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Permítame OPINAR distinto – pero no contrario- a lo
expresado por los distinguidos académicos y Politólogos. El problema central radica en tres características principales
como parte de un solo proceso, el proceso de la crisis de la política, los políticos y los partidos políticos. Primero la
debilidad principal radica en haber construido en América latina la democracia liberal representativa, como
un gigante y elevado edificio de varios pisos, edificio levantado sobre unos
cimientos y columnas que corresponde solamente a un simple “edificio” de dos pisos. Es una democracia sin cimientos ni columnas representativas en la realidad social, en la complejidad política, en la diversidad cultural y en la turbulencia ambiental. Un gigante con pies de
barro, que al menor viento y ventarrón se comienza a caer y es demolida
rápidamente. Y si este nuevo “proceso” o nuevas formas de golpes de Estado en A.L. continúan, - no quiero exagerar, la conducta política de
la derecha más recalcitrante y conservadora – que hoy como es evidente no cree ni en este modelo de democracia
liberal – cansados de que el gobernante ya no le es útil y servicial
absoluto, simplemente hace uso del “poder del Congreso” y fuera Presidente. Son formas y estilos de falsa democracia - ciega y sorda - impuesta por el poder imperial yanqui.
Segundo, el gran problema de la democracia de
América Latina es
su debilidad permanente en relación que no existen Instituciones que gocen de legitimidad y a la vez le sirvan de garantía, fortaleza y conexión comunicativa con la población. Hoy
las instituciones sociales y políticas que históricamente han servido de
fortaleza, credibilidad y que garantizan su
legitimidad ante la opinión pública, son instituciones muy “enfermas”, por no tener o ser
expresión de credibilidad y confianza social. El Congreso, los partidos
políticos, sindicatos, gremios, asociaciones hoy por lo general “no
gozan de buena salud” institucional. La falta de credibilidad, la desconfianza
personal, la corrupción y la falta total de Rendición de cuentas, de transparencia pública han generado en la democracia
una de sus crisis más profundas, extensas y permanentes. La crisis de representación, crisis de confianza y crisis de
legitimidad que inexorablemente lo están conduciendo hacia su “exterminio”
total.
"La democracia de los "misiles", huella y sello del poder imperial hoy en plena crisis global estructural".
En tercer lugar la democracia, en el objetivo principal de
lograr su reconocimiento, confianza y
legitimidad desde la opinión pública, debe ingresar obligadamente en un proceso de cambios cualitativos y transformaciones
estructurales en las instituciones
democráticas, con la finalidad estratégica de democratizar la
democracia. Partidos políticos deben
modernizarse, la política debe salir del pantano de
dominación del mercado y la corrupción, es necesario activar, profundizar la participación ciudadana, con la
finalidad de que cada vez haya mayor intervención y decisión sobre las
políticas públicas de la sociedad civil – el poder local, emergente, popular, autónomo y democrático
- es necesario forjar nuevos
liderazgos más comunicativos – ampliar en el ámbito de la comunicación
intercultural – más sociales y humanistas. El escenario de todo el proceso es
el de las clases y la lucha de clases,
por lo tanto en la coyuntura global del “cambio de época” y de nuevos actores sociales y protagonistas populares, la Ciudadanía Múltiple en
construcción debe rep0resentar la
garantía de la forja y construcción de una Democracia de Ciudadanos, más participativa, de reconocimiento
del asociacionismo comunitario de representación tradicional, con la finalidad
de ir construyendo una nueva y más
diversa representación institucional; que el diálogo y las políticas de consenso y conciliación se transformen
en verdaderos mecanismos democráticos que estratégicamente consoliden el
proceso de una
democracia dialogante, descentralizada, intercultural garantía de legitimidad y
cohesión social y política.
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Sin posibilidad de defenderse de acusaciones livianas,
Lugo fue echado del poder por el Congreso
AMÉRICA LATINA: Nuevas
formas de golpismo en la Región.
La destitución irregular de LUGO en Paraguay en la mirada de los
especialistas.
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Con distintos matices, los expertos consultados
compartieron críticas al proceso de remoción de Lugo, pero también señalaron
que la debilidad política del mandatario depuesto contribuyó al desenlace
irregular de la crisis paraguaya.
Por Sebastian Abrevaya.
Página /12 Miércoles 4 de julio del 2012.
La destitución del presidente
de Paraguay, Fernando Lugo, abrió un debate entre intelectuales y políticos
respecto de las nuevas formas de golpismo en América latina. Los presidentes de
la UNASUR resolvieron en la cumbre de Mendoza que se trató de “una ruptura del orden democrático” y,
en concordancia con el Protocolo de Ushuaia, suspendieron la participación de
Paraguay en ese bloque regional y también en el Mercosur. Sin embargo, la
contundente y unánime respuesta política regional no agotó el debate
intelectual que sigue generando controversias. Página/12 consultó a los politólogos Aníbal Pérez-Liñán y Amílcar
Salas Oroño y también al director nacional electoral, Alejandro Tullio, quienes compartieron críticas al proceso de
remoción de Lugo, pero también señalaron que la debilidad política del
mandatario depuesto contribuyó al desenlace irregular de la crisis paraguaya.
“Es tentador llamar a lo que
ocurrió en Paraguay como golpe de Estado, pero creo que es un error porque no
permite entender claramente lo que sucedió. No hubo una operación militar en
contra del presidente electo, como en Honduras hace tres años. En Paraguay, el Congreso abusó de su
autoridad constitucional para destituir al presidente”, sostiene Pérez-Liñán, doctor en Ciencia Política
de la Universidad de Nôtre-Dame y uno de los mayores especialistas argentinos
en política comparada latinoamericana. Pérez-Liñán,
además, es autor del libro Juicio Político al presidente y nueva inestabilidad
política en América Latina, que analiza las crisis presidenciales de la región
durante los últimos veinte años, en donde cayeron 21 presidentes, pero sólo en
tres hubo intervención militar. Para Pérez-Liñán,
“estirar” la etiqueta de golpe de Estado lleva a “un callejón sin salida”,
porque podría derivar en que toda caída de un presidente pueda ser denunciada
ante la OEA como un golpe y, según
mayorías circunstanciales, convertirse en un recurso de “intervención arbitraria”.
“En cualquier caso, la caída de un presidente electo es una tragedia
constitucional, pero la desmilitarización de la política latinoamericana en los
últimos veinte años es un logro que no debe ser ocultado por un juego de
palabras”,
concluye el docente de la Universidad de Pittsburgh
que, si bien calificó como “dudoso” el
proceso de juicio político, afirmó que su legalidad está dada por la
autoridad constitucional del Congreso para llevarlo adelante.
Desde otra perspectiva, para Salas Oroño se trata sin dudas de un golpe de Estado, “tanto por falta de
demostración sustantiva y articulada de argumentos expuestos en el juicio
político como por la ausencia de una posibilidad efectiva de defensa”. Doctor
en Ciencias Sociales de la UBA e
investigador del Instituto de Estudios de América latina y el Caribe
dependiente de la misma universidad, Salas
Oroño advierte que el caso paraguayo constituye un ejemplo de lo que
denomina la implantación de una “ideología
parlamentarista” como un fenómeno construido con el esfuerzo combinado de
las elites conservadoras en cada país en alianza con los medios de
comunicación, “que fuerzan una específica
interpretación de la realidad en la que se desvaloriza la legitimidad de los
poderes ejecutivos”.
“De un lado se encuentran determinados Poderes Ejecutivos que, con mayor o menor determinación, se plantean como horizonte
político desagregar los elementos tradicionales de las dialécticas
neoliberales. Del otro, Parlamentos que funcionan como refugios institucionales
para la reorganización política de las diferentes oposiciones. Lo que no pueden
lograr de otra forma, los sectores opositores lo encuentran a través del
Parlamento”, explica Salas Oroño.
Tomando esta idea, para Salas Oroño el principal déficit del
gobierno de Lugo debería ubicarse en el
plano político: “En comparación con los otros gobiernos del mismo signo en
el Cono Sur, que también tienen
deudas sociales en su haber, Lugo no
logró, ni siquiera, un cambio en los realineamientos de las identidades político partidarias. La debilidad de las fronteras
políticas que trazó no sirvió ni para retener a sus propios aliados; a fin de
cuentas, fue el Partido Liberal el
que definió la suerte del Presidente”, concluye.
En un sentido similar, el
abogado y titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, cuestionó la actitud del Senado paraguayo y
argumentó que en la Constitución “hay conceptos que no explicita porque su significado
está implícito”. Uno de esos significados implícitos es el de juicio,
“que requiere de acusación circunstanciada en hechos, ejercicio sustancial –no
formal– del derecho de defensa y, además, una sentencia fundada”. Para Tullio el Senado en los hechos no juzgó
ni sentenció, sino decidió y votó la destitución “en un ejercicio auto-justificativo
donde el fundamento de la decisión es únicamente la facultad legal de tomarla”.
Según Tullio, esta actitud se condice con “una
especie impropia de revocatoria de mandato” por parte del Senado, la cual
es impropia porque sólo puede revocar quien otorga el mandato que es el pueblo
paraguayo.
El debate no parece encontrar
una conclusión común al final del análisis. La calificación como golpe de
Estado depende, en gran medida, del énfasis que se les otorgue a las
irregularidades reconocidas por los intelectuales en el proceso de destitución,
encabezadas por la falta de un ejercicio real del derecho de defensa, la falta de
rigor en la acusación realizada por la Cámara de Diputados y los plazos
acelerados que sirvieron para evitar el impacto de la presión internacional.
Este análisis va en sintonía
con las palabras del secretario general
de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien afirmó en referencia al
caso que “el
estricto apego a la letra formal de la norma no significa necesariamente el
apego a los principios”.
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