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EL FUJIMORISMO EN EL GOBIERNO. VOTO DE CONFIANZA AL GABINETE OTAROLA. Nuevos aliados otorgan confianza al premier Alberto Otárola Congreso. Fuerza Popular y grupos afines como
APP, Avanza País y Renovación Popular le
dan su apoyo al nuevo gabinete, que ya carga con 47
fallecidos, 39 de ellos a causa directa de la represión militar y policial
del Gobierno. La bancada Fuerza Popular y grupos políticos
afines como Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción
Popular definieron ayer la votación a favor de la confianza
hacia el gabinete de Alberto Otárola, en medio de una grave crisis
política que ya ha dado lugar a 47 peruanos fallecidos; 39 de ellos a causa directa de la represión militar y policial. (Ahora
sí, esta “generación de parlamentarios, lo asesinaron
políticamente a Acción Popular, que pasó de
muchos años de “un populismo de sectores medios”, ahora
a ser un “fiel servidor “de la ultra derecha represiva y enferma de racismo).
Desde
su presentación inicial, el jefe del gabinete ministerial se mostró
confiado en obtener el respaldo del Congreso.
Fue por ello que su presentación, si bien empezó con referencias a la grave
crisis, estuvo marcada por una serie de ofrecimientos en
términos de más millones en inversión y un concierto de
bonos económicos. (Más regalos del” Papá Estado”
sin Reforma Tributaria, exoneración a Grandes Empresas nacionales y
Corporaciones Transnacionales. Al Deuda Externa crecerá, sin control
alguno)
Alberto
Otárola anunció un bono llamado Electricidad 2023. Otro bono por sequía. (Increíble, pero esos son
los sueños de la ultra derecha) Más plata para el Bono Familiar Habitacional. Y más dinero para el Bono
Juntos (que comprende a los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo). Maravilla con Bonos para la sequía, un gran aporte al mundo y contra el cambio climático?.
En
otro momento se permitió animar arengas por las fuerzas de seguridad del país, lo que
generó aplausos de las bancadas de la derecha. Esto,
a un día de las 17 muertes producidas por la
represión del Gobierno de Dina Boluarte, varias
de ellas por armas de fuego, en la región Puno.
Elogios de la derecha
En este
nuevo escenario, portavoces de bancadas que hasta hace poco eran opositoras del Ejecutivo ayer no dudaron en
anunciar prontamente el apoyo hacia el gabinete de Otárola.
Gabinete de sangre
Las
críticas contra el gabinete surgieron desde las tiendas políticas de izquierda. Desde el arribo de Alberto
Otárola al hemiciclo, congresistas de este bloque lo
emplazaron con carteles, tildándolo de asesino. “El
premier señala que les darán hierro a los niños, mientras ayer a sus padres les
daban plomo”, expresó luego Víctor Cutipa. “Como representante de Áncash, me avergüenza, y usted no me
representa”, le dijo Elías Varas a Otárola. Ruth Luque (Cambio
Democrático) hizo énfasis en que la salida a la crisis
política necesariamente pasa por la renuncia de
la presidenta de la República, Dina Boluarte.
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PERÚ: LA FISCALÍA ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN AL GOBIERNO DE BOLUARTE POR LA REPRESIÓN
En solo un mes ya son 46 las manifestantes víctimas
de la violencia institucional.
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Organizaciones como la Conferencia
Episcopal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Unión Europea, las
agencias de las Naciones Unidas en Perú, entre
otras, condenaron las muertes en Juliaca.
CRISIS POLÍTICA. Las protestas arrecian en Perú en respuesta a la violencia y a la represión
policial. Las autoridades decretan el
toque de queda en Puno, la más golpeada por la
presión de las fuerzas de seguridad. El Gobierno desafía a los manifestantes y
asegura que no permitirá su llegada a Lima. Al menos 46
personas han muerto en un mes. El País de España.
Por Carlos Noriega.
Desde Lima.
Página /12 miércoles
11 de enero del 2023.
La represión contra las protestas
populares sigue sumando muertes. Se
ha elevado a 18 los fallecidos en
la ciudad de Juliaca, en la región altiplánica de Puno, fronteriza con Bolivia, durante las masivas movilizaciones
del lunes contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de mayoría de derecha
que la respalda. Diecisiete de los fallecidos son manifestantes, baleados por
la policía. La otra víctima es un efectivo policial. En un mes de
gobierno ya son 46
los fallecidos -39 por disparos de la policía y el ejército-
durante las protestas que estallaron luego de la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Pedro Castillo.
Esta represión y las muertes alimentan
la indignación popular y las protestas.
Crecen las demandas para que renuncie Boluarte.
Según el gobierno, la policía abrió fuego contra la multitud cuando unas dos mil personas intentaron tomar en la tarde del lunes el aeropuerto de Juliaca, causando las 17 muertes y más de un centenar de heridos. Ha justificado esa respuesta policial. No es cierto que todos los muertos cayeron cuando intentaban tomar el aeropuerto. Y el intento de tomar un aeropuerto no justifica en ningún caso disparar contra pobladores desarmados, o “armados” con piedras, como ha hecho la policía. La primera muerte fue la de un vendedor ambulante de 35 años, que recibió un balazo en la cabeza. Durante el resto de la tarde y la noche con cada reporte aumentaba el número de víctimas. Uno de los caídos por los disparos de la policía es un menor de 17 años. Un estudiante del último año de medicina, Marco Samillán, fue asesinado por una bala disparada por la policía cuando estaba auxiliando a los heridos. Cristian Mamani, de 22 años, cayó muerto por los disparos cuando corría escapando de las bombas lacrimógenas. Todos los fallecidos recibieron impactos de balas o perdigones. Fue una masacre.
La situación estaba fuera de control, con los pobladores
muertos y heridos sumándose,
cuando un grupo incendió un patrullero, muriendo
el policía que estaba dentro del vehículo y no pudo escapar. Un supermercado y una tienda fueron saqueados.
Cerca de Juliaca, en la ciudad puneña de Ilave fue incendiada
la casa del congresista Jorge Flores, del partido centroderechista Acción Popular. La trágica muerte del policía ha sido ampliamente explotada por el gobierno, la derecha parlamentaria y
los medios para criminalizar las
protestas. Se informó de 75 policías heridos.
La Fiscalía ha iniciado investigación a Boluarte, el jefe del gabinete ministerial y los titulares de Defensa e Interior por genocidio,
homicidio calificado y lesiones graves, por las muertes ocurridas en diciembre y enero. Organizaciones
como la Conferencia Episcopal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
la Unión Europea, las agencias de las Naciones Unidas en el Perú,
entre otras, condenaron las muertes en
Juliaca y exigieron al gobierno detener las
muertes y una investigación y sanción
para los culpables por la cruenta
represión.
El gobierno ha respondido justificando el accionar de las
fuerzas de seguridad en la represión y acusando, sin evidencias serias, a los manifestantes de terroristas y estar financiados
por el narcotráfico e “intereses extranjeros” en alusión a Evo Morales. Acusaciones que son como arrojar gasolina sobre el fuego
de la indignación popular. El expresidente boliviano rechaza las acusaciones del gobierno peruano, que
le ha impedido el ingreso al país.
“En
nombre de la paz y la justicia social exigimos que paren la masacre de nuestros
hermanos del Perú”, señaló Evo.
El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, amenazó con más represión. “No vamos a cesar en nuestro empeño de recuperar el orden interno”, anunció en un mensaje el lunes en la noche, con el país conmovido por las muertes en Juliaca. Eludió la responsabilidad del gobierno por las protestas y las muertes que ha dejado la represión, y culpó por lo ocurrido al expresidente Castillo, encarcelado hace un mes. Lo sindicó, sin presentar evidencias, de mover las protestas desde la prisión.
Los muertos de Juliaca
El martes Juliaca
amaneció con el dolor de sus muertos. Hubo un velatorio colectivo en las calles
de la ciudad.
“Hay
muchas heridas abiertas, esto es irreconciliable. La única salida es la
renuncia de Dina Boluarte”, señaló el gobernador de Puno, Richard Hancco.
En otras ciudades
andinas hubo movilizaciones en solidaridad
con las víctimas
de Juliaca y exigiendo la renuncia de
Boluarte. Se declaró tres días de duelo regional en Puno. En
esta región y otras del sur andino
continúan las movilizaciones antigubernamentales
y un paro regional. Puno está paralizado. Se mantienen
los bloqueos en varias vías en distintas regiones, incluyendo tramos de la Panamericana sur. Pobladores de Puno y otras
regiones andinas han anunciado una
marcha a Lima. El gobierno amenaza
con no dejarlos llegar. El martes arribó a Juliaca una comisión del gobierno para buscar un diálogo. Las declaraciones del jefe del gabinete
ministerial apoyando la represión y criminalizando
a los manifestantes aleja el
diálogo.
Con las muertes por la represión sobre sus espaldas,
Otárola se presentó este martes ante el Congreso para pedir el voto de confianza al gabinete
ministerial, necesario para ser ratificado. Cuando Otárola y los otros ministros llegaron al Congreso fueron
recibido por legisladores de izquierda a
los gritos de “asesinos”. Congresistas
pusieron en el piso del hemiciclo fotos de las víctimas de la represión y se pararon frente a los ministros levantando carteles que
decían “Gabinete
de la muerte”, “Asesinos fuera”, “Paren la militarización”. Los ministros permanecieron sentados en
silencio. Desde las bancadas de la derecha
y ultraderecha les gritaban “terroristas” a los congresistas de izquierda que protestaban frente a los ministros por la represión. La sesión
parlamentaria tuvo que suspenderse. Cuando se reanudó, Otárola comenzó su
discurso para pedir el voto de
confianza haciendo una apología a la represión que ha disparado contra los
manifestantes. Alzó la voz para elogiar
y agradecer a las fuerzas de seguridad. “Honor y gloria para la Policía y las Fuerzas Armadas”, gritó. Solo
le faltaba el uniforme. Desató el
entusiasmo de legisladores fujimoristas y otros de ultraderecha, que se pusieron de pie para aplaudirlo. Como si estuviera fuera
de la realidad, Otárola dijo que el gobierno, jaqueado por masivas protestas,
está fortalecido.
Legisladores de izquierda
responsabilizaron al gobierno por las muertes, exigieron la renuncia de
Boluarte, el adelanto de elecciones para
este año y el juzgamiento de los
responsables, directos y políticos,
de estas muertes. Desde la derecha defendieron
al gobierno, minimizaron las muertes
causadas por la represión, atacaron
a los manifestantes repitiendo lo de terroristas, pidieron más represión y como si estuvieran en
otro tiempo culparon de todo a Castillo.
Al cierre de esta nota continuaba el debate sobre el voto de confianza. Con el apoyo ya anunciado de la derecha y la ultraderecha el
gabinete tenía asegurado el voto de confianza.
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