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México: Reclaman justicia por muerte
de otros dos normalistas. 16
de octubre del 2016. Los
normalistas murieron en el asalto realizado por un grupo de hombres
armados que también viajaba en el transporte público
La Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México (FECSM) y alumnos, maestros y padres de
familia que
participaron en las exequias de los dos estudiantes de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, asesinados a balazos el
pasado martes, exigieron justicia para los jóvenes y denunciaron que el Estado pretende acabar con ese centro educativo. El asalto fue perpetrado a una
camioneta de pasajeros en la carretera Tixtla-Chilpancingo por un grupo de
hombres armados que también viajaba en el transporte público. Los estudiantes de la Normal de Ayotzipana asesinados fueron
identificados como Jonatan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro, ambos de
cuarto año.
La FECSM precisó que horas antes de que sus compañeros, junto con otros viajeros, resultaran muertos y otros más heridos de bala, la Policía estatal reprimió a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) en las calles de Chilpancingo.
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— PadresyMadresAyotzi
(@PadresdeAyotzi) 6 de octubre de 2016
‘El conteo de nuestros muertos en Ayotzinapa
aumentó a dos más y eso nos llena de dolor, tristeza y rabia. Dos
compañeros que vinieron a buscar a nuestra Normal una escuela digna para tener
un trabajo digno, y mataron sus sueños’, precisa el comunicado de la FECSM. Los dos jóvenes
normalistas asesinados regresaban en la camioneta Urvan a la Normal ubicada en
Tixtla, luego de realizar su servicio social en una primaria de Oaxaca.
Versión
oficial del crimen
El asesinato de otros dos normalistas de
Ayotzinapa, se dio en un robo al transporte público de la ruta
Chilpancingo-Tixtla, de acuerdo con la versión del gobierno del
estado. Al parecer la precisión la hizo el gobierno
estatal por las dudas que surgieron entre los estudiantes y padres de familia
de que realmente se tratara de un asalto. El saldo
total de ese episodio es de cuatro personas asesinadas, incluidos los dos
normalistas. En un comunicado y conferencia de prensa que ofrecieron
el vocero del Grupo Coordinación
Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, y el fiscal general estatal, Xavier Olea
Peláez, explicaron la versión oficial de los hechos.
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MÉXICO. EL ASESINATO DE LOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL.
A SIETE AÑOS DE AYOTZINAPA,
LOS FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES DESAPARECIDOS EXIGEN MÁS AVANCES EN EL CASO
EMBLEMÁTICO.
Solo tres de los 43 jóvenes
fueron identificados y uno de los exfuncionarios más sospechados continúa
prófugo en Israel
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"El
sexenio presidencial se nos va, y conforme va pasando el tiempo es más difícil
llegar a la verdad", sostiene Manuel Vázquez Arellano, uno de los
sobrevivientes de la tragedia.
"¿Dónde están?", volvieron
a preguntarse este domingo los familiares de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26
y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero. "Ni con tanques ni
metrallas, Ayotzi no se calla", gritaban por su parte cientos de
estudiantes de escuelas normales que compartieron su dolor en movilizaciones en
la ciudad de México y en otros puntos del país. A siete años de una de las
mayores tragedias de derechos humanos en la historia mexicana, los restos de solo tres de
los 43 jóvenes fueron identificados y el principal investigador del caso en el
gobierno anterior, Tomás Zerón,
continúa prófugo en Israel.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador, anunció días atrás a las familias de los estudiantes desaparecidos que se trabaja en dos nuevas
búsquedas de restos. Además, se sigue investigando a responsables del gobierno de Enrique Peña Nieto
(2012-2018) que buscaron sacarse de encima el asunto a partir de un falso
relato de los hechos construido a partir de torturas a testigos. Sin embargo, el hartazgo empieza a aflorar
en las familias, golpeadas además por la reciente muerte por coronavirus de dos padres, Saúl Bruno y Bernardo
Campos.
"Si bien este gobierno se comprometió desde el principio a resolver el caso Ayotzinapa, esto no implica que haya habido muchos avances. Y es preocupante porque el sexenio (mandato presidencial) se nos va, y conforme va pasando el tiempo es más difícil llegar a la verdad", explica a Página/12 Manuel Vázquez Arellano, uno de los sobrevivientes de la tragedia.
Los restos que derrumbaron la
verdad histórica
Según la versión del gobierno
de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela rural de
Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala,
quienes los entregaron al cartel
Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula tirando los restos en un río cercano, el San
Juan. Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una
investigación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser
quemados en ese lugar.
El gobierno de López Obrador derrumbó definitivamente esa versión al identificar los restos no calcinados de Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero de la Cruz en junio de este año, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero. De Rodríguez fue un fragmento del pie que pesaba apenas un gramo, de Guerrero una vértebra lumbar. Esas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014.
"Estos pasos en la dirección correcta, que nosotros
como organismo de derechos humanos podemos entender que van en la dirección
correcta, pues desde la
perspectiva de las familias que llevan siete años esperando que haya verdad,
les sabe a muy poco", advierte a este diario Santiago Aguirre, director del Centro de los Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
La Comisión de la
Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, dirigida por Alejandro Encinas, da por
hecho que los estudiantes nunca estuvieron juntos en un mismo lugar y que en la desaparición participaron
criminales y fuerzas de seguridad de todos los niveles, no solo policías
municipales. Encinas sostiene que el
fin del viaje de los estudiantes no era interrumpir un acto de la presidenta
del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Iguala, María de los
Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde José Luis Abarca, como se quiso
presentar en un principio.
En realidad, los
jóvenes de entre 17 y 25 años buscaban colectivos para trasladarse a la Ciudad
de México el dos de octubre. Ese día se conmemoraban 46 años de la masacre de Tlatelolco, donde militares y agentes parapoliciales reprimieron
ferozmente una protesta estudiantil dejando un saldo de al menos 300 muertos.
Para Aguirre queda
claro que la verdad
histórica
"se postuló como narrativa de cierre del caso, más por una decisión política que con base de evidencia y más por una motivación de sofocar toda la indignación social que se había despertado en México".
Órdenes de captura y prófugos
Un año atrás, en el sexto
aniversario de la tragedia, el presidente López
Obrador anunció que por primera
vez se emitían órdenes de captura contra militares por el caso y poco después fue
detenido el capitán José Martínez Crespo.
Pero si bien valoran los esfuerzos de la Comisión
de la Verdad y del fiscal especializado, Omar Gómez, los familiares de los
estudiantes desaparecidos entienden que la Fiscalía General se demora con las
detenciones y el Ejército oculta información.
"Hay que cumplimentar las
ordenes de aprehensión. Es bueno que haya el señalamiento hacia personas claves, pero también estamos viendo que muchas de
esas personas clave han sido asesinadas en los últimos meses", comenta Vázquez Arellano. Las
cifras son contundentes: de
las 89 órdenes de captura por el caso Ayotzinapa, todavía siguen pendientes 40.
Además, al menos 21 personas vinculadas
al caso murieron o fueron asesinadas.
Las órdenes de detención
incluyen, además de
los posibles autores materiales, a
funcionarios del gobierno anterior que diseñaron
la verdad histórica. El viernes pasado, durante una reunión entre el
gobierno y las familias, López Obrador anunció
que le envió una carta
al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para que acelere la entrega de Tomás Zerón, quien huyó a ese país con
el que México no tiene tratado de
extradición.
Director de la ya extinta
Agencia de Investigación Criminal, Zerón está acusado de construir la verdad
histórica a través de la fabricación de pruebas y la tortura de sospechosos y
testigos.
"Es fundamental investigar la tortura, sobre todo porque en México la tortura sigue con mucha recurrencia, siendo una práctica de investigación generalizada en las fiscalías del país que suele quedar impune", señala Aguirre al respecto.
Una historia recurrente
El caso Ayotzinapa es emblemático en un país que atraviesa una severa crisis con más de 90 mil personas
desaparecidas desde 1964, la inmensa mayoría posteriores a 2007.
"Sigue habiendo un número
muy alto de desapariciones en estos últimos años, y no estamos viendo aun un
esfuerzo serio del Estado en México para atender
esta crisis", remarca Aguirre.
Para el director del Centro Prodh, la gran mayoría de los desaparecidos se dieron "a
partir de que se intensificó la guerra contra el narcotráfico y México se
sumió en la crisis de violencia en la que estamos".
Manuel Vázquez Arellano, uno de
los sobrevivientes de Ayotzinapa, se hizo llamar Omar
García durante mucho tiempo para proteger su identidad ante las amenazas
que venía recibiendo a partir de la noche
del 26 de septiembre. Meses atrás, Vázquez
Arellano fue electo
diputado federal por el oficialista Morena. Por eso su análisis de lo
que puede acontecer en el caso no excluye a la esfera política:
"Si vuelven al
poder los 'priistas' o 'panistas' (partidos opositores) el caso se cierra.
Si continúa el gobierno de la cuarta
transformación habrá que ver cómo continúa la investigación, si en los mismos
términos en que está ahora o con más fuerza como merecen las familias".
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