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Durante la crisis del 2001-2002 en nuestro país, cuando los partidos
habían perdido consenso y las clases dominantes mantenían el control del
Estado pero no lograban mostrarse como clase dirigente, por lo tanto sin
capacidad de ofrecer una salida, dos economistas del Instituto Tecnológico de
Massachussets, Dorbunsch y Caballero, arriesgaron una hipótesis: la "ayuda" del FMI no resolvería
el problema. Para ellos resultaba "imposible llegar a un acuerdo nacional
porque nadie cree en nadie y no hay grupo de poder que pueda confiar el timón a
otro para salir de la crisis". Con este diagnóstico concluían la
solución era una sola: Aquel pedido de intervención se frustró cuando el
movimiento social se lanzó a las calles, enfrentó la represión a un costo de 35 muertos y cientos de heridos, estuvo a
metros de ingresar a la Casa Rosada, y obligó a que el presidente huyera en
helicóptero y se impusiese una salida. Todos lo saben, el kirchnerismo es
resultado directo de la revuelta plebeya de 2001. España no ha llegado aún a esa situación pero
el poder financiero internacional se adelantó. Ya está intervenida.
Para empeorar las cosas, esas medidas de ahorro que violan derechos
humanos tendrán efecto contrario al buscado. Porque aumentarán los
gastos de sanidad. Según el Gesida, el incremento de costes por recurrir a
urgencias muchos de aquellos a quienes se les ha quitado la tarjeta sanitaria
reducirá a la mitad el ahorro conseguido con la supresión de la misma. Y también habrá más gasto por tratamientos
de personas con tarjeta sanitaria recién infectadas por el VIH y
enfermedades asociadas al sida. Contagios que aumentarán por falta de diagnóstico y de tratamiento de pacientes que estén
infectados, pero sin control por haber sido expulsados de la sanidad pública. Y, mientras el gobierno pretende ahorrar
unos millones de euros recortando derechos, el fraude fiscal en el Reino de
España es de 70.000 a 80.000 millones anuales. El presupuesto total del sistema
público sanitario español, según la consultora i2 Integrity, miembro del Pacto Mundial de la ONU contra la
Corrupción. Más del 70% de ese fraude fiscal lo perpetran grandes fortunas,
grandes empresas y corporaciones. Pero parece más fácil meterse con inmigrantes y jóvenes que
con los ricos que deben pagar y no lo hacen.
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España, al borde del precipicio.
ESPAÑA y la furia de los mercados y de la gente.
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Viernes
27 de julio del 2012.
Eduardo
Lucita (LA ARENA)
La "furia" como se conocía al
seleccionado español de fútbol ha cambiado de bando. El fútbol peninsular es
hoy elegante y bien jugado mientras que la furia se ha trasladado a los
mercados financieros y a la sociedad que sufre los ajustes.
Con los continuados recortes y ajustes fiscales
impuestos por Alemania y la Troika, España ha ingresado en una espiral
descendente. El resultado, como antes lo fue en Grecia, Portugal e Irlanda, no
es otro que la recesión y el costo social que llevan implícitas las medidas
pro-cíclicas de la austeridad fiscal.
España
intervenida
Durante la crisis del 2001-2002 en nuestro país,
cuando los partidos habían perdido consenso y las clases dominantes mantenían
el control del Estado pero no lograban mostrarse como clase dirigente, por lo
tanto sin capacidad de ofrecer una salida, dos economistas del Instituto
Tecnológico de Massachussets, Dorbunsch y Caballero, arriesgaron una hipótesis:
la "ayuda" del FMI no resolvería el problema. Para ellos resultaba
"imposible llegar a un acuerdo nacional porque nadie cree en nadie y no
hay grupo de poder que pueda confiar el timón a otro para salir de la
crisis". Con este diagnóstico concluían la solución era una sola: "La
intervención del país a manos de un Comité Internacional para administrar las
políticas fiscal, monetaria y tributaria".
Aquel pedido de intervención se frustró cuando el
movimiento social se lanzó a las calles, enfrentó la represión a un costo de 35
muertos y cientos de heridos, estuvo a metros de ingresar a la Casa Rosada, y
obligó a que el presidente huyera en helicóptero y se impusiese una salida.
Todos lo saben, el kirchnerismo es resultado directo de la revuelta plebeya de
2001. España no ha llegado aún a esa situación pero el poder financiero
internacional se adelantó. Ya está intervenida.
Es que luego del rescate bancario por 100.000
millones de euros, acordado semanas atrás y del que esta columna diera cuenta
oportunamente, los ministros de la Eurozona aprobaron también conceder a España
un año más de plazo, hasta 2014, para reducir su déficit público por debajo del
3 por ciento. Por su parte el gobierno español se comprometió a realizar un
nuevo ajuste fiscal por valor de 65.000 millones de euros. El cumplimiento de
estos compromisos estará sometido a un riguroso seguimiento, lo mismo que la
implementación del programa de recapitalizaciones bancarias y reformas
financieras. Ergo: el sistema financiero español ya no estará en manos del
gobierno y las instituciones nacionales sino en las de Alemania y la Troika,
que son quienes imponen sus condiciones. "Protectorado de 'soberanía
suspendida'" y "Bajo tutela" titularon los diarios El Mundo y el
País esa situación.
Furia
de los mercados
La euforia de días atrás por el rescate duró lo que
un suspiro, luego trocó en furia. Una de las características de España es que
el gasto público se realiza en un alto porcentaje, tal vez un 70 por ciento,
por medio de las 17 comunidades autónomas -se ocupan de la educación, la salud
y los servicios sociales-. Es allí donde se focaliza el ajuste fiscal. Así se
entiende porqué se lo caracteriza como "el peor ataque al Estado del
Bienestar".
Recientemente la regional Valencia admitió que su
déficit superaba el 1,5 por ciento admitido, solicitó un rescate al gobierno
central, ahora lo han hecho también las regiones de Murcia y Catalunya y las
alarmas se encendieron. No serían las únicas regiones en estas condiciones. El
gobierno central depende cada vez más de los bancos tanto para financiarse como
para auxiliar a las regiones, pero los bancos dependen del BCE. Se estima que,
sin tener en cuenta nuevos auxilios a los bancos, se necesitaría una
"ayuda" adicional de 300.000 millones de euros para la deuda del
Estado. Las evidencias de que se necesitarían mayores fondos e incluso un
rescate de la deuda soberana elevó el riesgo país por arriba de los 600 puntos
y el costo del endeudamiento. El ataque de los "mercados"
(especuladores) no se hizo esperar, las bolsas se derrumbaron a su nivel más
bajo en casi diez años. Así la crisis no hace más que realimentarse y la salida
de capitales se acrecienta.
Furia
social
El recorte anual para los próximos tres años
alcanza a algo más del 2 por ciento del PIB, recae en una sociedad que ya registra
un 25 por ciento de desocupación, que sube al 50 por ciento entre los jóvenes,
para quienes la emigración es una salida cierta frente a un futuro que no les
da alternativa, mientras que las sucesivas reformas laborales suprimen una y
otra vez derechos laborales y caen los salarios.
El Partido Popular ha incumplido todas las promesas
sociales con las que llegó al poder y la suba de los impuestos le ha ganado la
antipatía de buena parte de su base social de clase media.
Algunas encuestan hablan que el rechazo al gobierno
Rajoy ascendería al 80 por ciento, a solo siete meses de ganar las elecciones
por amplia mayoría. Buena parte de sus votantes reniega ya de su gobierno y el
recurso de la "herencia recibida" (del PSOE) como justificativo ya no
paga como antes. Esto deja en evidencia que en noviembre pasado más que apoyar
al PP mucha
gente votó contra el PSOE y la política de recortes iniciada por Zapatero en
2010.
España para Rajoy. " NO es reforma laboral, es clases y lucha de clases".
Movilizaciones
Las huelgas y movilizaciones mineras han gozado de
un amplio respaldo social e incluso político de algunos alcaldes del PP, no
dispuestos a perder sus sillones. Así se comprende, que aún en vacaciones, la
asistencia a las movilizaciones del 19J en ochenta ciudades tuvieran tal
densidad social. Es que la convocatoria de CCOO-UGT fue tomada como propia por
otras centrales como CNT-CGT o CSIF e incluso por el 15M.
Los informes dan cuenta de que se suceden las
movilizaciones autónomas, al margen de las direcciones sindicales y sin la
presencia orgánica del PSOE o IU. Desde hace unos días en muchas dependencias
públicas sin mediar convocatoria sindical alguna los trabajadores paran 15 ó 20
minutos por turno y se concentran a las puertas de su organismo y hasta cortan
el tránsito. En el sector privado hay ocupaciones de empresas y movilizaciones,
generalmente ante cierres patronales o despidos masivos. Por la tarde la gente
se concentra en los lugares más emblemáticos de cada ciudad, llegando a marchar en repudio frente las sedes del PP y
del PSOE.
La
peor de todas
Hay una crisis de gobernabilidad en ciernes. El
gobierno Rajoy parece no poder controlar la situación económica, mientras que
la pérdida del control sindical y la movilización espontánea de muchos sectores
pone en evidencia que los trabajadores empiezan a dar un salto cualitativo en
la resistencia frente al ataque del gran Capital. ¿Cuánto falta para el
"que se vayan todos"? Si así fuera, ¿a quién confiarle el timón?
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, defendió el ajuste "para que España no se convierta en la
Argentina del corralito y la inflación". Desconoce, o pretende desconocer,
que el estallido entre nosotros se debió precisamente a las políticas de ajuste
y que fueron las movilizaciones y enfrentamientos del 19 y 20 de diciembre del
2001, con su mensaje de hartazgo frente al orden instituido; de desconfianza y
resistencia; de dignidad, autonomía y solidaridad, las que hicieron posible una
posterior salida de la crisis. Claro está que España no cuenta con un
partido-Estado como lo es el PJ en nuestro país, tampoco con la posibilidad de
devaluar sin salirse del euro, pero sí puede suspender unilateralmente los
pagos la deuda, como hizo Argentina durante 38 meses,
y tan mal no le fue. Entonces el futuro sería otro.
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Eduardo
Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.
ESPAÑA: Cuando
la política que se impone es un crimen.
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Xavier
Caño Tamayo (CCS)
“Sin medicamentos para controlar mi VIH, moriré”.
Rafael, inmigrante latinoamericano, se hizo en Madrid la prueba de VIH y dio
positivo. Le hicieron también una analítica completa y, vistos los buenos
resultados, tener el VIH sólo supuso revisiones periódicas. Pero hace un año
descendieron sus defensas y el médico le prescribió medicamentos antivirales
para evitar el desarrollo del sida. Aún sin permiso de residencia, tenía su
tarjeta sanitaria por estar empadronado. Fue atendido y tratado sin problemas.
Hasta ahora.
El próximo 1 septiembre, muchos miles de
inmigrantes sin permiso de residencia y aún muchos más jóvenes españoles con
más de 26 años que no coticen o hayan cotizado a la Seguridad Social (por estar
en paro) dejarán de tener asistencia sanitaria en España, salvo en urgencias,
por decreto del gobierno de Rajoy. Entre los expulsados de la sanidad pública
hay un colectivo muy vulnerable: quienes tienen el VIH, como Rafael.
Expulsar a inmigrantes irregulares y a jóvenes del
servicio público de salud significa, por ejemplo, que los infectados por el VIH
(en el caso de inmigrantes, de tres a cuatro mil) no dispondrán de medicamentos
para controlar su infección. Tampoco podrán comprarlos, no solo porque no
tendrán los más de ochocientos euros mensuales que cuestan, sino porque esos
medicamentos no se expenden en farmacias, pues son de exclusiva distribución
hospitalaria.
Rafael y otros muchos miles de inmigrantes
irregulares o jóvenes despojados de la tarjeta sanitaria infectados por el VIH
estarán más expuestos a morir por sida. A esos seropositivos hay que sumar
pacientes inmigrantes o jóvenes sin tarjeta sanitaria con hipertensión
arterial, cardiopatías diversas, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal,
asma, enfermedades pulmonares, cáncer... No dispondrán de atención médica ni de
diagnóstico ni de tratamiento alguno ni de medicinas.
El seguimiento de lo que ocurra a infectados por el
VIH demuestra la fechoría que es el recorte de derechos sanitarios del decreto
gubernamental. Porque habrá más mortalidad e incremento de enfermedades oportunistas
asociadas al sida. También aumentará el contagio del VIH y de otras
enfermedades infecciosas (como tuberculosis) a la población, así como habrá más
probabilidad de contagio del VIH de embarazadas infectadas a fetos en
gestación. Son algunas conclusiones del Grupo de Estudio del SIDA (Gesida),
integrado en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica. Gesida asegura que la peor consecuencia por los recortes
presupuestarios en sanidad será el aumento de la mortalidad.
Para empeorar las cosas, esas medidas de ahorro que
violan derechos humanos tendrán efecto contrario al buscado. Porque aumentarán
los gastos de sanidad. Según el Gesida, el incremento de costes por recurrir a
urgencias muchos de aquellos a quienes se les ha quitado la tarjeta sanitaria
reducirá a la mitad el ahorro conseguido con la supresión de la misma. Y
también habrá más gasto por tratamientos de personas con tarjeta sanitaria
recién infectadas por el VIH y enfermedades asociadas al sida. Contagios que
aumentarán por falta de diagnóstico y de tratamiento de pacientes que estén
infectados, pero sin control por haber sido expulsados de la sanidad pública.
Y, mientras el gobierno pretende ahorrar unos
millones de euros recortando derechos, el fraude fiscal en el Reino de España
es de 70.000 a 80.000 millones anuales. El presupuesto total del sistema
público sanitario español, según la consultora i2 Integrity, miembro del Pacto
Mundial de la ONU contra la Corrupción. Más del 70% de ese fraude fiscal lo perpetran
grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones. Pero parece más fácil
meterse con inmigrantes y jóvenes que con los ricos que deben pagar y no lo
hacen.
Entre los países europeos que soportan recortes
presupuestarios que paga la ciudadanía, Grecia, fue el primero en sufrir esa
feroz política de austeridad. Una docena de sus ciudadanos ha denunciado al
gobierno griego ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la
humanidad y genocidio; sostienen que la austeridad impuesta está matando al
pueblo griego. Y no solo por el abandono de los enfermos con VIH u otros
pacientes.
Tal vez suene excesivo hablar de genocidio, pero es
justo decir que la política de austeridad que se impone es un crimen. El gobierno español
tiene un mes para rectificar parte de la tropelía. Y Europa debería cambiar de
rumbo.
Xavier Caño Tamayo es periodista y escritor.
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