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Muchos políticos y empresarios, la mayoría de los medios de comunicación y un sector de la opinión pública tienen gran alergia a la movilización popular; para ese sector es sumamente difícil aceptar lo que tan acertadamente ha recordado la Defensoría del Pueblo “Las personas que se movilizan lo hacen por un interés de carácter público. Por consiguiente no se trata de cuestiones triviales, sino de problemas que regularmente tienen que ver con la desatención de necesidades sociales básicas, como salud, educación, ambiente, trabajo, recursos naturales, comunicación, etc. Se trata de manifestaciones que –en tanto sean pacíficas– resultan del ejercicio de los derechos constitucionales de reunión, libre expresión, circulación, de manera que solo se puede justificar el uso de la fuerza en la medida en que se conviertan en manifestaciones violentas” . Desde el punto de vista de los que temen la movilización popular los líderes de las movilizaciones son simplemente agitadores o subversivos a los que hay que reprimir, haciéndoles sentir todo el peso de la ley. De allí la tendencia a considerar fuera de la ley (“criminalización”) la protesta social o cualquier tipo de disidencia y su alergia al diálogo como el instrumento más adecuado para resolver las demandas de la población. Algunos analistas que han opinado sobre lo que ha sido la actuación del gobierno en estos dos campos, sobre todo de diciembre a la fecha, coinciden en señalar este cambio de orientación del gobierno de O. Humala.
Conga y Espinar Frente a ambos conflictos los defensores de la minería a ultranza, usando, los medios de comunicación buscaron caricaturizar las demandas ciudadanas y tuvieron éxito en convencer al gobierno que lo que había detrás de ellos era un orquestado complot contra la actividad minera, que ponía en peligro la inversión extranjera para todo el periodo (aproximadamente 53,000 millones de dólares), con lo cual corría peligro la financiación de la inclusión social anhelada por el actual gobierno. También se buscó presentar las demandas ambientales como meras excusas para agitar a la población. El gobierno no ha sabido entender que veinte años de expansión de la política extractiva han generado impactos acumulativos ambientales y sociales que hay que afrontar y que los conflictos responden a eso y no a imaginarios complots. Lo que se requiere son cambios en la forma como se aprueban los Estudios de Impacto ambiental, en como se otorgan las concesiones, y en la fiscalización de los impactos sociales y ambientales de la presencia de las empresas extractivas en el territorio nacional.
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EL VIRAJE DE HUMALA
Y LOS CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES.
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Pilar Arroyo R.P.
Instituto Bartolomé Las Casas
Lima 2 de julio del 2012.
1.- DE CENTRO IZQUIERDA HACIA LA DERECHA
Luego de once meses se empieza a hablar cada vez más de cambios en la orientación del gobierno, que ha pasado de una inicial posición de centro izquierda a una de derecha. Para entender esta afirmación hay que recordar cómo piensan la mayoría de empresarios y políticos neoliberales en cuanto a:
a.- El rol de la inversión extranjera
Para este sector la inversión extranjera es fundamental para lograr el desarrollo del país, un desarrollo identificado unilateralmente con “crecimiento económico”. Desde esta perspectiva, el rol fundamental del Estado es darle todas las garantías para que le resulte conveniente invertir en nuestro país. Eso significa pocos impuestos, estabilidad jurídica, mínimas cargas laborales y medioambientales etc.
b.- La construcción del orden social
Muchos políticos y empresarios, la mayoría de los medios de comunicación y un sector de la opinión pública tienen gran alergia a la movilización popular; para ese sector es sumamente difícil aceptar lo que tan acertadamente ha recordado la Defensoría del Pueblo “Las personas que se movilizan lo hacen por un interés de carácter público. Por consiguiente no se trata de cuestiones triviales, sino de problemas que regularmente tienen que ver con la desatención de necesidades sociales básicas, como salud, educación, ambiente, trabajo, recursos naturales, comunicación, etc. Se trata de manifestaciones que –en tanto sean pacíficas– resultan del ejercicio de los derechos constitucionales de reunión, libre expresión, circulación, de manera que solo se puede justificar el uso de la fuerza en la medida en que se conviertan en manifestaciones violentas” [1].
Desde el punto de vista de los que temen la movilización popular los líderes de las movilizaciones son simplemente agitadores o subversivos a los que hay que reprimir, haciéndoles sentir todo el peso de la ley. De allí la tendencia a considerar fuera de la ley (“criminalización”) la protesta social o cualquier tipo de disidencia y su alergia al diálogo como el instrumento más adecuado para resolver las demandas de la población.
Algunos analistas que han opinado sobre lo que ha sido la actuación del gobierno en estos dos campos, sobre todo de diciembre a la fecha, coinciden en señalar este cambio de orientación del gobierno de O. Humala. Citamos a algunos:
Gustavo Gorriti nos dice que “si hubiéramos corrido una cortina sobre Palacio por algunos meses y la descorriéramos ahora, ¿qué encontraríamos? A los que estuvieron en el mitin de Keiko, a su lado, señor presidente; y a gran parte de quienes estuvieron en el mitin de la Plaza 2 de mayo, en el lado opuesto (…) Y así, como quien no quiere la cosa, la misma gente que lo denostó y demonizó hasta hace 10 meses, ahora funge de intérprete de su pensamiento y reclama con fingida indignación que se reprima y encarcele, como ‘agitadores’ y hasta ‘golpistas’, a aquellos cuyas opiniones y acciones usted apoyó hasta el momento mismo de jurar la presidencia. (…) No encarcele a la gente por hacer lo que usted como candidato les pidió que hagan. Explíqueles, razone con ellos y actúe, cuando haya que hacerlo, con imparcialidad y con verdad [2]
Carlos Basombrío señala que “Nunca en la historia del Perú alguien ha dado un volteretazo político tan drástico de candidato a presidente. Es verdad que Fujimori negó que fuera a hacer un paquete de medidas económicas drásticas para ganarle a Vargas Llosa, pero no era un radical. Toledo y García giraron del centro izquierda de la campaña, al centro derecha y derecha respectivamente. Pero, 180 grados no se había visto nunca. Es comprensible así la profunda irritación de sus votantes de primera vuelta y la sensación de haber sido burlados de los que lo apoyaron en segunda”[3].
2.- ESTE VIRAJE HA PRODUCIDO:
a.- El aislamiento de su base de apoyo inicial.
Recordemos que Ollanta ganó las elecciones gracias al masivo apoyo de un electorado mayormente constituido por los sectores C D y E; territorialmente ubicados, sobre todo, en la Sierra y Selva. En dicho triunfo jugó un rol fundamental un importante contingente de políticos de la izquierda peruana.
Desco afirma que “el Presidente Humala, amparado en su interpretación de la Hoja de Ruta, se distancia sistemáticamente de los sectores que contribuyeron a su victoria. Cada vez más lejos de su electorado de primera vuelta, hoy parece dispuesto a enfrentarse incluso con quienes lo acompañaron en el primer tramo de su gobierno. Sin un partido que le garantice base social y equilibre sus decisiones y acicateado por la prensa que expresa a la derecha más extrema, no ha dudado en profundizar la criminalización de la protesta social”[4].
Fernando Romero señala que: “Ollanta Humala ha optado por una vía que lo distancia del electorado que lo llevó a pasar a la segunda vuelta. Cusco fue la región en la que el nacionalismo obtuvo una votación que ninguna otra fuerza política alcanzó anteriormente. En Cajamarca los que hoy protestan contra el gobierno fueron los que respaldaron a Humala en el momento que desde la derecha y los medios lo atacaban”[5].
b.- Con el consiguiente aumento del malestar ciudadano
Este viraje es preocupante porque aumenta el malestar ciudadano que ya era alto, antes de las elecciones y que fue ampliamente registrado tanto por las encuestadoras de Ipsos Apoyo, Imasen, y la Pontificia Universidadla Universidad de Vanderbilt (EE.UU.). En una encuesta de mayo de este año de Datum (para la BBC World Service) la idea se reafirma. Allí se dice que “un 65% de peruanos sienten que la distribución de los beneficios económicos y las cargas laborales no han sido justas en los últimos años”[6].
c.- Lo que alienta la tentación de respuestas violentas por parte de la población
Patricia del Río lo expresa bien. Ella señala que “Más allá de los radicales que siempre buscan pescar en río revuelto, es estúpido negar que existe una población muy molesta porque ha visto sus esperanzas irse al traste (…) esos peruanos de los sitios más pobres del Perú, que a la vez tienen gran actividad minera, como Andahuaylas, Cajamarca o Espinar, vienen apoyando a Humala desde las elecciones del 2006 y saben muy bien lo que esperaban de él. (…) esos que Ollanta hoy llama con tanta ligereza "los radicales", han sido sus fieles seguidores, la sólida base que lo colocó casi en silencio como ganador en primera vuelta y que ahora no se va a dejar engatusar con el cuento de que tambieeén vieeeene la Gran Transformación[7].
Es conveniente recordar a la población en general y a los líderes de las protesta que, como bien señala CooperAcción, “la violencia termina deslegitimando cualquier demanda por más justa que sea”[8]. Por eso es saludable el pedido hecho por diversos grupos de izquierda en comunicado público del 28 de junio “Hacemos una invocación a los participantes en la protesta popular para que, conscientes de los logros alcanzados, desarrollen su lucha de manera pacífica y respetuosa de los derechos humanos de todos, inclusive de los que discrepan; que no se produzcan repudiables agresiones contra la prensa; y que eviten caer en las provocaciones de los violentistas o de la represión. Como demuestra la historia, el uso de la violencia siempre favorece a los que se oponen al cambio”[9]
d.- Y resta legitimidad a la democracia
Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señala al respecto que “La salud política de una sociedad depende en buena medida de la confianza en la palabra empeñada (…) La defraudación sistemática de las expectativas resulta, así, un poderoso corrosivo para el orden democrático. Una distancia grande entre lo que el político que busca la elección se comprometió a hacer y lo que en efecto hace una vez en el poder termina por convertir a la democracia en un juego de engaños repetidos; y una mecánica irrelevante que priva a las elecciones de significado apreciable a ojos de la población” Y agrega que ello “erosiona la legitimidad de nuestro sistema y nuestras instituciones”[10].
Por ello es bueno recordarle al presidente sus propias palabras cuando recibió sus credenciales "Gobernaremos con responsabilidad y coherencia con el programa que ha recibido la confianza ciudadana. Debe acabarse la práctica muy común de que termina gobernando un programa que no ha ganado. (Subrayado en el original). Considero que un principio básico que hace legítima la democracia es que se cumplan las promesas y que se lleve a la práctica el programa por el que votó el pueblo"[11].
El sociólogo norteamericano Steven Levitsky señala que “Ninguna democracia peruana ha durado más de 12 años. Esta ya tiene 11. Pero si el gobierno sigue sin distinguir entre la protesta y la subversión, si una parte de la élite sigue insistiendo en la necesidad de los muertos, y si los muertos siguen sin nombre, la democracia seguirá siendo precaria”[12].
[1] ) Defensoría del Pueblo del Perú Violencia en los conflictos sociales, Informe Defensorial N° 156 (Lima, marzo 2012)p.95.
[2]) “Carta al presidente Humala” en Caretas Nº 2235, 7 de junio de 2012.
[3]) “Ollanta Humala 7.0” en Perú 2, 12 de junio de 2012. Según el analista “podemos contabilizar hasta ahora 7 humalas diferentes, en lo que va de su vida pública.Ollanta 1.0: el militar con acusaciones de violaciones a derechos humanos en Madre Mía y de cubrir a Montesinos en Locumba; 2.0: el líder del etnocacerismo promovido por su hermano Antauro hasta llegar al Andahuaylazo; 3.0: el candidato presidencial de un nacionalismo extremo en 2006; 4.0: el candidato de la unidad de la izquierda por la Gran Transformación ; 5.0: el de la Hoja de Ruta, para ganar la segunda vuelta con votos del centro; 6.0: el del gobierno de Todas las Sangres, con Salomón Lerner; y 7.0: el militar de mano dura con Valdés”.
[4] ) “(Otra Vez) La tentación autoritaria”, en Desco Opina n. 139(8 de junio del 2012).
[6] ) María Claudia de la Barra “Datum: El 65% de los peruanos percibe el sistema económico como injusto” en Gestión, 30 de mayo del 2012.
[7]) Patricia del Río “Indignados marca Perú” en El Comercio 7 de junio del 2012.
[8] ) Editorial “Entre Espinar y Cajamarca, la tesis del Complot” en Actualidad Minera del Perú n. 157 (junio 2012) p. 2.
[9] ) Comunicado de Ciudadanos por el Cambio, Partido Comunista Peruano, Tierra y Libertad, Partido Socialista, Partido Descentralista Fuerza Social y Partido Comunista del Perú Patria Roja
[10]) “Intereses, Miedos y una Democracia en Riesgo” en La República 10 de junio del 2012.
[11]) Esta y las siguientes citas del Presidente son tomadas del artículo de César Lévano “Antología de las Promesas” 11 de junio del 2012.
[12]) “Los Muertos sin Nombre y los Límites de la Democracia Peruana ” en La República , 10 de junio de 2012.
3.- LAS CAUSAS DEL VIRAJE
Nos parece que los factores que más han contribuido a este viraje presidencial, son:
a.- El copamiento del gobierno por parte de los poderes fácticos
Sabemos que las elecciones sólo definen una porción del poder, la del manejo del aparato del Estado [1], pero dejan intacta la capacidad de acción de los llamados poderes fácticos (el poder económico, los medios de comunicación, etc.). Estos comenzaron a trabajar intensamente al día siguiente de la segunda vuelta para lograr imponer a sus representantes en el manejo de los ministerios (Economía por ejemplo) e instituciones (Banco Central de Reserva) claves para asegurar la continuidad del modelo económico y trabar los cambios que la población venía demandando hace años.
Una ayuda importante para el copamiento descrito líneas arriba provino de un factor externo: la coyuntura económica mundial, marcada por la crisis de importantes economías como la de la Unión Europea
b.- Los conflictos de Conga y Espinar
Frente a ambos conflictos los defensores de la minería a ultranza, usando, los medios de comunicación buscaron caricaturizar las demandas ciudadanas y tuvieron éxito en convencer al gobierno que lo que había detrás de ellos era un orquestado complot contra la actividad minera, que ponía en peligro la inversión extranjera para todo el periodo (aproximadamente 53,000 millones de dólares), con lo cual corría peligro la financiación de la inclusión social anhelada por el actual gobierno. También se buscó presentar las demandas ambientales como meras excusas para agitar a la población.
El gobierno no ha sabido entender que veinte años de expansión de la política extractiva han generado impactos acumulativos ambientales y sociales que hay que afrontar y que los conflictos responden a eso y no a imaginarios complots. Lo que se requiere son cambios en la forma como se aprueban los Estudios de Impacto ambiental, en como se otorgan las concesiones, y en la fiscalización de los impactos sociales y ambientales de la presencia de las empresas extractivas en el territorio nacional.
c.- La debilidad del poder social
La capacidad de organizarse, de movilizarse y de actuar en redes es lo que da poder a la sociedad. En nuestro país las organizaciones sociales mayormente están fragmentadas. Por eso no han estado en capacidad de hacerse oír y de balancear la influencia de los poderes fácticos. Por otro lado esta fragmentación es muchas veces utilizada por caudillos con agenda propia que no tienen mayor interés en solucionar las demandas sino en “agudizar las contradicciones”, lo que termina haciéndole el juego a los extremistas de derecha (en ese sentido los extremos se juntan) y perjudicando al pueblo.
d.- La ausencia de construcción partidaria, tanto por parte del nacionalismo como de la izquierda
Ambas corrientes dependen más de personalidades, que de aparatos que les permitan tener una activa presencia en escena pública. Ello no solo impide contar con los cuadros que requiere una gestión estatal con ambiciones de transformación social, sino también con el respaldo del aparato partidario para enfrentar coyunturas difíciles, como las que hemos vivido en los últimos meses.
4.- EL VIRAJE DE OLLANTA HUMALA AFECTA EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES
Luego de la caída del Gabinete Lerner (periodo donde se privilegió el diálogo en la solución de los conflictos sociales) el Gabinete Valdés ha privilegiado un manejo totalmente represivo de la protesta social. No solo ha continuado con la política del gobierno anterior sino la ha agravado. Desco habla de “un Ejecutivo que –usando los instrumentos autoritarios que le legara Alan García– muestra serias resistencias para procesar situaciones difíciles con maneras democráticas”[2]. Lo demuestran
+ La descarada siembra de pruebas: balas en la camioneta de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, bombas molotov en el Aeropuerto de Cajamarca y en la camioneta del Concejo Distrital de Espinar
+ El congelamiento ilegal de cuentas del gobierno regional Cajamarca y del Concejo Distrital Espinar, acusándolos de financiar las protestas con dichos fondos, sin prueba alguna.
A esto hay que sumar la lamentable actuación de la Fiscalía y Poder Judicial, aparentemente preocupados por agradar al Ejecutivo, sin hacer uso de la autonomía que es parte esencial de su función de hacer justicia.
En el caso de la Fiscalía el abogado Wilfredo Ardito critica el “cuestionable papel que vienen jugando diversos fiscales” Por ejemplo, en el caso de Xstrata-Espinar los fiscales estaban empeñados en elaborar denuncias contra los detenidos, pero indiferentes frente a las golpizas que estos recibían por parte de la policía en el campamento de Xstrata. En Cajamarca Ardito señala que “el pasado 4 de junio, la policía abaleó a un grupo de estudiantes que realizaba una manifestación pacífica en Cajamarca y el fiscal lo justificó con el argumento que la policía estaba facultada a impedir la violencia (…) En el caso de Oscar Mollohuanca, el Alcalde de Espinar, el Ministerio Público del Cusco avaló una detención efectuada sin orden judicial y su traslado, también sin orden alguna, a la ciudad de Ica (…). estas actitudes recurrentes ocurridas en los últimos días en cuatro Distritos Judiciales distintos nos revelarían una situación más compleja y una voluntad superior”[3]
En el caso del Poder Judicial el abogado César Bazán Seminario critica que se vayan “creando barreras de acceso a la justicia para los campesinos y autoridades locales que deberán trasladarse junto con sus abogados a las sedes judiciales de Ica y Lambayeque.”[4].
La ex defensora del pueblo, Beatriz Merino también es muy crítica de este proceder. Ella declaró “Si fracasó la metodología de solución a conflictos en los 12 últimos meses de (Alan) García, ¿por qué repetirla?” Y agregó "No dejemos más a los policías frente al pueblo, porque es claro que habrá heridos y muertos (…) Los que ven el diálogo como una debilidad nunca se han sentado frente al pueblo, frente a sus ojos. Como defensora del Pueblo he estado en situaciones complicadas, y nunca he sido agredida. El ser humano se diferencia por su capacidad de entender. El pueblo no está loco. Aquella percepción es equivocada, y se debe cambiar hoy"[5].
El Sr. Presidente debería recordar lo que dijo el 28 de Julio del 2011 sobre los conflictos sociales “El incremento desmedido de los conflictos, muchos de ellos absurdamente violentos, demuestra, día a día, que es urgente reparar las injusticias, corregir el rumbo y restablecer el diálogo en nuestra sociedad (…) Se alentará la actividad privada sobre los recursos naturales, pero éstos serán explotados en condiciones de respeto a las poblaciones, a los trabajadores y el medio ambiente".
5.- Y LA COBERTURA MEDIÁTICA LOS EXACERBA
La mayoría de medios de comunicación han negado el derecho de la ciudadanía a tener acceso a una información plural y veraz sobre las razones por las cuales la población está protestando, tanto en Conga como en Espinar. Han preferido el clásico libreto de presentar al ciudadano que protesta como un ignorante, fácilmente manipulable o un extremista y hasta terrorista, pidiendo desaforadamente que el gobierno imponga su autoridad, usando fundamentalmente los aparatos represivos del Estado.
Tanto los medios de comunicación como el ejecutivo y el empresariado parecen ignorar que la conflictividad socio ambiental es un dato de la realidad latinoamericana y caribeña. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) lo menciona en un último estudio. CEPAL señala que “La región entró en un período en que tienen un papel cada vez más importante los conflictos socio ambientales (…) El actual estado de la conflictividad socio ambiental en la región se viene dando, en general, en el marco de una economía en crecimiento con niveles de pobreza y pobreza extrema subsistentes, sobre todo en áreas rurales, y una marcada expansión de actividades extractivas, como la minera, la petrolera, la gasífera, la pesquera, la forestal y la hidroenergética”
Y agregan que “El número de conflictos socio ambientales relacionados con la producción minera ha aumentado desde 1990 (PNUMA, 2010) Entre los problemas ambientales de las industrias extractivas están la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, deforestación con consecuente pérdida de cobertura vegetal, erosión del suelo y formación de terrenos inestables y generación de sedimentaciones en las corrientes de agua, que alteran el funcionamiento natural de las cuencas (PNUMA, 2010). A esto se agregan los riesgos de accidentes, como derrames en el caso de los hidrocarburos o fallas de los tranques de relave en la minería. La contaminación por mercurio ha sido un efecto de la minería de oro y afecta a lugares sensibles como la cuenca amazónica” [6].
[1]) El aparato del estado está conformado por todas las instituciones estatales que los peruanos nos hemos ido dando a través del tiempo para organizar nuestra vida en común: municipios, SUNAT (que recauda impuestos), las Fuerzas Armadas , ministerios etc. En las elecciones se define quién y qué partido lo administran, por un determinado tiempo.
[2]) “(Otra Vez) La tentación autoritaria”, en Desco Opina n, 139(8 de junio del 2012).
[3] ) “Cuando los Fiscales Avalan los Abusos” en Reflexiones Peruanas N° 412. Junio del 2012. Se puede bajar de reflexionesperuanas.lamula.pe
[4] ) “Espinar y Conga: Cambio de competencia para casos de Cusco y Cajamarca pone en cuestión independencia judicial” en Justicia Viva, 7 de junio del 2012. Se puede bajar de
[5]) Beatriz Merino: "Al pueblo nunca se le debe subestimar” en Diario 16, 31 de mayo de 2012.
[6]) CEPAL La Sostenibilidad del Desarrollo. A 20 Años de la Cumbre Para La Tierra. Avances , brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe (Santiago, CEPAL, 2012)
pp.163 y 66-67.
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