“Fuera de las cárceles, los familiares
instalaron un campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que
el gobierno reaccione. Por el resto
del territorio de realizan marchas de apoyo, se toman municipios, se cortan
caminos y se incendian camiones forestales. Lo que piden es que se respete el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por el
Gobierno chileno en 2008 y ganado tras muchos años de lucha política. Este
documento cubre un amplio rango de materias que abarca desde su reconocimiento
como pueblos y sus derechos sobre la tierra y el territorio, recursos
naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación
profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus
identidades, lenguas y religiones.
El instrumento internacional reconoce
también las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del
marco de los Estados en que viven, el control de sus propias instituciones y de
sus formas de vida y de desarrollo económico. En temática penal, indica
que los pueblos originarios deben contar con medidas carcelarias especiales de acuerdo a sus
culturas, y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción
distintos del encarcelamiento. Esto se hace especialmente urgente en tiempos
de pandemia, cuando el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus
presos (13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos condenados por
violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a
crear una mesa de negociación para discutir su aplicación en el país. Sin
embargo, rechazó cambiar las medidas cautelares de los prisioneros políticos,
por lo que decidieron mantener la huelga. “Estamos
pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos ante carabineros que mataron a
mapuches y están en prisión domiciliaria”, explica Curipan en referencia a casos
como el del funcionario de policía que asesinó en 2018 al joven Camilo
Catrillanca por la espalda, mientras conducía su tractor.
Nelida Molina, integrante de la
Coordinadora de Apoyo al pueblo Mapuche Trawunche de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del Gobierno
chileno a ofrecer una solución a los encarcelados: “Da tanta rabia e
impotencia la indiferencia que les provoca la vida de personas cuyo único
recurso es acudir a una huelga de hambre que atenta contra sus propias
vidas. Desde nuestro colectivo estamos muy angustiados por el nivel de
violencia y racismo que se está aplicando a los presos políticos mapuches y
al pueblo-nación mapuche en general. También nos llama muchísimo la
atención la nula voluntad del Estado chileno frente a las demandas de aplicación
del Convenio 169, siendo que cumplirlo es una obligación de todo Estado que
lo ha ratificado. No puede ser que se mantenga
prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones para
mantenerles en esa situación”.
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Campamento La Victoria, del Pueblo Mapuche en las afueras de la cárcel, exigiendo la Libertad de los Presos Mapuches.
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PRISIONEROS POLÍTICOS MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE SE ENCUENTRAN AL
BORDE DE LA MUERTE.
*****
Por Tanya H. Medina. | 21/08/2020 | Chile.
Rebelión lunes 31 de agosto del 2020.
El coronavirus ha forzado al Gobierno chileno a
permitir la salida de la cárcel de un tercio de los presos del país. Pero
en este grupo no está ni uno de los 26 prisioneros políticos mapuches. Cuatro
meses de huelga de hambre no han cambiado esta decisión. Esta semana, 16 de
ellos iniciaron la huelga seca. Sus vidas penden de un hilo.
“Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que
algunos han perdido el control de sus extremidades”, indica Rodrigo Curipan, el
werkén (vocero) de 26 prisioneros políticos mapuches
que se encuentran al borde de la muerte en el sur
de Chile. Llevan casi 120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 de ellos
optaron por dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca.
Once de ellos ya debieron ser trasladados al
hospital debido a su grave estado de salud, y los médicos no les dan más que
unos días de vida.
Se indican graves arritmias cardiacas,
taquicardias, disneas, hipoglucemia, cefalea y hematuria. Además, denuncian
tres casos que presentan cuatro síntomas de covid-19, que podrían venir
de un brote del virus entre los gendarmes.
Fuera de una de las cárceles, los familiares
instalaron un campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que
el Gobierno reaccione. Por el resto del territorio se realizan marchas de
apoyo, se toman municipios, se cortan los caminos y se incendian camiones
forestales.
Lo que piden es que se respete el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por el
Gobierno chileno en 2008 y ganado tras muchos años de lucha política. Este
documento cubre un amplio rango de materias que abarca desde su reconocimiento
como pueblos y sus derechos sobre la tierra y el territorio, recursos
naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación
profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus
identidades, lenguas y religiones.
El instrumento internacional reconoce también las
aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los Estados
en que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida y
de desarrollo económico. En temática penal, indica que los pueblos originarios
deben contar con medidas carcelarias especiales de acuerdo a sus culturas,
y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del
encarcelamiento.
Esto se hace especialmente urgente en tiempos de
pandemia, cuando el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus presos
(13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos condenados por
violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a crear una mesa de negociación para
discutir su aplicación en el país. Sin embargo, rechazó cambiar las medidas
cautelares de los prisioneros políticos, por lo que decidieron mantener la
huelga.
“Estamos pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos
ante carabineros que mataron a mapuches y están en prisión domiciliaria”,
explica Curipan en referencia a casos como
el del funcionario de policía que asesinó en 2018 al joven Camilo
Catrillanca por la espalda, mientras conducía su tractor.
Nelida Molina, integrante de la Coordinadora de Apoyo al pueblo Mapuche Trawunche
de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del Gobierno chileno a
ofrecer una solución a los encarcelados:
“Da tanta rabia e impotencia la indiferencia que
les provoca la vida de personas cuyo único recurso es acudir a una huelga de
hambre que atenta contra sus propias vidas. Desde nuestro colectivo estamos
muy angustiados por el nivel de violencia y racismo que se está aplicando a los
presos políticos mapuches y al pueblo-nación mapuche en general. También nos
llama muchísimo la atención la nula voluntad del Estado chileno frente a las demandas
de aplicación del Convenio 169, siendo que cumplirlo es una obligación
de todo Estado que lo ha ratificado. No puede ser que se mantenga
prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones para
mantenerles en esa situación”.
Mientras tanto, los camioneros de la
Confederación Nacional del Transporte de Carga declararon paro nacional en protesta
por los ataques incendiarios mapuches contra sus vehículos. Se trata
de una acción que arriesga el abastecimiento nacional cuando aún hay cuarentenas
en 49 comunas del país. Los camioneros entregaron un petitorio de 13
puntos, diez de los cuales son nada más y nada menos que leyes impulsadas por
el propio Gobierno o Chile Vamos, la coalición del presidente Piñera.
Fotografías y videos compartidos en redes sociales
muestran cómo la policía protege el paro de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados
especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”.
La institución de Carabineros ha sido fuertemente cuestionada por la población
en los últimos años luego de que se demostraran gravísimos casos de corrupción,
montajes judiciales, y más de una decena de asesinatos de jóvenes mapuches en
los últimos 20 años.
Esto es lo que ocurre hoy en Wallmapu, el
territorio mapuche al oeste de la Cordillera de Los Andes. Ellos exigen su
recuperación desde hace más de cien años, para poder ejercer una autonomía
similar a la que poseen las comunidades autónomas en España.
Los 26 prisioneros políticos mapuches se dividen
entre tres cárceles distribuidas entre dos regiones de Wallmapu. Algunos
de ellos han sido condenados. Otros llevan meses en prisión preventiva, una
figura permitida bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ellos deben
esperar encarcelados durante meses su juicio por delitos como robo con
violencia, porte ilegal de armas, asalto y participación en organización
terrorista. Estos juicios suelen terminar absolviendo a los inculpados por
falta de pruebas o irregularidades en el actuar policial.
Curipan detalló la situación de los inculpados hace
unos días, al medio de periodismo de investigación, Interferencia:
“El Gobierno ha venido señalando que los
huelguistas no son prisioneros políticos, sino que personas acusadas por delitos comunes
ante los tribunales de justicia, pero cada uno ha sido víctima de persecución
política, en cada una de sus causas, el Gobierno está en calidad de
querellante. Hay una determinación e intervención política en hacerse parte
en buscar responsabilidad penal y poder condenarlos, porque, además, tienen que
ver con un contexto de procesos de reivindicación territorial y político.
Incluso las conversaciones con los camioneros tienen que ver con
determinación política”.
“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión
preventiva por derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo Huenchuñan acerca de Reinaldo
Penchulef, quien está acusado de robo con violencia. Su madre falleció
recientemente mientras él se encontraba tras las rejas, y tiene una hija de
ocho años.
“Tras años de lucha, allanamientos y amedrentamientos,
nuestra comunidad logró el control territorial, expulsando a una forestal que
nos llenó de basura”. “Basura” es como
llaman al eucalipto y el pino radiata, monocultivos que han
desertificado y erosionado la región.
“Derribaron el dron, no para robárselo, sino para
exigir una explicación. Tras ello,
la comunidad fue allanada por más de 200 carabineros. Destruyeron tres casas buscando
armamento, pero no encontraron nada, solo el dron. Había familias, niños
chicos…, no les importó. Y ahí detuvieron a nuestros peñi (compañeros)”,
concluye.
Bandera mapuche: el símbolo del Estallido
social de 2019
La Constitución que rige en Chile es la única
creada en dictadura que persiste en Latinoamérica. No reconoce la existencia del pueblo mapuche, ni
la de ningún otro pueblo originario en Chile, y subvenciona anualmente a
un puñado de empresas forestales dominadas por dos grandes familias, que han
ocupado los territorios indígenas, secado sus fuentes de agua y eliminado sus
bosques nativos. También es la única en el mundo que consagra al agua como un
bien privado. Pero por fin, después de 30 años, se ha abierto una
posibilidad de cambio.
Desde octubre de 2019 y hasta el comienzo de
la pandemia en marzo, millones de chilenos y chilenas se reunieron todos los
días en la renombrada “Plaza Dignidad”, en el centro de Santiago. Se trató del alzamiento
popular más importante de la historia democrática del país. La wenüfoye, la bandera mapuche, cubrió la Alameda, los
muros y las ventanas de los edificios, y se convirtió en el símbolo del
movimiento. Chilenos y chilenas se sintieron identificados con el
pueblo originario y su lucha de siglos contra una élite que explota tanto a su
población como a sus recursos naturales, y que usa a la policía para
controlarla.
Gracias al estallido social, en octubre de 2020 se
realizará un plebiscito donde, con mascarilla, se podría votar el cambio de la
Constitución de Pinochet por una nueva y más democrática. Aun así, la
desconfianza en el aparato democrático es tal que este triunfo dista de
celebrarse, y se siente más bien como un ‘peor es nada’. Hay mucho miedo
de que no pase de ser un cambio de nombre.
La Bandera MAPUCHE en la Plaza de DIGNIDAD, durante el Estallido Social del pueblo chileno en octubre del 2019.
***
Las claves históricas del conflicto
Este no es un conflicto colonial. Durante la
conquista, el pueblo mapuche ejerció férrea resistencia al Imperio español
y logró que éste se viera obligado a negociar una treintena de tratados y a
respetar su frontera en el río Bio Bio.
Tras la independencia y la creación de la
República de Chile, el Estado ratificó estos tratados. Hasta que a mediados
del siglo XIX decidió invadir Wallmapu por intereses económicos: la
agricultura y la industria maderera. La guerra fue brutal y significó la muerte
de parte importante de la población mapuche. Chile usó las famosas armas
Winchester, que antes usaron los estadounidenses para exterminar a los pueblos
originarios de esas tierras.
El país latinoamericano tomó el control del 90%
del territorio mapuche y comenzó a poblarlo de colonos europeos, dando
inicio así al proceso de neocolonialismo que aun impera. Las personas mapuches
que sobrevivieron quedaron relegadas a pequeñas reducciones de terreno y se
vieron obligados a convertirse en pequeños campesinos, condenados a la pobreza.
De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el despojo los hizo llegar
al siglo XX con 500.000 ha, y eso en dictadura se redujo a apenas 300.000
ha.
En el retorno a la democracia se hicieron una serie de promesas hacia los
pueblos indígenas, pero aun ni se ha logrado el reconocimiento constitucional. Los
últimos veinte años han estado marcados por la aplicación de la Ley Antiterrorista exclusivamente contra personas mapuches,
justificando la criminalización de su cultura y la militarización del
territorio.
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