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En varios países de América latina, la
valorización internacional de los recursos financieros permitió una
negociación de nuevo tipo entre democracia y capitalismo. El fin (aparente) de
la fatalidad del intercambio desigual (las materias primas siempre menos
valoradas que los productos manufacturados), que encadenaba a los países de la
periferia del sistema mundial al desarrollo dependiente, permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como “enemigas del
desarrollo”, se liberasen de ese fardo histórico, transformando el boom en
una ocasión única para realizar políticas sociales y de redistribución de la
renta. Las oligarquías y, en algunos
países, sectores avanzados de la burguesía
industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena
parte del poder político gubernamental, pero a cambio vieron incrementado su
poder económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente, hasta el
punto de que algunos analistas vieron la emergencia de un nuevo régimen de acumulación,
más nacionalista
y estatista, el neodesarrollismo, sobre la base del neoextractivismo.
Vivienda y territorio natural de un pueblo originario en la zona Amazónica.
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En este contexto, sólo es posible
perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de movimientos y organizaciones
sociales con el suficiente coraje para dar a conocer el lado destructivo
sistemáticamente ocultado del modelo, dramatizar su negatividad y forzar la
entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre los diferentes factores de la crisis deberá
llevar urgentemente a la articulación entre los movimientos sociales que luchan
contra ellos. Se trata de un proceso lento en el que el peso de la historia de
cada movimiento cuenta más de lo que debería, pero ya son visibles
articulaciones entre las luchas por los
derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, contra
los transgénicos, contra la impunidad de la violencia en el campo, contra la
especulación financiera con productos alimentarios, por la reforma agraria, los
derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos
indígenas y de los quilombos, el derecho a la ciudad, el derecho a la
salud, la economía solidaria, la agroecología, el gravamen de las transacciones
financieras internacionales, la educación popular, la salud colectiva, la regulación de
los mercados financieros, etc.
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Territorio agrícola,altamente productivo, agricultura originaria.
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SOCIÓLOGO BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS:
¿EXTRACTIVISMO O ECOLOGÍA?
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Boaventura de Sousa Santos *
Página /12 lunes 10 de
febrero del 2014.
Antes de la crisis
financiera, Europa era la región del
mundo donde los movimientos ambientalistas y ecologistas tenían más visibilidad
política y donde la narrativa de la necesidad de complementar el pacto social
con el pacto natural parecía tener gran aceptación pública. Sorprendentemente o
no, con el estallido de la crisis tanto estos movimientos como esta narrativa
desaparecieron de la escena política y las fuerzas políticas que más
directamente se oponen a la austeridad financiera reclaman crecimiento
económico como la única solución y sólo excepcionalmente hacen una mención algo
simbólica a la responsabilidad ambiental
y la sustentabilidad. Y, de hecho, las inversiones públicas en energías
renovables fueron las primeras en ser sacrificadas por las políticas de ajuste
estructural. Ahora bien, el modelo de crecimiento que estaba en vigor antes de
la crisis era el blanco principal de las críticas de los movimientos
ambientalistas y ecologistas, precisamente, por ser insostenible y producir
cambios climáticos que, según los datos la ONU, serían irreversibles a muy
corto plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la
narrativa ecologista muestra que el capitalismo tiene prioridad no sólo sobre
la democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo.
Pero hoy es evidente
que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca la capacidad
límite del planeta Tierra. En los
últimos meses, varios records de riesgo climático fueron batidos en Estados
Unidos, la India, el Ártico, y los fenómenos climáticos extremos se repiten con
cada vez mayor frecuencia y gravedad. Ahí están las sequías, las inundaciones,
la crisis alimentaria, la especulación con productos agrícolas, la creciente
escasez de agua potable, el desvío de terrenos destinados a la agricultura para
desarrollar agro-combustibles, la deforestación de bosques. Paulatinamente, se
va constatando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y
son, al final, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se
presenta como crisis civilizatoria. Todo
está vinculado: la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis
energética, la especulación financiera sobre los commodities y los recursos
naturales, la apropiación y la concentración de tierras, la expansión
desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los
recursos naturales, la escasez de agua potable y la privatización del agua, la
violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales
para abrir camino a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades
inducidas por un medioambiente degradado, dramáticamente evidentes en la mayor
incidencia del cáncer en ciertas zonas rurales, los organismos genéticamente
modificados, los consumos de agrotóxicos, etcétera. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible realizada
en junio de 2012, Río+20, fue un rotundo fracaso por la complicidad mal
disfrazada entre las élites del Norte global y las de los países emergentes
para dar prioridad al lucro de sus empresas a costa del futuro de la humanidad.
En varios países de América latina, la valorización
internacional de los recursos financieros permitió una negociación de nuevo
tipo entre democracia y capitalismo. El fin (aparente) de la fatalidad del
intercambio desigual (las materias primas siempre menos valoradas que los
productos manufacturados), que encadenaba a los países de la periferia del
sistema mundial al desarrollo dependiente, permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como
“enemigas del desarrollo”, se liberasen de ese fardo histórico,
transformando el boom en una ocasión
única para realizar políticas sociales y de redistribución de la renta. Las oligarquías y, en algunos países,
sectores avanzados de la burguesía
industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena
parte del poder político gubernamental, pero a cambio vieron incrementado su
poder económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente, hasta el
punto de que algunos analistas vieron la emergencia de un nuevo régimen de acumulación,
más nacionalista y estatista, el
neodesarrollismo, sobre la base del neoextractivismo.
Sea como fuere, este
neoextractivismo se basa en la explotación intensiva de los recursos naturales
y, por lo tanto, plantea el problema de los límites ecológicos (para no hablar
de los límites sociales y políticos) de esta nueva (vieja) fase del
capitalismo. Esto es tanto más preocupante en cuanto este modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución
social, pero rígido en su estructura de acumulación. Las locomotoras de la
minería, del petróleo, del gas natural, de la frontera agrícola son cada vez
más potentes y todo lo que se interponga en su camino y obstruya su trayecto
tiende a ser arrasado como obstáculo al desarrollo. Su poder político crece más
que su poder económico, la redistribución social de la renta les confiere una
legitimidad política que el anterior modelo de desarrollo nunca tuvo, o sólo
tuvo en condiciones de dictadura.
Por su atractivo, estas
locomotoras son eximias para transformar las señales cada vez más perturbadoras
de la inmensa deuda ambiental y social que generan en un costo inevitable del “progreso”. Por otro lado, privilegian
una temporalidad que es afín a la de los gobiernos: el boom de los recursos
naturales no va a durar para siempre y, por eso, hay que aprovecharlo al máximo
en el más corto plazo. El brillo del corto plazo oculta las sombras del largo
plazo. En tanto el boom configura un juego de suma positiva, quien se interpone
en su camino es visto como un ecologista
infantil, un campesino improductivo o un indígena atrasado, y muchas veces
es sospechado de integrar “poblaciones
fácilmente manipulables por Organizaciones No Gubernamentales al servicio de
quién sabe quién”.
En estas condiciones se
vuelve difícil poner en acción principios de precaución o lógicas de largo
plazo. ¿Qué pasará cuando el boom de los recursos naturales termine? ¿Y cuando
sea evidente que la inversión de los recursos naturales no fue debidamente
compensada por la inversión en recursos humanos? ¿Cuando no haya dinero para
generosas políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree un
resentimiento difícil de manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de
enfermedades ambientales sean inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos
de salud hasta volverlos insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas,
el empobrecimiento de las tierras y la destrucción de los bosques sean
irreversibles? ¿Cuando las poblaciones indígenas, ribereñas y de los quilombos (afrobrasileños) que fueron
expulsadas de sus tierras cometan suicidios colectivos o deambulen por las
periferias urbanas reclamando un derecho a la ciudad que siempre les será
negado? Estas preguntas son consideradas por la ideología económica y política
dominante como escenarios distópicos, exagerados o irrelevantes, fruto de un
pensamiento crítico entrenado para dar malos augurios. En suma, un pensamiento
muy poco convincente y de ningún atractivo para los grandes medios de
comunicación.
En este contexto, sólo
es posible perturbar el automatismo político y económico de este modelo
mediante la acción de movimientos y
organizaciones sociales con el suficiente coraje para dar a conocer el lado
destructivo sistemáticamente ocultado del modelo, dramatizar su negatividad y
forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre
los diferentes factores de la crisis deberá llevar urgentemente a la
articulación entre los movimientos sociales que luchan contra ellos. Se trata
de un proceso lento en el que el peso de la historia de cada movimiento cuenta
más de lo que debería, pero ya son visibles articulaciones entre las luchas por
los derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, contra
los transgénicos, contra la impunidad de la violencia en el campo, contra la
especulación financiera con productos alimentarios, por la reforma agraria, los derechos de la naturaleza, los derechos
ambientales, los derechos indígenas y de los quilombos, el derecho a la
ciudad, el derecho a la salud, la economía solidaria, la agroecología, el
gravamen de las transacciones financieras internacionales, la educación
popular, la salud colectiva, la regulación de los mercados financieros, etc.
Tal como ocurre con la
democracia, sólo una conciencia y una acción ecológica, vigorosas, anticapitalistas,
pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al “ecologismo de los ricos” es preciso
contraponerle el “ecologismo de los
pobres”, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del
crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad,
solidaridad y complementariedad vigentes
tanto en las relaciones
entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la
naturaleza.
* Director del Centro de
Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal.
El texto corresponde a
la “Undécima carta a las izquierdas” del autor.
Traducción: Javier Lorca.
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Reclamo mapuche en un yacimiento
neuquino de la empresa Apache. Protestas muy comunes en todo América Latina, de las comunidades históricas y pueblos originarios contra el modelo extractivista, tradicional exportador de materias primas y depredador del medio ambiente impuesto por las corporaciones mineras, petroleras, gasifera, etc.
IMPACTO
EXTRACTIVISTA.
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Darío Aranda.
Página /12 lunes 10 de febrero del 2014.
Las
más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370
sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos,
extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades
indígenas. Las empresas extractivas operan en 41 lugares de América latina y
cinco de Argentina. Una muestra del impacto extractivista en los pueblos
originarios: el 39 por ciento de los yacimientos en explotación de
hidrocarburos está en territorios indígenas y casi la mitad (46 por ciento) de
las reservas comprobadas de petróleo y gas se ubica en comunidades originarias.
La ONG estadounidense
Primeros Pueblos en el Mundo (First Peoples Worldwide –FPW–) publicó su estudio
“Derechos indígenas: Informe de riesgo para las industrias extractivas”, en
base a información de las 52 petroleras y mineras más grandes de Estados
Unidos. Aunque dirigido principalmente a empresas (evalúa el “riesgo”
corporativo), revela datos útiles para las organizaciones indígenas. Las
principales empresas en territorios que afectan a pueblos originarios son las
petroleras ConocoPhillips (44 explotaciones), ExxonMobil (35), Chevron (24) y
Apache (19). Y las mineras Southern
Copper (17), Freeport-McMoRan (16), Newmont Mining (14), Peabody Energy (14).
Y sobresale una
información que augura mayor conflictividad: el 39 por ciento del petróleo y el
gas que producen las compañías está en territorio indígena o cerca de él. El 46
por ciento del petróleo y el gas se ubica en tierras indígenas.
El ranking de países con
empresas mineras y petroleras en territorios indígenas lo encabeza Estados
Unidos, con 157 casos. Le siguen Canadá (74), Australia (24) e Indonesia (23).
En América latina hay 41 casos de empresas estadounidenses que afectan a
comunidades indígenas. México y Perú tienen nueve casos cada uno. Chile seis y
Argentina cinco. Colombia y Venezuela, con cuatro cada una. Ecuador dos y
Nicaragua y Surinam un caso cada una.
La ONG les recuerda a
las empresas que los pueblos indígenas cuentan con legislación internacional,
como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Hace hincapié en el derecho indígena al consentimiento libre, previo e
informado para cualquier acción que pudiera afectar sus territorios y forma de
vida.
Los cinco casos de
Argentina citados en el estudio están en la cuenca neuquina. La petrolera EOG
Resources opera en el norte de la provincia, en la formación Vaca Muerta.
También está presente la petrolera WPX Energy, con participación mayoritaria en
Apco Oil (en Argentina opera la petrolera Entre Lomas), con extracción en
Neuquén y Río Negro.
En el informe, de 34
carillas, sobresale la petrolera Apache, que mantiene conflictos con las
comunidades mapuches Gelay Ko y Winkul Newen, en las afueras de Zapala, y donde
la empresa no cuenta con consentimiento de las comunidades. También está
presente la poderosa ExxonMobil, que opera en la formación Vaca Muerta junto a
YPF, Petrobras, Pan American Energy y la provincial GyP (Gas y Petróleo de
Neuquén). Cuenta con concesiones en Rincón de la Sauces y Añelo.
La ONG estadounidense
remarca que una de las situaciones de mayor peligro empresario es el caso de
Chevron en Vaca Muerta. Recuerda que en 2011 las Naciones Unidas (mediante el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) advirtió sobre la
violación de derechos de los pueblos indígenas de Argentina. “Durante muchos
años los mapuches han realizado protestas pacíficas y participaron de campañas
para defender sus derechos humanos, protegidos por la Constitución nacional”,
señala el informe y cita al vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén,
Jorge Nahuel: “No hay duda de que todos los anuncios acerca de estos megacampos
petroleros son una amenaza directa y clara a la vida y a la cultura de las
comunidades mapuche”.
Referido
a las cinco petroleras en territorio mapuche, la ONG precisa: “Existen
protestas mapuches por la contaminación de sus aguas y la falta de
consentimiento indígena para el funcionamiento de empresas en su territorio”.
También menciona a los “grupos ambientales” movilizados por los peligros del
fracking y recuerda que el pueblo mapuche está presente en Río Negro, Chubut y
La Pampa. La
Confederación Mapuche de Neuquén contabilizó al menos 29 comunidades que viven
sobre la formación Vaca Muerta.
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