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"La encrucijada. El nuevo Informe Mundial 2020-2022 que se publicó el 1 de septiembre, afirma que la comunidad internacional en su conjunto se confronta a una encrucijada esencial: seguir un “camino óptimo” de inversión en el refuerzo de sus sistemas de protección social o bien un “camino fácil” de provisión minimalista, sucumbiendo con ello a las presiones fiscales o políticas. Y ratifica que el objetivo último debería ser que todas las personas estén protegidas tanto contra los impactos sistémicos como contra los riesgos ordinarios del ciclo de vida. La clave para lograrlo radica en dedicar más esfuerzos a la construcción de sistemas de protección social universal. Estos deben ser integrales, adecuados y sostenibles, y deben incluir un piso de protección social sólido que garantice al menos un nivel básico de seguridad social para todas las personas a lo largo de sus vidas.
"Estos sistemas son esenciales para prevenir la pobreza y la desigualdad, así como para hacer frente a los retos hoy y mañana. El desafío esencial para reforzar este andamiaje de protección universal es el trabajo decente. Que permita a las mujeres y a los hombres afrontar mejor“sus transiciones vitales y laborales, facilitando la transición de los trabajadores y las empresas de la economía informal a la economía formal, impulsando la transformación estructural de las economías y apoyando la transición hacia economías y sociedades más sostenibles desde el punto de vista ambiental”.
"Dicho informe insiste en que establecer la protección social universal –clave para la realización del derecho humano a la seguridad social para todos– es la piedra angular de una propuesta de justicia social con un enfoque centrado en las personas. Con ello se contribuiría a la prevención de la pobreza y la contención de las desigualdades, la mejora de las capacidades humanas y la productividad, el fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad, y a la revitalización del contrato social.
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INSEGURIDAD
SOCIAL CRECIENTE EN UN PLANETA POLARIZADO.
Se
acentúa la brecha entre ricos y empobrecidos
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Por Sergio Ferrari | 09/09/2021 | Mundo
Fuente Revista Rebelión jueves 9 de setiembre del 2021.
Una de cada
dos personas en el mundo no cuenta con ningún tipo de protección social.
Realidad que desnuda asimetrías continentales y sectoriales significativas.
Aunque la
crisis producto del COVID 19
promovió una expansión sin precedentes de iniciativas
y programas de protección social, más de 4.000
millones de personas continúan completamente desprotegidas. La respuesta
social a la pandemia ha sido desigual e insuficiente: aumentó la brecha entre los países de altos
ingresos y los de bajos ingresos
y no logró brindar una cobertura básica para el conjunto de la población mundial.
La cobertura que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera como
esencial, cuando se refiere a la protección social, incluye
el acceso a la atención médica y a
la percepción de ingresos en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez,
accidente laboral, maternidad o
pérdida de la principal fuente de ingresos
de la familia.
Diagnóstico
preocupante
En la actualidad,
sólo un 47% de la población mundial está cubierta como mínimo por una prestación de protección social, en
tanto el resto,
4.100 millones de personas, no
cuenta con ningún tipo de cobertura. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Mundial sobre la Protección
Social 2020-2022 que la OIT, con sede en Ginebra, Suiza, acaba de
publicar la primera semana de
septiembre.
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817576.pdf).
Según este organismo
internacional, las diferencias
regionales son significativas. El continente americano, por ejemplo, cuenta con una tasa superior a la media mundial,
con un 64.3% de cobertura,
aunque lejos por detrás del 84% de Europa y Asia Central. Los Estados Árabes, con un 40% y África,
con apenas un 17.4%, confirman las evidentes deficiencias globales en el plano de la protección social.
La niñez, las
mujeres, las personas con capacidades diferentes y los desempleados
son los sectores más perjudicados
por este sombrío panorama. Solo uno de cuatro niños y niñas se
beneficia de una prestación social.
Únicamente el 45%
de las mujeres con hijos recién nacidos tiene derecho a una prestación de
maternidad en efectivo. Y solo una
de cada tres personas con alguna discapacidad
grave recibe beneficios por invalidez.
En cuanto a la población desempleada a
nivel mundial, apenas un 18.6% cuenta con
una cobertura efectiva.
La OIT
constata que, si bien el 77% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben un aporte jubilatorio, persisten importantes disparidades regiones, así como entre zonas urbanas y rurales y entre hombres y mujeres.
Los números hablan por sí mismos: el gasto público en concepto de protección
social varía de manera significativa a través del planeta. Como promedio los países destinan a la protección social un 12.8% del Producto
Interior Bruto (PIB) — promedio
internacional–, porcentaje que no incluye los presupuestos específicos para salud.
Sin embargo, los países de altos
ingresos invierten un 16.4% de su PIB en protección social mientras que los de bajos ingresos apenas un 1.1%.
La
encrucijada
El nuevo Informe
Mundial 2020-2022 que se publicó el 1 de septiembre, afirma que la comunidad
internacional en su conjunto se confronta a una encrucijada esencial:
seguir un
“camino óptimo” de inversión en el
refuerzo de sus sistemas de protección
social o bien un “camino fácil” de
provisión minimalista, sucumbiendo con ello a las presiones fiscales o
políticas.
Y ratifica que el objetivo último debería ser que todas las personas estén protegidas tanto contra los impactos sistémicos como contra los riesgos ordinarios del ciclo de vida. La clave para lograrlo radica en dedicar más esfuerzos a la construcción de sistemas de protección social universal. Estos deben ser integrales, adecuados y sostenibles, y deben incluir un piso de protección social sólido que garantice al menos un nivel básico de seguridad social para todas las personas a lo largo de sus vidas.
Estos sistemas
son esenciales para prevenir la pobreza y la desigualdad, así
como para hacer frente a los retos hoy y mañana. El desafío esencial para reforzar este andamiaje de protección universal es el trabajo decente. Que permita a las mujeres y a los hombres afrontar mejor
“sus transiciones vitales y laborales,
facilitando la transición de los trabajadores y las empresas de la economía
informal a la economía formal, impulsando la transformación estructural de las
economías y apoyando la transición hacia economías y sociedades más sostenibles
desde el punto de vista ambiental”.
Dicho informe insiste en que establecer la protección social universal –clave para la realización del derecho humano a la seguridad social para todos– es la piedra angular de una propuesta de justicia
social con un enfoque centrado en las personas.
Con ello se contribuiría a la prevención de la pobreza y la contención de las desigualdades, la mejora de las capacidades
humanas y la productividad, el
fomento de la dignidad, la solidaridad y
la equidad, y a la revitalización
del contrato social.
Ideas
no faltan
En junio
pasado, representantes de 181 países miembros de la OIT aprobaron el Llamamiento Mundial a la
Acción para una recuperación centrada en las personas ( https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_803987/lang–es/index.htm)
el cual delinea un programa
detallado ante la pandemia y compromete a los países a que
garanticen una recuperación económica y
social de la crisis «totalmente inclusiva, sostenible y resiliente».
Este compromiso consensuado durante la Conferencia Internacional del organismo,
incluye dos tipos de
recomendaciones. En primer lugar,
las medidas que deben adoptar los gobiernos
nacionales y sus «interlocutores sociales» empresariales
y sindicales, para lograr una recuperación
del empleo, reforzar sustancialmente las protecciones sociales y las
de los trabajadores y apoyar a las empresas
sostenibles.
En segundo
lugar, el papel tan decisivo de la cooperación
internacional y el rol de las instituciones
multilaterales, incluida la OIT, en la generación
y promoción de estrategias nacionales de recuperación de la pandemia que beneficien esencialmente a
las personas y grupos familiares.
¿Cómo
se financia?
Mejorar la cobertura
social implica, esencialmente, discutir en cada país las formas de financiamiento en juego, lo cual debe
formar parte del debate de fondo sobre
la redistribución del ingreso de una
nación.
El próximo 26 de septiembre, el pueblo suizo se pronunciará en las urnas sobre la Iniciativa popular 99%, promovida por partidos de izquierda, ecologistas, sindicatos, ONG y otras asociaciones de muy variada naturaleza.
La misma
propone que las ganancias de capital,
proveniente de intereses, dividendos,
alquiler de propiedades, entre otras, de un valor mayor a los 100.000 francos (110.000 dólares
estadounidenses), paguen impuestos una
vez y media más altos que las ganancias
producto del trabajo. Los ingresos
fiscales adicionales que podría generar esta iniciativa, que se calculan
serán de 10.000
millones de francos anuales, se utilizarían para reducir los impuestos que deben pagar los sectores de ingresos bajos y para financiar servicios sociales como guarderías
infantiles, seguros médicos y educación.
Los
promotores de la propuesta están
convencidos de que solo una reforma
fiscal de este tipo puede frenar el
aumento de la brecha entre ricos y pobres en el país. En la actualidad, cerca del 43% de los activos
financieros en Suiza
están en manos de solo el 1% de la población,
lo que determina que el mayoritario 99% se distribuya el resto y de ahí el nombre de esta
iniciativa popular.
Los informes,
documentos, reuniones y eventos internacionales que proponen un sistema social universal abundan y siguen multiplicándose. Sin embargo, los desheredados de la Tierra siguen
esperando. En particular, la población
desempleada, las mujeres, la infancia, y las personas con capacidades
diferentes.
No faltan
conceptos, sino mecanismos efectivos
que aseguren que esa necesaria
redistribución del ingreso comience a concretarse, en cada país, a nivel
mundial. No se trata de ideas, sino
de voluntad
política, es decir, de dar respuestas concretas a los gritos crecientes
a favor de la dignidad humana postergada por la brecha
creciente entre enriquecidos y empobrecidos.
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