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"La masacre. “Esto no lo vas a ver en las noticias de aquí», me dijo Carmen (nombre ficticio) mientras me mostraba un vídeo en su teléfono de un niño con la camisa manchada de sangre que era arrastrado a un lugar seguro por otros manifestantes. «Es su sobrino», me dijo, señalando a una mujer sentada en el suelo. Pedro Huamani, un hombre de 70 años miembro del Frente en Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), acompañaba a las víctimas que esperaban fuera de la reunión de la CIDH. «Hemos sufrido una pérdida terrible», me dijo, «yo estuve presente ese día en una marcha pacífica hacia el aeropuerto». «Cuando empezaron a dispararnos granadas de gas lacrimógeno y balas, empecé a asfixiarme, casi muero allí», dijo Huamani. «Escapé y bajé al cementerio, pero fue lo mismo, intentábamos entrar y empezaron a dispararnos por detrás. Sobrevolaban helicópteros y desde allí nos disparaban granadas de gas lacrimógeno intentando matarnos».
"Carmen trajo a algunos de sus amigos y uno de ellos, que llevaba un chándal gris, me dijo: «Todos vivimos cerca del aeropuerto y vimos cómo ocurría todo. Tendrías que haber visto cómo les disparaban como a animales. Intentamos ayudar a algunos heridos, pero fue duro». La masacre de Ayacucho, así como la violenta represión en todo el país, no ha hecho sino intensificar la exigencia popular de que Dina Boluarte dimita. Boluarte tomó posesión de su cargo el 7 de diciembre, inmediatamente después del golpe contra Castillo. En entrevistas y discursos públicos ha justificado el uso de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes calificando sus acciones de actos de «terrorismo» y «vandalismo».
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Fuentes: Counterpunch.
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«LOS MATARON COMO A ANIMALES»
MASACRE EN AYACUCHO, PERÚ.
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Por | 07/01/2023 | América Latina y Caribe
Fuente Rebelión sábado 7 de enero del 2023.
Traducido
del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
El
15 de diciembre de 2022, mientras los helicópteros sobrevolaban la zona,
miembros del ejército nacional de Perú abatieron a
civiles con balas reales en las afueras de la ciudad de Ayacucho. Esta acción fue la respuesta a una huelga y movilización nacional en protesta por el golpe de Estado que depuso al presidente
Pedro Castillo el 7 de diciembre.
El 15 de
diciembre cientos de estudiantes universitarios, comerciantes, vendedores
ambulantes, trabajadores agrícolas y activistas se reunieron en el centro de
Ayacucho para expresar su descontento por
la destitución de Castillo y
continuaron su movilización hacia el
aeropuerto. En otras ciudades del sur andino del país se registraron
acciones similares.
Cuando los
manifestantes se acercaron al aeropuerto, miembros
de las fuerzas armadas abrieron fuego
y dispararon botes de gas lacrimógeno directamente
contra ellos. Los
disparos del ejército desde los helicópteros resultaron ser los más letales. Mientras los
cientos de personas desarmadas corrían
para salvar sus vidas, los disparos continuaron.
Diez
personas murieron a consecuencia de esta violencia infligida por el ejército y
docenas más resultaron heridas, según cifras oficiales facilitadas
por la oficina
del defensor del pueblo. Al menos seis personas siguen luchando
por su vida en hospitales de Lima, la capital de Perú, y de Ayacucho. Las autopsias de 10 de los fallecidos en Ayacucho muestran que seis de las víctimas murieron por
heridas de bala en el pecho. El más joven solo tenía 15 años.
El 27 de
diciembre Reuters informó de cómo una de estas víctimas mortales en Ayacucho, Edgar Prado, de 51 años, murió por disparos cuando intentaba
ayudar a otra persona que había sido abatida durante las protestas.
La respuesta extremadamente violenta de las fuerzas de seguridad a las protestas antigolpistas en todo Perú fue ampliamente condenada. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país del 20 al 22 de diciembre para recibir testimonios de organizaciones locales de derechos humanos y de víctimas sobre la violenta represión sufrida por los manifestantes, y también habló con familiares de las 28 víctimas mortales. La delegación viajó a Ayacucho el 22 de diciembre.
Más de una
docena de familiares, habitantes de Ayacucho, organizadores y un par de periodistas independientes, entre los que
me encontraba, esperaban en la acera de
una de las estrechas y coloridas
calles de la ciudad mientras se celebraba la reunión. Mientras la gente entraba y salía, se relataron gran parte de los
acontecimientos y tragedias del 15 de diciembre.
La masacre
“Esto no lo
vas a ver en las noticias de aquí», me dijo Carmen (nombre ficticio) mientras me
mostraba un vídeo en su teléfono de un niño con la camisa manchada de sangre
que era arrastrado a un lugar seguro por
otros manifestantes. «Es su sobrino», me
dijo, señalando a una mujer sentada en
el suelo.
Pedro
Huamani, un hombre de 70 años miembro del Frente en Defensa del Pueblo de
Ayacucho (FREDEPA), acompañaba a
las víctimas que esperaban fuera de la
reunión de la CIDH. «Hemos sufrido una pérdida terrible», me dijo, «yo estuve presente
ese día en una marcha pacífica hacia el aeropuerto».
«Cuando
empezaron a dispararnos granadas de gas lacrimógeno y balas, empecé a
asfixiarme, casi muero allí», dijo Huamani.
«Escapé y bajé al cementerio, pero fue lo mismo, intentábamos entrar y
empezaron a dispararnos por detrás. Sobrevolaban helicópteros y desde allí nos
disparaban granadas de gas lacrimógeno intentando matarnos».
Carmen trajo a algunos de sus amigos y uno de ellos, que
llevaba un chándal gris, me dijo:
«Todos vivimos cerca del aeropuerto y vimos cómo ocurría todo. Tendrías que haber visto cómo les disparaban como a animales. Intentamos ayudar a algunos heridos, pero fue duro».
La
masacre de Ayacucho, así como
la violenta represión en todo el país, no ha hecho sino intensificar la exigencia popular de que Dina Boluarte dimita. Boluarte tomó posesión
de su cargo el 7 de diciembre, inmediatamente después del golpe contra Castillo.
En entrevistas y discursos públicos ha
justificado el uso de la fuerza por parte
de la policía contra los manifestantes
calificando sus acciones de actos de «terrorismo» y
«vandalismo».
Huamani, mientras
temblaba y contenía las lágrimas, dijo:
«Es una
presidenta asesina y en Huamanga no la queremos ni la reconocemos como
presidenta porque esta mujer ordenó a la policía y al ejército disparar contra
nosotros, los peruanos. Y esas balas, esas armas, realmente las compramos
nosotros, no el ejército, ni los soldados, sino el pueblo. Y que nos maten es
realmente horrible».
La rabia de
los ayacuchanos también está vinculada al debilitamiento histórico de la democracia peruana y a la exclusión
económica que sufren las regiones
situadas fuera de Lima. Huamani
explicó:
«Sacaron a
nuestro presidente [Castillo], así que esto no es una democracia. No somos una
democracia, estamos en [estado de] guerra, pero no sólo en Ayacucho y Huamanga,
sino también en Arequipa, Apurímac, Cusco. En
estas regiones, estamos sufriendo la pobreza, ya no podemos sobrevivir, nos
estamos muriendo de hambre… y estos derechistas quieren hacernos sus esclavos,
pero no lo permitiremos porque estamos respondiendo y resistiendo».
Viejas heridas abiertas
El 15 de diciembre no era la primera vez que las fuerzas armadas peruanas masacraban a civiles en Ayacucho. Muchos de los presentes ese día afirmaron que el trato bélico recibido por los manifestantes pacíficos recordaba a los días del conflicto armado interno de dos décadas que los peruanos sufrieron hace más de 20 años.
«Todavía nos
tratan como si todos fuéramos terroristas», señaló un familiar de una de las
víctimas de las protestas.
Como parte
de su campaña contra la insurgencia guerrillera, el Estado torturó, detuvo,
hizo desaparecer y asesinó a decenas de miles de campesinos
e indígenas inocentes acusándolos de apoyar o formar parte de la insurgencia.
La población
de Ayacucho fue una de las más afectadas. Según los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
creada para investigar las violaciones
de los derechos humanos, de las 69.280 víctimas mortales estimadas del conflicto
armado interno en Perú entre 1980
y 2000, 26.000 fueron asesinadas o
desaparecieron a manos de agentes estatales o grupos insurgentes en Ayacucho.
Miles de personas que huyeron de sus pueblos
a la ciudad de Ayacucho durante el
conflicto siguen buscando a sus seres
queridos y exigen justicia.
Una de ellas
es Paula Aguilar Yucra, a quien conocí fuera de
la reunión de la CIDH. Como más del 60% de los ayacuchanos, el quechua es su lengua materna. Esta mujer de 63 años es miembro de la Asociación Nacional de Familiares de
Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), con sede en Ayacucho.
Huyó de su comunidad rural de Usmay
a Ayacucho en 1984, después de que su madre fuera asesinada y su hermano secuestrado por soldados y
nunca se volviera a saber de él.
Casi 40 años
después, vuelve a estar de luto. Su nieto, José Luis
Aguilar Yucra, de 20 años, padre de un niño de dos años, fue asesinado
el 15 de diciembre de un disparo en la cabeza cuando intentaba volver a casa después del trabajo.
En una
vigilia celebrada en la tarde del 22 de diciembre, Paula, de pie junto a los
demás miembros de ANFASEP, sostenía un cartel en
el que se leía: «Luchar hoy no significa morir mañana».
Este
artículo ha sido producido por Globetrotter.
Fuente: https://www.counterpunch.org/2023/01/05/they-shot-them-down-like-animals-massacre-at-perus-ayacucho/
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