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AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA
AL GOBIERNO A CONDENAR PÚBLICAMENTE EXCESOS DE LAS FF. AA. Y PNP Una
delegación de Amnistía
Internacional deja en evidencia el uso de la fuerza por parte
de autoridades en protestas de diciembre del 2022. En su informe piden, además,
a la Fiscalía una investigación "pronta, imparcial, independiente y
exhaustiva". Otro
informe ha sido publicado. En esta ocasión, Amnistía
Internacional ha presentado sus hallazgos después de que una
delegación encabezada por Agnès Callamard, secretaria
general de la organización, llegara a Perú con el objetivo de llevar a cabo una
investigación sobre la represión
de las protestas masivas que surgieron durante la crisis
política ocurrida en diciembre de 2022.
Tras reunirse con la presidenta Dina Boluarte, este jueves 25 de mayo la organización presentó en sus recomendaciones a la presidencia: condenar el uso de la fuerza letal proveniente de las fuerzas de seguridad. Además, consideran que debe implementar medidas para controlar las manifestaciones en el país y enfatizan que estas no deben contener ninguna forma de discriminación o racismo. "Condenar públicamente el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad; desarrollar e implementar medidas efectivas de forma inmediata que impidan el uso de la fuerza letal o de armas inadecuadas y prohibidas para el control de manifestaciones en el Perú. En aquellos casos donde deba usarse la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, tomar acciones que garanticen que su uso es necesario y proporcional y que no responde a criterios discriminatorios o racistas", precisa el informe en su página 72.
Dra. Agnés Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional.
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Piden investigación
"pronta, imparcial, independiente y exhaustiva" a la Fiscalía
Dentro de las recomendaciones planteadas
en el informe, Amnistía Internacional hace
un llamado a la Fiscalía encabezada
por Patricia Benavides para
llevar a cabo una investigación "pronta, imparcial, independiente y exhaustiva" en relación con el uso de la fuerza por
parte de militares y policías. Asimismo, señalan que estas exploraciones
deben alcanzar a los responsables de las macro
regiones, incluyendo a los niveles superiores, ya que durante su visita
en Perú se evidenciaron indicios de que no se tomaron medidas para evitar estos
actos delictivos. "Investigar de manera
pronta, imparcial, independiente y exhaustiva los casos de ejecuciones
extrajudiciales, muertes arbitrarias y violaciones a la integridad personal
causados por el uso de la fuerza a manos de militares y policías;
incluyendo no solo a quienes las cometieron, sino también a los mandos
superiores desde las macro regiones hasta el más alto nivel, por existir
indicios de que las ordenaron, permitieron o,
sabiendo de su posible comisión, no hicieron nada para
impedir el crimen", enfatizaron.
Amnistía pide eliminar Ley de
Protección Policial
El organismo Amnistía Internacional documentó al detalle un total de 52 casos de presuntas violaciones de derechos humanos, durante las manifestaciones contra el Gobierno Dina Boluarte. A su vez, durante sus visitas a Lima, Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas y Chincheros, recabaron información de 25 casos de personas muertas, entre ellos seis menores de edad. 20 de estas muertes presentan elementos que configuran una ejecución extrajudicial. Por esa razón, en el marco de las de las investigaciones de la presunta violación de derechos humanos por parte de las autoridades peruanas, la organización internacional instó al Congreso a “derogar la Ley 31012, Ley de Protección Policial, y asegurar que la legislación vigente se encuentre en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”. Esto, “lejos de tratarse de hechos aislados o de funcionarios actuando por su cuenta, el análisis apuntaría a una política estatal coordinada y consciente”, resaltó Amnistía en el documento. Fuente. Diario La República /25/05/2023/.
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AGNÈS CALLAMARD: "LA
REPRESIÓN MASIVA Y LA VIOLENCIA ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO”
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La secretaria de Amnistía Internacional da cuenta que el principal hallazgo en el informe
sobre las protestas en Perú es que hubo un patrón de ejecuciones
extrajudiciales y arbitrarias contra manifestantes. Existió, sostiene, sesgo racial y estigmatización
en la reacción del Estado.
Por Diego Quispe Sánchez- Periodista
Fuente. Diario La República. Jueves 25 de mayo del
2023.
En esta entrevista, la secretaria de Amnistía
Internacional, Agnès
Callamard, brinda
detalles del informe final de esta organización sobre los hechos acontecidos
entre diciembre y febrero último, meses en que hubo protestas contra el régimen
de Dina Boluarte y más de 60 muertes producto de la
represión de las fuerzas de seguridad. Esta investigación de Amnistía, además, también es un llamado a la reflexión
sobre cómo la estigmatización y el racismo contribuyeron a una respuesta
inadecuada del Estado para paliar las manifestaciones, a costa de los derechos
humanos, y a abrir
heridas sociales.
¿Cuáles son los principales hallazgos de
Amnistía Internacional en este informe final?
El principal
hallazgo de Amnistía Internacional
es que existe un patrón,
tanto de ejecuciones extrajudiciales y ejecuciones arbitrarias, además de lesiones que han cambiado la vida de personas durante los hechos acontecidos entre
diciembre y febrero. Otro hallazgo
es por la magnitud
de las muertes, el carácter
masivo y la manera en que los han atacado, y la manera en que se han ejecutado estas muertes, y además de otros elementos, es un indicio
bastante claro de un patrón tanto de una política sistémica y
organización en contra de los heridos.
De este hallazgo, ¿Qué es lo que más le
ha generado conmoción? ¿Qué es lo que más le preocupa?
En primer
lugar, el trato que han recibido las víctimas. Otra cosa que es bastante
chocante es que eran demasiadas víctimas. Y demasiadas víctimas eran hombres jóvenes. Estos jóvenes que tenían la vida por
delante, estos jóvenes que tenían
la responsabilidad de ser el sustento
de su familia,
el centro de la familia. Amnistía
Internacional ha
hallado que la suerte de estos jóvenes, el asesinato de estos jóvenes, ha hecho que se elimine la alegría. Me reuní
con padres, madres, miembros de las comunidades que todavía siguen en duelo por la
pérdida de tantos jóvenes. Incluso, ha habido muertes de personas que ni siquiera formaban parte de las
manifestaciones. Es decir, se han asesinado a personas que no eran parte de la manifestación,
ellos simplemente estaban observando de lejos,
estaban curiosos frente a lo que estaba
pasando, eran simples curiosos, y fueron aniquilados con rifles de larga distancia. Otra cosa chocante es la edad de las víctimas: 15, 16, 17 y 18 años.
Es algo inimaginable. Además,
el sesgo racial que hemos encontrado
en el uso de la fuerza letal junto
con haber utilizado de objetivo a personas de origen indígena,
además de la fuerza letal y todo
esto es bastante chocante. La violencia
recibida de los manifestantes, la violencia
sistémica, la falta de acceso a
las oportunidades, la pobreza extrema,
la falta de acceso a medicinas, educación.
Una violencia
sistémica, racial. Por eso nuestro informe lleva como título: racismo letal.
¿Esta represión responde a una política de
Gobierno?
La represión,
la violencia y las muertes nos hacen un llamado, tanto a Amnistía Internacional, a la sociedad y a la Fiscalía a investigar quién es el responsable y cuál es la responsabilidad del Estado.
Sin duda, la responsabilidad del Estado
está involucrada en esto debido a la represión masiva y sistémica
en contra de
los manifestantes. Y eso puede ser la señal de dos cosas: En primer lugar:
O los líderes militares recibieron la
orden de matar o no evitaron estas
muertes. En ambos casos existe responsabilidad por parte del Gobierno. Por lo tanto, sí, la represión
masiva de los manifestantes y la violencia
es responsabilidad del Gobierno.
¿Han podido conocer si el Gobierno adoptó
medidas para prevenir esta situación?
Hemos publicado un informe de 75 páginas. No hemos encontrado ninguna evidencia de que el Gobierno haya denunciado la violencia o que haya intentado humanizar a los manifestantes. Por el contrario, los miembros del Gobierno han estigmatizado a los manifestantes utilizando términos como terroristas o tratando de relacionarlos con grupos armados. En nuestra opinión eso crea la posibilidad de aumentar la violencia. Así que lamentablemente en nuestra opinión los miembros del Gobierno han facilitado, tanto la legitimización o la facilitación de estos actos de violencia.
¿De qué forma contribuyó la narrativa de
llamar terroristas a los manifestantes?
Esto no es
algo que solo hemos visto en Perú, sino también
en otros países alrededor del mundo. Cuando alguien llama a una persona terrorista lo conviertes en un ser que puede ser herido,
asesinado o arrestado arbitrariamente,
porque el término terrorista invita a la
violencia. Ya que por definición un
terrorista es aquella persona que
usa la violencia. Por ende, llamar
a alguien terrorista es legitimizar la violencia o
la muerte en contra de esa persona. Es algo que no solo hemos visto en Perú, esto ocurre alrededor del mundo cuando un líder
llama al defensor de derechos humanos terrorista, cuando a un periodista se le llama terrorista y a otros representantes se les llama terroristas, se está invitando
a la violencia en
contra de estas personas. Y realmente es un hecho lamentable que
ocurre.
Por ende, los
representantes de un Gobierno deberían saber
mejor y no deberían llamar a alguien terrorista, porque ellos saben
que cuando llamas a alguien terrorista
estás incitando a la violencia
en contra de estas personas. Y realmente es un hecho lamentable que ocurre. Por ende, los
representantes de un Gobierno deberían saber mejor y no deberían
llamar a alguien terrorista, porque ellos saben que cuando llamas a alguien
terrorista estás
incitando a la violencia en contra de esa persona. Además, existe un artículo sumamente importante
en el derecho
internacional que prohíbe cualquier
discurso que incite a la violencia. No
me cabe duda, desde que he empezado esta guerra en contra del terror, que el uso del término terrorista incita
la violencia.
¿En algún momento el Gobierno, la Policía
o el Ejército les ha puesto obstáculos para elaborar este informe?
No, Amnistía Internacional ha podido realizar su investigación. Hemos sostenido reuniones con los familiares de las víctimas. Sin embargo, aún estamos esperando que nos hagan llegar una larga lista de documentación. Además, el documento que presentamos es una contribución a la justicia, por lo cual no debería ninguna razón por la cual Amnistía Internacional sea evitada o reciba algún tipo de obstáculo, ya que esto es un aporte a la búsqueda de justicia.
Se ha reunido con la fiscal de la Nación,
Patricia Benavides. ¿Qué demanda Amnistía Internacional para que estas
investigaciones sean independientes y objetivas?
La reunión
que sostuvimos, realmente la podría describir como bastante constructiva y
franca. Le presentamos las preocupaciones que nos habían hecho llegar las víctimas y asimismo le entregamos las recomendaciones para poder asegurar que
la víctima
siempre esté en el centro de las investigaciones. A pesar que los fiscales estén en Lima, ellos siempre
tienen que mostrarse disponibles y abiertos
frente a las víctimas. Esos fiscales
tienen que movilizarse a las localidades donde se han realizado estos hechos y se tienen que quedar todo el tiempo necesario para poder estar al alcance de las víctimas. La participación de las víctimas también
tiene que estar en el centro de investigaciones.
Se tiene que hallar a los culpables, a aquellos autores de los
crímenes de violencia. Pero también se pide al Gobierno que se haga
- la
investigación - con celeridad porque estas víctimas ya
están en una situación precaria, de desprotección.
Han colapsado comunidades
porque ellos necesitan el apoyo hoy, no puede ser que tengan que estar
esperando, porque muchas de estas familias han perdido a quien era el soporte
de la comunidad. Por ende, el
Gobierno debería crear un fondo de apoyo y soporte para quienes hayan perdido a sus seres queridos o aquellos que
hayan sufrido heridas incapacitantes. Es
crucial y vital que el Gobierno tome pasos,
como, por ejemplo, la creación de becas. El Gobierno
tiene que actuar ya, no esperar meses o años.
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