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GIESECKE SOBRE LEY FORESTAL, EN DIÁLOGO CON AAR: "UN PROBLEMA QUE PODRÍA PARECERSE AL BAGUAZO" Exministro del Ambiente aseguró, en una entrevista en 'Claro y directo', que norma impulsa la deforestación y afectará los territorios de las comunidades indígenas. En un nuevo programa de 'Claro y directo', el periodista Augusto Álvarez Rodrich conversó con los exministros del Ambiente y de Agricultura y Riego, Ricardo Giesecke y Juan Manuel Benites, respectivamente, sobre las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por insistencia por el Congreso de la República. Esta impulsaría la deforestación en la Amazonía porque permitirá la instalación de actividades agropecuarias o agroindustriales sin previa evaluación del terreno.
Por su parte, el exministro Giesecke aseguró respecto a las modificaciones realizadas a la ley: "Se está generando un problema que podría parecerse gravemente al Baguazo". Mencionó también que la deforestación influirá negativamente en las condiciones climatológicas del Perú y que la ley promulgada es impulsada por intereses, mas no debatida con los afectados de manera directa.
Por su parte, el extitular del Midagri Juan Manuel Benites indicó que esta norma beneficiará a los pequeños agricultores y que la agricultura no está en contra del medio ambiente. "Esta ley no va en contra de las comunidades indígenas. Es más un tema de costo que de limitaciones técnicas del suelo", afirmó Benites. Asimismo, hizo hincapié en el tema de la seguridad alimentaria porque "la misma clasificación de suelo se le va a pedir a la Costa, a la Sierra y a la Selva" tras la asistencia técnica brindada por el Estado.
¿En qué consisten las modificaciones a la ley forestal?
La modificación a la Ley Forestal y Fauna Silvestre de Perú, promulgada por el Congreso en 2024, ha generado controversia y rechazo por parte de organizaciones ambientales e indígenas. La Ley 31973 introduce cambios significativos a la legislación existente, los cuales han sido criticados por debilitar la protección de los territorios andinos y amazónicos ante invasiones relacionadas con la tala ilegal y la industria del aceite de palma. La aprobación de la modificación fue realizada por el Congreso por insistencia, con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones. A pesar de la insistencia de varias organizaciones y la carta enviada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) al presidente del Parlamento, solicitando el archivo definitivo de la propuesta, la norma fue promulgada.
¿Qué dicen los especialistas?
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) han rechazado las modificaciones por considerarlas una amenaza contra los derechos indígenas y han instado a la Defensoría del Pueblo y otras entidades a interponer una acción de inconstitucionalidad frente a estas modificaciones.
Ciro Salazar, técnico especializado de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), señaló en una entrevista con La República que la reciente modificación legislativa favorece a corporaciones implicadas en la tala indiscriminada de bosques, descuidando la salvaguarda de áreas habitadas por comunidades originarias. Asimismo, alertó sobre el peligro de usurpación de terrenos en regiones afectadas por la presencia de facciones armadas, lo que podría empeorar las condiciones en las áreas de Ucayali y Loreto.
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CDCP.
LEY
FORESTAL O LA LEY SOTO-CERRÓN Y LA DEFORESTACIÓN DE LA AMAZONÍA PERUANA.
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"El Congreso se salta todo a la
garrocha en la defensa de intereses particulares que apuntan a la economía delictiva, en medio de la pasividad del
Gobierno”. Ley Forestal:
¿de qué trata la norma que el Congreso aprobó y que promueve la deforestación? La Ley Forestal,
que genera preocupación en organizaciones y especialistas ambientales, fue
aprobada por el Congreso. Conoce en esta nota de qué se trata dicha ley.
Por Humberto Campodónico.
Fuente. La República viernes 19 de enero del 2024.
Hace 10 días, el Congreso aprobó
la Ley 31973, con la firma de Alejandro Soto y Waldemar Cerrón, que
modifica la Ley Forestal 29763 del 2011. El proyecto de ley había sido
observado por el Ejecutivo y también por organizaciones indígenas y de la
sociedad civil. Fue aprobada “por insistencia” del Congreso, entre gallos y medianoche. Además, se saltó a la garrocha los pedidos de reconsideración de
la votación de las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes.
Ha dicho Marc
Dourojeanni,
reconocido especialista peruano en temas ambientales, áreas protegidas y manejo de fauna:
“Esa modificación va a provocar un
caos en la gestión de los bosques del
Perú y, sin duda, una aceleración de
la deforestación,
precisamente contra la
corriente mundial en estos días de preocupación extrema por el cambio climático. Nuestra
reputación de país poco serio aumentará mucho”.
Es importante tener claro cuál es la fuente mayor de emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) en el Perú. Según el Inventario del Ministerio del Ambiente, en el 2019 (último año registrado), del total de 210.404 gigagramos de dióxido de carbono equivalente, el 48% provino del uso de la tierra y del cambio de su uso; ese cambio del uso es la deforestación en la Amazonía (ver gráfico). Le sigue el uso de la energía (transporte, petróleo, gas, sector manufactura y construcción). Más atrás viene la agricultura tradicional, desechos y otros.
En EEUU y Europa, la cosa
es al revés: el
consumo de combustibles
fósiles para generar energía es el 70% del total. Y eso contamina a todo el globo: el
compromiso principal de esos países es reducir esas
emisiones. En el Perú —y otros
países amazónicos— nuestro compromiso es también la transición energética hacia las energías
renovables.
Debiéramos, entonces, centrarnos en reducir la deforestación.
Dice CEPLAN que
“la pérdida total de bosques en
la Amazonía peruana
fue de 2,7 millones de
hectáreas (ha) del 2001 al
2021. Asimismo, los bosques, que en 2010 contabilizaban 69,6 millones de ha, se han reducido hasta 67,9 millones de ha” (1). Impresionante. Ojo, hay quienes afirman que se han deforestado de 8 a 10 millones de ha, el 10% del total.
Según los promotores de la Ley 31373, de lo
que se trata “nada más” es de beneficiar
directamente a pequeños agricultores que
han deforestado las
tierras hace muchos años y que, hoy, no pueden avanzar en su cultivo, pues no tienen títulos de
propiedad. Por tanto, se trata de legalizar una situación en la que el daño ya está hecho, es irreversible. Esa titulación no fomentaría más deforestación.
Si eso fuera así, estaría bien.
Pero sucede que, en la Disposición Complementaria se habilita la creación de “áreas de exclusión para fines agropecuarios”, que no requerirán pasar por una clasificación por
su capacidad de uso mayor
ni cumplir los requisitos exigidos en la anterior Ley 29763. Con ello, dice César Ipenza,
“la norma se convertirá en un mecanismo de impunidad, destrucción y violación
de derechos humanos, al permitir la instalación de actividades agropecuarias o agroindustriales sin
evaluar, antes, si un área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o agropecuaria” (Ojo
Público, 11/02/23).
Y agrega:
“Esto beneficia a actores que han incumplido, previamente, los requisitos exigidos en la ley, debilita la protección a los bosques y la gestión ambiental, además de ignorar los derechos
de los pueblos
indígenas e
incentivar la deforestación. En otras palabras, los beneficiados serán la gran industria, organizaciones criminales y actores con
antecedentes de delitos ambientales, que gozarán de impunidad”.
Veamos solo a uno de los beneficiados: se trata de la palma aceitera, que ha aumentado del 2000 al 2019 de 15.000 a 108.000 ha, más del 700%. Este crecimiento ha estado asociado a la pérdida del bosque amazónico, sobre todo, en Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco. A lo que se agrega el impacto que puede tener la gran demanda de agua de este cultivo. Habrá que analizar quiénes han sido parte del gran lobby que impulsó esta ley.
Y aquí llegamos nuevamente
al “Perú fracturado”
de Francisco
Durand. Junto con la economía formal e informal existe la delictiva,
que incluye, claro está, la corrupción.
Dice CEPLAN:
“Desde el desarrollo agrícola sin control hasta el tráfico de vida silvestre, la corrupción se habría
infiltrado en todos los aspectos de la gestión ambiental. Buena parte de los delitos ambientales en la Amazonía serían posibles gracias a
la complicidad de burócratas, fuerzas de seguridad, fiscales, reguladores y políticos
regionales que estarían actuando como facilitadores, permitiendo el tráfico de tierras, la deforestación, la extracción
ilegal de recursos
naturales y el transporte,
procesamiento y venta de madera,
oro y fauna” (1).
A esos delitos hay que sumarles los asesinatos a los
líderes indígenas en los últimos años y meses, pues, en muchos
casos, las “nuevas
tierras” son de propiedad de las comunidades indígenas. Por ello y por lo señalado antes, han protestado la AIDESEP y la Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), entre otras.
Tema de fondo: el Perú desaprovecha la oportunidad de diversificación productiva, de aumento de la producción para el mercado nacional y externo, así como de creación de empleos porque no hay una política clara de promoción de plantaciones maderables, amigables con el medio ambiente, lo que sí hacen otros países.
Tenemos 72 millones de ha de
bosque, mucho más que los 18 millones y 2 millones de Chile y Uruguay, respectivamente. Pero Chile y Uruguay en el 2022 exportaron
3.100 y 1.100 millones de dólares,
respectivamente, de madera y
manufacturas de madera. Perú exportó en el 2022 solo US$118 millones. Chile
y Uruguay tuvieron planes para el desarrollo del sector. ¿Y el Perú? Bien, gracias, con
el piloto automático.
Bruno Seminario, autor de la obra monumental El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Precios, población, demanda y producción desde 1700, lamentablemente fallecido, dijo en el 2021 que, en un lapso
relativamente corto, con una política apropiada de desarrollo productivo,
“se podría
estar exportando
US$6.000 millones anuales en madera procesada, no en bruto. La ventaja es que el
sector maderero está ubicado en la cuenca del Ucayali, especialmente la zona de Pucallpa” (Revista Ideele, 11/05/2021).
El tema es multisectorial. Está el cambio
climático y la reducción de los GEI, con el Minam, lo que incluye los compromisos con
la COP de las Naciones Unidas, así como posibles
violaciones a reglas de exportación con la Unión Europea. La protección de los derechos indígenas. El fomento al desarrollo productivo desde Produce y las mesas CITE. El aumento de las exportaciones, que debería estar
también en la mira del MEF. Las políticas del Midagri y de Serfor, que hacen todos los esfuerzos, pero con poco apoyo político y
presupuestal. La lucha
contra la corrupción debería involucrar no solo al Ministerio del Interior,
sino a todo el Gobierno.
Esa es la agenda prioritaria y urgente. Pero el Congreso se salta todo a
la garrocha en la defensa de intereses
particulares que apuntan a la economía delictiva, en medio de la pasividad del Gobierno. Volviendo a Dourojeanni:
“Es increíble
que cambios tan importantes para la Amazonía se reduzcan a una ‘disposición complementaria final única’, cuando, en realidad,
el tema merecía todo el texto principal de una nueva legislación sobre desarrollo rural y forestal
amazónico”. Ya sabemos por qué.
(1) CEPLAN, diciembre 2023: El sector forestal en el Perú: Propuestas
estratégicas para fortalecer su desarrollo https://bit.ly/3O6ylw4
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