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Mar Pérez, responsable de la Unidad de Defensores de la CNDDHH, califica como “una situación gravísima para los derechos humanos” lo que se está viviendo en el Perú. “Se está haciendo uso indiscriminado de la fuerza. Se dispara contra personas que se movilizan pacíficamente, incluso contra personas que no participan en las movilizaciones. Hay una carga profundamente racista en la actuación de la policía. No es casualidad que las muertes se hayan producido en zonas del país donde hay una presencia marcadamente indígena. A unas cien personas la Fiscalía les ha iniciado investigación por terrorismo solamente por participar en las protestas, incluso por únicamente haber juntado dinero para apoyar a los heridos. Eso es gravísimo”.
La activista de derechos humanos señala que hay responsabilidad de los mandos militares y de quienes disparan contra manifestantes, pero aclara que las responsabilidades no se limitan a ellos porque no son decisiones individuales, sino acciones que forman parte de “una política de Estado”. Sobre la responsabilidad de Boluarte y sus ministros, Pérez precisa que no solamente es política. “Estamos claramente ante una responsabilidad penal de la presidenta, que por tratarse de crímenes de lesa humanidad no prescribe. No sabemos cuántos años pasarán, pero tendrá que asumir su responsabilidad ante los tribunales”.
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PERÚ: LOS ORGANISMOS DE
DERECHOS HUMANOS DENUNCIAN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA REPRESIÓN.
Señalan
la brutal la Respuesta del Gobierno de Dina Boluarte a las Manifestaciones.
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El informe de la
Coordinadora Nacional de DD.HH. señala masacres, ejecuciones extrajudiciales,
detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y violencia sexual contra
los detenidos.
Por Carlos Noriega.
Desde Lima Página /12 jueves 26 de enero
del 2023.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) califica como “crímenes de lesa humanidad” la
respuesta represiva del gobierno
contra las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina
Boluarte y elecciones este
año.
En un informe
presentado este jueves, el organismo de
derechos humanos, de larga y reconocida trayectoria, denuncia
masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas,
tratos degradantes y violencia sexual contra
los detenidos. También amenazas y
hostigamiento contra los abogados de quienes son arrestados y los activistas de
derechos humanos. Se afirma que hay acusaciones arbitrarias
por terrorismo contra
manifestantes. Se cuestiona
la militarización del país y el aval del gobierno a las fuerzas de seguridad acusadas
de disparar contra la población.
Impunidad
La CNDDHH señala que no hay garantías para que se haga justicia por los crímenes cometidos por el gobierno y las fuerzas de seguridad porque la Fiscalía y el Poder Judicial están alineados con el régimen. Este informe será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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Son 57 las personas que han muerto desde que se
iniciaron las protestas en diciembre, primero en el sur andino y luego
extendidas a buena parte del país,
incluyendo Lima,
donde las manifestaciones
antigubernamentales multitudinarias son diarias desde hace una semana. Movilizaciones reprimidas duramente. De estas
muertes, 46 personas han
sido asesinadas por
disparos de las fuerzas de seguridad. Hay
un policía fallecido. Los heridos son cerca de un millar. La CNDDHH
dice que la respuesta del Estado a
las movilizaciones sociales
“ha sido
de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país en
el presente siglo”.
Se denuncia un “uso arbitrario
de la fuerza”, que
incluye el empleo de fusiles automáticos
no autorizados para ser utilizados en manifestaciones
sociales. También disparos de perdigones de
metal a corta distancia y bombas
lacrimógenas lanzadas contra el
cuerpo de manifestantes. El resultado
ha sido un alto número de muertos y heridos.
“Altos
funcionarios del gobierno lejos de poner fin a la violencia y separar a los
autores materiales, avalan y promueven la actuación de las fuerzas de
seguridad”, denuncia el informe de la CNDDHH.
Entre los casos de abuso policial que se reportan, están el de ocho detenidos en la ciudad andina de Andahuaylas “brutalmente golpeados durante su reclusión” y expuestos sin abrigo al frío extremo de esa zona; detenidos con las piernas cubiertas de moretones por los golpes sufridos durante su reclusión; detenciones en dependencias policiales “en condiciones incompatibles con la dignidad humana”; un caso de “agresión sexual múltiple”; “tocamientos indebidos y revisiones íntimas” a las mujeres detenidas en la Universidad de San Marcos.
"No hubo derecho sin
vulnerar"
“Creo que no hay ninguno de los derechos del catálogo de derechos humanos que no haya sido vulnerado. Los familiares de
las víctimas tienen derecho a la justicia, reparación y a la verdad. Tienen
derecho a saber qué pasó, de dónde vino la orden, porque aquí hay una orden
para este accionar, no han sido dos o tres policías locos sueltos. Los
responsables de esta matanza deben ser procesados y terminar en la cárcel como
corresponde, nos podremos demorar algunos años, pero ese va a ser su lugar”,
señala Jennie Dador,
secretaria ejecutiva de la CNDDHH.
La Fiscalía ha
iniciado una investigación por las matanzas durante la represión, que incluye a Boluarte y sus ministros. Pero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, genera más dudas y
sospechas que confianza. Muy
activa en el pasado para dar
mensajes acusando al expresidente Pedro Castillo por corrupción, ahora está silenciosa. Y ha reducido las
fiscalías que deben ver denuncias de violaciones
a los derechos humanos, quitándoles recursos y personal. Las dudas no apuntan solo a la Fiscalía. El exjefe del
gabinete ministerial de Boluarte, Pedro Angulo, uno de los acusados por las matanzas,
es ahora jefe de asesores de la Junta Nacional de
Justicia, que nombra y evalúa a los magistrados del Poder Judicial. En el Congreso,
una comisión investigará la represión, pero ahí decide la mayoría de
derecha que apoya a Boluarte y aplaude esa represión.
“No
tenemos confianza en la Fiscalía, tampoco en el Poder Judicial. No hay
independencia de poderes, lo que hay es la hegemonía de un poder. La
expectativa por la investigación en el Congreso es cero”, dice Dador.
Indica que las
denuncias por las muertes de la represión llegarían a tribunales
internacionales si no se avanza en el sistema
de justicia nacional. Refiere que esa internacionalización
podría acelerarse si hay una denuncia ante la Corte
Penal Internacional, pero aclara que la debe hacer un Estado.
Dador acusa a Boluarte
de “mentir sistemáticamente” cuando
acusa a los manifestantes de estar
armados, de matarse entre ellos, de ser terroristas. Numerosos testimonios, fotos, videos, y resultados de
las necropsias, confirman que las fuerzas de seguridad han disparado contra
manifestantes. En cambio, no hay una
sola evidencia que respalde la versión de la presidenta y sus ministros que los manifestantes están
armados y son ellos los que han disparado.
“Se criminaliza a quienes hacen uso de su derecho a la protesta pacífica y
también a quienes somos defensoras y defensores de las personas que se
movilizan y son detenidas. También se nos
acusa de ser terroristas. Sentimos como la represión nos respira en la
nuca”, denuncia Dador. “Tiene que cesar la
violencia. No debe haber un solo muerto más”, demanda.
Mar Pérez, responsable de la
Unidad de Defensores de la CNDDHH, califica como
“una situación gravísima para los derechos humanos” lo que se está viviendo en el Perú. “Se está haciendo uso indiscriminado de la fuerza. Se dispara contra personas que se movilizan pacíficamente, incluso contra personas que no participan en las movilizaciones. Hay una carga profundamente racista en la actuación de la policía. No es casualidad que las muertes se hayan producido en zonas del país donde hay una presencia marcadamente indígena. A unas cien personas la Fiscalía les ha iniciado investigación por terrorismo solamente por participar en las protestas, incluso por únicamente haber juntado dinero para apoyar a los heridos. Eso es gravísimo”.
La activista de derechos humanos señala que hay
responsabilidad de los mandos militares y de quienes disparan contra manifestantes, pero aclara que
las responsabilidades no se limitan a ellos porque no son decisiones
individuales, sino acciones que forman parte de “una política de Estado”. Sobre la responsabilidad
de Boluarte y sus ministros, Pérez precisa que
no solamente es política.
“Estamos
claramente ante una responsabilidad penal de la presidenta, que por tratarse de
crímenes de lesa humanidad no prescribe. No sabemos cuántos años pasarán, pero
tendrá que asumir su responsabilidad ante los tribunales”.
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