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PERÚ.
CRISIS POLÍTICA Y CRISIS DE DD-HH. JENNIE DADOR: “LA PRESIDENTA BOLUARTE DEBE
RENUNCIAR Y CONVOCARSE A NUEVAS ELECCIONES YA” DINA BOLUARTE TIENE RESPONSABILIDAD POR
LAS VÍCTIMAS QUE HA
DEJADO LA REPRESIÓN Y QUE MUESTRAN QUE HUBO UN PATRÓN, PUES LO QUE PASÓ EN
JULIACA, SUCEDIÓ EN AYACUCHO, Y EN ANDAHUAYLAS.
Pide una investigación imparcial para determinar a los responsables directos y
mediatos. La Secretaria Ejecutiva, advierte que la Crisis Política ha llegado a
tal punto que hemos pasado de una Crisis Política a una Crisis de Derechos Humanos.
“Lo que necesitamos es que paren de matarnos”, alerta. Dejen
de terruquear a los Movimientos Sociales. Aquí NO hay terruqueo NI crimen Organizado.
Aquí hay un Pueblo que Protesta y exigen Soluciones en Democracia…
LA COORDINADORA envió una Carta a Fiscal de la Nación, preocupados por el abocamiento del Subsistema de Crimen Organizado a la Investigación de las Muertes de Civiles en las Manifestaciones ¿Qué implica ello?
-La preocupación viene porque, lejos de fortalecerse el subsistema de derechos
humanos para que estos crímenes sean vistos por los fiscales especialistas en
derechos humanos, que tienen una aproximación y conocimiento de este tipo de
casos. Los fiscales de crimen organizado tienen otras experticias, seguramente
son muy buenos en casos de bandas y corrupción, pero no tienen las mismas
habilidades para detectar los indicios apropiados en una investigación de derechos
humanos y documentarlos debidamente. Hay que documentar bien los casos
desde un inicio, sino después se tendrán que exhumar cuerpos, revictimizando a
los familiares. Además, se quiere fortalecer las fiscalías de terrorismo,
cuando actualmente la carga procesal por terrorismo es baja, porque ya no es el
contexto de país, pero si de pronto se quiere fortalecer esas fiscalías, nos
lleva a pensar que están encausando todo esto como si fuera terrorismo. Eso,
que en el discurso se llama terruqueo, ahora van a querer procesar
judicialmente por las protestas.
¿EL TERRUQUEO como forma de tildar a los
que protesta busca limitar el derecho de los ciudadanos a expresar su
disconformidad?
-Busca instrumentalizar la justicia para
legitimar el discurso de que los que protestan son terroristas, y con eso mandas un mensaje a la sociedad en su
conjunto de si protestas, mira lo que te va a pasar, ya no es solo que te
hieran, sino que vas a la cárcel por terrorismo, 15, 20 años, y vas a quedar
estigmatizado para toda tu vida. Eso no solo genera temor en la sociedad,
sino autocensura, y eso es muy peligroso en una Democracia.
-¿SE QUIERE meter en el mismo saco a la
gente que protesta con los vándalos?
Así es. En toda movilización se pueden
infiltrar algunos pillos que van a hacer actos de violencia, o pueden ser manifestantes más anárquicos, pero
eso no convierte a la protesta en ilegítima. Los estándares de Derechos Humanos
señalan que se debe identificar a los pillos violentos, separarlos y
neutralizarlos, no tienes que salir indiscriminadamente a tirar bala a
todos los que están protestando, ni procesar a todos, ni colocar a toda la
protesta bajo el título de crimen organizado, que es otra figura penal. No
niego que haya elementos que ejercen violencia, pero para eso están los
aparatos del Estado y el sistema de inteligencia que, en vez de estar siguiendo
Periodistas o Defensores de Derechos Humanos, deberían identificar quienes son
los Violentistas en las protestas.
-¿Qué esperan de la delegación de la CIDH
que está en Lima?
-La comisión está siguiendo el trabajo
del grupo de avance que vino el mes pasado. Esperamos que haga un informe contundente,
que haga recomendaciones específicas al Estado peruano. No va a resolvernos la
vida, pero tendrá que ver con generar condiciones que puedan asegurar hacia
adelante para un proceso de diálogo, porque ahorita no hay condiciones.
Estuvieron un grupo de ministros en Juliaca y
regresaron señalando que no han encontrado cabezas con quiénes dialogar,
pero lo que pasa es que no hay condiciones para dialogar. No puedes llegar
a Juliaca, donde la gente está enterrando a sus
familiares asesinados, donde el jefe policial y militar de la región siguen
siendo los mismos y no los han cambiado ni siquiera como señal. ¿Así, cómo puedes pretender que la gente vaya a dialogar
contigo?
***
ESPERAMOS que mejores las condiciones y
cese la violencia, que se atienda a los heridos, que se evacúe a los que
necesitan, porque la infraestructura de salud en Puno y en otras regiones es pobrísima y el personal de salud no se da a vasto, y hay heridos de
gravedad que requieren una atención especializada. Eso también es parte de
crear condiciones para dialogar. Y otra cosa: que se asegure una investigación
justa, oportuna, imparcial, especializada, y quizás, la
CIDH puede proponer que, como ha ocurrido en algún momento en otros países,
un grupo internacional de expertos venga a realizar la investigación en el
país, al margen de las responsabilidades penales que se ven en otro nivel. Pero
se necesita peritos expertos, porque aquí los peritos de balística son de la
policía y van a ver los casos en que la policía ha disparado. Hay una serie de
cosas que la comisión puede incorporar en sus recomendaciones, pero también debe hacer un proceso de seguimiento al
Estado peruano, para que vaya informando de las medidas que está implementando.
-En un reciente comunicado han pedido la
renuncia de la presidenta Boluarte y que se convoquen a elecciones generales
como salida a esta crisis ¿Por qué?
-Hay un conjunto de vulneraciones que ya
veníamos detectando y que se han intensificado, y tiene
que ver con detenciones arbitrarias, detenciones masivas, uso de la fuerza
desproporcionada. No tenemos información sobre cuáles son los pertrechos que
usa la policía, cuáles son sus procesos formativos. No
hay un mecanismo de rendición de cuentas para informar a la ciudadanía. Hay
un protocolo, pero no siempre se cumple; y está la modificatoria el año 2020
que se conoce como la ley del gatillo fácil, que exculpa de responsabilidad que
en uso de función tiene consecuencias. Hay una serie de falencias, y
consideramos que hay una responsabilidad política, y seguramente con el
tiempo se determinará la responsabilidad penal. Hay una
responsabilidad política porque lo que ha ocurrido en Juliaca, ha ocurrido en
Ayacucho, en Andahuaylas. Acá no son tres o cuatro efectivos sueltos que
no cumplieron con sus protocolos y se mandaron por la libre. Acá hay un patrón
de actuación, debe haber una cadena de mando y eso puede llevar a los
responsables inmediatos, pero también a los mediatos. Y si la presidenta dice que
ella no ha ordenado que disparen, pero en verdad lo hizo, tiene
responsabilidad; y si no lo hizo, también porque está pintada en la
pared. La presidenta debe renunciar y convocarse a nuevas elecciones ya.
-Si Boluarte renuncia, se quedaría el
presidente del Congreso. ¿La población aceptará a José Williams?
-Podría ser, pero la propuesta es, como
en dos oportunidades anteriores, claro que
en contextos distintos y otros congresos, que se haga un cambio en la mesa
directiva del Congreso, renuncie la presidenta y se convoquen elecciones ya. El
presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho
que se pueden hacer en 5 ó 6 meses. No habrá primarias, ni reformas,
pero ya no hay margen para eso en este momento porque nos están
matando. Hemos pasado de una crisis política, de representación, de
debilidad de la democracia, a una crisis de derechos humanos. Ahorita lo que necesitamos es que paren de matarnos.
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PERÚ. GOBIERNO DE BOLUARTE:
CONTINÚA LA MASACRE.
SECRETARIA EJECUTIVA de DD.HH. JENNIE DADOR: “La presidenta BOLUARTE
debe Renunciar y Convocarse a Nuevas Elecciones ya”
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Por | 12/01/2023
| América
Latina y Caribe
Fuentes: El Diario Internacional
El 9 de
enero, 17 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas en Juliaca,
Puno. Son ya 45 manifestantes muertos a manos de los militares y la policía.
Estas son
cifras oficiales, extraoficialmente hay versiones sobre una cantidad de muertos
mucho mayor. Organizaciones
sociales dan cuenta además de detenciones arbitrarias, torturas y maltratos a manifestantes y detenidos.
Existen filmaciones que circulan en los medios sociales que prueban esta práctica represiva de la policía y los
militares.
La
responsabilidad mayor de estas muertas recae directamente en Dina Boluarte por ser la presidenta del Perú, el
Presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y el ministro de
Defensa. La responsabilidad es mucho mayor en la medida que Boluarte no
tomó ninguna medida para frenar este baño de sangre. A fines de diciembre,
militares y policía mataron a 28
manifestantes, 3 menores de edad entre ellos. Boluarte pudo haber dado una orden inmediata para que haya cierta
proporcionalidad en la represión,
que soldados y policías no disparen contra manifestantes. No solamente no
lo hizo, sino que continúa ordenando esta práctica criminal de las Fuerzas
Armadas y policiales. El colmo del
cinismo, Boluarte ha declarado tras la masacre
en Puno que “no entiende qué es lo que (los
manifestantes) exigen” y que “lo que están pidiendo es pretexto para seguir
generando el caos”.
El accionar de las fuerzas armadas y policías bajo la batuta de Boluarte pone de manifiesto el nivel de autoritarismo e incluso el proceso de fascitización del Estado peruano. No existe ninguna proporcionalidad en la represión de la protesta. Militares y policías disparan a mansalva, al cuerpo —específicamente en la cabeza, el cuello y el tórax— de los manifestantes desarmados. El gobierno de Boluarte quiere a costa de los asesinados causar tal miedo en la población que no salga a protestar. A pesar que van 45 manifestantes muertos, ni un solo ministro, jefe militar y policial han sido destituidos. Se decreta un estado de emergencia suspendiendo garantías y derechos civiles incluso en regiones no afectadas por las protestas. Se extiende de tal manera el tipo penal de terrorismo que manifestantes son acusados de terrorismo por participar en marchas o tirar una piedra, cuando tales acciones no se encuentran inmersas dentro de la configuración de ese tipo penal. Un manifestante puede obtener 15 años por tal acusación. Se garantiza la total impunidad de militares y policías. Tan es así que Boluarte manifestó después de los primeros muertos que tribunales militares y policiales deberían ocuparse de tales casos. Estos tribunales son competentes solo para ver delitos de función. Disparar a manifestantes desarmados no constituyen delito de función.
Los
militares y los policías muestran su verdadero rostro, disparan a mansalva al
cuerpo de los manifestantes, los golpean y torturan; incluso la represión se
ha extendido hacia periodistas alternativos o contra cualquier ciudadano filmen desde sus casas el arbitrario proceder de policías y militares. El nivel de brutalidad
evidencia su desprecio contra el pueblo. En los medios sociales se aprecian videos en los que se ve como la policía golpea a
mujeres campesinas, dispara
al cuerpo de los manifestantes, lanza bombas lacrimógenas y balas desde
helicópteros, golpea a indefensos
manifestantes hasta hacerlos sangrar profusamente. Se aprecia el odio y desprecio de militares y policías por
manifestantes que vienen del pueblo.
Los medios de
comunicación legitiman las muertes y
la represión desmedida. Un ejemplo
de ello es la periodista Mávila Huertas del canal Panorama que informa sobre la matanza en Puno focalizando casi todo su programa en
saqueos o en ataques a la propiedad
privada. No se refiere en lo
absoluto a la desmedida represión militar y policial contra manifestantes desarmados. Pero no son solamente periodistas como Huertas
o los del canal
Willax que son abiertamente de derecha y legitiman la masacre. Periodistas como Álvarez Rodrich o
Rosa María Palacios equiparan las protestas con la represión, justificando,
de esta manera, la matanza de indefensos manifestantes.
La Iglesia
católica responsabiliza a los manifestantes por los muertos. Esto ha declarado
la Conferencia Episcopal del Perú:
«Lamentamos que estos hechos se hayan producido, por un lado, como consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta, recurriendo a la ilegalidad; y, por otro, por el uso desmedido de la fuerza». De esta manera, la Iglesia católica legitima la represión, diciendo “los matan porque desnaturalizan la protesta, porque recurren a la ilegalidad”. Equiparan una vida humana con alguna piedra lanzada o una tienda saqueada. Ni siquiera ello, porque la gran mayoría de manifestantes no representaban una amenaza para la seguridad o propiedad de personas; fueron muertos solo por hacer legítimo uso del derecho a la protesta.
El
politólogo Steve Levistky posteó en su cuenta de
Facebook:
“Muchos
peruanos de derecha vienen justificando los 28 (ahora 45) muertos basado en la
idea de que los manifestantes «tomaron al aeropuerto.»
Hoy en Brasil los
manifestantes tomaron el Congreso, la presidencia, la Corte Suprema. ¿Qué paso?
¿Unos 200 manifestantes fueron detenidos? ¿Muertos?
Cero. Ni uno. Esto nos hace recordar
una vez más que las decenas de muertos en el Perú no son justificadas, ni
justificables. Lo que ocurre en el Perú no es una cosa normal. Ha sido una represión atroz.” En este caso le damos la razón a Levistky. En Francia, manifestantes ocuparon un aeropuerto y no hubo ningún muerto o herido, lo propio ocurrió en Santa
Cruz-Bolivia, cuando la policía disuadió a manifestantes que
pretendían tomar los aeropuertos de Viru Viru y el Trompillo,
como protesta por la captura del gobernador Luis Fernando Camacho.
La represión
policial y militar en el Perú, solo se equipará
a la cruenta represión en Chile el 2019, y en Bogotá Colombia en el 2021. La cantidad
de muertos por uso de armas letales y con impactos en la cabeza, cuello y tórax
en el Perú, ya supera los extremos represivos en estos dos países. Si bien
se vocifera una disputa entre un orden
de derecha o de ultraderecha reprimiendo a manifestantes de izquierda, queda claro que además el problema es regional, de Lima reprimiendo a los departamentos del Sur del Perú, así como también esta represión tiene tintes racistas; cosa que no se ha
expresado de manera tan evidente en
los otros países en referencia como en está ocurriendo en el Perú.
Dina
Boluarte es un testaferro de los grandes grupos del poder económico y
político del Perú. Estos
grupos de poder han conseguido dominar
todos los estamentos del Estado: el Congreso, Poder Judicial, el Ministerio
Público, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, la policía, servicios
de inteligencia. Estas fuerzas
sirven los intereses de la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas) del Perú y de
las grandes transnacionales, son sus fieles cancerberos. El lavado diario de cerebro lo hacen los grandes medios de comunicación, sobre
todo el Grupo El
Comercio, La República y Willax. Este poder le torció la muñeca a Pedro Castillo
y Perú Libre que negociaron
desesperadamente con la derecha para mantenerse en el Estado.
El
foco de la protesta se centra en los departamentos del sur que son los
que han estado más relegados de las inversiones estatales y de la toma de
decisiones. Ayacucho, Puno, Apurímac, Cuzco son departamentos que históricamente han
sufrido también la represión de las fuerzas armadas y policiales cuando se han levantado contra los gobiernos
impopulares. Los ciudadanos del sur del Perú siempre han sido tratados
como ciudadanos de tercera clase. El clasismo y el racismo de parte de la política del Estado. Raúl Tecco, director
de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, en Perú. En entrevista a Deutsche Welle ha afirmado que la violencia policial evidencia
«un
desprecio que oculta el odio y el racismo soterrado que se vive en el país,
porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena».
Y que el accionar de militares y policías responde a órdenes del poder económico y político. Este es el poder que embiste hoy contra manifestantes porque no puede haber ninguna fuerza que cuestione, ponga en peligro su poder, el llamado “modelo”. Es este poder que detiene y torturas manifestantes y les abre procesos por terrorismo. Es este poder que da leyes en beneficio de las grandes empresas, exonerándolas de impuestos. Es el poder que no quiere que el pueblo, campesinos, obreros, trabajadores participación en la toma de decisiones políticas.
Finalmente,
de todo lo ya dicho, cabe resaltar que la feroz represión policial y militar en
el Perú donde no hay dudas que la represión se hace bajo la consigna clara de no solo disuadir sino principalmente
aniquilar con armas letales a los manifestantes;
viene acompañada de una fuerte carga
ideológica donde se entremezclan el macartismo o “terruqueo” (como
se le llama en el Perú), racismo,
aporofobia y el afincamiento ideológico por el cual se justifican muertes de infraciudadanos por ser pobres, campesinos y de la sierra por gente que ha asumido el poder y se autopercibe
como el último bastión de la lucha
anticomunista en Latinoamérica, pues levantan de manera caricaturesca y delirante una narrativa propia de la otrora
guerra fría, por la cual las elites peruanas “terruqueano” no solo a la
gente del sur peruano y a los
manifestantes de otras regiones del país, sino incluso a los gobiernos de
Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Argentina y México.
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