ALBERTO ADRIANZEN FURIA Y DEMOCRACIA. VICTOR CABALLERO. CUESTION DE PODER.

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Amigos y Amigas, presentamos a ustedes 2 artículos publicados por dos reconocidos Sociólogos FURIA Y DEMOCRACIA por Alberto Adrianzén y CUESTION DE PODER de Víctor Caballero, opiniones sobre la situación actual del Perú. El rol central social y el protagonismo Político que hoy están presentes en las Movilizaciones, Huelgas Generales, Bloqueo de Carreteras y otras nuevas formas de lucha propias de los pueblos originarios y comunidades tradicionales. Es un clamor popular las reivindicaciones de los Pueblos del Perú Profundo, organizados y movilizados en torno a la RENUNCIA de la presidenta Dina Boluarte, como responsable de toda esta catástrofe política. Una Nueva MESA DIRECTIVA del Congreso para la CONVOCATORIA a Elecciones Generales el presente año; Igualmente que el proceso electoral abarque la Convocatoria a una ASAMBLEA CONSTITUYENTE y sea la responsable de la redacción de una NUEVA CONSTITUCION. Invito a su Lectura de Ambos Artículos acerca de la coyuntura política actual, y hacia dónde vamos.

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FURIA Y DEMOCRACIA.

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Por Alberto Adrianzén M.

 

Otra Mirada Lima martes 24 de enero del 2023

 

"Se ha perdido todo sentido de humanidad. Las personas no son muebles que llenan inventarios y las desplazan de aquí para allá. En una organización (y en la vida), los recursos "humanos" deben ser mejor considerados sin importar la coyuntura, las órdenes superiores o los ánimos".

Lo que reclama este tweet, cuya autora es una alta funcionaria de este gobierno, es un mejor trato, digamos más digno y humano; en ese sentido, podríamos sumarlo al reclamo de los cientos de miles de peruanas y peruanos que hoy demandan con fuerza un Perú distinto en el que se les reconozcan, también, dignidad e igualdad. Como es obvio está esta funcionaria ya renunció.

Mientras se expresa este ánimo radicalmente reivindicativo en diversos espacios y lugares del país, el clima que hoy se vive en el gobierno, especialmente en el Consejo de ministros, apunta a no escuchar estas demandas y menos aún negociarlas con los que hoy protestan. Una ministra (omito su nombre) exclamó de manera muy clara: "estamos en guerra" y en consecuencia hay que operar bajo esa definición. Lo mismo ocurre con un sector empresarial. El conocido empresario Ricardo Vega Llona dijo en canal N: "Nos están llevando a un enfrentamiento indeseable", para luego advertir que algunos empresarios están planeando, como en el pasado, la creación de grupos de autodefensa, algo así como "paramilitares”. La marcha por la paz, organizada por la policía, así como el surgimiento de curiosas asociaciones de empresarios y comerciantes autodenominadas “anónimas” en Arequipa, Madre de Dios, Tacna y Cusco, como señala Eduardo Ballón, están en esa lógica y son parte de la estrategia de uno de los lados.

Hace unos días un grupo de manifestantes cusqueños tenía como consigna principal: "ahora sí, guerra civil”, acercándose mucho a lo que hoy piensa un sector de la derecha y la ultraderecha (empresarial, política y civil) al plantear la posibilidad de crear grupos de autodefensas. Es decir, una suerte de "guerra civil" y la imposición de un régimen altamente represivo y conservador

Un dato importante de este momento es el incremento acelerado de la polarización cuanto de la violencia que se está desarrollando en todos los ámbitos: político, social, ideológico, familiar y microsocial, como también en la mayoría de regiones del país. Esto recuerda a Chile de 1973 y la polarización global que llevó a ese país a una férrea dictadura y a la derrota por varios años de la izquierda más grande, política y socialmente, de América Latina. Pero también trae a la memoria el clima político en Ecuador el 2005, previo a la caída de Lucio Gutiérrez. El Congreso apenas tenía tres puntos de aprobación y los parlamentarios no podían caminar por la calle porque los perseguían para pegarles (pienso en la bajísima aprobación de “nuestro” Congreso fragmentado y manejado por una derecha incapaz de negociar y por una izquierda que no tiene claro cuál es su camino).

Por todo ello ando pensando en estos días en la frase de mi gran amigo Carlos Tapia: “La guerra es el fin de la política”. La frase apareció en un contexto en donde la violencia, el anticomunismo brutal, el senderismo criminal y la muerte, eran lo “normal”; es decir, iba a contracorriente de aquella otra enunciada por el célebre militar alemán y teórico de la guerra Carl Von Clausewitz, que dice que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. La idea de Carlos Tapia de que la guerra es el fin de la política, además de cuestionar lo que era una tesis aceptada por la mayoría de la izquierda de esos años, sobre todo por una parte de ella que coqueteaba con la lucha armada, se sustentaba en que la guerra, al convertir a los adversarios en enemigos, hace imposible la democracia porque plantea como objetivo central el fin de tu “enemigo”, del otro distinto a ti. 

No se puede construir hoy día una nueva y mejor democracia, tampoco otra izquierda, como consecuencia de una guerra o de una extrema polarización, porque para hacerlo se requiere establecer un espacio donde sea posible establecer pactos que permitan resolver la crisis actual sobre la base de aceptar que existe un conflicto político, que se enfrentan sectores con intereses distintos y hasta contrapuestos. Cuando no es posible ese espacio ni son posibles los pactos, aumenta la violencia y la incertidumbre política, que no es otra cosa que la ausencia de reglas y de horizontes posibles, apareciendo (como siempre): la tentación autoritaria.

La historia en América Latina muestra que cuando se quiere hacer grandes cambios democráticos (o revoluciones) pero no se tiene la suficiente correlación de fuerzas hegemónicas y existe una alta polarización y no son posibles los acuerdos, el nuevo poder puede terminar por controlar las reglas o por generar lo que podemos llamar regímenes de excepción; es decir regímenes que legitiman su poder creando una legalidad que los mismos gobernantes construyen y enuncian.  Se abre lo que llamamos la tentación autoritaria, es decir un poder que se niega aceptar la pluralidad política. Las otras posibilidades son imponer una dictadura abierta, como fue en Chile con Pinochet y años después en la Argentina, o convivir con democracias precarias, gobiernos ineptos, contextos políticos conflictivos, con bajísima institucionalidad y ciudadanía, con alta corrupción, y actores políticos mediocres que tienen “vida política” cuando hay procesos electorales. En este contexto, el frustrado golpe de Pedro Castillo, provocado por sus gruesos errores y por el acoso permanente de una derecha que no aceptó su derrota electoral, fue un intento por crear un régimen de excepción.

Las posibilidades de que surjan dictaduras o “regímenes de excepción” crecen cuando no existe un "centro político estabilizador", que no es neutral frente al conflicto, siendo más bien  un actor político protagónico de carácter plural, capaz de disputar y ocupar un espacio en el conflicto, para derrotar a los extremos y crear las condiciones materiales de un pacto político mínimo que permita salir del dilema dictadura o régimen de excepción, que condena a la política a una permanente reiteración y a la democracia a una permanente mediocridad.

En nuestro caso, ese pacto mínimo debería establecerse sobre la base de un nuevo gobierno de transición que convoque a elecciones generales adelantadas para octubre de este año y un gabinete cuya composición refleje las demandas ciudadanas, así como una consulta ciudadana sobre la necesidad de una nueva Constitución; y una profunda investigación sobre los últimos asesinatos, las graves violaciones a los derechos humanos y un proceso de reparación para sus familiares y sanción a los culpables.

CODA

Alexis Tocqueville decía que, de todas las pasiones, el odio hacia el “antiguo régimen” era la mayor y que

“no importa lo mucho que la gente sufrió y se estremeció, (ya que) en todo momento consideraron el peligro de un retorno del viejo orden como el peor de los males de su tiempo”.

Me pregunto si estamos viviendo esa “furia” hacía un “antiguo régimen” que para la mayoría de peruanos se resiste a morir donde los principales responsables políticos que ello suceda son la derecha, el gobierno de Pedro Castillo, el partido que lo llevó al poder y una izquierda que hasta ahora no encuentra su propio camino. Si bien ese “antiguo régimen” ya no es el viejo sistema oligárquico al que Velasco puso fin décadas atrás, hoy sigue presente como una forma de “convivencia social” que divide a los peruanos, una economía que hace a las mayorías más desiguales y la existencia de unos señores y señoras que creen que siguen siendo los “dueños del Perú”. Por eso, lo más importante en este momento es transformar ese “odio” hacia el “antiguo régimen “en lo que podemos llamar “una furia democrática” capaz de inaugurar un nuevo futuro.

Por eso, de lo que se trata es de derrotar a los extremos que hoy controlan el Congreso y se niegan en la práctica a su clausura; a una elite que sueña con el golpe militar; a políticos que no escuchan al pueblo; pero también recordarle a la izquierda aquella frase de Lenin que dice “La revolución no se hace sino se organiza”. Es decir, se requiere darle sentido, continuidad y dirección a una espontaneidad que hoy es una “furia”, que es masiva y radicalmente democrática, que en cualquier momento estalla pero que al no encontrar alternativas de mediano y largo plazo sólo aspira a soluciones inmediatas y con ello a trasladar la crisis para otro momento, como ha sido hasta ahora y recordarnos que por ese camino no hay democracia ni igualdad.

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CUESTION DE PODER.

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Víctor Caballero Marín.

Otra Mirada Lima miércoles 25 de enero del 2023.

 

Gonzalo Banda, destacado analista político arequipeño, dice una gran verdad: “Hay dos momentos en los que a Lima le preocupa la radicalidad en las regiones y, especialmente, en el sur: en elecciones y en protestas sociales”. Le añadiría: en el primer caso, en las elecciones, los candidatos llegan con promesas que luego las incumplen con la misma rapidez con las que prometieron; y la segunda, se interviene cuando los conflictos han escalado en intensidad y se ven obligados a firmar actas de compromiso para ejecutar obras, transferir recursos, prometer proyectos sociales que luego no los cumplen, o los cumplen parcialmente, o muy tarde.

Ahora nuevamente el sur andino está en el centro del interés del gobierno nacional, de las bancadas congresales, de los líderes de opinión de la derecha y de la gran prensa. De pronto los noticieros han puesto en el centro de todos sus miedos atávicos a los puneños, a los aymaras (los acusan de bolivianos que pretenden dividir el Perú), a los cusqueños, andahuaylinos, arequipeños, moqueguanos, abanquinos, ayacuchanos, tacneños. A todos ellos los califican como parte de una gran conspiración contra el Perú. Les han dicho (y les dicen) de todo; ahora todos ellos son estigmatizados como los fueron antes los ayacuchanos en las décadas del conflicto armado interno de los 1980 y 1990.

Se les ha criticado que sus demandan: “Que se vayan todos, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente”, son maximalistas, intransigentes, que imposibilita el diálogo. Pero, aclaremos: la otra demanda maximalista e intransigente es de aquello que sostienen que no hay nada que dialogar y se mantienen en su terca y obstinada posición de continuar con sus reformas políticas con los que piensan por un lado mantenerse hasta el 2026, asegurarse la reelección, la aprobación del Senado y, por supuesto, cerrar todos los caminos hacia una mayor democratización del Estado peruano, como las trabas que se han impuesto a la convocatoria de referéndum constitucional. 

¿Es posible llegar a puntos de encuentro? Considero que sí. 

Pero el tema es comprender la naturaleza del conflicto y las razones por las que la población ha tensado al extremo sus fuerzas y entregado una enorme cuota de vidas nunca vista en estas dos décadas. 

Es obvio que estamos ante una demanda política de los pueblos del sur que han fortalecido su identidad en el desarrollo del conflicto social. Frente a ellos, lo que vemos, con estupor, es la lectura que desde los grupos de poder político, económico y mediático hacen de esta movilización. Creen que el problema es más bonos de solidaridad, más ayuda social (probablemente lo sea) más promesas de inversiones públicas. 

No es la primera vez que ofrecen dádivas y bonos; recordemos los miles de millones de soles que se les ofrecieron en las mesas de diálogo. Tratar de centrar el diálogo en esos puntos es cometer un grave error; es no entender que el problema es político, que la agenda política que están proponiendo son reformas del Estado, pero con la participación de sus representantes gremiales y políticos. 

Más claro aún, lo que están planteando es que toda reforma política que defina la naturaleza del Estado tiene que ser debatida, o por lo menos consultada con nosotros. El grito de la calle, el enardecimiento de pobladores de distintas condiciones en el sur andino de ¡Nueva Constitución!, debe ser leída en ese sentido: en la búsqueda de producir reformas políticas con la participación del pueblo, de sus organizaciones, de sus líderes. No entender esta demanda y cerrar toda posibilidad de diálogo respecto a esta agenda es lo que ha producido esta crisis, y lo va a sostener durante décadas con la consecuencia de consolidar un país fragmentado, irreconciliado.

Por el contrario, lo que vemos, con asombro, es que las bancadas congresales de la derecha, que ha perdido legitimidad (solo tiene un 8% de aprobación), han venido aprobando reformas conservadoras cerrando la participación democrática de la población en su derecho a decidir su destino; y se proponen primero hacer reformas a su medida para luego garantizar la continuidad de la dominación del centralismo sobre las regiones. 

¿Es posible construir bases para el diálogo con los pueblos del Sur Andino? Claro que se puede y se debe. Pero eso pasa por reconocer que lo que está en el centro del conflicto es una cuestión de poder; vale decir, de las reformas que el Estado Peruano requiere, por el debate sobre un nuevo consenso en el equilibrio de poder en los cuales el pueblo exige participar. Exige, asimismo que se les considere como actores políticos e interlocutores válidos a los gobernadores regionales y las autoridades municipales recientemente elegidos con los cuales establecer las bases de una agenda política de reformar y en donde se incluya al pueblo movilizado, a sus organizaciones y líderes como actores políticos con los cuales dialogar. 

Obviamente esta tarea rebasa el tiempo de las elecciones. Es una agenda de mediano plazo, pero cuyas bases deben sentarse ahora. Debemos tomar en cuenta que lo que está en construcción son las bases para fortalecer la democracia peruana y la participación popular en las decisiones fundamentales de la política. Y eso se hace con la participación del pueblo y sus organizaciones de base, nada sin ellos.

Es la lección de vida que nos están dando los pueblos del sur andino, a quienes les doy todo mi respeto y admiración. 

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