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ESTADO DE MIEDO. REMATARON CON TIROS EN LA
CABEZA A LÍDERES ASHANINKAS, QUE SE OPONEN A LOS TRAFICANTES DE MADERA.- La República
lunes 22 de septiembre del 2014.- El Fiscal de la Nación Carlos Ramos
Heredia, arribó a Saweto y anunció la creación de una Oficina de la
Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, para combatir a los depredadores y
que gestionará la reactivación de una Base Policial que hace 20 años existía en
el lugar. “Yo pido justicia, no queremos
que las cosas queden así. Mi padre hacía cosas buenas por su tierra, por sus
hijos y por los hijos de sus hermanos asháninkas. Pido que la muerte de mi papá
no quede así. Mi papá ha muerto por el bien de nosotros, por luchar por esta
frontera, olvidada a la que ahora vienen las Autoridades”, expresó con mucho
dolor, pero también valentía, Diana
Ríos Rengifo, hija de Jorge Ríos Pérez, uno de los cuatro asháninkas
asesinados.
Diana Ríos habló así al Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quién se
trasladó en Helicóptero hasta Saweto,
la Comunidad Selvática a la que pertenecían las víctimas, entre ellos el Líder
máximo Edwin Chota Valera. Ramos escuchó
los terribles testimonios de los familiares de las víctimas y de los pobladores
acosados por las organizaciones criminales de traficantes de madera. El Fiscal de la Nación llegó en compañía
del Jefe del Comando Conjunto, general Leonel cabrera Pino, quién
también estuvo atento a los relatos de los indígenas.
Nosotros somos nueve hermanos, nos hemos
quedado huérfanos, pero nos quedamos para luchar. Yo se que
el señor Enrico Mapes (hijo del
detenido Adeuzo Mapes) ha sido el que ha matado a mi papá. Enrico venía
hablando hace mucho tiempo que lo iba a matar porque no lo dejaba entrar en la zona
que nos pertenece. Él es un hombre
corrido del Brasil que se ha metido acá y se lleva la madera. No vive aquí,
relató Diana Ríos. El último viernes el padre de Enrico Mapes Gómes, Adeuzo
Mapes Rodríguez, también conocido como Francisco Mapes de Sousa – según su
cédula de identidad brasileña – fue capturado por la policía, en la frontera con Brasil y llevado
detenido a Pucallpa.
“Yo pido justicia, no queremos que las cosas
queden así. Mi padre hacía cosas buenas por su tierra, por sus hijos y por los
hijos de sus hermanos asháninkas. Pido que la muerte de mi papá no quede así.
Mi papá ha muerto por el bien de nosotros, por luchar por esta frontera,
olvidada a la que ahora vienen las Autoridades”, expresó con mucho dolor, pero
también valentía, Diana Ríos Rengifo, hija de Jorge Ríos Pérez, uno de los
cuatro asháninkas asesinados”.
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Para ayudar con la ubicación de los cuerpos,
la policía cuenta con un testigo clave, Jaime Quintisima, cuñado de
Edwin Chota, quien se adelantó a la Comunidad brasileña
de Apiuwtxa. Al notar que no llegaban sus cuatro compañeros al punto
acordado, Quintisima retornó para buscarlos y los halló muertos. “Se ha encontrado
una especie de Diario del Señor Chota, donde se señalan algunas entregas de
dinero para que no se reclamara por la tala ilegal de esta zona. Este cuaderno
lo tiene la policía y la fiscalía hará los análisis pertinentes. Edwin Chota, como muy pocos, anotaba
algunas situaciones irregulares que pasaban cuando él tenía que hacer la
defensa del medio ambiente. Puede
tratarse de posibles coimas rechazadas por él, nombres de algunas personas.
Yo creo que allí puede estar el hilo de la madeja para conocer la problemática
real de la zona” anotó el Fiscal de la Nación.
EL MUNDO RECLAMA JUSTICIA POR CUADRUPLE
ASESINATO EN SAWETO.- El asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio
Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo
Ramírez ha tenido más impacto en el mundo que en el Perú. Chota era un reconocido
Líder Indígena, que apareció en publicaciones como el The New York
Times, de Estados Unidos, y The Guardian del Reino Unido, expresando su
protesta contra los depredadores de madera.
Edwin Chota denunciaba públicamente que grandes empresas nacionales y
extranjeras fomentaban la tala ilegal pagando grandes cantidades de dinero
a los traficantes a sabiendas del origen de los recursos. El dirigente asháninka recurrió a las autoridades del gobierno Regional
de Ucayali, al Congreso de la República, el Ministerio Público y a otras
instancias para que lo apoyaran contra la poderosa mafia de los traficantes de
madera. Pero virtualmente no tuvo eco. Wall Street Journal,
National Geographic, BBC News, Amnistía Internacional, pidieron justicia para los
asháninkas.
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Edwin Chota había denunciado amenazas
hace más de un año. Presentó denuncia en contra los depredadores de la
naturaleza, contra los traficantes y taladores de madera. Pero ni la
Fiscalía, menos el Gobierno Regional, menos la Policía, igual el Congreso,
todos fueron un Estado sordo, con los problemas
del “Perú Profundo”. Ahora recién se ponen pilas y antenas para
tratar de justificar su inoperancia y muchas veces compromiso corrupto
con estos grupos de mafias y asesinos. Edwin Chota y su Compañeros serán
declarados por los pueblos y comunidades del Perú como sus Héroes defensores de
nuestra Madre Naturaleza.
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UN CUÁDRUPLE CRIMEN CONMOCIONA A
PERÚ.
El asesinato de cuatro Líderes Indígenas
Ashaninkas fue atribuido a madereros ilegales.
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Como
telón de fondo del asesinato de los indígenas el 1º de septiembre está la lucha
de los pueblos originarios por defender sus tierras de amenazas como la tala
ilegal de madera. El fin de semana capturaron a un sospechoso.
Carlos Noriega.
Página/12
En Perú
Desde Lima lunes 22 de septiembre del 2014.
Tres semanas después del
asesinato de cuatro líderes indígenas asháninkas en la selva amazónica,
ocurrido el 1º de septiembre, las autoridades anunciaron, el fin de semana, la
captura de un sospechoso de haber participado en el cuádruple asesinato, atribuido
a madereros ilegales. Los indígenas asesinados, Edwin Chota, Leoncio Quinicima,
Jorge Ríos y Francisco Pinedo, dirigentes de la comunidad amazónica de Saweto,
cercana a la frontera con Brasil, venían luchando desde años contra la tala
ilegal de madera y por la titulación de sus tierras ancestrales, sin que las
autoridades los escuchen. Como telón de fondo de este crimen está la lucha de
las comunidades nativas amazónicas por defender sus tierras, sin apoyo de las
autoridades, de amenazas, como la tala ilegal de madera –defensa que también se
extiende frente a la industria extractiva legal, como la minería o el petróleo,
que invade sus territorios– y el abandono de estos pueblos originarios por
parte del Estado. El presidente, Ollanta Humala, ha calificado el crimen de
“bárbaro” y ha dicho que lo ocurrido “nos avergüenza como sociedad”. Pero en su
momento, el Estado no hizo nada para evitar un asesinato anunciado.
Edwin Chota, de 53 años
y presidente de la comunidad de Saweto, había anunciado su muerte hace más de
un año. Pidió reiteradamente protección, pero nadie lo escuchó. “La ley no
llega a nosotros, estamos amenazados de muerte (por los madereros ilegales), en
cualquier rato vamos a ser muertos”, había dicho Chota en un reportaje que hizo
The New York Times en abril de 2013 sobre la lucha de los indígenas contra los
comerciantes ilegales de madera. “Hay un vacío de las instituciones del
gobierno peruano. No tenemos protección (...) Ese vacío es un riesgo, es un
peligro de vida para no-sotros. Hace tiempo corremos ese riesgo, los madereros
están armados y sabemos cómo actúan”, advirtió Chota en su dramático testimonio
dado en esa ocasión.
No fue la única
advertencia que hizo sobre el riesgo que corría su vida. Chota se dirigió a la
fiscalía para denunciar las amenazas de muerte y pedir protección. Lo hizo más
de una vez. “En represalia (por la denuncia frente a la tala ilegal), las
amenazas de muerte y denuncias sin fundamento hacia mi persona y los comuneros
de Saweto (se han dado) con mayor fuerza. Por eso pido la prevención de
cualquier atentado contra nuestras vidas”, declaró a la fiscalía. Pero las
autoridades le dieron la espalda, a él y a su amenazada comunidad. Nunca
recibió protección y sus repetidas denuncias contra la tala ilegal de madera
fueron siempre archivadas. El Estado tampoco hizo caso a su insistencia durante
más de diez años para que las tierras de su comunidad sean tituladas.
El asesinato anunciado
se concretó cuando los cuatro dirigentes indígenas viajaban por un camino de la
selva hacia otra comunidad asháninka, Apiwtxia, en el lado brasileño de la
frontera, donde debían asistir a una reunión para coordinar acciones contra los
madereros ilegales que amenazan a sus comunidades. Ante el desinterés inicial
de las autoridades por lo ocurrido, las viudas de los dirigentes asesinados
viajaron tres días en balsa de Saweto hasta Pucallpa, la capital de la región
de Ucayali, para pedirles a las autoridades que se movilicen para recuperar los
cuerpos de sus esposos y exigir que se investigue el crimen.
La repercusión que
alcanzó el caso movilizó a las autoridades. Organizaciones indígenas,
organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras, se pronunciaron
exigiéndole al gobierno peruano que actúe para proteger a estas comunidades y
para detener, juzgar y sancionar a los responsables de los cuatro asesinatos.
Ante el escándalo por lo
ocurrido, el gobierno decidió darle a Saweto la protección que durante largo
tiempo les negó a Chota y sus compañeros asesinados, enviando a 40 policías
para proteger la amenazada comunidad. No se sabe cuánto tiempo se quedará la
policía en el lugar. En un esfuerzo por borrar la imagen de abandono estatal de
las comunidades amazónicas, el fin de semana, la primera ministra, Ana Jara,
viajó a Saweto, donde repartió víveres a los pobladores y anunció la creación
de un alto comisionado contra la tala ilegal de madera y de una comisión
multisectorial para iniciar el proceso de titulación de las tierras de la
comunidad y poner en marcha programas de desarrollo.
Pero estos anuncios se
dan en momentos en que el gobierno ha dictado una serie de medidas que
facilitan el ingreso de las industrias extractivas, como la minería o la
explotación petrolera, a las tierras indígenas, y flexibilizan los controles
ambientales para estas industrias. La mayor parte de las tierras de los 350 mil
pobladores originarios de la Amazonia no están tituladas. El Estado otorga
concesiones a las industrias extractivas que muchas veces se sobreponen a esos
territorios indígenas y no actúa frente a las denuncias de contaminación que
producen esas industrias.
En
junio de 2009, en el gobierno de Alan García, una amplia protesta de los
pueblos amazónicos contra el ingreso de estas industrias a sus tierras terminó
con 33 muertos. Cinco años después, el asesinato de Edwin Chota y los otros
tres dirigentes indígenas ha vuelto a poner en evidencia las amenazas, de mafias
ilegales o incluso del propio Estado, que afectan a los pueblos originarios de la Amazonia, y su
histórica exclusión.
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Comunidad asháninka, sus mejores hijos y líderes comunitarios, fieles defensores del medio ambiente de la Amazonía, entregaron su vida en manos de bandas de asesinos, mafias de traficantes de madera. Aquí su grupo de música folklorica.
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La muerte anunciada y el Estado sordo.
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Otra Mirada viernes 19 de
septiembre del 2014.
En abril del 2013, Edwin
Chota afirmaba en un vídeo que su vida se encontraba en peligro. Un año y cinco
meses después, su muerte anunciada se haría realidad. El 1 de setiembre, Chota
fue asesinado. Junto con él fallecieron también Jorge Ríos, Leoncio Quinticima
y Francisco Pinedo. Si habían sido víctimas de amenazas durante meses y las
habían denunciado, ¿por qué no se pudo prever este trágico final?
La Fundación Nacional del
Indio de Brasil y posteriormente la viceministra de Interculturalidad del
Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena, confirmaron este homicidio cuádruple
hace unas semanas, pero con ello se ha dado inicio a un período de tensión y
angustia por parte de los pobladores de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweta,
de la cual Chota fue líder, y se caracterizó por luchar y denunciar la tala
ilegal y la explotación forestal. Esta lucha incansable y las constantes
denuncias que presentó a las autoridades forestales de Pucallpa le costaron la
vida a inicios de este mes.
Chota afirmó, hace meses,
que tanto él como su pueblo se encontraban en peligro por los madereros
ilegales. Sin embargo, el Estado hizo oídos sordos a los reclamos. Los cuatro
hombres asesinados, todos dirigentes de la comunidad, se dirigían a la aldea Apiwtxa
con la intención de coordinar con líderes asháninkas brasileños estrategias
para impedir las actividades de los narcotraficantes y madereros ilegales en
esta zona que une a Perú con Brasil. Ahora, aún cuando los ojos se encuentran
atentos a este espacio, no hay garantías para los pobladores de la comunidad
que continúan recibiendo amenazas.
Se trata de comunidades
abandonadas, en la práctica, por un Estado sordo que durante décadas no las ha
provisto de servicios básicos, educación de calidad, y tampoco contribuye con
la delimitación de sus territorios. Ahora, para colmo de males, se ven también
amenazadas por querer defender sus espacios contra las actividades ilegales que
le cuestan a todo el Perú 250 millones de dólares anuales según Interpol.
Por la memoria de Edwin
Chota y el respeto de nuestros hermanos en la selva del país, resulta
fundamental instar al Estado a que tome cartas en el asunto. ¿Cómo? Dejando
atrás el abandono al que han sometido a estas comunidades y, comenzando por
garantizar protección completa a los miembros de la comunidad de Alto
Tamaya-Saweto y otras que corren peligro. Asimismo, resulta fundamental
pronunciarnos en rechazo de las declaraciones del expresidente Alan García, por
ejemplo, que, con la sombra del Baguazo sobre el hombro, se ha permitido
sugerir que los pueblos indígenas de no contactados son una “invención” de los
“ambientalistas”. Este tipo de discursos no hace sino invisibilizar un problema
concreto y eliminar en el discurso a un grupo de peruanos y peruanas.
Pero el Estado también debe
comprometerse con los territorios de estas comunidades. En el año 2003 Saweto
fue reconocida oficialmente e inscrita, sin embargo, ya varios años antes el
Estado había otorgado a privados una concesión forestal por cuarenta años. El
desorden genera caos y el caos, conflicto. Este no es el único caso. El
Colectivo Territorios Seguros señala que unos 18 millones de hectáreas de
comunidades en la Amazonía peruana no están tituladas. La tala ilegal, por
ello, se hace presente. Las mafias crecen e irrumpen en otros poderes ilegales
que se originan por la ausencia del Estado.
Así como Chota murió por
defender sus tierras, hoy, otros líderes son víctimas de amenazas por las
mafias de la ilegalidad. Este es el caso de Washington Bolívar Díaz, líder
Kakataibo quien también ha realizado diversas denuncias a las autoridades por
la mafia maderera y no recibe otra respuesta que el archivamiento de las
mismas. ¿Esperaremos que otra muerte anunciada se concrete? Está ya en manos
del Estado y de nosotros, como sociedad civil, pronunciarnos contundentemente y
ejercer memoria.
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