“A
pesar de las matrices adversas que intentan sustentar, lamentablemente con
relativo éxito mediático, la idea de la gravedad del incumplimiento por parte
de Venezuela de los compromisos de incorporación normativa derivados del Protocolo de Adhesión y sus eventuales
consecuencias, el análisis de la información proporcionada por la propia Secretaría del MERCOSUR (SM) nos revela
una realidad distinta. A partir del 12
de agosto de 2012, con la entrada en vigencia del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de
Venezuela al MERCOSUR, nuestro país goza de la condición de Estado Parte del MERCOSUR, y por ende
la potestad de participar en éste con todos los derechos y obligaciones, en
igualdad de condiciones con los demás países. Esta condición no podrá ser
cuestionada o limitada con base a supuestos o requisitos que no se encuentran
expresamente establecidos en los instrumentos jurídicos del bloque. La temeraria estratagema contra Venezuela,
ha contado con una numerosa y creativa producción de esperpentos antijurídicos,
y entre ellos resalta el acuñamiento de una categoría inexistente legalmente,
como lo es la de “Estados Fundadores”
que naturalizó reuniones y declaraciones públicas a nombre del Mercosur y negando a la PPTV. De acuerdo al marco
legal del MERCOSUR, ésta
institución, fundada en la unión y en la igualdad y reciprocidad de derechos
entre sus miembros, no se debe confundir con un Country Club o un Yacht Club
donde hay socios exclusivos con acciones doradas ni acciones clase A”.
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MERCOSUR A LA SOMBRA DE LA
ILEGALIDAD Y LA INTOLERANCIA.
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José Félix Rivas Alvarado.
Rebelión miércoles 28 de setiembre del
2016.
Todo es ilegal. Las reuniones realizadas por miembros
del Mercosur, sin la presencia de Venezuela; la imposición de la categoría
“Estados Fundadores” ahora matizada con el eufemismo “Estados Parte signatarios
del Tratado de Asunción”; el mecanismo colegiado para el funcionamiento del
Mercosur; la calificación de “vacancia” de la Presidencia Pro Témpore
(PPT); las decisiones que incluyen un ultimátum a Venezuela, al imponerle
un plazo (1º de diciembre) para que adecue la normativa, basada en la amenaza
de despojarla de su condición de Estado Parte; la repartición de las
negociaciones del Relaciona miento Externo (Unión Europea, Alianza del Pacífico,
entre otros).
Todo es ilegal, porque en el marco jurídico e
institucional que rige el bloque no encontramos ni un solo argumento que
sustente esta emboscada.
Esta situación, que viene ocurriendo en el Mercosur
desde el mes de junio, es uno de los actos más graves en la historia de la
integración regional, si se toma en cuenta que se ha recurrido a una estrategia
de exclusión claramente ideológica-política, expresada en acciones ilegales e
ilegítimas, desconociendo los principios y paradigmas que fundamentan el modelo
integracionista, para implantar el autoritarismo, la intolerancia y la
discriminación.
Ilegalidad e intolerancia son dos términos que
tristemente pueden etiquetar la componenda, y que sustentan un cuadro de
acciones cuya ilicitud ha sido reiteradamente señalada por la Canciller Delcy
Rodríguez. Las fuerzas progresistas de la región vienen pronunciándose al
respecto. No es tiempo de dudas, porque esto forma parte de una agenda que
apunta mortalmente al corazón de la democracia y la integración en toda Nuestra
América.
La posición de Venezuela, en la situación que
atraviesa actualmente el Mercosur, no puede ser otra que la defensa de la
legalidad y la institucionalidad del bloque. Venezuela actúa basada en
principios y no en intereses comerciales, ni cede a la amenaza del aislamiento
que viene siendo comandada desde el Norte. La dignidad no se negocia.
Especialmente, porque no sólo se están violando los derechos de Venezuela como
Estado Parte, sino que este modus operandi arremete contra la
integración regional violando los derechos de cada uno de los pueblos del
Mercosur.
Veamos algunas de las acciones de este antijurídico
proceder y, aún más, sus consecuencias.
El consenso como principio fue profanado.
El martes 13 de septiembre,
casi al filo de la medianoche, se difundió una Declaración Conjunta (1) en
la cual los llamados “Estados Fundadores o Signatarios”, reafirmaron la
negación del legítimo derecho de Venezuela a ejercer la PPT, al mismo tiempo
que se notificaba una sentencia, en ausencia del acusado, donde se le imponía
un plazo que, de no cumplirlo, llevaría a despojarle a Venezuela de su
condición de Estado Parte, y por ende su derecho a veto.
Primero: Esta Declaración ilícita, principalmente carece
de validez porque es resultado de un hecho grave, que es la violación de la
norma del consenso. En el Mercosur, la toma de decisiones se
realiza mediante la participación y el consenso de “todos” sus Estados Partes,
tal como lo establecen los artículos 16 del Tratado de Asunción y el 37 del
Protocolo de OuroPreto. Esta norma es vital porque permite que se avance en los
acuerdos respetando la diversidad de opiniones.
Se incumplió la norma del consenso, además de
desconocer la PPT venezolana, al suscribir una Declaración donde se consumó el
acto transgresor sin la presencia ni el consentimiento de Venezuela. El
Consenso sólo se cumple con la anuencia de los cinco Estados Parte, no podemos
hablar de consenso respecto a una decisión adoptada por cuatro Estados, y menos
aún con tres votos afirmativos. La entronización de esta ilicitud llegó a
niveles caricaturescos, cuando uno de los cuatro participantes en
la encerrona celebrada por los fundadores, Uruguay, ¡se abstuvo!
El Consenso, es una vacuna contra las asimetrías,
porque evita que el más fuerte del barrio se imponga sobre los pequeños, no por
la razón sino por la fuerza.
El consenso es el cemento de este bloque de integración.
Al romperse el consenso se quiebra al Mercosur y, por
ende, a la integración regional. A esa hora de la noche del martes 13, y hasta
este momento, Venezuela es Estado Parte del Mercosur, y por tanto tiene plenos
derechos como los demás Estados Parte, tanto a adoptar las decisiones en
conjunto, como a ejercer la PPT del bloque.
Segundo: Al mismo tiempo, al crear un antijurídico
“mecanismo colegiado” para la conducción del Mercosur, se trasgreden las normas
que rigen la coordinación de los trabajos y reuniones a través de la PPT de
Venezuela. Al respecto, son contundentes los artículos 12 del Tratado de
Asunción y 5 del Protocolo de OuroPreto, al establecer que la PPT se ejercerá
semestralmente por orden alfabético, la cual corresponde actualmente a
Venezuela, y que por ende todas las reuniones del Mercosur, y demás iniciativas
de orden normativo e institucional, deben ser convocadas y coordinadas por
ésta.
Tercero: La pretendida condición de “Estados Parte signatarios
del Tratado de Asunción” no existe, por tanto mal podría legitimar decisiones
adoptadas en violación a la norma del consenso. El marco legal del Mercosur, no
distingue categorías de derechos entre aquellos Estados que firmaron el Tratado
de Asunción y los que se adhirieron posteriormente a éste, todos somos Estados
Partes. En el Mercosur, no existe de jure, la discriminación entre
Estado Parte de Primera y/o de Segunda, tal como trata de legitimarse
ideológicamente en el texto de la Declaración.
Cuarto: La Declaración, de hecho, notifica que hubo una
repartición del mundo. Es decir, el Relacionamiento Externo del Mercosur fue
trozado como un pastel, y se procedió a convocar reuniones con la Unión
Europea, con la Alianza del Pacífico y con otros bloques de integración y
Estados, ignorando a la PPT venezolana, a quien le corresponde su coordinación.
Esta conducta al margen, pareciera que le da la razón a la tesis que afirma
que, detrás de esta flexibilización de facto, subyace convertir al Mercosur en
una plataforma de aterrizaje de los Tratados de Libre Comercio.
El ALCA fue derrotada en 2005,
momento cuando el Mercosur y Venezuela ejercieron un protagonismo decisivo en
esa épica. Hoy, la corriente restauradora de la ideología del libre comercio
avanza en nuestra región con la rapidez que exige la estrategia de reacomodo de
los grandes bloques que agrupan los centros del sistema capitalista mundial.
En este contexto, la Declaración Conjunta dictada
recientemente, como corolario de una cadena de ilicitudes, pasará a la historia de la
integración regional como unos de los atentados más letales contra los
principios de la integración y de la democracia.
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Nota
1.- Declaración titulada
“Declaración Conjunta relativa al funcionamiento del Mercosur y al Protocolo de
adhesión de la República Bolivariana de Venezuela”.
José Félix Rivas Alvarado.- Representante Permanente de
la República Bolivariana de Venezuela ante MERCOSUR
Y ALADI.
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