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—¿Qué
significa para usted la palabra territorio?
—El territorio es la casa, la maloca, la chacra, el agua, es la vida. Si quiere destruir a los pueblos indígenas, quítele el territorio, porque ya dejarían de ser indígenas. Serían mendigos en las ciudades. El territorio es la vida, es tu farmacia, es tu escuela, es tu sitio de entretenimiento, de sanación, es tu sitio espiritual, de fiesta también. Lo tienes todo allí y no necesitas salir. Pero tenemos la maldición de siempre, desde que llegaron los españoles. Antes querían oro, ahora quieren petróleo, minerales estratégicos, y nunca ven al territorio como agua, como alimento, como espíritu y como ser vivo, sino como un negocio. Siempre ha sido así y nosotros somos los incomprendidos. Nosotros somos unos seres extraños que no queremos explotar a la naturaleza, sino que queremos convivir con ella siempre, histórica y milenariamente. Nadie entiende que nosotros dormimos encima de tanta riqueza y nosotros queremos seguir viviendo como siempre.
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«SER
DIRIGENTE INDÍGENA EN UNA ZONA PETROLERA O DONDE HAY MUCHOS RECURSOS NATURALES
ES UNA SENTENCIA DE MUERTE»
Entrevista
a Gregorio Díaz Mirabal
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Por Astrid Arellano | 04/05/2022 | Ecología social
Fuente
Rebelión miércoles 4 de mayo del 2022.
La ausencia
generalizada de los gobiernos de los nueve países amazónicos ha provocado la
muerte de líderes indígenas en las zonas donde predomina la violencia, señala el dirigente
de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de
la Cuenca Amazónica (COICA), organización vocera de pueblos de nueve
países.
José
Gregorio Díaz Mirabal recuerda que el río Atabapo,
con sus aguas color negro, rodeado de selva y montañas, hace 200 años estaba
en territorio indígena. Hoy
atraviesa tres países: Colombia, Brasil
y Venezuela. “Nos han dividido los Estados, pero nosotros somos una gran familia”, dice el líder indígena wakuenai kurripaco.
Aunque la
Amazonía aún es un sitio de escenarios naturales increíbles, agrega Díaz
Mirabal, está amenazada por la
ambición del ser humano, con sus
economías legales o fuera de la ley, pero criminales de igual forma. “Buscan el oro, el petróleo, la riqueza y
el poder”, sostiene. “Parece que
todos nuestros gobiernos no han podido controlar o monitorear esos territorios
fronterizos y, así como la lucha de los pueblos indígenas se ha hecho
global, la delincuencia también lo es”.
Díaz
Mirabal es el dirigente de la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización con casi cuatro décadas como vocera
de los pueblos indígenas de nueve países amazónicos: Perú, Brasil,
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Colombia, Surinam y Guyana Francesa,
con la que llevan las demandas de las
comunidades a escenarios internacionales.
“Es
una realidad muy compleja por la violencia que se vive; los carteles
ya son un poder mundial, están en todas partes y han llegado a todos nuestros
países de la cuenca amazónica”, asegura. “Creo que se maneja un Estado paralelo
con ellos por el poder de fuego, de armas, de dinero y de corromper cualquier
estructura; eso no es un secreto, eso lo sabe todo el mundo y a nosotros nos ha
tocado empezar a convivir con esa realidad”.
Mongabay
Latam conversó con Díaz Mirabal
sobre los retos y amenazas que enfrentan los nueve países amazónicos, donde se
busca una cooperación transfronteriza
para la defensa de la naturaleza, de los pueblos indígenas y sus derechos,
además de la necesidad de que estos se encuentren en el centro de la toma de decisiones y negociación respecto al cambio
climático y extinción de la biodiversidad.
—¿Qué problemas comparten los pueblos indígenas amazónicos? ¿Qué es lo que están detectando desde la Coica.
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—Las
principales amenazas son el extractivismo y la minería ilegal, que crece cada segundo, sin control, legal o ilegal. Pero también están los monocultivos —como la soya— y
la ganadería
extensiva, que está sobre todo en Brasil, en Bolivia y en casi todos los países productores de carne que están buscando tierra y deforestando la selva. También
el narcotráfico y, por supuesto, la
ampliación de la frontera hacia la
Amazonía por parte de los gobiernos, para cualquier tipo de proyecto que ellos llaman “de desarrollo”.
Consideramos que, en este momento, la más grave de todas las amenazas es la
falta de reconocimiento de los derechos territoriales: no hay titulación
suficiente. Hay más de 300 millones de hectáreas por titular. Es una
amenaza grave, porque el Estado o las
empresas pueden invadir los territorios
indígenas en cualquier momento.
Las consecuencias de negarte a un proceso de desarrollo con los Estados y las empresas, al final, terminan en asesinato, persecución y criminalización de los dirigentes, dirigentas o de las organizaciones indígenas.
Deforestación
en la Amazonía. Foto: Luis Barreto – WWF.
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—¿En qué país
amazónico han detectado la mayor dificultad para enfrentar los asedios a los
territorios y a los derechos de los pueblos?
—El tema de titulación es transversal en los países. Pero donde hay más conflicto, y en donde están los índices más altos de criminalización y de asesinato en el planeta, son: Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. En
este momento, por ser los territorios
indígenas ricos en agua, petróleo, oro, minerales estratégicos y también en
oxígeno, creo que tienen múltiples
amenazas.
Vivir
en un territorio indígena es una amenaza, a menos que lo vendas y lo
entregues para proyectos de desarrollo, para empresas o negocios mixtos con el Estado, para las economías criminales o que están al
margen de la ley.
—En
Latinoamérica existen numerosos casos de defensores de la tierra que han sido
asesinados y también pueblos desplazados por los proyectos extractivos y la
violencia; ¿cómo estos hechos están afectando a las comunidades indígenas de la
Amazonía?
—Comenzando
por Brasil, el presidente Jair Bolsonaro
ha hecho leyes para invadir los
territorios indígenas, está permitiendo la ganadería extensiva, está
permitiendo la minería ilegal, pero
con decreto; eso ha causado un altísimo
nivel de violencia y destrucción de la naturaleza en la Amazonía brasileña.
Luego estaría
Colombia,
donde acaban de asesinar a tres líderes
indígenas en Putumayo; eso es de cada día y se ve que hay complicidad del gobierno y las Fuerzas Armadas, con los grupos
criminales.
Después estaría Perú que, en estos momentos, también está fuertemente atacado por los temas petrolero y minero, que son los grandes causantes de toda esta criminalización.
Y bueno, aquí
en Ecuador, últimamente, a pesar de que ha habido amnistías de más de 250 hermanos —la mayoría de ellos por oponerse
a proyectos extractivos o proyectos
petroleros y mineros—, el mismo gobierno
está pidiendo que se revoquen esas
amnistías y está promoviendo decretos para el extractivismo.
Entonces, aquí estamos enfrentando un montón de juicios; algunos se han logrado ganar,
otros están en espera de respuesta, pero
al final el Estado quiere seguir imponiendo esa política extractiva, de intervención de la selva y, sobre todo,
de búsqueda de petróleo y minerales.
—Las
amnistías, además de Ecuador,
también están ocurriendo en otros países porque la persecución es una
constante. ¿Qué está pasando con esos procesos? ¿Cuál es la situación de los líderes que están bajo alguna presión judicial y en
qué países sí se está avanzando o logrando que esto cambie?
—Ecuador ha
sido el que ha logrado más amnistías en estos últimos años, que superaron los
250. Hay líderes, quizá muy visibles, como Leonidas Iza, Jaime Vargas y Antonio Vargas, que
tenían que ver con el levantamiento del
2019 y con la paralización de pozos petroleros y de entidades mineras en movilizaciones grandes. Esos son los más
visibles porque han sido noticia mundial, porque el movimiento indígena ecuatoriano es muy fuerte.
En otros
países, como Brasil, se está batallando en las cortes. En Colombia hay más asesinatos, pero muchos hermanos siguen en la cárcel. Nosotros vemos con preocupación que
las leyes se logran cuando hay
movilizaciones fuertes, pero, en otros países, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam, siguen los mismos
problemas, porque el movimiento indígena
está dividido o es poca la población
realmente en esos países.
Pero la situación es igual con el tema del extractivismo. Parece que esa es la única solución que tienen los Estados en los países de Suramérica y nosotros estamos planteando que el delito de ecocidio se reconozca, que los Estados puedan ser interpelados, puedan ser monitoreados por la justicia internacional, porque están destruyendo un patrimonio de la humanidad, porque ahora los territorios indígenas garantizan agua, alimento, aire puro y, si se destruyen, se está jugando con la desaparición de los seres humanos en el planeta también.
José Gregorio
Díaz Mirabal durante la Marcha del Clima en Glasgow, Escocia, en el marco de la
COP26. Foto: Cortesía COICA.
***
—En ese
contexto, ¿qué significa ser líder indígena? ¿Cómo es vivir bajo amenazas,
criminalización, persecución y ver a otras compañeras y compañeros pasando por
este tipo de presiones?
—Ser un líder o lideresa indígena, en este momento, significa
muchas cosas. Primero,
cuando tú defiendes un río, un
territorio, una o varias culturas —como el caso de COICA, que son nueve países,
más de 500 pueblos
y más de 100 pueblos en aislamiento voluntario y
el bosque tropical más grande del
planeta— es una responsabilidad muy
grande.
Nosotros,
básicamente, acompañamos los procesos nacionales, territoriales y vemos cómo compañeros han muerto, han sido asesinados
o están en la cárcel, algunos han muerto allí por la violencia que hay. Entonces, tú evalúas por qué están presos
si no han asesinado a nadie, no son
narcotraficantes, simplemente están defendiendo el territorio, su identidad, su
familia, los pueblos, el agua, la montaña y eso parece ser un
delito.
Ser dirigente
en una zona petrolera o
donde hay muchos recursos naturales es
una sentencia de muerte o estás condenado
a la criminalización si no negocias, si no aceptas las condiciones de las empresas o de los gobiernos. Pero
también hay un gran respeto de los pueblos,
de los territorios, a todos los dirigentes, hombres y mujeres, que asumen con valentía esta vocería, cuando sabemos
que denunciar a una empresa o al
gobierno y exigir derechos, consulta
previa, la titulación del territorio, es ir en contra de muchos poderes económicos y políticos.
Allí los
dirigentes indígenas saben que salen a luchar, pero no saben si
regresan. Y eso ha pasado mucho. La región más peligrosa del planeta para
defender la biodiversidad, los territorios,
las montañas,
los ríos y la selva,
lamentablemente, es Sudamérica.
—Usted dijo
que el mayor problema de los pueblos indígenas es
el tema de titulación, ¿cómo van los pueblos de Sudamérica en ese tema? ¿Este retraso es el centro del
avance de las amenazas?
—En este
momento, en la cuenca amazónica, nosotros estamos diciendo que, si se quiere
garantizar que el cambio climático
no supere los niveles del 1.5, —lo
planteamos ahora en el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) de Ginebra—
se tienen que titular, como mínimo, 100
millones de hectáreas. Si se llega a 300
millones de hectáreas sería ideal. Nosotros estamos diciendo esto desde
hace casi 15 o 20 años. Se ha
avanzado muy poco, porque todos los estudios
científicos dicen que los territorios
indígenas son los mejor conservados
porque estamos allí, pero muchos de ellos no
tienen garantía de titulación, entonces, en cualquier momento, el Estado o las empresas pueden intervenir
porque no hay una garantía legal del
territorio.
Es una gran
contradicción porque en la Conferencia Mundial de Cambio Climático y de
Biodiversidad, el discurso de los Estados, es que van a proteger, van a luchar contra el cambio climático,
pero en realidad son los primeros
que promueven la deforestación y lo hacen a través de decretos, de leyes, muchas
de ellas desconociendo los derechos de
los pueblos indígenas.
Si eso no se resuelve, la deforestación va a seguir creciendo, la extinción de la biodiversidad va a seguir aumentando cada día, habrá más fenómenos climáticos y, por supuesto, no va a haber mucho alimento ni agua potable suficiente si los territorios conservados —ya sean áreas protegidas o territorios indígenas— siguen siendo forzados a ser áreas de destrucción por el extractivismo o cualquier otra actividad económica que promueva la deforestación.
***
—El año pasado, durante la COP26, precisamente se dijo
que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la naturaleza. En el caso de los
países amazónicos, ¿qué debe suceder para que
sus propuestas sean escuchadas, ejecutadas y que los recursos verdaderamente
lleguen a los territorios?
—En Glasgow
se hicieron muchos anuncios. Ya han pasado casi cinco meses, vamos por seis meses, y ese anuncio de 1.7 billones de
dólares para la lucha contra el cambio climático y que también apoya los pueblos indígenas, en este momento
todavía no tiene un mecanismo sobre cómo
esos recursos bajarán a los pueblos.
Hasta el momento, se mantiene esto de que el 1 % llega a los territorios indígenas
y el 99 % se
queda en consultorías, en burocracia
gubernamental y en mantenimiento de nómina de las grandes ONG mundiales. Recientemente, volvimos a tener una reunión
con los donantes de ese 1.7 y hemos
exigido un mecanismo.
El
problema es la burocracia. Nosotros
estamos tratando, realmente exigiendo, que
confíen en los pueblos indígenas y que busquen un mecanismo directo, porque realmente no hay mucho tiempo y ese dinero
serviría para parar un poco la deforestación en los territorios.
—¿Cómo ha
servido contar con la COICA como una organización
política para defender todas estas causas de los pueblos
indígenas amazónicos? ¿En qué medida están siendo escuchados y atendidos
por los diferentes gobiernos de los nueve países amazónicos?
—En
Sudamérica no existe una organización del nivel de la COICA. Hemos tratado de
asumir con responsabilidad la vocería
internacional y también hemos tenido un
impacto global porque, al unirnos
con Asia, África, Centroamérica y los pueblos con esas organizaciones, hemos logrado sentar a algunos gobiernos de Europa y sentarnos con nuestros gobiernos en Europa.
Es increíble: no podemos hablar aquí en
Sudamérica, pero tenemos que hablar con ellos en esas conferencias mundiales.
Estamos
buscando esos diálogos con los gobiernos para ver si cumplen lo que prometen a
nivel internacional. Estamos haciendo
ese esfuerzo, vamos
a estar los nueve países presentes, las organizaciones de COICA, para buscar un plan
de acción, porque son muchas promesas, pero las acciones tardan demasiado.
Si no
participamos en la gobernanza climática y de biodiversidad —porque tenemos propuestas probadas
milenariamente— si no somos el
centro de la toma decisión, de la participación,
ejecución, planificación y la implementación
de un plan, seguiremos en ese camino
que estamos viendo y que parece que es
de guerra, de que se destruyan el agua potable, la biodiversidad
y la vida. Viene una crisis alimentaria fuerte si no
se toman esas decisiones. Somos
parte de la solución de esta crisis mundial y eso tiene que reflejarse en
una acción, en una coordinación con los
Estados que son responsables de eso.
—A pesar de
esto, ¿usted piensa que se ha avanzado en los últimos años?
—Nosotros
hemos avanzado con mucho dolor. La pandemia se
llevó a muchos hermanos, cuando el Estado pudo actuar mucho mejor y no
llegó a los territorios indígenas como debió hacerlo. También por el índice de asesinatos de hermanos en las cárceles. A
pesar de todo eso, a pesar del dolor
y que tengamos que estar en las calles
—porque los mejores logros se han
hecho en la calle y no porque el Estado
ha regalado el derecho— nosotros creemos que las organizaciones son quienes están luchando en los territorios.
Todas las organizaciones que están
en los países defendiendo derechos,
son necesarias, son clave para la vida
de los pueblos indígenas.
Tenemos voz,
tenemos derecho, eso es cierto;
pero se ha logrado con mucho dolor, con
mucho sacrificio, con muchas pérdidas. No ha sido regalado. Pero eso no es suficiente
todavía, necesitamos que nuestros
derechos se implementen realmente, que se materialicen en acciones.
—¿Qué fue lo
más fuerte y lo que más ha marcado a los pueblos indígenas durante la pandemia?
—La pandemia fue algo que nadie se esperaba. Cuando
eso sucede, nosotros tenemos que
alertar a los territorios
y, con sus guardias indígenas, cerrar las comunidades. Darnos cuenta
que no había medicamentos, que no había puestos de salud, ni siquiera había escuelas. La pandemia agarró a las comunidades en total
abandono por su situación geográfica y, bueno, terminó la pandemia y muchas veces no llegaron los
gobiernos.
Nosotros
hicimos un plan de emergencia
y logramos conseguir oxígeno, alimento, medicamento, y se hizo un esfuerzo grande por llegar a las
comunidades a las que no llegó el Estado. Pero lo más duro fue ver a los compañeros morir, contagiarse
y que, igual que todas las familias en
el mundo, perdieran a sus seres
queridos. A nosotros también nos pasó eso.
—¿Qué
significa para usted la palabra territorio?
—El territorio es la casa, la maloca, la chacra, el agua, es la vida. Si quiere destruir a los pueblos indígenas, quítele el territorio, porque ya dejarían de ser indígenas. Serían mendigos en las ciudades. El territorio es la vida, es tu farmacia, es tu escuela, es tu sitio de entretenimiento, de sanación, es tu sitio espiritual, de fiesta también. Lo tienes todo allí y no necesitas salir.
***
Pero tenemos
la maldición de siempre, desde que llegaron los españoles. Antes querían oro, ahora quieren petróleo, minerales
estratégicos, y nunca ven al territorio como agua, como alimento, como espíritu y como ser vivo,
sino como un negocio. Siempre ha sido así y nosotros somos los incomprendidos. Nosotros somos unos seres extraños que no queremos explotar a la naturaleza, sino
que queremos convivir con ella siempre,
histórica y milenariamente. Nadie entiende que nosotros dormimos encima de tanta riqueza
y nosotros queremos seguir viviendo como siempre.
*Imagen
principal: José Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena wakuenai kurripaco.
Foto: COICA
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