&&&&&
–¿Cómo ve
usted el panorama actual de de la ciudad Buenos Aires en estas cuestiones?
–Es la ciudad del país donde más creció la
desigualdad, y esto puede observarse en la cuestión de la
vivienda. La comparación entre los dos últimos censos (2001 y 2010) muestra que
en ese período la proporción de hogares con déficit habitacional aumentó aquí
5,7 puntos (mientras alcanzó un punto en el total del país y 2,7 en los
municipios del Gran Buenos Aires). Se puede inferir que, si bien las mejoras
económicas, y sociales registradas permitieron a las familias mejorar la
calidad constructiva de sus casas, a la vez tuvieron que compartirlas con sus
hijos, imposibilitados de conseguir un lote o una vivienda por los altos
precios del mercado. En la CABA, el aumento del número de “hogares convivientes”
triplicó al registrado en el resto del país. También los niveles de
informalidad crecieron de manera alarmante, mucho más que en el Gran Buenos
Aires. Así se observa en los datos censales sobre las familias que debieron
tomar tierras o se fueron a vivir a villas o a casas tomadas. En la Ciudad, la
informalidad entre censos aumentó el 69 por ciento mientras que en el GBA lo
hizo en el 13 por ciento...
Buenos Aires: La desigualdad económico-social, se profundiza y cada vez es más profunda en la vivienda entre ricos y pobres y al margen la informalidad que mantiene más pobreza.
***
–¿Como actúan
las políticas urbanas que aplica el Gobierno de la Ciudad?
–Favorecen a un gran
número de áreas en detrimento de otras, lo cual genera una ciudad cada vez más
segregadora: el norte crece con todos los beneficios y el sur no tiene
recursos. Las políticas urbanas de la CABA corresponden, sobre todo en el
segundo período del actual jefe de Gobierno, al típico modelo excluyente: una
fuerte inversión urbana (plazas, espacio público, remodelación vial, etcétera)
y cero inversión en villas y asentamientos. Esto es muy claro en términos de
exclusión: con la inversión urbana aumentan los precios, lo cual tiende a
expulsar a los sectores más vulnerables. A la vez no hay una política social
incluyente en la ciudad. Esta es la clave, no se trata de si están bien o mal
el metrobús o las bicisendas. En la zona sur, cuánto más invierte allí el
Gobierno de la Ciudad sin atender el tema de la exclusión, más abre la
posibilidad de que el mercado inmobiliario entre de modo importante. Es que el problema
de la ciudad no se resuelve con más mercado, como cree Macri, sino con más y
mejores políticas públicas.
/////
La informalidad, no solo extrema la pobreza en todas sus manifestaciones, sino que profundiza y agudiza la pobreza..
***
ARGENTINA: “LA INFORMALIDAD AGRAVA
LA POBREZA”.
***
Eduardo Reese Urbanista del Instituto
Provincial de la Vivienda.
*****
A pesar de la disminución de la pobreza, las tomas
de tierra se producen en gran medida por la informalidad y por la especulación
en el precio de la tierra. Para Reese, es importante la regulación estatal del
mercado inmobiliario.
Página /12 lunes 13 de
octubre del 2014.
Lila Pastoriza.
En los últimos diez años
–en los que las políticas estatales produjeron logros importantes en la
situación social de los sectores populares–, se registraron sin embargo
numerosos conflictos por el acceso al suelo urbano y a la vivienda, expresados
en tomas y ocupaciones de tierras e inmuebles. La informalidad creció en
nuestras ciudades, aunque se avanzó en la reducción de la pobreza y de la
inestabilidad laboral, en crecimiento del empleo y del ingreso. ¿Cómo se
explica esta aparente paradoja? ¿Cuál es su anclaje? ¿Cómo resolverla? Eduardo
Reese, arquitecto que desde hace años aborda téorica y prácticamente el ríspido
axioma vernáculo de “la tierra no se toca”, entiende que no sólo la pobreza
traba el acceso a la tierra y la vivienda, sino que también incide con fuerza
la falta de suelo disponible para los sectores populares.
–¿A qué se debe que aun
con los significativos avances sociales de la última década sigan produciéndose
tomas y ocupaciones?
–La explicación habitual
de que una proporción relativamente alta de la sociedad argentina,
aproximadamente un tercio, no logre acceder al lote, a la vivienda, siempre
giró sobre los factores ligados a la noción de pobreza, es decir, a las
dificultades inherentes a un sector de ingresos insuficientes, precarización
laboral y disminuido en su capital humano y social por la persistencia de las
carencias. En ese marco, la respuesta tradicional del Estado argentino fue
construir viviendas: dejar que a la población solvente la ubicara el mercado y
hacerse cargo de la población insolvente. El accionar de este Estado
constructor de viviendas incluye a la vez un efecto secundario muy importante
en nuestro país, como es la creación de empleo. Así es que se ejecutaron
importantes planes de construcción de viviendas.
–Y a la vez políticas
que lograron reducir la pobreza.
–Efectivamente, y ahí se
hace muy notorio el contraste: un sector de la población mejoró su situación
social, la capacidad de su salario, salió de la pobreza, consiguió empleo, pero
la informalidad no se eliminó, mas aún, en muchas ciudades argentinas se
incrementaron las tomas de tierras como única herramienta para acceder a un
lugar donde vivir. La conclusión es que la explicación vía la pobreza como
mirada para acceder a la tierra o la vivienda, aunque necesaria, no puede ser
la única, es insuficiente y debe ser complementada con la consideración de
otros factores que están incidiendo con fuerza: un descomunal aumento del
precio del suelo (producto del incentivo a las políticas económicas y de la
especulación), normativas urbanísticas desreguladoras de ese mercado, políticas
urbanas elitistas y excluyentes, muy elevados costos de transacción, a lo que
se suma un sistema financiero que sólo presta plata a quienes no la necesitan.
Es decir, se ha probado que la solución del problema del acceso a la vivienda y
al suelo no pasa sólo por la mejora social y crecimiento económico, sino que
requiere también de una política pública que regule el mercado inmobiliario. El
suelo no puede estar en manos de los mercados.
–Usted menciona el
encarecimiento del suelo. ¿Cómo se da este proceso y a quiénes favorece?
–Partimos de que toda
acción estatal sobre la ciudad –una plaza, un hospital, el pavimento, un túnel,
etcétera– se refleja en los precios del suelo. Los que hoy pagamos en la
Argentina son absolutamente obscenos. Un terreno equipado y con infraestructura
ubicado en la periferia de la región metropolitana de Buenos Aires vale casi lo
mismo que otro en iguales condiciones situado en la periferia de Boston, cuando
por la diferencia de ingresos existentes entre ambos países, al argentino le
cuesta muchísimo más. Para entender cómo se llega a esto hay que considerar los
procesos de construcción de precios del suelo que implementa el sector
inmobiliario, en especial uno importantísimo, el de la especulación. A
diferencia de aquellos que construyen e invierten, los especuladores compran y
retienen suelos o inmuebles que sacan del mercado a la espera de que se
valoricen por la acción del Estado, son grupos directamente parasitarios, que
no producen y contribuyen a generar una escasez artificial que eleva los
precios. Todas las ciudades argentinas (salvo alguna pequeña diferencia en la
CABA) tienen una gran cantidad de suelo vacante, de tierra vacía con
infraestructura, en espera de su valorización. Por ejemplo, en la avenida
General Paz y Crovara, un terreno que pertenecía a la ex empresa Jabón Federal
está vacío hace treinta años. Es un lote privado ocioso y, a diferencia de lo
que ocurre en otros países, no está castigado por los impuestos. Porque nuestro
sistema tributario invita a especular, a comprar tierra y esperar que venga el
Estado y haga mejoras (calles, redes) que valoricen la zona. Obviamente, son
mejoras financiadas por los impuestos que pagamos todos, pero aprovechadas por
unos pocos: los que antes acumularon tierras y las dejaron vacías a sabiendas
de que no serían castigados impositivamente. Lo que se les cobra es
prácticamente inexistente: en la provincia de Buenos Aires un terreno vacante
paga por impuesto inmobiliario el 0,6 por mil del valor fiscal (que es muy
bajo); según nuestros estudios, en la región metropolitana un terreno vacante
se valoriza (por fuera de la inflación) aproximadamente entre un 4 por ciento y
5 por ciento anual acumulativo ¡Pero el impuesto es por mil, no por cien! O
sea, el sistema invita a especular, no a lotear ni a construir. Este es un
punto central.
–¿Cuál fue el efecto
sobre distintos sectores sociales de la valorización generada por las mejoras
de la última década?
–Lo distintivo de estos
diez años ha sido la enorme inversión urbana que hizo el Estado, el gigantesco
esfuerzo presupuestario de nuestro país en caminos, puentes, redes, hospitales,
escuelas. ¿Adónde fue a parar la valorización de los suelos que eso generó? ¡A
manos de los especuladores! Cuando Pro.Cre.Ar anunció que habría crédito
hipotecario para los sectores medios, todos los terrenos subieron su precio al
doble. Y no ocurrió por la inflación sino pura especulación. En muchas
ciudades, las personas sorteadas no tenían tierra para comprar, por lo cual el
Estado tuvo que poner los terrenos estatales. Y estuvo bien que lo hiciera,
pero había un límite: que los terrenos se acabaran y se requiriera salir a
comprar tierras, que es lo que acaba de hacer Pro.Cre.Ar, con lo cual otra vez
se elevan los precios. Y vuelve a reiterarse el mismo círculo, lo cual alimenta
un proceso permanente de exclusión. Porque ese encarecimiento del suelo lo
pagan los sectores populares, imposibilitados de acceder. Se paga vía
precariedad, informalidad y desigualdad. Y el par informalidad/ desigualdad es
central, mucho más que la noción de pobreza. ¿Por qué? Por lo que implica la
informalidad urbana: para los informales todo es mucho más caro que para
quienes no lo son. Comprar una garrafa de gas es más caro que el gas de la red,
pagar el camión del agua es más caro que la que sale del grifo, salir a buscar
trabajo es mucho más caro porque quien vive en una villa o en un asentamiento
debe ocultar ese domicilio y “alquilar” otro en un mercado informal de trabajo.
Por eso, la informalidad no es el refugio más barato de los pobres, es el único
refugio que tienen, pero es carísimo. Y esa enorme carestía de la informalidad
hace que se agrave la pobreza, y no tanto a la inversa.
–Si esto es así, aparece
la necesidad de recurrir a otras medidas. ¿Cuáles serían?
–Se requiere un cambio
acentuado de políticas. Insisto: ya no se trata sólo de construir casas. Esta
fue la década en la que más viviendas se construyeron, más soluciones
habitacionales se generaron.Novecientas mil soluciones habitacionales en diez
años es una cifra impresionante. Pero las viviendas y las soluciones se hacen
en un lugar, el suelo, y éste es privado y hay que comprarlo. Cuando el Estado
salió a comprar suelo para alojar las soluciones, el precio aumentó. Es lo que
ocurre. Y lo que nos obliga, desde el campo popular, a discutir qué hacer:
porque no podemos tener una política de vivienda, de fuerte construcción de
infraestructura, divorciada de una política de suelo; la contradicción profunda
entre la política desarrollista de vivienda y la neoliberal de suelo está en
las raíces de las tomas. El suelo es un elemento central de la discusión sobre
la redistribución de rentas. Y, además, en nuestro país, está ineludiblemente
ligado al origen de la fortuna de los sectores dominantes (“la tierra no se
toca”). Discutir la capacidad estatal de regularlo –elemento requerido por toda
política urbana– es casi una mala palabra. Sólo en este marco puede entenderse
que siendo la Argentina un país casi totalmente urbano es casi el único de la
región que carece de una ley de regulación del suelo. Sin embargo, pese a la
rispidez que esta cuestión genera en las políticas públicas, y aun contra la
resistencia que ofrece el sector inmobiliario –un sector completamente opaco,
que no participa en debate alguno, pero que opera bloqueando las iniciativas de
este tipo– creemos que se hace imprescindible aplicar la política urbana del
suelo en tanto herramienta de redistribución de rentas. De otro modo seguiremos
construyendo ciudades cada vez más excluyentes y con menos derechos para los
sectores populares. Lo bueno es que en los últimos años se han registrado
avances significativos, como la importante Ley 14.449 de Acceso Justo al
Hábitat (de la provincia de Buenos Aires) y también los proyectos
redistributivos instrumentados por algunos municipios.
–¿En qué reside la
importancia de la ley bonaerense?
–La sanción de esta ley,
aprobada en noviembre de 2012 (aunque por presión del lobby de los grupos
opuestos recién fue publicada un año después), culminó una movida de tres años
en todo el territorio provincial, promovida por un arco muy amplio de
organizaciones sociales de base. Contó con el asesoramiento del Instituto del
Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de un conjunto de
organismos, entre ellos el CELS. La ley constituye un paso político relevante
al introducir cambios en la base jurídica establecida durante la dictadura,
cambios que respaldan una docena de instrumentos, herramientas y mecanismos que
permiten fortalecer la capacidad estatal en el mercado de suelo, posibilitando
la producción de una ciudad diferente y, además, redistribuir la renta del
suelo. El sustento son los cuatro principios jurídicos que establece: el
derecho a la ciudad, la función social de la propiedad, la distribución
equitativa de los costos y beneficios del proceso de urbanización, y el derecho
a la participación. Los instrumentos que crea son, en su gran mayoría, de
competencia municipal, lo cual aumenta la capacidad de acción de los
municipios, el terreno donde se expresan nítidamente estas cuestiones. Creo que
haber obtenido esta ley es un ejemplo del avance de la lucha popular. No es ni
un punto de partida ni de llegada, sino de las dos cosas a la vez. Ahora se
trata de aplicarla, y para esto se requiere difusión, capacitación, debate
público, refuerzo a los gobiernos provinciales y a los municipios (que mueven
muchos resortes), y evitar la burocratización acelerando medidas
En las provincias, también está presente la informalidad que invade la ciudad y amplia los límites de la pobreza y la desigualdad económico-social.
***
–¿Cómo se posibilita la
redistribución equitativa de costos y beneficios de la urbanización?
–La ley brinda un
conjunto de instrumentos que permiten capturar parte de esa valorización
inmobiliaria –originada en la capacidad impositiva del conjunto de la sociedad–
para redistribuirla en los sectores sociales desprotegidos. Por una parte
incluye un par de medidas que castigan impositivamente a los inmuebles
especulativos vacantes que abundan en muchas ciudades. En otros países hay
políticas para evitar que proliferen estas viviendas parásito. Uno de nuestros
casos más notorios es el de Puerto Madero, en la CABA, donde hay una enorme
cantidad de departamentos vacíos, no se los usa, sino que se los mantiene así
como parte de una operación de valorización inmobiliaria. También la ley
posibilita intervenir en otras situaciones: como toda acción por decisiones
estatales provoca normalmente aumentos del precio del suelo y de los inmuebles,
el Estado puede captar los mayores valores generados. Es decir, puede cobrar
impuestos por esa diferencia a los propietarios de un inmueble valorizado. Los
ejemplos son conocidos: un señor lee en el diario que Pro.Cre.Ar anunció un
crédito y en horas su inmueble de 80 mil dólares pasa a valer 150 mil, es obvio
que tiene que pagar por esa diferencia, si ya con 80 mil no pagaba casi nada.
–Usted decía que hay
experiencias de este tipo en municipios.
–Sí, algunos de los
mecanismos que introduce la ley ya venían aplicándose desde hace unos años a
través de proyectos locales, como los implementados en los municipios
bonaerenses de San Fernando y de Trenque Lauquen. En San Fernando, entre 2003 y
2011, el municipio desarrolló una política urbana basada en la captación de
plusvalía y redistribución de renta. Uno de los programas más importantes que
desarrolló fue el de reordenamiento urbano: lo que hizo fue capturar plusvalía
de sectores más ricos y trasladarla al reordenamiento urbano de de villas y
asentamientos del sector oeste. Se trató de una clarísima política de
redistribución de renta a favor de los sectores populares que provocó juicios y
mucha resistencia por parte de sectores afectados, hasta lograr frenarla a
fines de 2011.
–¿Y el caso de Trenque
Lauquen?
–Es una experiencia muy
interesante. Por cada permiso de loteo sumado a la provisión de
infraestructura, redes, etcétera, que el municipio otorga a los propietarios,
les cobra una cesión del 12 por ciento de los terrenos. De este modo, el
gobierno municipal cuenta con una masa crítica de tierra para competir con el
sector privado en precios, lo cual le permite hacer política social de suelo
sin comprar ni un metro cuadrado de tierra (a diferencia de lo que ocurre
cuando Pro.Cre.Ar debe comprar, lo cual levanta los precios). Así, ha vendido
parte de sus lotes en concursos de precios y licitaciones a valores estimados
en el 50 por ciento de lo ofrecido en el mercado privado, generando una baja
general de los precios, en tanto se utilizaron otros lotes en la construcción
de viviendas sociales.
–En términos de
planificación urbana, ¿cuál es la situación a nivel nacional?
–Hace unos dos años el
gobierno nacional elaboró el muy progresista anteproyecto de ley nacional de
ordenamiento territorial, que aún espera ser enviado al Congreso (está en la
página web de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión
Pública). Es muy importante, por primera vez se hizo un plan estratégico para
todo el país, discutido y elaborado con el acuerdo de todas las provincias en
el Consejo Federal de Planificación (Cofeplan). Ya cuando se aprobó la ley de
la provincia de Buenos Aires se esperaba que ingresara al Congreso este
proyecto de ley nacional. Forma parte de un proceso que viene de 2004, en el
cual la subsecretaría nacional y las áreas de las provincias produjeron en 2008
el primer avance de plan territorial y pasaron luego a la elaboración del
proyecto, retomando antecedentes muy relevantes de planificación urbana y
acentuando la incidencia del Estado en las políticas territoriales. También hay
en el Congreso un proyecto similar elaborado por un colectivo muy grande de
organizaciones en el que nosotros sí participamos, que avanzó en algunos
comisiones. Pero la verdad es que todos esperamos que el Gobierno envíe su
proyecto al Congreso, lo que daría impulso y peso político a la discusión de un
tema clave pendiente.
–¿Cómo ve usted el panorama
actual de de la ciudad Buenos Aires en estas cuestiones?
–Es la ciudad del país
donde más creció la desigualdad, y esto puede observarse en la cuestión de la
vivienda. La comparación entre los dos últimos censos (2001 y 2010) muestra que
en ese período la proporción de hogares con déficit habitacional aumentó aquí
5,7 puntos (mientras alcanzó un punto en el total del país y 2,7 en los
municipios del Gran Buenos Aires). Se puede inferir que, si bien las mejoras
económicas, y sociales registradas permitieron a las familias mejorar la
calidad constructiva de sus casas, a la vez tuvieron que compartirlas con sus
hijos, imposibilitados de conseguir un lote o una vivienda por los altos
precios del mercado. En la CABA, el aumento del número de “hogares convivientes”
triplicó al registrado en el resto del país. También los niveles de
informalidad crecieron de manera alarmante, mucho más que en el Gran Buenos
Aires. Así se observa en los datos censales sobre las familias que debieron
tomar tierras o se fueron a vivir a villas o a casas tomadas. En la Ciudad, la
informalidad entre censos aumentó el 69 por ciento mientras que en el GBA lo
hizo en el 13 por ciento...
–¿Como actúan las
políticas urbanas que aplica el Gobierno de la Ciudad?
–Favorecen a un gran
número de áreas en detrimento de otras, lo cual genera una ciudad cada vez más
segregadora: el norte crece con todos los beneficios y el sur no tiene
recursos. Las políticas urbanas de la CABA corresponden, sobre todo en el
segundo período del actual jefe de Gobierno, al típico modelo excluyente: una
fuerte inversión urbana (plazas, espacio público, remodelación vial, etcétera)
y cero inversión en villas y asentamientos. Esto es muy claro en términos de
exclusión: con la inversión urbana aumentan los precios, lo cual tiende a
expulsar a los sectores más vulnerables. A la vez no hay una política social
incluyente en la ciudad. Esta es la clave, no se trata de si están bien o mal
el metrobús o las bicisendas. En la zona sur, cuánto más invierte allí el
Gobierno de la Ciudad sin atender el tema de la exclusión, más abre la
posibilidad de que el mercado inmobiliario entre de modo importante. Es que el
problema de la ciudad no se resuelve con más mercado, como cree Macri, sino con
más y mejores políticas públicas.
–¿Cuáles serían, en
especial en el tema de la inclusión?
–Básicamente,
partir de una fortísima política que priorice la intervención social de las
villas y los asentamientos y que instrumente un control muy estricto de los
precios del suelo por vía tributaria (en este aspecto, la CABA es la ciudad más
desigual, casi no difiere lo que paga en impuestos una vivienda de Lugano y
otra de Barrio Parque). En cuanto a lo primero: falta suelo urbanizado para
nuevos proyectos, urge regularizar los barrios informales con infraestructura y
proyectos habitacionales. Pero el Gobierno de la Ciudad dice que carece de
recursos para hacerlo. Y resulta que a la vez otorga permisos a los grupos más
concentrados del sector inmobiliario para que lleven adelante sus proyectos ¡y
no les cobra nada! Es decir, les regala una enorme cantidad de plusvalía, de
valorización generada por la inversión pública. Peor aún: a través de un acto
administrativo concede un permiso al de-sarrollador inmobiliario que quiere
construir el shopping de Caballito en un lugar donde ese uso está prohibido. ¡Y
no le exige pagar por ese privilegio!... Ponemos la Casa de Gobierno de la
Ciudad en el sur, valorizamos el sur, y a quienes quieran especular con esa
valorización no les cobramos ni un peso. Como si ésta fuera producto de la
nada, cuando lo es de la enorme urbanística que aprueba el propio Gobierno de
la Ciudad y que pagamos todos. Pero el jefe de ese gobierno dirá que no tiene
plata para intervenir en la integración social de las villas, que la culpa es del
gobierno nacional que no le da nada. ¿Quién captura esa valorización? No son
los villeros, no son los alojados en hoteles misérrimos. Esta es, en los
hechos, la política de la exclusión, de la enorme injusticia urbana, se les
quita a los pobres para darles a los ricos, al revés de la leyenda.
*****
No hay comentarios:
Publicar un comentario