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Plan, democracia y desarrollo. Karl Polanyi reflexiona en La gran transformación que “el control del sistema económico por parte del mercado tiene consecuencias abrumadoras para la organización completa de la sociedad: significa nada menos que la sociedad opere como accesorio del mercado. En lugar de que la economía se arraigue en las relaciones sociales, éstas son las que se arraigan en el sistema económico”.
El neoliberalismo destruyó un intenso debate previo que en el ámbito de la Economía Política se desarrollaba respecto de las causalidades del subdesarrollo y las estrategias para superarlo. La idea misma del desarrollo implica un plan del poder político con una estrategia para llevarlo a cabo. Claudio Casparrino, Agustina Briner y Cecilia Rossi, en el documento n° 38 del CEFID-AR, Planificar el desarrollo, coordinado por Enrique Arceo, sostienen que“en la planificación del desarrollo, que implica el cambio estructural para convertir a las formaciones periféricas en sistemas productivos nacionales, las instituciones públicas deben contar con un grado relevante de independencia o autonomía respecto de los sectores tradicionales, con mayor poder relativo, dado que los objetivos del desarrollo suponen cambios en el peso relativo de los sectores sociales y, de manera consiguiente, transferencias de recursos para el fortalecimiento de aquellos nuevos actores. Este es, quizás, el problema más complejo que enfrentan estas experiencias, dado que la estructura de alianzas vinculadas a un proyecto público específico es la que determina el éxito o fracaso de una estrategia de transformación de largo plazo”.
El
desarrollo había sido la cuestión debatida que tenía incorporadas la discusión
de la distribución del ingreso, los temas del crecimiento –que no se remitían a su
aspecto cuantitativo sino a cuestiones cualitativas—, de la estructura social y de los cambios
necesarios que significaban acciones
políticas para emprenderlos, de la autonomía del Estado y los caminos para construirla.
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TORTAZO AL DESARROLLO. SÓLO EL
ESTADO PUEDE FRENAR EL PROCESO INFLACIONARIO INTENSO QUE HOY VIVE EL PAÍS.
*****
Por
| 12/05/2022
| Economía
Fuente Rebelión jueves 12 de mayo del 2022.
Las
consignas de la primera revolución burguesa profunda, que fue la Revolución Francesa, no refirieron al “crecimiento para agrandar la torta”, sino a las
banderas indisolubles entre sí de “libertad, igualdad y
fraternidad”. El neoliberalismo y su antecesor, el liberalismo que se oponía a la idea de la voluntad
general que fue la fuente filosófica de aquellos principios, han combatido a
este ideario, reinterpretando el concepto de libertad, escindiéndolo del de la igualdad y la fraternidad y fusionándolo con el “valor” de la propiedad privada ilimitada.
La biblia del poder económico
En la biblia
del liberalismo neo, Camino de servidumbre, de Friedrich Von Hayek, probablemente nunca estudiada y tal vez tampoco conocida por los
que hoy pregonan los postulados de la
corriente principal de la economía presentándola como saber irrefutable y apolítico, se despliega con rigor el rechazo de
la igualdad como valor a propiciar
en la acción política. Dice Hayek:
“La igualdad
formal ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad
del Estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de
los individuos, y que toda política directamente dirigida a un ideal sustantivo
de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de
Derecho. Provocar el mismo resultado para personas diferentes significa, por
fuerza, tratarlas diferentemente. Dar a los diferentes individuos las mismas
oportunidades objetivas, no significa darles la misma chance subjetiva.
No puede negarse que el Estado de Derecho produce desigualdades económicas;
todo lo que puede alegarse en su favor es que esta desigualdad no pretende
afectar de una manera determinada a individuos en particular”.
La
desvirtuación de la libertad por parte
de los neoliberales se plasma en su proclamación de la incompatibilidad del Estado de Derecho con la
justicia distributiva. Esta
conceptualización lleva a la preeminencia de la propiedad privada por sobre la justicia social. Además,
naturaliza la desigualdad
económica y coloca como axioma que
cualquier política estatal que
propicie la igualdad sustantiva es contraria al Estado de Derecho.
Bajo este paradigma de pensamiento social, los objetivos de mejorar la distribución del ingreso, de reducir la concentración económica y recortar la polarización social entre la riqueza extrema con la pobreza y la miseria son inadmisibles en el Estado de Derecho. La libertad no solo es enajenada de la igualdad por parte de este enfoque doctrinario, sino que el respeto de la primera requiere del sacrificio de la segunda. En el Estado de Derecho liberal se coloca en el altar de los objetivos de la política económica a la estabilidad y al crecimiento. El primero siempre se blande como arma para alarmar contra “excesivos” aumentos salariales que provocarían inflación, el segundo para defender a la ganancia como estímulo de la inversión que agrandaría la torta, con un crecimiento proporcional de todas las porciones. Los anuncios del aumento de la riqueza que derramaría hacia abajo o el logro de una economía más grande que mejoraría las condiciones de empleo, constituyen los distintos caminos argumentales de los diferentes matices en la corriente principal.
La
misma biblia también se ocupa de desvalorizar la democracia, adjudicándole
un carácter instrumental. Expresa Hayek:
“No tenemos,
empero, intención de hacer de la democracia un fetiche.
Puede ser muy cierto que nuestra generación habla y piensa demasiado de democracia y demasiado poco de los valores a los que ésta sirve. Nuestra afirmación
no es, pues, que la dictadura tenga que extirpar
inevitablemente la libertad, sino que la planificación conduce a la dictadura,
porque la dictadura es el más eficaz instrumento de coerción y de inculcación de
ideales… El conflicto entre planificación y democracia surge
sencillamente por el hecho de ser ésta un obstáculo para la supresión de la libertad, que la dirección de la actividad económica
exige. Pero cuando la democracia deja de ser una
garantía de la libertad individual, puede muy
bien persistir en alguna forma bajo un régimen
totalitario. No carece de peligros la moda de concentrarse en torno a la
democracia como principal valor amenazado. Es
ampliamente responsable de la equívoca e infundada creencia en que mientras la fuente última del poder sea la voluntad de la mayoría, el poder no
puede ser arbitrario. La falsa seguridad que
mucha gente saca de esta creencia es una causa importante de la general ignorancia de los peligros que tenemos ante
nosotros. No hay justificación para creer que en
tanto el poder se confiera por un procedimiento democrático
no puede ser arbitrario. La antítesis sugerida
por esta afirmación es asimismo falsa, pues no es la fuente, sino la limitación del poder, lo que impide a este ser arbitrario”.
Para el liberalismo neo la dictadura no sería incompatible con la libertad, en cambio la democracia sí lo sería con la planificación. La democracia, para ese dogma, constituiría un procedimiento para garantizar la libertad individual, pero cuando deja de serlo bien podría subsistir bajo un régimen totalitario. El respeto de la voluntad de la mayoría podría ser la fuente de un poder arbitrario. No sería la fuente sino la limitación del poder la garantía del impedimento de esa arbitrariedad. Una lectura no inocente de esta concepción de la sociedad y la economía concluye en que para la corriente principal de la teoría económica actual el valor de libertad se asimila al del goce pleno del derecho de propiedad y a la reivindicación de un poder político limitado. Si este se ensanchase para desplegar la voluntad popular sobre la vida económica caería en un comportamiento totalitario, ante lo que los seguidores de Hayek entenderían como conveniente que fuera sustituido por una dictadura que reimplantase el derecho de propiedad ilimitado. La planificación económica conduciría a la intromisión del Estado en esferas cuya exclusividad debería ser detentada por la propiedad privada, y por lo tanto esa intromisión sería incompatible con una democracia donde se respete la libertad individual.
Esta
ideología tiene una impronta dogmática que impugna la planificación, porque ésta encarna
la posibilidad manifiesta de la intervención
del Estado en la economía para que despliegue las estrategias definidas por
la voluntad
popular. Así, la democracia, que es la esfera de la igualdad en una sociedad
capitalista con una formalización
republicana, es excluida en nombre de la libertad, de la atribución para
definir el proyecto económico y social
de la nación. Ese destino de la sociedad quedaría depositado en el mercado,
ámbito de despliegue de la libertad
individual, en el que se relacionan
los hombres no como ciudadanos sino como titulares
del derecho de propiedad, constituyendo por lo tanto la esfera de la desigualdad
en las sociedades capitalistas. Esta es la propuesta liberal de una democracia de mercado. Lo que es un oxímoron. Porque en democracia puede haber mercados, pero el centro
de su vida es la participación y la decisión
popular, o sea la esfera de la igualdad.
En los
regímenes capitalistas con alta concentración de la propiedad, la oferta, la
producción y la riqueza, el
procedimiento mercantil no tiene un
ápice de conexión con la libertad
individual de la ciudadanía. Es el reino de la libertad arbitraria de una plutocracia que dirige la economía,
y también la política, desde esa institucionalidad convencional.
Plan, democracia y desarrollo
Karl
Polanyi reflexiona en La
gran transformación que
“el control
del sistema económico por parte del mercado tiene consecuencias abrumadoras
para la organización completa de la sociedad: significa nada menos que la
sociedad opere como accesorio del mercado. En lugar de que la economía se
arraigue en las relaciones sociales, éstas son las que se arraigan en el
sistema económico”.
El
neoliberalismo destruyó un intenso debate previo que en el ámbito de la Economía Política se
desarrollaba respecto de las causalidades
del subdesarrollo y las estrategias para superarlo. La idea misma del desarrollo implica un plan del poder político con una
estrategia para llevarlo a cabo. Claudio
Casparrino, Agustina Briner y Cecilia Rossi, en el documento n° 38 del
CEFID-AR, Planificar el desarrollo, coordinado por Enrique Arceo, sostienen que
“en la planificación del
desarrollo, que implica el cambio estructural para convertir a las
formaciones periféricas en sistemas productivos nacionales, las instituciones
públicas deben contar con un grado relevante de independencia
o autonomía respecto de los sectores tradicionales, con mayor poder
relativo, dado que los objetivos del desarrollo suponen cambios en el peso
relativo de los sectores sociales y, de manera consiguiente, transferencias de
recursos para el fortalecimiento de aquellos nuevos actores. Este es, quizás,
el problema más complejo que enfrentan estas experiencias, dado que la
estructura de alianzas vinculadas a un proyecto público específico es la que
determina el éxito o fracaso de una estrategia de transformación de largo
plazo”.
El
desarrollo había sido la cuestión debatida que tenía incorporadas la discusión
de la distribución del ingreso, los temas del crecimiento –que no se remitían a su
aspecto cuantitativo sino a cuestiones cualitativas—, de la estructura social y de los cambios
necesarios que significaban acciones
políticas para emprenderlos, de la autonomía del Estado y los caminos para construirla.
El
neoliberalismo canceló este debate. Destituyó
la idea misma de desarrollo, como dicen Federico
Grasso y María José Castells en el documento n° 25 del CEFID-AR Desigualdad
y crecimiento.
“El
‘modelo de desarrollo’ impulsado en ese entonces desde la economía
ortodoxa era el que pregonaba la ‘teoría del derrame’,
según la cual todos –incluso los sectores de menores recursos– se beneficiarían
con el aumento del producto siempre y cuando nadie interfiriera en la
asignación de recursos que, vía el sistema de
precios, es realizada en cada uno de los mercados (incluido
el laboral). Bajo esta visión, un país no desarrollado –definido
convencionalmente como aquél cuyo PBI por habitante resulta sensiblemente inferior al de los países más industrializados–
se encontraba en una etapa anterior a la de los desarrollados,
y que con ‘políticas adecuadas’ y aplicando ‘programas pertinentes’, llegaría a la meta final del desarrollo (léase, elevar su PIB
por habitante). En los últimos treinta años, bajo esta inspiración, los economistas del mainstream elaboraron
innumerables modelos de crecimiento económico dejando intencionalmente de lado
la discusión acerca del desarrollo”.
Se trataba de clausurar el crecimiento de una cultura política y un despliegue teórico que acompañaba aires de cambio social y político hacia sociedades más justas e igualitarias, clausura que incluía la obturación al avance de ideas y combates por la independencia económica y la autonomía nacional.
Según Osvaldo Sunkel y Pedro Paz en El
subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo,
“un esquema
analítico adecuado para el estudio del desarrollo y del subdesarrollo debe
reposar… en nociones de proceso, de estructura y de sistema”.
Ellos no
admiten que el subdesarrollo sea un
momento en la evolución al desarrollo de
una sociedad política, económica y culturalmente
autónoma. Sostienen que, en cambio, el subdesarrollo es parte de un proceso histórico global de desarrollo, siendo el desarrollo y el
subdesarrollo dos caras de ese mismo proceso universal, que son simultáneos y están vinculados y
condicionados mutuamente, dando lugar a dos grandes dualismos:
la división
del mundo entre Estados nacionales industrializados, desarrollados
y avanzados en el centro y otros Estados subdesarrollados, pobres, periféricos
y dependientes; y
la división
dentro de los estados nacionales en áreas, grupos sociales y actividades
avanzadas y modernas y en áreas atrasadas, primitivas y dependientes.
Para esos
autores el problema fundamental del desarrollo es superar el estado de dependencia, transformar la estructura de los países
que tienen esa condición y obtener una capacidad
autónoma de crecimiento y
reorientación de sus sistemas económicos.
En los
países subdesarrollados sólo grupos
minoritarios se favorecen y se
benefician de los esfuerzos del “desarrollo” (en
realidad crecimiento), a veces
considerables, mientras los sectores marginados
crecen en número absoluto y a veces,
también, en proporción relativa. Cuando el verdadero
desarrollo se lleva a cabo es conseguido con la participación intencionada de los
sectores subalternos –hasta entonces marginados—, tanto en la definición de los objetivos como en las
tareas concretas y en los beneficios
del proceso. Así un mayor grado de participación social se
asocia a un mayor grado de
autonomía nacional.
Así la clausura del debate del desarrollo tuvo un objetivo contrarrevolucionario, que fue interrumpir los procesos y proyectos de liberación nacional y social. La economía de los liberales neo obturó la discusión sobre el papel del Estado en la economía, desplazó categorías fundamentales como la dependencia, autonomía, centro y periferia, cambio estructural y cambio social.
***
La intervención en la formación de
precios
Para un país
subdesarrollado la herramienta fundamental para superar esa condición es un mayor poder del Estado, una mayor
intervención pública en la economía. Pero
también una más intensa participación de
las mayorías populares en tareas concretas
y determinación de políticas que hacen a la modificación estructural del aparato
productivo, a su diversificación, al diseño y
desarrollo de un sistema científico-tecnológico para
un país autónomo. Que el mercado hace todo lo contrario quedó
empíricamente demostrado en las tres
etapas neoliberales que hemos sufrido. Una de las herramientas centrales para construir ese futuro diferente es la redistribución
progresiva del ingreso, y para llevarla a cabo la herramienta
fundamental del Estado es su poder
de intervención y determinación en precios y salarios. Esto explica el
objetivo revanchista y antipopular del
terrorismo de Estado. Negro sobre
blanco, Martínez de Hoz comenzó su política
económica liberando a los
empresarios para fijar precios y
congeló los salarios. Eso hizo la dictadura, en un supuesto acto de reivindicación de la libertad individual para gozar del derecho irrestricto de propiedad. Habilitó así la intensificación del proceso de concentración del poder económico en pocas
manos.
Los grupos
económicos fortalecidos durante la dictadura y en las otras etapas de
liberalismo neo reivindican desde las cámaras y corporaciones empresariales la libertad de mercado e impiden, en
los hechos, la intervención
del Estado. Para promover el
desarrollo es absolutamente imprescindible que los gobiernos cuenten con la posibilidad
de intervenir en el sistema de precios
y de determinar una estructura distributiva cualitativamente más justa que la
pésima actualmente vigente.
En ese camino un manejo democrático de la situación inflacionaria que se vive hoy requiere de esas
mismas condiciones. Sobre todo, de la intervención
para racionalizar los precios en
toda la cadena de producción. Claro
que para Hayek y sus seguidores actuales, ese dispositivo sería la instalación de una “democracia totalitaria”.
Esta semana
CIFRA-CTA emitió un informe sobre el mercado de trabajo que arroja entre otras conclusiones, la siguiente situación del mercado laboral:
“En promedio,
el poder adquisitivo de los ingresos laborales
aumentó sólo 1,6% entre los cuartos trimestres de 2019 y de 2021; de modo que
queda aún 18,1% por debajo si se compara la
situación con la vigente en el último trimestre de
2017, previo a la fuerte caída que tuvo lugar al final del gobierno de Macri».
«El
mantenimiento de un bajo nivel salarial implica
que el proceso de recuperación se haya dado con
un marcado empeoramiento en la distribución del ingreso,
que profundizó el que ya había tenido lugar durante la administración de
Cambiemos. La participación de las
remuneraciones en el valor agregado, que era de 51,8% en
2016, pasó al 46,1% en
2019 y descendió al 43,1%
en 2021. Así, en los últimos años puede
computarse una transferencia de ingresos desde los
asalariados hacia el capital de 7,7 billones de
pesos, que equivalen al 46% de la masa salarial y al 19,6% del
valor agregado de 2021».
«A su vez,
persiste una importante desigualdad entre los trabajadores y se amplió la brecha
entre quienes más y menos ganan. En el cuarto trimestre de 2017 el ingreso laboral del 10%
de los ocupados con mayor ingreso equivalía a 18,4 veces el promedio del 10%
con menores ingresos; en el mismo trimestre de 2021 esa brecha creció hasta
24,1 veces. En comparación con la situación
previa a la pandemia, el ingreso laboral del 10% con
mayores ingresos creció 11,8% en términos
reales, mientras el estrato medio continuó
cayendo y el más bajo apenas se sostuvo”.
Con estas
condiciones vigentes ninguna lógica de crecimiento puede augurar una mejora de
las premisas para el desarrollo. Esta
afirmación queda sustentada en la política inflacionaria que
imponen en los mercados los grupos
económicos formadores de precios
que apunta a una redistribución
regresiva del ingreso. La alternativa es desandar la lógica de la metodología ortodoxa de la corriente
principal, consistente en desintervenir
los precios de la economía. El Estado debe
participar activamente en resolver la cuestión
inflacionaria, disciplinar al empresariado, intervenir los mercados y darle un sentido determinado
al sistema de precios, apuntando a
la recuperación de los ingresos
populares. No
existe ningún otro camino para frenar el proceso inflacionario intenso que hoy
vive el país.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/tortazo-al-desarrollo/
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