PERÚ, LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES IMPUESTAS EN LOS 90’ EN PLENA
CRISIS INTERNA, NOS DESTRUYERON TOTALMENTE LOS DERECHOS SINDICALES.- 1990-2016, el gobierno de la dictadura de
Fujimori, impuso desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial – Políticas globales del Consenso de Washington
– la llamada Flexibilización Laboral, no sólo nos liquidaron los derechos
sindicales, sino que han transcurrido 3 gobiernos democráticos – Toledo, García y Humala – los tres Mandatarios
ofrecieron devolver los derechos laborales, sin embargo una vez gobierno, la clase trabajadora, una vez más fue
traicionada, y hasta hoy sigue vigente lo que le impusieron a Fujimori –
porque en realidad este señor nunca reconoció haber liquidado los derechos
laborales – por su puesto que debemos entender así, si llegó al gobierno en 1990 en tiempo de crisis total del país, al
borde del precipicio – la violencia
terrorista, la hiper-inflación, la corrupción, el contrabando – eran y (Unos
más y otros menos) son hasta hoy, los problemas centrales que derrotaban al país y el fracaso absoluto del gobierno alanista
de los 85-90.
Lo que nos queda en el país, como recuerdo, como historia-social-sindical,
es la supervivencia
de los viejos sindicatos, ejemplo (mineros,
textiles (parte) Construcción Civil y sectores públicos, Maestros y empleados
de Ministerios). Reconocer hoy una “nueva” organización sindical en el sector privado
– donde existe hoy menos del 5% de
sindicalización) es como sacarse el juego de la Lotería – sin comprar un
boleto – audacia, osadía, valentía –
frente al oscuro poder de las clases dominantes, sus instituciones, sus Leyes,
normas, disposiciones y sobre todo “vencer”
el veneno neoliberal distribuido a diario por el poder de la prensa –
medios de comunicación – parte del poder. Esperemos que pasa y sucede con el presente gobierno del señor PPK que unan
vez más, ofreció derecho sociales, (firmo pactos y acuerdos con las Centrales
Sindicales, como la CGTP) y sobre
todo salir de la informalidad –
precisamente donde radica y buen porcentaje – más del 50% - de la PEA y sin derechos social alguno, y explotada en un
inmenso túnel de variadas formas de contratación (Contratos y más contratos, que
en la práctica significa vigencia absoluta de cero derechos sociales,
laborales-sindicales) violación total de los derechos sociales,
laborales-sindicales. Tenemos una gran
responsabilidad con el futuro de los trabajadores en el Perú, de reclamar Derechos Sociales frente a una las
clases dominantes más conservadoras y ultramontanas
de América Latina (todo el crecimiento macro-económico para ellos, el élite
gobernante, y cero para los trabajadores, es decir, los nuevos esclavos asalariados del siglo XXI).
El tiempo lo dirá si tenemos o no capacidad de recuperar nuestros Derechos Sindicales y a la vez sacar de
las organizaciones sindicales la vieja aristocracia
obrera – inmersa por años en la dirigencia, el burocratismo sindical – al igual que las camarillas de seudo “partidos políticos”, que
vegetan y aún viven de lo poco que tienen las organizaciones sindicales.
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PERÙ: VULNERACIÓN DEL
DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR TEXTIL Y AGRARIO.
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Nilva Hiruelas.
ALAI. América Latina en Movimiento.
Miércoles 7 de diciembre del 2016.
“Los inversionistas internacionales están preocupados por las
normas nacionales que permiten vulnerar el derecho a la libertad sindical de
los trabajadores del sector textil y agrario”
Estados Unidos es el principal comprador de telas y de
alimentos como espárragos, uvas u hortalizas peruanas. Sin embargo, el
‘made in Peru’ oculta una historia de abusos en empresas reconocidas como Topy
Top o Agrícola Virú que venden a gigantes como Gap, Hugo Boss, Ralph Lauren o
Wall Mart: acoso y despido de trabajadores sindicalizados, inestabilidad
laboral con contratos de un mes, violaciones de la ley de seguridad e higiene y
la falta de fiscalización laboral.
Estas precarias condiciones de trabajo y vulneración,
amparadas por los regímenes laborales especiales que regulan estos
sectores, fueron documentadas en la queja presentada por organizaciones
sindicales ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Juan Carlos
Vargas, economista de Programa Laboral de Desarrollo (Plades), explica el
impacto de estas normas sobre los derechos de los trabajadores, y las negativas
consecuencias que tendría para Perú si hace oídos sordos a las recomendaciones
formuladas por EE.UU., enfrentándose incluso a una sanción económica.
¿Cuál
ha sido el impacto económico del TLC en el sector exportador textil y agrario
peruano?
El mercado norteamericano está por encima del 65% para el
sector textil y de confecciones, y en el caso de los alimentos es un poco más
variable pero sigue siendo EE.UU. el primer destino.
A pesar de la situación económica mundial, en ningún momento
ha habido un revés económico para la agroexportación; es más, este sector sigue
creciendo. Si antes estaba concentrada en Ica, hoy en día se ha expandido hasta
Arequipa, Ancash, Lambayeque, Piura, e incluso hasta la selva para
productos muy específicos. Esta actividad está creciendo porque hay una
demanda exterior y precios interesantes que hacen rentable la
actividad. Las perspectivas económicas han sido muy positivas, y se prevé
que sean mucho más interesantes: va a haber un crecimiento mayor de las exportaciones.
Los
sectores textil y agrario han crecido con el TLC. Sin embargo, estas dos
actividades trataron de ser potenciadas mucho antes y fueron reguladas mediante
dos regímenes laborales especiales que tenían una función promocional, es
decir, se pensaron para una duración determinada, sin embargo, se han ido
prorrogando y el textil ha cumplido 38 años de vigencia.
El régimen más antiguo es el Decreto Ley 22342 (Ley de
Exportación No Tradicional) que data desde el año 1978, se promulgó durante el
gobierno militar. Eran unos años de crisis internacional donde tuvimos un gran
problema de acceso a divisas, de dólares, entramos todos en colapso, eso generó
que se dieran una serie de incentivos para promover las exportaciones. Fue
previsto como algo excepcional y transitorio, sin embargo ya ha cumplido 38
años. Por otro lado, en el año 2000 se promulgó la Ley de Promoción del Sector
Agrario 27360, cuando era ministro de Agricultura José Climper, gerente general
de una de las grandes empresas exportadoras de la época, Agrokasa. Esta norma
también fue pensada para un periodo temporal, sin embargo, se ha ido
extendiendo sin ninguna evaluación. Hay un cuestionamiento en este caso por un
evidente conflicto de intereses.
La
queja interpuesta sostiene que Perú está incumpliendo el capítulo laboral del
TLC. ¿Estas normativas estarían generando a Perú ventajas
comparativas (dumping social) sobre sus productos de exportación a costa
de precarias condiciones laborales y menores salarios?
Las normativas que promocionan el sector agrario y textil
efectivamente establecen menores condiciones laborales para los trabajadores de
estos sectores: en el primer caso permite condiciones inferiores a las del
régimen general. Los trabajadores agrarios tienen menos tiempo de vacaciones,
menor compensación por despido arbitrario o perciben una remuneración mínima en
la que se incluye también CTS y gratificaciones. Mientras que en la
actividad textil se permite la renovación indefinida de contratos temporales de
los trabajadores de exportación no tradicional, perjudicando el derecho a la
libertad sindical. Estos regímenes son discriminatorios.
Estas normativas estarían generado dumping social, es
decir, explotación de carácter laboral. El capítulo laboral es parte integrante
del acuerdo y por tanto, Perú se tiene que comprometer a cumplirlo. Si el
mecanismo de solución de diferencias determina que esa violación ha existido,
el país afectado puede imponer una represalia comercial de la magnitud del daño
que ha sufrido por la otra parte, es decir, Perú podría ser sancionado.
El
régimen agrario tiene la particularidad de que permite que las empresas
aporten menos a EsSalud. ¿Está el Estado subvencionado a las empresas
agroexportadoras?
La ley otorga un subsidio y permite que las empresas que
están en el régimen de la promoción agraria solo paguen el 4%, mientras el
resto de empresas pagan el 9%. EsSalud termina subsidiando a estas empresas.
Es necesario evaluar cuánto es el costo.
Desde
el TLC las exportaciones textiles bordean los 2 mil millones de dólares
anuales, y las agrícolas han crecido un 144%. ¿Tiene justificación-desde la
perspectiva económica- que sigan vigentes estos regímenes laborales?
Nunca ha habido una revisión y evaluación del sustento
objetivo de ambas normas. Creo que ha llegado el momento de que la ley se
reenfoque hacia sectores que quizá lo necesiten, como empresas pequeñas, que
podrían dinamizarse o incentivar su actividad exportadora. Hoy en día la
mayoría de las empresas que están usando estos regímenes son las grandes
empresas; cuando dicen que estos regímenes favorecen a las micros y pequeñas
eso no es cierto, en realidad estos son regímenes están siendo usados
mayormente por grandes empresas exportadoras.
El
Departamento de Trabajo EE.UU. mostró su preocupación y formuló una serie de
recomendaciones. Hasta el momento, el Gobierno peruano no se ha pronunciado al
respecto. Quienes sí lo han hecho, son los gremios empresariales como Adex que
señalan que si se modifican o derogan estos regímenes especiales se ahuyentaría
la inversión ¿qué opina al respecto?
Lo que estaríamos admitiendo bajo ese razonamiento es que lo
que busca la inversión es justamente tener facilidades para tener menores
costos laborales. Hay muchos estudios que demuestran que lo que buscan las
inversiones es un marco de estabilidad, que permita a las empresas operar.
Hace unos dos años, un conjunto de renombradas marcas
internacionales (Adidas, New Balance o GAP), que compran a proveedores
nacionales, estuvieron en el Perú. Todas las empresas internacionales que
tienen negocios con empresas peruanas en el sector textil y agrario tienen
códigos de conducta, certificaciones, sistemas de auditorías, y es
evidente que están preocupadas por las normas que permiten vulnerar
derechos, como el de la libertad sindical de los trabajadores.
La conclusión a la que llegaron estas empresas es que este
régimen tiene que ser modificado, y esa conclusión la plasmó en una carta que
mandaron al presidente Humala, donde afirmaban que esta ley hace difícil que
puedan cumplir con los códigos internacionales de conducta porque permiten
violaciones de normas en las empresas peruanas y recomendaron que sea
modificado.
¿Cuál fue la reacción de ADEX y de la Sociedad Nacional de
Industria? Clamar autonomía y defensa de la soberanía nacional. Los
inversionistas internacionales están preocupados por las normas nacionales que permiten vulnerar el derecho a la libertad sindical de los
trabajadores del sector textil y agrario.
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