LA SOCIEDAD CIVIL ACTÚA ANTE LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS.
Tribunal Internacional de los Derechos de la naturaleza.
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Alberto Acosta.
Rebelión lunes 20 de noviembre del 2017.
“Cualquier cosa contraria a la Naturaleza
lo es también a la razón;
Cualquier cosa contraria
a la razón es absurda”.
Baruch de Spinoza.
“Un árbol no tiene ningún significado para una
empresa”, afirmó Mirian Cisneros, presidenta kichwa de la comunidad
amazónica de Sarayaku. Pero ese mismo árbol tiene gran sentido para Mirian y
su comunidad, pues “si se corta un
árbol, se corta la casa de los espíritus sagrados”. En s u relato
resonó la larga y compleja lucha de su comunidad contra el Estado ecuatoriano y
la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC). Durante el
neoliberalismo dicha empresa entró en territorio de la comunidad a buscar
petróleo sin autorización de la comunidad y, con complicidad del Estado, colocó
a la fuerza casi una tonelada de pentolita (un poderoso explosivo utilizado en
la prospección sísmica).
La
resistencia de Sarayaku paró la actividad petrolera. En 2003 sus habitantes
denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
llegando a la Corte Interamericana en 2010. Dos años después, este máximo tribunal
resolvió a favor de Sarayaku, un pequeño poblado amazónico que aún resiste a
las petroleras y al Estado . Pero a pesar de dichas resoluciones, el gobierno
de Rafael Correa -atropellando de nuevo la voluntad de Sarayaku- entregó parte
de su territorio a la petrolera china Petroandes.
El
testimonio de Miriam Cisneros dio base para que el Tribunal
Internacional por los Derechos de la Naturalezaconstruyera, junto con otros
casos de destrucción ambiental en el mundo, su veredicto en contra de varios
Estados irresponsables. Este Tribunal sesionó el 7 y 8 de noviembre en Bonn, en
paralelo a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (COP-23). Y allí se condenó varias violaciones a
los Derechos de la Naturaleza y a los Derechos Humanos en Alemania, Argentina,
Brasil, Bolivia, Ecuador, España, EEUU, Guayana Francesa, Isla Mauricio,
Nigeria, Perú, Rusia, Sudáfrica, Suecia.
Presidió la
sesión Tom Goldtooth, de la Red Indígena Medioambiental. Como jueces actuaron Cormac
Cullinan, del Instituto de Derecho Salvaje de Sudáfrica; Osprey Orielle Lake,
de la Red de Mujeres por la Tierra y la Acción Climática, de Estados Unidos; la
italiana Simona Fraudatario, del Tribunal Permanente de los Pueblos; Shannon
Biggs, de Movement Rights, de Estados Unidos; el senador argentino Fernando
Pino Solanas; la exdiputada alemana Ute Koczy; la keniata Ruth Nyambura, del
Colectivo Africano de Ecofeministas; y, Alberto Acosta, expresidente de la
Asamblea Constituyente de Ecuador. De fiscales de la acusación ejercieron
Ramiro Ávila, jurista y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar de
Ecuador, y la estadunidense Linda Sheehan, de la organización Planet Pledge.
La primera
vez que este Tribunal sesionó fue en 2014, en Quito. Siguieron reuniones
similares en Lima y Paris, ambos casos en paralelo a las Cumbres Climáticas de
Naciones Unidas, en 2014 y 2015; también ha sesionado sobre temas específicos
en Australia, Ecuador y EEUU.
En esta
ocasión el Tribunal escuchó testimonios sobre fractura hidráulica (fracking)
en EEUU y Argentina; energía nuclear en Sudáfrica con participación rusa;
minería de lignito en Alemania, solo a 50 kilómetros de la conferencia COP 23
en Bonn; extractivismos y su infraestructura en la Amazonía, como la carretera
que atraviesa el TIPNIS en Bolivia; proyectos REDD+ o similares, como
Socio-Bosque en Ecuador; monocultivos que despojan agua en Almería – España; el
impacto de los tratados de libre comercio sobre la Naturaleza. Un tratamiento
especial se dio a los defensores de la Naturaleza en EEUU (pueblo Siux), Rusia
(pueblo Shor) y Suecia (pueblo Sámi).
Durante
estos dos días de intensas sesiones, 53 personas de 19 países presentaron
dichas violaciones de los Derechos de la Naturaleza. Además, quedó evidenciado
que los pueblos indígenas de todo el mundo son fundamentales en la defensa de
la Madre Tierra, por lo que destacó su actuación en todo el proceso del
Tribunal, como expertos y testigos.
De hecho, el
Tribunal enjuició a la actual civilización capitalista: un sistema de patrones
de dominación/explotación/conflicto -como diría el gran pensador
latinoamericano Aníbal Quijano- creados por el dominio del capital en la
política y la economía, cuya expansión destruye la Naturaleza y persigue a sus
defensores. Este Tribunal exigió cambios estructurales y sistémicos para que se
respeten los Derechos Humanos y de la Naturaleza, implicando -entre otros
puntos fundamentales, como la equidad y la igualdad- la no criminalización de
los defensores de dichos derechos y la urgente desmercantilización de la
Naturaleza.
El marco
jurídico referencial de este Tribunal es la Declaración Universal de los
Derechos de la Madre Tierra, expedida en 2010 en la Cumbre de los Pueblos en
Tikipaya, Bolivia; así como la Constitución del Ecuador de 2008: la única en el
mundo que hasta ahora reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Incluso
en este Tribunal se desnudó el nefasto papel de los sistemas jurídicos
imperantes en facilitar el cambio climático y la degradación de la Naturaleza a
nivel mundial.
Este
Tribunal internacional, inspirado en el Tribunal Russell -conocido también como
Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra o Tribunal Russell-Sartre-
creado en 1966 para condenar los crímenes del imperialismo yanqui en Indochina,
es una iniciativa de la sociedad civil para reunir públicamente testimonios
sobre la destrucción de la Pachamama o Madre Tierra, así como la
criminalización de sus defensores.
Es claro que
cualquier acuerdo en la COP 23 y las acciones de allí derivadas en combate del
cambio climático serán estériles si los gobiernos siguen ampliando los
extractivismos, profundizando el uso de combustibles fósiles y nucleares,
permitiendo a las corporaciones aprovechar mecanismos de resolución
controversiales en los acuerdos comerciales para impedir la adopción de medidas
efectivas para proteger la vida. Ningún acuerdo alcanzado desde la formalidad
internacional enfrentará al cambio climático si sigue agudizándose la
mercantilización y la financiarización de la Pachamama: la “economía verde” es
una vía contraria a los Derechos de la Naturaleza y, por ende, a los Derechos
Humanos.
De hecho la
situación se empeora aceleradamente. Basta ver la evolución de la emisión de CO2 luego
del tan promocionado (como inútil) acuerdo de Paris en el 2015. Ese año dicha
emisión fue de 3,3 partes por millón/año, con lo que la concentración de gases
de efecto invernadero alcanzó las 403,3 partes por millón, la cifra más alta
hasta ahora, de acuerdo a datos de la Organización Meteorológica Mundial. Una
concentración de gases, que si mantuviera en ese nivel, nos afectará los
próximos mil años. Es por tanto preocupante el impacto que esta situación
provoca y seguirá provocando en los ecosistemas marinos y terrestres, con
efectos negativos para los seres humanos y para la Pachamama. Y bien sabemos
que la situación de sigue deteriorando.
En estas
circunstancias, cuando los gobiernos no asumen su responsabilidad, la sociedad
civil responde -de nuevo- tomando la delantera. Así, mientras que la COP 23 fue
un festival de falsas soluciones y de promesas sin compromiso, la sociedad
civil identifica a los responsables por sus nombres, los sanciona éticamente y
suma propuestas concretas a las luchas de resistencia. Así este Tribunal ético es parte de una potente
pedagogía liberadora, la cual debe replicarse y ampliarse si la Humanidad no
desea devenir en su propio verdugo.
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El autor es
economista ecuatoriano. Miembro del Tribunal Internacional de los Derechos de
la Naturaleza. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.
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