&&&&&
“El gobierno impone a las regiones hacer recortes
en la salud, pero deja todavía demasiado altos los gastos militares. No han sido eliminados todos
los gastos improductivos. ¿Es posible que
en el balance del Estado se siga incluyendo la compra de los inútiles
cazabombarderos cuando se habla de
cerrar hospitales en todo el país?”, comentó Felice Belisario, jefe de los
senadores del partido Italia de los Valores, muy crítico del gobierno de Monti. En materia de
privilegios, entre los que los autos de representación usados a diestra y
siniestra por los parlamentarios y a veces hasta por familiares y ayudantes son
sólo una parte, el gobierno estableció
la disminución del 50 por ciento respecto de lo gastado en 2011.
Como se había anunciado hace algunos días, se
efectivizó la reducción del 20 por ciento de los dirigentes de la
administración pública y del 10 por ciento del personal de otras categorías
menores. Este es uno de los puntos más polémicos que los sindicatos no quieren
dejar pasar. La CGIL, la central
sindical más combativa de las tres existentes en Italia, dice no a lo que
ellos llaman “una nueva maniobra económica –la quinta– contra los empleados
públicos”, dijo uno de los dirigentes de esa organización, Michelle Gentile. “Una nueva maniobra recesiva”, precisó la
secretaria de la GIL, Susanna Camusso. En realidad los sindicatos tendrán
varios motivos más para protestar por otras medidas que tienen pocos
precedentes en la historia reciente. Una
de ellas establece que los representantes sindicales serán sólo informados
de las reducciones de personal, es decir no existirá la posibilidad de
negociación. La
otra, que serán disminuidos en un 10 por ciento los permisos retribuidos para
ausentarse del trabajo por motivos gremiales.
/////
Monti decretó una nueva ronda de ajustes para la
administración pública.
ITALIA ajusta su educación, salud y justicia.
El recorte de 27 mil millones de euros no
incluye compras a militares ni prebendas para políticos.
*****
Por el decreto de austeridad del gobierno de Monti
podrían cerrar hospitales, pero sigue en pie la compra de 90 cazabombarderos
F35 encargados a la empresa estadounidense Lockheed. Los sindicatos, en pie de
guerra.
Elena Llorente.
Desde Roma. Página /12 sábado 7 de julio
del 2012.
La urgente revisión de gastos
del Estado impulsada por Mario Monti se concretó en un decreto emanado por el
gobierno italiano en la madrugada de ayer, luego de siete horas de discusión.
Se hicieron recortes en materia de salud, educación, Justicia, en el número de
las provincias y en la administración pública en general, por un total de 26
mil millones de euros en tres años. La medida despertó el enojo de muchos
italianos que vienen ajustándose el cinturón desde hace ya largos meses. En
particular los sindicatos que han prometido guerra, pero también los que
sostienen que no se tocaron suficientemente los privilegios –abundantes en el
mundo político– ni los gastos militares.
La más alucinante
contradicción sigue siendo la de los gastos militares, porque si bien el
decreto establece recortes a nivel del personal militar (-10 por ciento), del
fondo para las misiones de paz (-8,9 por ciento) y del fondo para los
armamentos (-100 millones), entre otras cosas, sigue en pie por lo visto la
compra de 90 cazabombarderos F35 que gobiernos precedentes habían encargado a
la empresa estadounidense Lockheed. En principio los F35 eran 131, pero el
gobierno de Monti bajó el número a 90. Se trata de una inversión de entre
15.000 y 20.000 millones de euros nada menos, que debería realizarse en 2015.
¿Para qué gastar todo este dinero?, se preguntan los que se oponen. Además,
¿cuál es su utilidad teniendo en cuenta el tipo de actividades que llevan
adelante los militares italianos?
“El gobierno impone a las
regiones hacer recortes en la salud, pero deja todavía demasiado altos los
gastos militares. No han sido eliminados todos los gastos improductivos. ¿Es
posible que en el balance del Estado se siga incluyendo la compra de los
inútiles cazabombarderos cuando se habla de cerrar hospitales en todo el
país?”, comentó Felice Belisario, jefe de los senadores del partido Italia de
los Valores, muy crítico del gobierno de Monti.
En materia de privilegios,
entre los que los autos de representación usados a diestra y siniestra por los
parlamentarios y a veces hasta por familiares y ayudantes son sólo una parte,
el gobierno estableció la disminución del 50 por ciento respecto de lo gastado
en 2011.
Con este decreto –ya oficial,
pero que deberá ser discutido por el Parlamento a partir del 31 de julio–, se
piensan ahorrar unos 4500 millones de euros en 2012, 10.500 millones en 2013 y
11.000 millones en 2014, dijo el gobierno. Lo ahorrado en 2012 permitirá no
aumentar hasta 2013 el IVA, el Impuesto al Valor Agregado que se paga en cada
producto elaborado y que actualmente es del 21 por ciento, pero también dar una
serie de ayudas a los damnificados de los terremotos de mayo pasado.
Como se había anunciado hace
algunos días, se efectivizó la reducción del 20 por ciento de los dirigentes de
la administración pública y del 10 por ciento del personal de otras categorías
menores. Este es uno de los puntos más polémicos que los sindicatos no quieren
dejar pasar. La CGIL, la central sindical más combativa de las tres existentes
en Italia, dice no a lo que ellos llaman “una nueva maniobra económica –la
quinta– contra los empleados públicos”, dijo uno de los dirigentes de esa
organización, Michelle Gentile. “Una nueva maniobra recesiva”, precisó la
secretaria de la GIL, Susanna Camusso.
En realidad los sindicatos
tendrán varios motivos más para protestar por otras medidas que tienen pocos
precedentes en la historia reciente. Una de ellas establece que los
representantes sindicales serán sólo informados de las reducciones de personal,
es decir no existirá la posibilidad de negociación. La otra, que serán
disminuidos en un 10 por ciento los permisos retribuidos para ausentarse del
trabajo por motivos gremiales.
Uno de los temas que más
preocupaban al simple ciudadano, pero también a los administradores de
regiones, provincias y municipios, era la eliminación de varios pequeños
hospitales (con menos de 80 camas) localizados en el interior del país. Esta
medida no pasó en la ardua discusión de ayer, pero se aprobó en cambio la
reducción de 18.000 camas entre clínicas privadas y hospitales públicos que se
hará efectiva antes del 30 de noviembre. Los sindicatos aseguran que de esta
manera se arriesga en realidad la clausura de unos 1000 servicios
especializados en los distintos hospitales.
El gobierno, se precisó, ha
hecho un análisis detallado de los derroches en 72 categorías de mercaderías y
ha establecido que los precios deberán alinearse a los conseguidos por algunas
administraciones públicas “virtuosas”. Dicho en otras palabras, el Estado
comprará sus insumos a los precios más convenientes conseguidos por las
administraciones más eficientes. Y para llegar a estas conclusiones, no sólo se
valió de expertos, sino que abrió un portal en Internet donde los ciudadanos
podían denunciar los derroches que veían. Una nueva manera de proceder que al
parecer, por cuanto agradeció Monti al público, por lo visto dio sus
resultados.
Otras cifras incluidas en el decreto
hablan de la eliminación de 37 tribunales y de 38 fiscalías además de otras
secciones judiciales –ninguna de ellas en las zonas con alta densidad mafiosa,
hizo saber la ministra de Justicia, Paola Severino–. No habrá despidos, el personal será redistribuido
y esto comportará ahorros que van de 2 millones en 2012 a 31 millones de euros
en 2014.
*****
No hay comentarios:
Publicar un comentario