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En
la actualidad en Brasil, un escenario muy complejo y con cientos de formas de protesta en las calles y plazas
públicas, podemos encontrar hasta tres
formas de protestas sociales, (que no deben ser confundidos con el crimen
organizado y la violencia callejera del crimen) pero que por motivos de la
realización de la Copa Mundo – la ciudadanía
que en la protesta ejerce su derecho ciudadano a reclamar derechos sociales y
lucha contrala corrupción, movimiento social que se inicia entre junio y julio
del 2013; los campesinos del MST,
que exigen a la Presidenta Dilma, donde está la Reforma Agraria y finalmente la juventud y ciudadanos anti-Copa –
básicamente pobres y marginales sociales - que encuentran la gran oportunidad
de protestar en las calles por derechos largamente postergados. Entre 1990 y 2010, 11 mil personas
fueron víctimas de la violencia policial, solo en el estado de São Paulo. La
situación es a tal punto extrema que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya recomendó la supresión de la policía militar en
Brasil. Antes de las protestas de junio, Brasil
era el 3er. país con mayor número de muertes de periodistas en el año. En
junio pasado, los métodos brutales que los PMs estaban acostumbrados a usar con
los pobres y marginales de la periferia
se intentaron extender a los manifestantes pacíficos de las avenidas paulistas.
Balas de goma impactaron en el rostro del repórter fotográfico Sérgio Silva que perdió un ojo y de la
periodista Giuliana Vallone que
estuvo cerca de la pérdida de visión. Del 10 al 14 de febrero se realizó en
Brasilia el congreso del Movimiento
de los Sin Tierra, con la presencia de más de 15 mil delegados de 23
estados. El clima en el MST no es de
abierto apoyo a la presidente Dilma. A la protesta frente al palacio
presidencial concurrieron más de 16 mil campesinos con carteles que
interrogaban “Dilma, cadê (donde está) a
reforma agraria?” al tiempo que la llamaban a “libertarse” del
agro-negocio. Cuando los manifestantes intentaron armar una tarima para
realizar un acto, la PM los atacó con gases lacrimógenos. Los campesinos
reaccionaron arrojando palos y piedras. Dirigentes del MST denunciaron que los uniformados provocaron el enfrentamiento. En las movilizaciones
contra la Copa del jueves 23/01 en Porto Alegre y del sábado 25/01 en São
Paulo y otras varias ciudades del país, los PMs retomaron las formas truculentas de disolver las protestas
callejeras. La capital paulista volvió a ser la vedete: hubo un joven baleado,
varios golpeados, arrojados al piso y pateados. De los 143 detenidos en todo Brasil, 128 eran paulistas. Ya en la protesta anti Copa del sábado 22 de
febrero en São Paulo, donde se estrenó la acción del “batallón Ninja” con policías
entrenados en artes marciales, los detenidos pasaron a 230.
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La señora Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en la actualidad, momentos históricos, previos a la realización de la Copa Mundial de Fútbol, se encuentra en un escenario muy complejo de múltiples problemas no realizados, pero ofrecidos a una Ciudadanía en pleno asenso social, millones de brasileños cuestionan la dependencia frente a la FIFA y la postergación de derechos educación, salud, transporte, seguridad, comunicación, etc.
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BRASIL. COPA MUNDO. “PROTESTAR
ES DERECHO DE EJERCER CIUDADANÍA”.
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Juan Luís Berterretche. -
Rebelión jueves 6 de marzo del 2014.
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El jueves 06 de febrero en una movilización en Rio
de Janeiro contra el aumento del boleto, el camarógrafo de la TV Bandeirantes
Santiago Andrade fue herido con gravedad por una bengala y cuatro días después
sufrió muerte cerebral.
A partir de ese momento y con la excesiva
amplificación sesgada de la TV Globo se desató una campaña contra las protestas
callejeras. La presidenta Dilma Rousseff surgió afirmando que protestar contra
la Copa “es tener una visión pequeña de Brasil”. Apelando al
nacionalismo algunos amanuenses acusaron a los que están contra la Copa de
estar contra el país. A pocos días de conmemorarse los 50 años del golpe del
64, es imposible no recordar el lema arrogante del gobierno del general
Garrastazú Médici (1969-1974): “Brasil: Ame-o ou Deixe-o”
(Brasil: ámelo o déjelo).
“Brote histérico”.
Dos días después del deceso del camarógrafo
Andrade, el senador oficialista Jorge Viana (PT-Acre) propuso que la ley
antiterrorista auspiciada por la FIFA se discutiera de inmediato en el senado y
pidió “un acuerdo de líderes para poner
dicha ley en votación en el plenario”.
El informe de comisión a senadores sobre la ley
antiterrorista fue leído por el “petista” Paulo Paím (PT-Rio Grande do Sul) y
el autor del proyecto, Romero Jucá (PMDB-Roraima) quedó desdibujado en un
segundo plano. Los grandes medios centraron en el apoyo “oficialista” de Paím a
la ley y no en Romero Jucá, que acumula antecedentes “poco elogiosos” en su
trayectoria.
Mientras, en los pasillos del PT, los líderes partidarios vinculados a los derechos humanos
-percibiendo antes que los congresistas- señalaron que el informe de comisión
en el senado sobre la Ley Anti-terrorista leído por Paím podría significar la
pérdida de más de cuatro millones de votos para el PT. Este argumento electoral fue más impactante sobre la
institucionalidad “petista” que el contenido anti-democrático de la ley, que ya
ha sido bautizada por los movimientos de DDHH, como “Acta Institucional Nº5 de
la Copa del Mundo”. La AI 5, de diciembre de 1968, otorgaba poderes
extraordinarios al “presidente” general Arthur da Costa e Silva (1967-1969).
Condensaba el pensamiento autoritario de los golpistas del 64, anulando varias
garantías individuales.
Algunos medios “petistas”
hasta ahora “desatentos” del trámite
anti-terrorista en el senado, empezaron a reaccionar y a tomar distancia de la
Ley. Poco después, es lo que hizo, por ejemplo, el sitio en internet del propio
senador Paím, apartándose del proyecto de Jucá y destacando la posición del
presidente del PT, Rui Falcão, que disoció al partido de la iniciativa. El
portal del senador titulaba el texto: “Paím nada tuvo que ver
con el brote histérico”
Muerte del camarógrafo: ¿casualidad?.
Cuando incidentes de apariencia casual son
demasiado oportunos y favorables a las claras intenciones políticas del poder,
hay que recurrir de inmediato a la sana suspicacia sobre el carácter azaroso de
estos hechos.
Después de las variadas alertas periodísticas sobre
las medidas limitativas a la protesta popular contra la Copa del Mundo que se estaban acumulando bajo el gobierno de Dilma Rousseff, este crimen tiende a
perder su carácter aleatorio y empieza a sospecharse como una provocación
intencional desde alguno de los meandros en tinieblas de la institucionalidad.
Quizá desde el propio gobierno estadual de Sérgio Cabral y su Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) con una trayectoria tortuosa en DDHH.
No olvidemos que entre noviembre de 2012 y octubre
de 2013 fueron registrados en Rio de Janeiro 6.034 desaparecimientos. La
notoriedad nacional e internacional que tomó el caso del trabajador de la
construcción Amarildo, de la favela Rocinha, desaparecido en las
manos de la policía carioca, llevó a tomar consciencia de una situación
delictiva de las fuerzas de seguridad del estado: el aumento de los
desaparecimientos estarían encubriendo crímenes policiales.
La investigación presionada por la movilización
social concluyó que Amarildo fue
torturado dentro de la propia sede de la Unidad de Policía Pacificadora y que
ese “método” era utilizado allí con asiduidad. Las “técnicas” usadas incluían
asfixia con saco plástico, choque eléctrico en la planta de los pies mojados y
“submarino” en el inodoro. Es decir no se las puede definir con el eufemismo
estadounidense de “técnicas innovadoras
de interrogatorio”.
Durante los dos ejercicios de Sérgio Cabral como gobernador, los tipificados como “auto de
resistência” en la jerga policial, es decir muertes de civiles en
enfrentamiento con la policía, han pasado a ser desaparecimientos forzosos. Y
las muertes por arma de fuego son clasificadas ahora como muertes violentas de
causa indeterminada. Existen varias investigaciones independientes que concluyen
con igual convencimiento.
El abogado João
Tancredo, que representa a la familia de Amarildo en la Justicia, define
con claridad esta tesis:
“Para mí, el
‘auto de resistência’ hoy en día se ha tornado desaparecimiento. ¿Por qué? El
“auto” tiene los nombres de las víctimas y de los policías militares que
intervinieron en el hecho. Si la familia de la víctima exige que se investigue
y la sociedad civil se moviliza, el PM que ejecutó cobardemente va a la cárcel.
Para el gobierno del estado es mejor no ser evidenciado por la brutalidad
policial. El aumento de los desaparecidos tiene sentido en esta idea.
Desaparecimiento no tiene autor evidente”.
En el período 2007-2013
bajo el mandato de Sérgio Cabral
como gobernador de Rio, las propias
estadísticas del Instituto de Seguridad Pública (ISP), vinculado a la
Secretaría de Seguridad Pública, registraron casi 35 mil desaparecidos!! Un verdadero genocidio que supera las
desapariciones en Chile bajo Pinochet y lo asemeja con la actuación de la junta
militar argentina. Si lo relacionamos al tamaño de las poblaciones, el estado
de Rio y Chile son similares, pero Argentina tiene más de 2 veces y media la
población del estado brasileño. Al ritmo de desapariciones hasta el año pasado,
al fin de 2014 los desaparecidos
sumarían más de 40 mil. Lo que hace
imperioso la instalación de una Comisión de Verdad sobre desaparecidos que
realice una amplia y exhaustiva investigación independiente. De acuerdo al mismo ISP en 22 años las
desapariciones sumaron 92 mil personas.
Malos augurios.
Es con este telón de fondo que se reiniciaron las
protestas en 2014 contra la Copa mundial de Futbol, ahora agravadas por una
acentuada intolerancia del poder hacia las demandas populares y una ostensiva
ampliación del aparato represivo destinado a sofocar protestas callejeros.
Además de la nueva tropa de choque especial con 10 mil hombres creada para actuar a escala nacional en las ciudades
sede de la Copa, el gobierno federal ya gastó casi 50 millones de reales$
(más de 20 millones de U$S) en
armamento menos letal, que incluye granadas de todos los tipos, armas de choque
eléctrico, y balas de goma. En São
Paulo, la Policía Militar avisó que adquiriría vehículos que lanzan agua
para contener manifestantes. Son los mismos camiones usados para reprimir
protestas populares en Turquía y Chile.
A esto se agregan otros síntomas. En la noche del
pasado 12 de enero, Campinas (São Paulo)
-un gran polo industrial- fue impactada por la noticia de 12 personas
ejecutadas en la periferia de la ciudad. Según los medios, el motivo de la
matanza fue la venganza de un grupo de exterminio militar, por la muerte de un
policía en una gasolinera en el barrio
Ouro Verde. Las víctimas (con antecedentes en venta de drogas o con ficha
criminal) fueron ejecutadas en puntos minoristas del tráfico conocidos tanto
por los consumidores como por la policía. Este tipo de operativos tiene como
objetivo banalizar y legitimar las ejecuciones extra-judiciales.
Entre 1990 y
2010, 11 mil personas fueron víctimas de la violencia policial, solo en el
estado de São Paulo. La situación es a tal punto extrema que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
ya recomendó la supresión de la policía militar en Brasil. Antes de las
protestas de junio, Brasil era el 3er. país con mayor número de muertes de
periodistas en el año. En junio pasado, los métodos brutales que los PMs
estaban acostumbrados a usar con los pobres y marginales de la periferia se
intentaron extender a los manifestantes pacíficos de las avenidas paulistas.
Balas de goma impactaron en el rostro del repórter fotográfico Sérgio Silva que perdió un ojo y de la
periodista Giuliana Vallone que
estuvo cerca de la pérdida de visión.
Del 10 al 14
de febrero se realizó en Brasilia el congreso
del Movimiento de los Sin Tierra, con la presencia de más de 15 mil
delegados de 23 estados. El clima en el MST
no es de abierto apoyo a la presidente Dilma. A la protesta frente al palacio
presidencial concurrieron más de 16 mil campesinos con carteles que
interrogaban “Dilma, cadê (donde está) a
reforma agraria?” al tiempo que la llamaban a “libertarse” del
agro-negocio. Cuando los manifestantes intentaron armar una tarima para
realizar un acto, la PM los atacó con gases lacrimógenos. Los campesinos
reaccionaron arrojando palos y piedras. Dirigentes del MST denunciaron que los uniformados provocaron el enfrentamiento.
En las movilizaciones
contra la Copa del jueves 23/01 en Porto Alegre y del sábado 25/01 en São
Paulo y otras varias ciudades del país, los PMs retomaron las formas truculentas de disolver las protestas
callejeras. La capital paulista volvió a ser la vedete: hubo un joven baleado,
varios golpeados, arrojados al piso y pateados. De los 143 detenidos en todo Brasil, 128 eran paulistas. Ya en la protesta anti Copa del sábado 22 de
febrero en São Paulo, donde se estrenó la acción del “batallón Ninja” con
policías entrenados en artes marciales, los detenidos pasaron a 230.
Coincidencias sospechosas.
Es en este encuadre general que acontece el crimen
del camarógrafo Santiago Andrade. “En
principio siquiera es posible afirmar con total convicción que la bengala fue
lanzada por algún manifestante”. Y esto es así porque los dos acusados por la
policía, si bien fueron filmados mientras ejecutaban el lanzamiento del
proyectil, según su propio abogado, recibían R$ 150 c/u (U$S 60) para intervenir en cada protesta. Y es absurdo
acusar a los movimientos sociales de “contratar
manifestantes” provocadores. Además, varios medios de prensa destacaron la
forma turbia con que se realizó la investigación policial que llevó con inusual
rapidez a la detención de dichos agresores.
Pero existe otro hecho sugestivo: según un
periodista de la gran prensa, el abogado de ambos acusados, Jonas Tadeu, no es un abogado de DDHH
de los que, por lo común, defienden a manifestantes detenidos. Fue abogado de
Natalino Guimarães, identificado como jefe de una de las más poderosas milicias
de la Baixada Fluminense.
Guimarães,
ex-diputado estadual por el DEM y hoy preso por un incidente
criminal que incluía cobranza de “peaje”
a vehículos en los suburbios, fue líder de la milicia Liga da Justiça, que
controlaba favelas de la zona oeste: Rio das Pedras y Gardênia Azul, entre
otras. Fue aliado a la candidatura del actual gobernador Sérgio Cabral en 2006, que resultó re-electo en 2010 por la
coalición que lidera el PT. Cabral,
anunció al inicio de su primer gobierno (2006) que reprimiría las milicias.
Pero luego, tanto la policía como el Ministerio Público declararon que la
“integración a una milicia no constituye un delito criminal” y la expansión de
los parapoliciales se siguió extendiendo.
¿Por qué vías un ex-abogado de mafiosos pasó a ser
defensor de los “dudosos manifestantes” que lanzaron la bengala contra Santiago Andrade?
Hasta ahora, hay demasiados elementos turbios en el
incidente para que se pueda aseverar con certeza las verdaderas motivaciones
del crimen. Más aún cuando en base a él se pretende legislar bajo la influencia
de una conmoción pública que ha sido con claridad manipulada.
¿Endurecer las penas?.
El ministro
de Justicia José Eduardo Cardozo, en la misma semana del “brote histérico” anunció
que presentaría a la presidencia un proyecto para reglamentar las
manifestaciones. En él se agravan las
penas para crímenes cometidos en protestas callejeras.
Como contrapartida el jurista Pedro Estevam Serrano, profesor de Derecho Constitucional
en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) se declaró contrario a agravar penas en crímenes cometidos
en manifestaciones.
Serrano afirmó: “La inmensa mayoría no va a las protestas para practicar crímenes, va a ejercer su ciudadanía. Entre
ellos, algunos -no todos- pueden cometer crímenes. Cualquier ley que tipifique
o agrave un crimen por el hecho de ser realizado en una manifestación es en principio
antidemocrática.” “En todas las actividades humanas hay personas que cometen
crímenes, y no por eso se puede criminalizar al barrer las actividades humanas”.
Cuando se pretende tipificar o agravar las penas
para delitos cometidos en protestas
callejeras, el objetivo es amedrentar a quienes concurren en forma pacífica
para que dejen de ejercer su ciudadanía.
José Mariano
Beltrame, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, con
responsabilidad por su cargo en la expansión explosiva de las milicias y de la
inmensa “burbuja” de desapariciones forzadas en el estado carioca, concurrió
luego del fallecimiento de Andrade a
la comisión de Constitución y Justicia del Senado a entregar un proyecto de ley que tipifica “desorden”
como crimen.
En el proyecto de Beltrame se declara delito con pena
de 2 a 6 años de reclusión y multa por “causar
desorden en lugar público o accesible al público”...”con el pretexto de
protestar o manifestar desaprobación o descontento con relación a actos o
situaciones con los cuales no se concuerde” Es decir se tipifica disentir y
protestar como delito, con pena de cárcel.
Y se
responsabiliza a todos los manifestantes por cualquier delito que se cometa
en una protesta. Las penas pueden llegar a ser de 6 a 12 años de reclusión y multa, por la simple participación en la
protesta, en caso que haya una muerte en la reunión o manifestación pública. Un
proyecto que intenta impedir no sólo el derecho a manifestar sino también el
derecho al descontento.
Conciencia de necesidad.
Cuando Hegel
definió a la libertad como conciencia
de necesidad, el enunciado tenía implícito que las demandas democráticas y
políticas surgen y se formulan en la experiencia de la opresión y en las luchas
contra la explotación. Allí se expresa la “conciencia
de necesidad”, se enuncian nuevas libertades y los sujetos sociales se
ponen en movimiento para conquistarlas.
Es este complejo proceso histórico, que abarca la perpetua lucha por la
conquista de nuevas libertades -innato a las sociedades humanas- el que se
pretende abortar con una sórdida ley. Por suerte, para aquellos que sustentan
ansias ilimitadas de nuevos derechos, es en sus filas que participan seres
humanos como la esposa de Amarildo Dias
de Souza y sus hijos. Personas humildes, sencillas que en la defensa de las
libertades democráticas dan ejemplo de convicción y dignidad para sus
contemporáneos. Individuos que muchas veces sin llegar a saberlo son forjadores
del futuro.
La confrontación respecto a la Copa del Mundo involucra entonces varios aspectos que pueden
determinar el devenir político y social del país. La protesta pretende esbozar un nuevo rumbo que
privilegie las necesidades populares.
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Para el
Comitê Popular de la Copa de São Paulo:
“Ni la
violencia policial ni el discurso de descalificación nos deben impedir de
ejercer el derecho constitucional de protestar, en especial contra una Copa
viciada -en elitismo, represión, sexismo, pérdida de soberanía, despilfarro, y
corrupción- como la que se avecina. Entonces,
que en 2014 hagamos de las calles y avenidas de la ciudad las auténticas gradas
del país”.
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