los políticos, están "fuera" de este proceso ( primero que se curen de su enfermedad, la corrupción, la farsa y la mentira que la han transformado en "Política de Estado"). Una nueva mirada hacia América Latina y la política hoy, es importante, como han destrozado la Confianza y la legitimidad como pilares y fortalezas - social y política - del sistema democrático?.
***
Construyendo la democracia socialista.
La revolución cubana fue
un proyecto inédito en la región que desde sus inicios fortaleció las
perspectivas de transformaciones estructurales y democráticas, a la par que
generó el rechazo del gobierno estadounidense al estigmatizarla como un proceso
totalitario y antidemocrático.
Pese a que no cumple con
todos los requisitos formales que propone Dahl, según su ideal de democracia,
esta revolución instituye un sistema parlamentario basado en la democracia
participativa, sin la existencia de los tradicionales partidos políticos: el
Partido Comunista de Cuba (PCC) se concibe como un factor de unidad política de
la sociedad, y no una institución en los términos electorales de la democracia
representativa, ni como vía de acceso a puestos de representación o de
gobierno. De hecho, el PCC no participa como tal en las elecciones, al partido
sólo pertenecen alrededor de 500 mil cubanos y se incorporan las personas
consideradas más comprometidas con la Revolución, las más participativas y
destacadas en su trabajo.
En el sistema político
cubano, las organizaciones de masas representan uno de los soportes
fundamentales y son el espacio de participación y discusión por excelencia. La
mayoría de quienes se desempeñan en los poderes ejecutivo y legislativo
provienen de estas instancias organizativas. Entre las principales, destacan la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en la que militan alrededor de un millón y
medio de personas de entre 17 y 35 años de edad; la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU), que aglutina a los estudiantes de nivel superior y de
posgrado; la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC); la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); entre las
numerosas organizaciones que existen en esta sociedad.
Así, en la democracia
participativa cubana funciona un sistema electoral que organiza cada cinco años
comicios generales para elegir diputados provinciales y nacionales, y cada dos
años y medio, diputados municipales, de quienes se desprenden los órganos de
gobierno en sus diferentes niveles, estructura similar al sistema parlamentario
tradicional. Los ciudadanos mayores de 16 años tienen derecho al voto, el cual
es libre, directo y secreto, así como a ser electos a partir de esa misma edad,
y 18 años cuando se aspira a una diputación nacional.
Los candidatos que se
presentan en los comicios son postulados a través de asambleas públicas en las
que la población decide de forma directa. No existen campañas de promoción, son
las Comisiones Electorales las que difunden la trayectoria política y laboral
de los (as) candidatos (as), para lo cual generalmente se colocan sus datos
básicos y aspectos significativos de su trayectoria en lugares públicos de la
sección electoral respectiva.
Como cualquier sistema
político en el mundo, el cubano tiene sus limitaciones, pero garantiza una
amplia participación de la sociedad. Lo hace diferente el hecho de que no
existen partidos políticos en su lógica tradicional, en cambio, funcionan
mecanismos de la democracia directa como la revocación del mandato, el cual se
puede ejercer en cualquier momento y con funcionarios de cualquier nivel, la
rendición de cuentas y una práctica de debate y consulta en torno a los asuntos
públicos de mayor importancia, tal y como sucedió previo a la aprobación en el
Parlamento de las últimas reformas de carácter económico y social que se dieron
en la isla en los años recientes.
Se ha estimado que, con
frecuencia, en los comicios vota el 95% de los cubanos inscritos en el padrón
electoral. El proceso es vigilado por la organización infantil de los pioneros,
y existe la presencia de periodistas nacionales y extranjeros.
No obstante, el análisis
del sistema político cubano no suele descansar en una mirada crítica
rigurosamente fundamentada. Todo lo contrario, este es casi siempre animado por
razones políticas y un exacerbado etnocentrismo que no concibe otras formas
posibles de hacer política, ni reconoce que una sociedad puede funcionar fuera
del modelo tradicional de los partidos políticos. ¿Acaso en el resto de la
región, incluyendo México, en el que prevalece el sistema de partidos, se
cumplen los requisitos que el mismo Dahl
propone para afirmar que impera un régimen democrático? ¿Los cargos de
representación popular no suelen ser fuente de muchos beneficios para los
representantes electos y una forma de control del gobierno y las corporaciones
transnacionales? ¿No se ha convertido el régimen mexicano, por ejemplo, en un
soporte y fortalecimiento del modelo neoliberal que excluye de manera creciente
la participación ciudadana y vulnera los derechos de los trabajadores al
privilegiar los intereses de las empresas transnacionales y del gobierno
estadounidense? ¿No es posible constatar esta aseveración en los “debates” que
se dieron para aprobar la reforma energética por parte de los partidos
políticos y las cámaras de “representantes” populares?
El análisis sobre lo que
es la democracia ha sido más que prolífero [1]
pero no pretendemos dar cuenta de ello. Si pensamos que, por ejemplo, un punto
de partida fundamental, como el propuesto por Alain Touraine, para entender qué es la democracia, es no perder de
vista que “es un régimen político cuyo funcionamiento está mediado por los
tipos de articulación entre sociedad, sistema político y Estado existentes en
una formación social, en un momento histórico determinado”, definición que
retomo de la lectura que hace Francisco
Zapata de este autor [2].
Aunque, éste último señala que estas articulaciones “definen el desarrollo de
la ciudadanía, la formación de los partidos políticos y los procesos
electorales”, podemos señalar que, además de ciertas condiciones necesarias,
las articulaciones entre sociedad, sistema político y Estado pueden adoptar
diversas formas. Por ejemplo, según
Ricardo Alarcón (2002), quien fuera presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular de Cuba:
Ante todo hay que pensar
que un elemento esencial y absolutamente infaltable de cualquier sistema
democrático tiene que ser la independencia; o sea, es inconcebible la
democracia si no hay un país soberano, en última instancia la democracia es el
ejercicio por el pueblo de la soberanía, pero solamente podría hacerlo una nación
que sea libre e independiente. Y la
Revolución Cubana significó, desde el primer momento, desde 1959,
precisamente la conquista de la independencia nacional; fue el triunfo de una
revolución que se había iniciado en 1868, una revolución profundamente democrática,
porque estaba basada en la idea de la igualdad, de la justicia, de la
solidaridad humana, el sentido auténtico, real que el vocablo democracia
siempre ha tenido. (p.154)
En un contexto histórico
específico y desde fines del siglo pasado, las refundaciones constitucionales
que se dieron en Venezuela (1999), Bolivia (2008) y Ecuador (2009) relativas a la estructura política y económica del
Estado y el carácter de la democracia, son de vital importancia para entender
los recientes cambios políticos y económicos en la región. La introducción de
mecanismos de participación popular, como el plebiscito, el referéndum, la
iniciativa popular, la revocación del mandato, el presupuesto participativo y
el poder comunal, conforman principios básicos de una democracia alternativa,
los que promueven una mayor conciencia colectiva de los asuntos públicos y una
ciudadanía más protagónica de su propio destino; además de resarcir una deuda
histórica con los sujetos históricamente oprimidos a causa del carácter clasista
y por el racismo y la dominación masculina que caracterizan el sistema político
de la época. Las mujeres, por ejemplo, tuvieron derecho al voto hasta la década
de 1950, mientras en el siglo XIX y principios del XX, durante el tiempo del
Estado oligárquico, indígenas, campesinos, negros y analfabetas, tampoco podían
sufragar; en la mayoría de los países latinoamericanos sólo votaba entre el 2 y
el 4% de los hombres, básicamente los que pertenecían a las elites políticas y
económicas (Stanley y Stein, 1971).
En los contextos en los
que se desarrollan estos procesos democráticos, frente al limitado ejercicio
del voto que ha implicado este manejo de la democracia representativa, se
establecen mecanismos que otorgan mayor capacidad a la sociedad para hacer valer
su opinión y voluntad en asuntos estratégicos para el futuro de la nación.
En el caso de la Venezuela
chavista, en la que se desarrolla una amplia participación popular (el
porcentaje de la participación se cuenta entre los más altos en la región), la
democracia se concibe de la siguiente forma:
Para alcanzar mayor
solidez de la democracia protagónica revolucionaria se hace necesario restituir
a la política su carácter público, participativo, ético y solidario, cuyo
principal sentido es la constitución de la ciudadanía, los espacios de
civilidad, las instituciones y una cultura política democrática, basada en una
elevada conciencia social ética y en una activa y consciente participación
ciudadana. Se trata de rescatar la política como mediación para la vida humana
vital, a través de su sentido de solidaridad y de la búsqueda del bien común.
(Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2009: 37)
También, se impulsa una
democratización a través del acceso efectivo a la información pública y los
medios de comunicación masiva, en el ámbito radioeléctrico, para otorgar
espacios a una ciudadanía a la que históricamente se le ha negado este derecho
que garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos signada por
todos los gobiernos de esta región latinoamericana. Lejos de limitar la
libertad de expresión, se ha buscado romper los monopolios que controlan
prácticamente todos los medios para que sectores, otrora subalternos de la
sociedad, puedan ejercer el mismo derecho. Esto es lo que ha sucedido con los
nuevos marcos legales, sobre todo en Ecuador, Argentina y Venezuela.
Las transformaciones al
sistema político y la estructura de la democracia en Venezuela, Bolivia y
Ecuador, en cada caso con sus especificidades y límites, constituyen un
reconocimiento efectivo de los derechos políticos de sus pueblos, a partir de
una nueva concepción sobre los mecanismos de participación política, que pueden
influir más directamente en el mejoramiento de las condiciones económicas y
sociales de amplios sectores de la población que, particularmente, viven en
condiciones de pobreza y extrema pobreza. Por ejemplo, según datos del propio
Banco Mundial, antes de Chávez, en 1997,
la pobreza se ubicaba en 54.7%. Para el año 2012, este índice se redujo al
25.4%. (Escolar, 2013). En el informe Panorama Social 2013, la CEPAL destacó que Venezuela fue el país
latinoamericano en el que más se redujo la pobreza. (CEPAL, 2013)
Además de los parámetros
institucionales que se desprenden del Estado, también van tomando fuerza en
ciertos países latinoamericanos experiencias reivindicatorias y autonómicas desde
abajo; esto es, el poder político no emana exclusivamente de las instancias
formales, se ejerce por la vía de los hechos, de manera paralela, y sin
pedir permiso, aunque se establecen articulaciones y existen determinadas
formas de comunicación y entendimiento.
Como ejemplos de ello está
el Movimiento de los Sin Tierra (MST)
en Brasil, las Juntas de Buen
Gobierno (JBG) en territorio
zapatista y la experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) -Policías
Comunitarias en el estado de Guerrero,
México-, los casos de las asambleas barriales en Argentina, y otras variantes en que se expresan los procesos
autonómicos y formas organizativas en defensa de los derechos colectivos y la
oposición al avance de las políticas neoliberales, que incluyen el llamado
crimen organizado. Ante la negativa del Estado de reconocer sus derechos
políticos, se practica el autogobierno en diferentes modalidades bajo una
concepción colectiva, solidaria y, como en el caso del MST y el zapatismo, también adquieren un signo de orientación
socialista o autonomista.
Los movimientos sociales
han adquirido un mayor protagonismo en los procesos políticos nacionales,
pasando de un ámbito de carácter localista y demandas específicas, a un plano
más integral y de alcance nacional y regional. Ello se ha reflejado en su
incorporación al debate de los principales temas nacionales, sobre todo, en su
oposición a las políticas neoliberales y privatizadoras de los recursos
naturales; este es el caso de las llamadas guerras del gas y del agua en
Bolivia, y la defensa de las comunidades indígenas y campesinas frente al
Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá), entre otros.
La lucha contra la pobreza en América Latina, es una de las grandes responsabilidades políticas, en especial de las nuevas democracias, pero su compromiso se ha ampliado, porque hoy Nuestra América es "depositaria" de la más amplia y profunda desigualdad económica social del planeta. Las políticas neoliberales etiquetaron todo el trabajo, en sólo la lucha contra la pobreza, ahora tenemos que nuestra realidad es más cruel e hiriente, millones de ciudadanos ( sus familias) están "atados,amarrados" históricamente en este panorama profundamente complejo, múltiple, turbulento y polarizado. He aquí la gran tarea y responsabilidad social y política, dentro del proceso de Integración latinoamericana y las Nuevas Democracias.
***
Perspectivas de una democracia socialista en
el siglo XXI.
Una de las grandes deudas
que dejó la experiencia del socialismo en la Unión Soviética y los países del
Este europeo, fue la democracia. Si bien se lograron avances sustanciales en el
terreno social, económico y de la cultura, la participación popular fue
quedando en la retórica de los discursos del poder.
El origen del problema no
sólo se encuentra en la centralización del poder por una burocracia que se fue
alejando y terminó divorciándose de la sociedad, sino que más allá de las
estructuras partidarias, se perdieron y/o no existían canales, ni mecanismos
efectivos y articulaciones entre sociedad, sistema político y Estado, que
garantizaran la participación política. El
centralismo democrático derivó en elitismo burocrático, por lo
que el socialismo quedó marcado como un sistema autoritario y burocrático.
Este denominado socialismo real, también originó un desencanto y una incertidumbre sobre horizontes
y proyectos de futuro. Desde las experiencias democráticas latinoamericanas y
caribeñas más avanzadas de hoy, hay coincidencia en un objetivo fundamental: sin democracia no
puede haber socialismo, y viceversa. A pesar de que algunas fuerzas
de la izquierda institucionalizada han ido sometiéndose a las tendencias de la
democracia neoliberal, la idea de construir la participativa, en el contexto de
una transición democrática de signo socialista, en la práctica y en el
discurso, es cada vez mayor entre los movimientos populares de la región, y a
nivel institucional en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
En este nuevo pensamiento
socialista latinoamericano se expresa una firme convicción en la que no sólo
basta la existencia de los mecanismos de la democracia participativa, sino que
la sociedad debe conocer su utilidad y alcance, esto es, lo que significa un
poder popular, comunitario y ciudadano. Al respecto, Boaventura de Souza Santos señala que “debemos profundizar la democracia en todas las dimensiones de la vida:
desde la cama hasta el Estado, como dicen las feministas… el nuevo nombre del
socialismo es democracia sin fin”.
(Equipo Nitlapán, 2008: 10-11)
La democracia no puede
reducirse a un conjunto de normas procedimentales y requisitos generales,
ignorando además las particularidades históricas y las realidades nacionales
latinoamericanas. La democracia
significa una plena participación política de la sociedad, pero también una
igualdad social, esto es, democracia social y democracia económica. Por ello,
el sustento central que puede garantizar una democracia socialista tiene que
ver con su carácter incluyente, como lo plantea también Pablo González Casanova (2009), esto es, aquella que asegure el
reconocimiento de la igualdad en la diferencia a partir de reconocer derechos
tanto políticos como socioeconómicos y culturales.
Una
democracia socialista garantiza
la libertad del voto pero también el derecho al trabajo, la libertad de
expresión y el libre acceso a la salud y la educación, el derecho a la
participación ciudadana, a la alimentación, la cultura y el deporte; expresado
de otra manera, Roberto Regalado
(1997) precisa los riesgos de una democracia concebida en términos liberales,
pues ésta ha de sustentarse en una “combinación armónica de la representación con
la participación, de manera que el voto no sea un ejercicio periódico inútil,
que deja a los pueblos sin control sobre los gobernantes y sus políticas, (…)
es el ejercicio del gobierno por el pueblo, (…) que necesita incluir la
democracia económica y social”.(p.8)
No obstante, hay que
valorar la visión crítica que surge desde variadas posturas del pensamiento de
las izquierdas latinoamericanas y caribeñas, en torno a la conducción de los
procesos de transformación vigentes. Resulta prioritaria la reflexión sobre los
contenidos del cambio y la concepción sobre el desarrollo económico como parámetro para alcanzar una justicia
social integral. Habrá que plantearse si
mantener políticas propias del extractivismo y de inversión de capitales
privados, internos o externos, implica o no la continuidad de la histórica
dependencia latinoamericana y caribeña; si no es más viable profundizar y
acelerar la colectivización de los medios de producción y, por ejemplo,
impulsar una mayor participación popular
en la economía, esto es, acotar el margen de acción del capitalismo para
preservar de manera más equilibrada el entorno
ecológico y el crecimiento económico para el bienestar social.
Así,
en Nuestra América, más que en otra región del mundo, la
concepción sobre la democracia
socialista está incidiendo cada vez con mayor fuerza en el pensamiento y la
práctica de esta nueva democracia, dejando clara la visión de una sociedad de
iguales y diferentes. Incluso, las elites políticas de las derechas
latinoamericanas y los intelectuales a su servicio, recurren al argumento de mayores
espacios de participación política de la sociedad. Cada vez es más
frecuente observar en los medios, en los discursos públicos y en las
plataformas de campaña, que se hace referencia a transparencia, rendición de cuentas, presupuestos participativos, y
hasta de candidaturas independientes, iniciativas y propuestas originadas, en
realidad, de los ámbitos democráticos y ciudadanos.
La transición hacia la democracia
participativa y de orientación socialista tiene todavía un largo
camino que recorrer en América Latina y el Caribe. Si el capitalismo neoliberal
continúa avanzando con la voracidad del presente, a costa de la creciente
pérdida de soberanía de los Estados y de nuestras naciones, el futuro de la
humanidad estará en peligro. El
extractivismo, el agotamiento de los recursos naturales, el crimen organizado,
el consumismo, las enormes desigualdades sociales, la criminalización de las
resistencias y luchas sociales y la crisis estructural del sistema, amenazan la
existencia y continuidad de la especie humana.
Resulta prioritario
profundizar en el análisis de estas realidades y de la forja de las
alternativas, de los obstáculos y límites, así como continuar la reflexión
sobre ese horizonte de futuro denominado democracia socialista, como contribución
para alcanzar esa otra patria latinoamericana y caribeña.
*****
Notas:
[1] Touraine, A. (1995). “¿Qué es la democracia?”, FCE, Buenos Aires,
[2] Francisco Zapata, “Democracia en América Latina”, op. cit, p.143.
[1] Touraine, A. (1995). “¿Qué es la democracia?”, FCE, Buenos Aires,
[2] Francisco Zapata, “Democracia en América Latina”, op. cit, p.143.
Nayar López Castellanos. Profesor Investigador del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Autor de los siguientes libros: Nicaragua, avatares de una democracia
pactada (2013); Perspectivas del socialismo latinoamericano en el siglo
XXI (2012); Del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de
la globalización neoliberal (2009); Izquierda y neoliberalismo de México
a Brasil (2001, 2006); La Ruptura del Frente Sandinista (1996);
Coordinador del libro colectivo América Latina y el Caribe, una región en
conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y
nuevos movimientos sociales (2009).
Fuente:
Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 18, enero-marzo,
2014.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor
mediante una licencia de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes
*****
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