Al momento de conmemorarse el primer siglo de funcionamiento del
Canal de Panamá el país vive bajo el signo de un boom económico sustentado,
por un lado, en la especulación inmobiliaria, por otro, en el alto
endeudamiento público para financiar grandes obras públicas, como la propia ampliación del canal o la
construcción del metro y la mejora del sistema vial. Esta prosperidad
relativa, encuentra gran parte de su fundamento en la reversión del canal en el año 2000 al estado panameño. El canal, en
particular a partir de 2007 ha entregado miles de millones al erario que han
servido para catapultar las inversiones públicas, a la vez que, aunque no se lo
reconozca expresamente, sirve de garante
en última instancia (de prenda) al rápido crecimiento del endeudamiento estatal. Desde
la reversión del canal en el año 2000
hasta 2013, su administración ha entregado entre aportes directos e indirectos más de B/. 7000 millones, sobre
los 6000 millones desde 2007, cuando
inició el proyecto de ampliación. Compárese esa cifra con los 1.877 millones de dólares aportados por
el canal entre 1913 y 2000 cuando su
administración estaba bajo custodia del gobierno
de Estados Unidos de América. La relación desigual impuesta por el enclave colonial
era todavía peor, ya que la mayor parte los mil ochocientos dólares que
entraron al erario panameño fueron posteriores a la firma de los Tratados Torrijos Carter de 1977. Entre 1914 y 1970 Panamá sólo había recibido de las operaciones del
canal 67 millones de dólares,
mientras que la armada
de los Estados Unidos, gracias a los peajes no pagados, obtuvo ahorros
superiores a los 20,000 millones de dólares.
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Al momento de conmemorarse el primer siglo de
funcionamiento del Canal de Panamá el país vive bajo el signo de un boom
económico sustentado, por un lado, en la especulación inmobiliaria, por otro,
en el alto endeudamiento público para financiar grandes obras públicas, como la
propia ampliación del canal o la construcción del metro y la mejora del sistema
vial.
***
CIEN
AÑOS DEL CANAL DE PANAMÁ: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS.
*****
Olmedo Beluche (especial
para ARGENPRESS.info).
Lunes 11 de agosto del
2014.
Hace cien años, cuando el vapor
Ancón realizó el cruce inaugural del Canal de Panamá, el país era muy diferente
al actual y, sin embargo, en lo esencial no ha habido muchos cambios. Parece
contradictorio, pero según Hegel, la contradicción es la esencia de las cosas.
Panamá era un país recién creado, en
1914. Rural tanto productiva como demográficamente, con una significativa parte
de su población acabada de llegar como zapadores del canal. Con un gobierno atenazado
entre la voluntad soberana de un presidente (Belisario Porrras) que quería
fundar una institucionalidad auténticamente nacional y la constante intromisión
de las autoridades de la Zona del Canal, garantes del protectorado (colonia) en
la que nos habíamos convertido gracias a la separación de Colombia tutelada por
el imperialismo norteamericano y el subsecuente Tratado Hay Bunau Varilla.
Era un país dislocado. Por un lado, el principal recurso económico, la posición geográfica y su derivado el canal, controlado por una potencia extranjera para su beneficio económico, político y militar; por otro lado, el resto del país, el “interior” (que empezaba cruzando el límite de “ la Zona ”) desarticulado económica, cultural y administrativamente de ese recurso del cual no recibía más que algunas migajas muy indirectas (los salarios de los empleados de la vía acuática que se gastaban “del lado de acá”).
Era un país dislocado. Por un lado, el principal recurso económico, la posición geográfica y su derivado el canal, controlado por una potencia extranjera para su beneficio económico, político y militar; por otro lado, el resto del país, el “interior” (que empezaba cruzando el límite de “ la Zona ”) desarticulado económica, cultural y administrativamente de ese recurso del cual no recibía más que algunas migajas muy indirectas (los salarios de los empleados de la vía acuática que se gastaban “del lado de acá”).
Para estudiar el caso de Panamá,
Guillermo Castro recurre al concepto de “civilizaciones hidráulicas” de Wittfogel,
las cuales se caracterizan por el manejo del recurso agua (para la agricultura
en gran escala, como las antiguas civilizaciones egipcia, mesopotámica, azteca,
etc.), combinando desarrollos tecnológicos con una administración despótica de
ese recurso. En el caso panameño, el recurso agua (principalmente del río
Chagres) fue estructurado en una civilización hidráulica puesta al servicio del
transporte intermarítimo, mediante una forma de gestión autoritaria con la
forma de enclave colonial impuesta por el ejército de los Estados Unidos de
América. Esa forma de gestión del recurso y de organización social, se ha
descrito en Panamá bajo el concepto de “transitismo” (Castro, 2007).
Por “transitismo”, categoría creada
por Alfredo Castillero C., se entiende el monopolio del tránsito por una
potencia extranjera, que supedita al resto del país a los intereses de esa zona
de tránsito como proveedor de recursos naturales y mano de obra barata,
sacrificando el “desarrollo” económico del conjunto. Canal que puede subsistir
sin el país, y país que no puede existir sin el canal, a decir de Guillermo
Castro.
Ese dislocamiento entre una zona de
tránsito hipertrofiada respecto a un “interior” subdesarrollado, esa
desigualdad social y económica, constituyó el combustible de los movimientos
sociales del siglo XX, de las grandes conmociones políticas y de las demandas
por soberanía y la exigencia de acabar con el enclave colonial de “la zona”.
Por supuesto, en esa lucha las clases populares pusieron el sacrificio y el heroísmo,
del cual el 9 de Enero del 64 es la mejor expresión, pero la clase dominante de
los especuladores y comerciantes ha pretendido cosechar los beneficios.
Esa lucha popular por la soberanía
cuajó en los Tratados Torrijos Carter de 1977, que es la base a partir de la
cual se estructura la relación del canal con el país, y del país con Estados
Unidos en la actualidad. Lo diferente respecto a hace cien años es la
desaparición del enclave de la Zona del Canal y sus bases militares, la
integración del territorio bajo “una sola bandera”, el aporte creciente de la
vía acuática a la economía nacional.
Pero en el sentido descrito, cien
años después el transitismo sigue siendo la forma específica de la formación
social panameña. Eso no ha cambiado, pese a que nos hemos convertido en un país
urbano en 80 a 90%, con más de la mitad de la población concentrada en área
metropolitana (zona de tránsito), con una pujante economía capitalista
dependiente, con el mayor crecimiento económico de América Latina en la última década,
fundamentada en el comercio y los servicios financieros y comerciales, donde la
agricultura representa apenas el 3% del PIB.
La diferencia estriba en que la
administración despótica (antidemocrática) del recurso agua, a la que se
refiere Guillermo Castro, ya no está en manos directas del enclave colonial
norteamericano, el cual sigue controlando y fiscalizando por vías más sutiles
(como los acuerdos de seguridad), y formalmente ha pasado a manos de la clase
social criolla de comerciantes, especuladores inmobiliarias y financieros,
tataranietos de aquellos comerciantes y especuladores que avalaron el Tratado
Hay Bunau Varilla.
En la base de la sociedad ya no
prevalece una mayoría de pequeños productores del campo que practican una
agricultura de subsistencia, acompañada de unos pocos artesanos urbanos junto a
una masa de asalariados de origen extranjero. Los asalariados se han convertido
en la clase absolutamente mayoritaria, en una simbiosis étnica entre los
inmigrantes antillanos e interioranos que huyen de la decadencia del campo.
Según la propia Autoridad del Canal de Panamá, ACP, al momento de conmemorarse el centenario del
Canal de Panamá, laboran en la vía 10.098 trabajadores (98% panameños). La
ampliación genera otros 32.000 empleos directos e indirectos. La ACP declara poseer activos por B/. 9.429 millones, que
generaron ingresos en 2013 por B/. 2.411,3 millones contra gastos de operación
de B/. 733,8 millones para generar una utilidad neta de B/. 1.213 millones.
***
Transitismo y su
fundamento jurídico actual.
La base jurídica sobre la que se
estructura la nueva relación del canal con el resto del país está, primero en
el propio Tratado Torrijos Carter de 1977, que permite la tutela solapada del
imperialismo norteamericano a través de varios mecanismos, de los cuales el más
importante es el llamado Pacto de Neutralidad, el cual, mediante sus enmiendas,
establece el “derecho” de intervención militar norteamericana cuando, a su
juicio unilateral se encuentre en peligro el “libre tránsito”. Pacto que nos
coloca, como reconoció el general Omar Torrijos, “bajo el paraguas del
Pentágono”.
El otro fundamento jurídico de la
nueva relación del canal con el país es el Título XIV de la Constitución
Política de la República de Panamá, “Sobre el Canal de Panamá”, introducido
mediante reforma constitucional por la vía de dos asambleas legislativas en el
año 1994, es decir, sin verdadero debate público ni referéndum.
El Título XIV crea la Autoridad del
Canal de Panamá (ACP) que, de manera privativa administra el canal, sus
actividades conexas y su cuenca hidrográfica (art. 316); establece su
presupuesto de financiamiento anual que “no formará parte del Presupuesto
General del Estado” (art. 320), es decir, como una “zona aparte”; en un
“régimen laboral especial” (en que no se cumple el Código de Trabajo), que
entre otras cosas prohíbe las huelgas (art. 322). Todas estas funciones son
dirigidas por una Junta Directiva, que es la que nombra al Administrador y al
Subadministrador.
El artículo 318 define la
composición de la Junta Directiva de la ACP por once personas, nombradas así:
un director que la preside, con calidad de ministro de estado nombrado por el
Presidente de la República; un director nombrado por la Asamblea Nacional;
nueve directores nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del
Consejo de Gabinete y ratificados por el Órgano Legislativo, nombrados en
grupos de 3 cada 3 años. Es decir, la Junta Directiva está compuesta por personas
que han sido nombradas por el rejuego político de presidentes y partidos.
¿Algún miembro de la Junta Directiva
es nombrado por los representantes del movimiento obrero organizado? No.
¿Alguno ha sido designado por los profesionales organizados en la Sociedad
Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA)? No. ¿Alguno por las universidades?
No. Alguno representa a nuestras comunidades campesinas e indígenas? Tampoco.
¿Cuántos panameños conocen a los integrantes de la Junta Directiva de la ACP?
Casi nadie.
Una consulta a la web de la ACP muestra que, de los once miembros de la Junta Directiva de la ACP en 2014, ocho han sido nombrados por el presidente Ricardo Martinelli y tres por el ex presidente Martín Torrijos. Todos, salvo uno, son empresarios altamente conocidos vinculados al negocio de construcción e inmobiliario. El concepto empresario se queda corto, porque en realidad ellos pertenecen a la elite de los negocios del país.
Una consulta a la web de la ACP muestra que, de los once miembros de la Junta Directiva de la ACP en 2014, ocho han sido nombrados por el presidente Ricardo Martinelli y tres por el ex presidente Martín Torrijos. Todos, salvo uno, son empresarios altamente conocidos vinculados al negocio de construcción e inmobiliario. El concepto empresario se queda corto, porque en realidad ellos pertenecen a la elite de los negocios del país.
Algunos sectores han empezado a
plantear que es necesario modificar tanto la Constitución Política como la Ley
Orgánica que crea la Autoridad del Canal para que el pueblo panameño, quien
puso el pecho a las balas del imperialismo norteamericano en luchas como la del
9 de Enero de 1964, pueda disponer de su administración, su Junta Directiva, su
presupuesto, bajo la custodia real de la nación y sus representantes.
CIEN AÑOS DEL CANAL DE
PANAMÁ.- Este 2014 el Canal de Panamá cumple 100 años. Mucho antes del 15 de
agosto, día en el que el vapor Ancón lo navegó por primera vez, se fueron
sucediendo acontecimientos que dejaron huellas en la cultura del país, y por su
puesto en su gastronomía.
***
El cuestionado
proyecto de ampliación del canal.
En 2006, la Junta Directiva de la
ACP, encabezada por el entonces administrador Alberto Alemán Zubieta, el
gobierno del presidente Martín Torrijos y la mayor parte de los partidos con
representación en la Asamblea Nacional, propusieron al país iniciar la
construcción del tercer juego de esclusas que había sido considerado por los
norteamericanos desde la década del 40 y que había sido dejado de lado. Se
presentó un proyecto con un costo aproximado de B/.5.200 millones, que debía
inaugurarse justo al cumplirse los cien años de funcionamiento del canal. El
objetivo expresado era el de dar cabida en el canal a los buques postpanamax a
la vez que acelerar el tránsito creciente del comercio mundial por el Istmo.
En seguida la sociedad panameña se
escindió en un gran debate respecto a sí era oportuna o no la propuesta de
ampliación del canal, como se ha llamado a la construcción del tercer juego de
esclusas. Como el tema se sometió a referéndum, obedeciendo lo establecido por
la Constitución Política de 1972, la opinión pública se polarizó en dos
bloques: el Frente por el Sí y el Frente por el NO.
El Frente por el No, compuesto por organizaciones como Frenadeso, Fuerza Política Alternativa y el Movimiento Popular Unificado, se opuso al proyecto de ampliación presentado señalando: 1. Que era un proyecto sostenido sobre argumentos falsos, como que el canal estaba "obsoleto"; 2. Tenía debilidades en sus proyecciones financieras y los costos terminarían siendo superiores a los proyectados; 3. Que se desviaban recursos multimillonarios que deberían usarse para saldar la deuda social con el pueblo panameño, que sí luchó por la soberanía.
El resultado del referendo fue ambiguo aunque fue interpretado por el gobierno y las autoridades como un aval a la ampliación, pues se abstuvo de votar el 70% de los electores y, de los que votaron, el 40% lo hizo por el NO.
El Frente por el No, compuesto por organizaciones como Frenadeso, Fuerza Política Alternativa y el Movimiento Popular Unificado, se opuso al proyecto de ampliación presentado señalando: 1. Que era un proyecto sostenido sobre argumentos falsos, como que el canal estaba "obsoleto"; 2. Tenía debilidades en sus proyecciones financieras y los costos terminarían siendo superiores a los proyectados; 3. Que se desviaban recursos multimillonarios que deberían usarse para saldar la deuda social con el pueblo panameño, que sí luchó por la soberanía.
El resultado del referendo fue ambiguo aunque fue interpretado por el gobierno y las autoridades como un aval a la ampliación, pues se abstuvo de votar el 70% de los electores y, de los que votaron, el 40% lo hizo por el NO.
En 2009, cuando la ACP adjudicó la
obra al consorcio "Grupo Unidos por el Canal" (GUPC), compuesto por
cuatro empresas, surgieron nuevas críticas que fueron desechadas por la ACP y
el gobierno. Principalmente se señaló que Sacyr, la empresa española líder del
consorcio GUPC, era una empresa que ya estaba tocada por la crisis inmobiliaria
española y que existía un conflicto de intereses porque la empresa panameña
CUSA (parte de GUPC) pertenece a la familia del entonces administrador Alberto
Alemán Zubieta.
La obra se desarrolló con aparente
normalidad hasta que Sacyr anunciara que el 20 de enero de 2014 se cumpliría el
plazo impuesto por GUPC para suspender las obras de la ampliación del Canal de
Panamá si la ACP no se comprometía a pagarles 1.600 millones de dólares de
sobrecostos, equivalentes al 50% de lo pactado originalmente. Según el nuevo
administrador del canal, Jorge Quijano el problema de Sacyr es que se
encontraba "sin flujo de caja", "sin liquidez", es decir,
descapitalizada.
Esto dio paso a una nueva ola de
cuestionamientos: ¿Cómo era posible Si la ACP le ha adelantado 2.831 millones
de dólares de los 3.118 millones pactados en el contrato de 2009? GUPC había
recibido a enero de 2014, el 76.4% de los fondos comprometidos, pero sólo había
garantizado el 65% de las obras en la nuevas esclusas. Aún así, GUPC debía a
subcontratistas, al menos, 238 millones de dólares.
La crisis se saldó provisionalmente
con un acuerdo cuyas partes medulares permanecen en secreto, al igual que el
contrato original y sus adendas. De lo que el público conoce, a parte de que la
ACP debió adelantar algunos millones más para saldar la crisis de liquidez del
consorcio, queda claro que GUPC no ha renunciado a recurrir a tribunales
internacionales en demanda de sus pretendidos sobrecostos.
El Canal de Panamá, una de las maravillas de
Ingeniería del mundo, celebra sus 100 años de existencia este 2014. Por ello
Panamá desea compartir el Centenario de la vía interoceánica que une el Océano
Pacífico y el Mar Caribe y festeja la efeméride de interés mundial en el marco
de la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid del 22 al 26 de
enero, así como la Inauguración del Biomuseo de la Diversidad.
***
La soberanía sí
se come.
Pese a todas las controversias
respecto a las formas más sutiles, pero no menos efectivas, de la tutela del
imperialismo norteamericano sobre el país; pese a todos los debates que ha
generado la forma administrativa que ha adoptado la ACP en el título XIV de la
Constitución y en la ley orgánica; pese a las diferencias respecto al tema de
la ampliación del canal; en lo que sí hay acuerdo entre los panameños y
panameñas de todos los espectros es en los efectos positivos de la reversión
del canal sobre el conjunto del país y su economía. Se han acallado las voces
reaccionarias que se oponían a la retirada de los norteamericanos alegando que
“la soberanía no se come”, pues se ha demostrado lo contrario.
Al momento de conmemorarse el primer
siglo de funcionamiento del Canal de Panamá el país vive bajo el signo de un
boom económico sustentado, por un lado, en la especulación inmobiliaria, por
otro, en el alto endeudamiento público para financiar grandes obras públicas,
como la propia ampliación del canal o la construcción del metro y la mejora del
sistema vial. Esta prosperidad relativa, encuentra gran parte de su fundamento
en la reversión del canal en el año 2000 al estado panameño. El canal, en
particular a partir de 2007 ha entregado miles de millones al erario que han
servido para catapultar las inversiones públicas, a la vez que, aunque no se lo
reconozca expresamente, sirve de garante en última instancia (de prenda) al
rápido crecimiento del endeudamiento estatal.
Desde la reversión del canal en el
año 2000 hasta 2013, su administración ha entregado entre aportes directos e
indirectos más de B/. 7000 millones, sobre los 6000 millones desde 2007, cuando
inició el proyecto de ampliación. Compárese esa cifra con los 1.877 millones de
dólares aportados por el canal entre 1913 y 2000 cuando su administración
estaba bajo custodia del gobierno de Estados Unidos de América (ACP, 2013:
67-68).
La relación desigual impuesta por el
enclave colonial era todavía peor, ya que la mayor parte los mil ochocientos
dólares que entraron al erario panameño fueron posteriores a la firma de los
Tratados Torrijos Carter de 1977. Entre 1914 y 1970 Panamá sólo había recibido
de las operaciones del canal 67 millones de dólares, mientras que la armada de
los Estados Unidos, gracias a los peajes no pagados, obtuvo ahorros superiores
a los 20000 millones de dólares (Beluche, 1994: 16-17).
Tan sólo en 2013, el aporte
representó 981,8 millones de balboas, representando el 6% del PIB. De ese
total, B/. 610,5 millones corresponden a excedentes de operación y B/. 371,2
millones corresponden a derechos por toneladas netas. Otros aportes indirectos
(que incluyen salarios, impuestos y compras, entre otros rubros) suman otros
B/. 1.755,1 millones ese año (ACP, 2013: 69).
Según la propia ACP, al momento de
conmemorarse el centenario del Canal de Panamá, laboran en la vía 10.098
trabajadores (98% panameños). La ampliación genera otros 32.000 empleos
directos e indirectos. La ACP declara poseer activos por B/. 9.429 millones,
que generaron ingresos en 2013 por B/. 2.411,3 millones contra gastos de
operación de B/. 733,8 millones para generar una utilidad neta de B/. 1.213
millones (50 centavos por cada balboa de ingreso) (ACP, 2013: 69-74).
Perspectivas.
El problema de fondo, en este momento
preciso de nuestra historia, es que la administración de la Autoridad del Canal
de Panamá, y de la burguesía panameña, se resisten a una integración de la vía
acuática que resuelva los desequilibrios sociales y ambientales que hemos
heredado del enclave norteamericano. De hecho la ACP sigue funcionando como un
enclave, sin soldados norteamericanos, y el transitismo sigue siendo el mal que
agobia la producción de los medios de vida, y la vida misma, del pueblo
panameño.
El agua entre los mares, de Guillermo
Castro Herrera, da cuenta de cómo la política de la ACP y sus decisiones al
margen de la sociedad panameña, es la que ha inaugurado a partir de los años 90
la resistencia de las comunidades campesinas panameñas y los sectores populares
contra las formas de apropiación de la naturaleza, los ríos, los embalses e
hidroeléctricas puestos en función de intereses oligárquicos, extranjeros y del
transitismo. Esa creciente conflictividad social, generada por la persistencia
del esquema transistista, amenaza la existencia misma del tránsito interoceánico,
nos advierte G. Castro.
De ahí la necesidad urgente de que
los sectores sociales emergentes, movimiento obreros y populares, construyamos
una nueva propuesta de país en el que la zona de tránsito y el canal estén en
función del desarrollo sostenible de la colectividad panameña. Desde nuestro
punto de vista, esa propuesta tiene forzosamente que expresarse como proyecto
político alternativo, popular, anti-oligárquico y anti-neoliberal.
Para hacer
realidad lo sostenido por Federico
Engels, citado en uno de los epígrafes del libro: “Sólo una organización
consciente de la producción social, en la que se produzca y distribuya con
arreglo a un plan, podrá elevar a los hombres, en el campo de las relaciones
sociales, sobre el resto del mundo animal en la misma medida que la producción
en general lo ha hecho con arreglo a la especie humana. Y el desarrollo
histórico hace que semejante organización sea cada día más inexcusable y, al
mismo tiempo, más posible” (Engels, 1961: 16-17).
La crisis que padece la sociedad
humana en el siglo XXI, más que una crisis ambiental es una crisis social, que
sólo puede resolverse por la vía política, que transforme la relaciones
sociales capitalistas imperantes para que, transformando a la sociedad, pueda
salvar a la naturaleza, superando la irracionalidad de la producción basada en la búsqueda desmedida la
ganancia, dando lugar a formas más armoniosas de relación entre el sistema
social y el sistema natural.
*****
Referencias.
- Autoridad del canal de Panamá-ACP.
-
Beluche, Olmedo.
Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990). Impresos
Tavial, S.A. Panamá, 1994.
-
Castro H., Guillermo.
El agua entre los mares. Editorial Ciudad del Saber. Panamá, octubre de 2007.
-
Engels, Federico.
Dialéctica de la naturaleza. Editorial grijalbo, S.A. México.
-
Pérez Morales, Carlos.
El Canal de Panamá: Geopolítica y hegemonía de Estados Unidos hacia Panamá a
partir de los Tratados Torrijos-Carter. Editorial Universitaria “Carlos Manuel Gasteazoro”. Panamá, 2011.
*****
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